Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Quezada y Porras van a prisión preventiva por el caso Roma y cumplirán 180 días de detención. Paz urge aprobar una nueva Ley de Inversiones para atraer capital extranjero. Bolivia pierde su condición de país libre de sarampión. Gremiales piden mantener la subvención a la gasolina hasta dos años más. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el exfiscal antidrogas Julio César Porras fueron enviados a prisión preventiva por el caso denominado Roma, que investiga presuntas irregularidades en el sistema informático de almacenamiento de causas penales de la Fiscalía. Quezada será recluido en Patacamaya y Porras en el penal de San Pedro, en La Paz, donde permanecerán por 180 días mientras avanzan las investigaciones. Ambos fueron aprehendidos en Santa Cruz y trasladados a la sede de Gobierno. Según la publicación, el sistema Roma fue implementado durante la gestión del exfiscal general Roger Mariaca, quien también se encuentra detenido. Quezada y Porras habían sido sentenciados a tres años de cárcel en el caso Maletas tras admitir su culpabilidad.
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró a Bolivia, México y Estados Unidos el estatus de países libres de sarampión, debido a la transmisión sostenida del virus y a los menores índices de vacunación. Bolivia registró una reducción del 83% de los contagios durante este año, de 444 a 76 casos, pero todavía reporta infecciones de manera continua. México acumuló más de 20.000 casos confirmados y 50 fallecimientos entre 2025 y 2026. Estados Unidos reportó 5.412 casos en 47 territorios durante este año, más del doble de los 2.289 registrados en 2025. La decisión de la OPS también incorpora a estos tres países a Canadá, que perdió esa condición en 2025 tras contabilizar 5.100 casos en 12 meses. La transmisión persistente y las dificultades en la cobertura de inmunización fueron determinantes para la decisión sanitaria.
El presidente Rodrigo Paz urgió a la Asamblea Legislativa a agendar y aprobar el proyecto de nueva Ley de Inversiones que envió el Ejecutivo, al asegurar que capitales extranjeros condicionan su llegada al país a la aprobación de esa normativa. Durante su reciente viaje a Turquía, el mandatario sostuvo reuniones con delegaciones de Noruega, Finlandia, Reino Unido y Países Bajos, que expresaron interés en Bolivia, pero consideraron que la legislación vigente constituye un obstáculo. “Me piden ley de Inversiones”, afirmó Paz en Trinidad, al relatar que los interlocutores manifestaron su disposición a invertir, pero reclamaron reglas que les permitan hacerlo. El presidente también señaló que el sector externo demanda una institucionalidad sólida y un sistema de justicia confiable. Pidió al Legislativo acelerar el tratamiento del proyecto.
La Policía recolectó más de 20 vainas servidas de calibre 9 milímetros en el lugar donde dos jóvenes de entre 18 y 20 años fueron asesinados a balazos en Guayaramerín. El ataque ocurrió la tarde del martes 17 de noviembre en la plaza Las Madres, en la frontera con Brasil, pocas horas antes de la serenata por el aniversario del departamento del Beni. El informe preliminar señala que las víctimas habrían recibido varios impactos de arma de fuego, aunque la cantidad y características de los proyectiles deberán ser corroboradas mediante un examen balístico. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial del Hospital General para las autopsias correspondientes. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procesó la escena y abrió la investigación para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.
El presidente Rodrigo Paz propuso al político Guido Áñez como embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a Mónica Teresa Ayala como representante diplomática en Uruguay. Las postulaciones fueron remitidas mediante una carta al vicepresidente Edmand Lara. Áñez retornó recientemente de Estados Unidos, donde permaneció en el exilio tras ser incluido en un juicio de responsabilidades en 2009 por los hechos de violencia de 2003. Fue ministro durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, además de prefecto y presidente de la Cámara de Diputados. Su propuesta ante la OEA reemplaza a la del exministro de la Presidencia José Luis Lupo, quien desistió de asumir la representación pese a haber recibido el aval del Senado. Ayala fue propuesta para la legación diplomática en Uruguay.
