El analista considera que no existen elementos suficientes para establecer si el asilo concedido por México responde a una persecución política. Advierte que debe diferenciarse una investigación penal legítima de una eventual persecución y de las denuncias de amenazas.
eju.tv / Video: LHP
El analista William Herrera puso en duda que el caso de Nadia Beller pueda ser considerado una situación de persecución política, después de que México le concediera asilo diplomático. El abogado señaló que no cuenta con información suficiente para establecer si existe una persecución contra la abogada y planteó la necesidad de diferenciar esa figura de una investigación penal legítima.
La discusión surge luego de que Beller se refugie en la Embajada de México, alegando que su seguridad está en riesgo y que sufrió hostigamiento policial; empero, rechazó que su decisión responda a un intento de escapar de la justicia y aseguró que no tiene procesos penales abiertos en su contra.
“El caso de Beller no me queda claro, yo no tengo el acceso a toda la información como para poder emitir un juicio de valor, si es o no, o si podría ser una persecución política”, sostuvo Herrera al analizar las razones que motivaron la concesión del asilo.
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El analista explicó que históricamente el asilo está vinculado a situaciones de persecución política, pero advirtió que su otorgamiento no resuelve por sí mismo la discusión sobre la naturaleza de los hechos que llevaron a una persona a solicitar protección internacional.
En ese sentido, estableció una diferencia entre las denuncias de amenazas y la existencia de una persecución por razones políticas. «Una cosa es ser amenazada, otra cosa es ser perseguida políticamente», manifestó.
Herrera recordó como antecedente el caso del exsenador opositor Roger Pinto, quien permaneció refugiado en la Embajada de Brasil durante el gobierno de Evo Morales.
La abogada Nadia Beller días después del supuesto atentado en su contra. Foto:
A diferencia de ese episodio, en el que el analista considera que existían elementos claros de persecución política, dijo que la situación de Beller requiere mayor información para establecer una conclusión.
“Esa era una persecución política, porque el senador denunciaba al MAS y el MAS se encargó de abrirle un proceso. Ahí no había duda de que era una persecución política”, señaló al recordar el caso Pinto.
El abogado también planteó que el análisis debe considerar una cuestión de fondo y pasa por determinar si las actuaciones contra Beller responden a una investigación penal legítima o si existe una utilización de los mecanismos del Estado para perseguirla. A su juicio, establecer esa diferencia no es sencillo porque se trata de situaciones que pueden presentar límites difíciles de precisar.
La abogada ha sostenido públicamente que decidió buscar protección internacional porque considera que no existen garantías para su seguridad en Bolivia.
La definición sobre el alcance de esa protección y las circunstancias que motivaron su solicitud forman parte de la discusión actual tras la concesión del asilo por parte de México.
