Señaló que pedirá información para establecer cuántos motorizados permanecen en dependencias policiales o garajes particulares, en qué condiciones se encuentran y por qué no fueron entregados a Dircabi.
El vicepresidente Edmand Lara anunció este viernes que solicitará informes al Ministerio Público, al Órgano Judicial y a la Policía Boliviana para conocer cuántos vehículos fueron secuestrados en lo que va de este año, dónde se encuentran y por qué no fueron remitidos oportunamente a la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
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A través de un comunicado publicado este viernes, Lara expresó su preocupación por el presunto uso ilegal de vehículos secuestrados por parte de policías, fiscales e incluso autoridades judiciales, pese a que estos bienes deben estar sujetos a procedimientos legales y bajo administración de las instancias correspondientes.
«Un vehículo secuestrado no es propiedad de un policía, de un fiscal ni de un juez. Está sometido a un procedimiento legal y no puede ser utilizado discrecionalmente, mucho menos para fines personales», señaló Lara, a través de un comunicado de prensa publicado en las redes sociales.
El vicepresidente señaló que pedirá información para establecer cuántos motorizados permanecen en dependencias policiales o garajes particulares, en qué condiciones se encuentran y por qué no fueron entregados oportunamente a Dircabi.
«Y si encontramos irregularidades, malos procedimientos o uso indebido de estos bienes, se asumirán las acciones legales y disciplinarias que correspondan contra policías, jueces o miembros del Ministerio Público», anticipó.
El anuncio se conoce después de que se informó que Dircabi administra 17 avionetas, 44 inmuebles, 38 vehículos y una cantidad menor de dinero incautados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado el 13 de marzo de este año en Santa Cruz y posteriormente entregado a las autoridades de Estados Unidos.
Asimismo, el director ejecutivo de Dircabi, Héctor Montes, afirmó que el Ministerio Público habría entregado irregularmente vehículos incautados en anteriores gestiones, sin cumplir los procedimientos establecidos para que pasaran a administración de esa institución.
Estas denuncias se enmarcan en una investigación sobre una presunta red de protección al narcotráfico que involucraría a funcionarios de alto nivel del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En ese contexto, el exfiscal general Roger Mariaca se encuentra recluido en un centro penitenciario, mientras que el expresidente del TSJ Romer Saucedo habría salido del país.