- Giovanni Ortuño es propuesto como embajador de Bolivia en Estados Unidos y espera el aval del Senado
El Gobierno de Rodrigo Paz propuso al empresario Giovanni Ortuño Camacho como embajador de Bolivia ante Estados Unidos. La nominación fue confirmada por el Ministerio de la Presidencia y deberá contar con el visto bueno del Senado antes de que el futuro diplomático pueda asumir el cargo. La propuesta apunta a dar un perfil económico a la relación bilateral con Washington, en un momento de dificultades financieras para Bolivia. Ortuño forma parte de las postulaciones diplomáticas que el Ejecutivo está presentando para cubrir representaciones en el exterior. La designación se produce en paralelo a la nominación de Kara Frederick por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien la propuso ante el Senado de su país como nueva embajadora en Bolivia. Frederick es especialista en inteligencia, seguridad nacional y políticas tecnológicas.
El presidente Rodrigo Paz aseguró que los recursos gestionados durante sus viajes al exterior permitirán sostener el andamiaje económico del Gobierno durante los cuatro años que restan de su mandato. En una reunión con alcaldes en Trinidad, afirmó que el dinero obtenido será utilizado para respaldar la gestión de los gobiernos municipales, las gobernaciones y el Ejecutivo, bajo criterios de austeridad. “En estos cuatro años que restan del Gobierno podemos estar tranquilos de que la platita está”, expresó. Paz señaló que los recursos permitirán que las administraciones encaminen sus proyectos y tengan condiciones para desarrollar su gestión. El mandatario y su gabinete se encuentran en Trinidad por las actividades oficiales relacionadas con el aniversario de creación de Beni, donde este miércoles está prevista una reunión ministerial.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) considera urgente eliminar la subvención a los combustibles porque, según su gerente, Gary Rodríguez, mantenerla favorece el contrabando, la corrupción y el riesgo de desabastecimiento. “Es necesario, pero además es urgente. Si seguimos manteniendo la subvención va a seguir habiendo corrupción, el producto va a seguir saliendo de contrabando, nos vamos a desabastecer”, sostuvo. El Gobierno ya retiró la subvención al diésel, pero mantiene el subsidio para otros carburantes, entre ellos la gasolina y el Gas Licuado de Petróleo (GLP). La administración anunció que el próximo año se liberará el precio de la gasolina. La posición del IBCE apunta a acelerar ese proceso y sostiene que la continuidad del mecanismo puede agravar los problemas de abastecimiento.
La Confederación de Gremiales de Bolivia plantea mantener la subvención a la gasolina entre uno y dos años más, ante el impacto que una eventual eliminación tendría en la economía de las familias y en los precios de los productos. César Gonzales, dirigente del sector, afirmó que los comerciantes no están preparados para asumir otro ajuste después de haber afrontado cambios relacionados con el diésel y el dólar flexible. “No estamos preparados para ese golpe”, sostuvo al defender la continuidad del subsidio. Los gremiales advierten que el retiro de la subvención repercutiría en el costo de la canasta familiar y en las tarifas del transporte público. La organización también anticipó la posibilidad de articular una unidad con otros sectores sociales y productivos frente a la eventual eliminación del beneficio.
La Sala Primera del Tribunal Agroambiental declaró infundados los recursos presentados contra el proyecto de perforación exploratoria Domo Oso-X3, en el área San Telmo Norte de Tarija, y ratificó que se encuentra fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. La resolución rechazó la solicitud de suspensión del proyecto y confirmó una decisión previa del juez agroambiental de Entre Ríos. El fallo permite continuar las actividades exploratorias, pero establece medidas de seguimiento ambiental, incluido el monitoreo de la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, el ruido y las emisiones. También dispone coordinación institucional para gestionar riesgos hidrológicos y la presentación de informes semestrales ante el Tribunal.
