Las tácticas de espionaje y los turbios negocios de los alfiles de Petro en la poderosa DNI, la llamada policía del Presidente


EL TIEMPO halló a mismo empresario en opaco negocio de dron y en contrato de megaedificio en Funza. Además, nexo entre funcionarios y  ‘hacker’.

Carlos Oyola, y los exdirectores de la DNI, Manuel Casanova y Jorge Lemus. Foto: Archivo particular

eju.tv /Fuente:El Tiempo

En las entrañas del petrismo están seguros de que al menos uno de sus propios militantes es el que les está entregando a las autoridades las pistas del opaco manejo que se le dio a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la llamada Policía del presidente, durante el cuatrienio pasado. 
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO ya había revelado en julio de 2025 que estaban sometiendo a polígrafo y presionando a oficiales del Ejército y de la Policía para que entregaran información de sus superiores a cambio de ascensos. 
Y en agosto pasado, este diario también reveló documentos de la compra de un dron con supuestos sobrecostos y que habría terminado siniestrado en el Catatumbo.
Pero, tras la aparición del supuesto hacker Carlos Andrés Oyola Tovar, de 36 años, —capturado el viernes de la semana pasada—, están quedando al descubierto otros episodios que pueden terminar llevando ante las autoridades a cabezas de la DNI por el manejo de millonarios fondos y de operaciones de espionaje. 
La Unidad Investigativa de este diario accedió a documentos clasificados que probarían que se desplegó un sofisticado operativo de inteligencia, que buscaba afectar las elecciones presidenciales y espiar a opositores, como lo señaló una fuente humana en un documento que circula en medios.
Para ejecutarlo, se habrían infiltrado fichas en entidades clave como la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la delegada para el sector defensa y seguridad de la Contraloría General, que tiene acceso ilimitado a información, contratos y convenios en el Ejército, la Policía, la Armada y la FAC.
Además, una investigación de EL TIEMPO arrojó una llamativa coincidencia: el mismo joven empresario que negoció con la DNI el avión no tripulado, por 9.000 millones de pesos —que según funcionarios de la entidad de la era Petro registra millonarios sobrecostos—, aparece como accionista de la empresa que está construyendo la sede secreta de la DNI en el municipio de Funza (Cundinamarca), por 18.000 millones de pesos y que debía estar lista en 2025. 
Los reflectores de las autoridades y de los medios de comunicación están concentrados inicialmente en el supuesto hacker Oyola, señalado del acceso abusivo a una plataforma de información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) para alterar resultados y calificaciones.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que Oyola Tovar ingresó al círculo de poder del petrismo en calidad de testigo electoral voluntario durante la campaña a la presidencia de 2018.
Después, terminó como asesor de la oficina de tecnología de la DNI, cuando su director era el exmilitante del M-19 Manuel Casanova Guzmán. Y permaneció durante la administración del hoy fugitivo Carlos Ramón González, otro ex M-19.
La fuente humana, según aparece en un documento publicado por el canal Caracol –poco después de que EL TIEMPO registró la captura de Oyola y su nexo con un supuesto plan para sabotear las elecciones–, le atribuye a este ingeniero de sistemas la misión de alterar resultados, afectando al candidato y ahora presidente Abelardo De La Espriella. 
Y fuentes de la DNI agregaron que su misión era habilitar una plataforma de información con todas las misiones de inteligencia y contrainteligencia, lo que le dio un acceso ilimitado a datos de seguridad nacional que incluían reuniones con la mafia, cabecillas en cárceles, polígrafos a oficiales, empresas fachada de inteligencia y contratación.
El abogado de Oyola, en el asunto de la Unad, le dijo a EL TIEMPO que la Fiscalía no le ha notificado a su cliente ninguna investigación por temas de supuesto espionaje o sabotaje a las elecciones. Sin embargo, resulta al menos llamativo que, teniendo una orden de captura desde mayo pasado y una investigación desde 2017, siguiera ostentando la calidad de funcionario de la DNI. 
La Unidad Investigativa de este diario indagó y estableció que Oyola utilizó su título de ingeniero para acceder a contratos que resultarían estratégicos para ejecutar el supuesto plan de interferencia en las elecciones que se le atribuye.
Y aquí parece encajar su gemelo Cristian, también mencionado por la fuente humana. 
En efecto, mientras Carlos Oyola se desempeñaba como asesor en la Contraloría y en la DNI, su hermano gemelo tuvo contratos con el CNE y la UNP. Este último sigue vigente. 
Documentos en poder de EL TIEMPO muestran que, en marzo de 2023, fue contratado como auxiliar administrativo adscrito al despacho de la magistrada Fabiola Márquez. Y aunque el cargo tan solo le duró tres meses, aparece entrando a la Registraduría a un evento, el 13 de febrero pasado, gracias a un correo que se envió a nombre de la misma magistrada. 
Videos muestran que en el evento se socializaron componentes electorales para los comicios a Congreso de 2026 y asistieron voceros de los partidos y del CNE.
“En la reunión se dieron detalles del software de escrutinio, las reglas para el sorteo y asignación de jurados de votación en primera vuelta presidencial y el plan de auditoría del código fuente”, le dijo a este medio uno de los funcionarios presentes.
Y recordó que ese era el código fuente que el presidente Petro pedía que se revelara.
Un mes antes, el gemelo de Carlos Oyola había sido enganchado en la UNP como desarrollador junior para inteligencia artificial.
Lo que resulta llamativo es que la UNP aparece en el plan del supuesto espionaje a dignatarios y se señala que este incluía la entrega de carros de seguridad, amparados en la Resolución N.° 0563 del 3 de junio de 2026, firmada por los entonces ministros del Interior, Armando Benedetti; de Hacienda, Germán Ávila; de Defensa, Pedro Sánchez, y por la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán.
Sobre el suministro de esos vehículos, fuentes de la DNI le dijeron a la Unidad Investigativa de este diario, que por falta de presupuesto y de tiempo, no adquirieron ninguna de esas camionetas.
La otrora magistrada del CNE, Fabiola Márquez, no ha respondido los mensajes que EL TIEMPO le ha dejado para preguntarle sobre su nexo con el gemelo de Oyola y por qué un correo a su nombre aparece autorizando el ingreso de este a la Registraduría en una sesión de alto nivel donde se preguntó por el código fuente.
Quien sí habló fue Luis Eduardo Parra, exmiembro del M-19 y excontralor del sector Defensa, quien le dijo a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, que conoció a Carlos Oyola como testigo electoral voluntario de la campaña Petro 2018 y que lo vinculó a su delegada para que le ayudara a hacer
una malla de contratación de las entidades que auditaba. Un hecho llamativo es que, cuando se preguntó por el manejo de los gastos reservados de la DNI, señalaron que en la Contraloría, en tiempos de Parra, no se encontró nada irregular.
Y mientras en un sector del petrismo aseguran que Oyola era parte de un grupo que buscaba impactar las elecciones y desacreditar a la Registraduría, otros lo califican como un charlatán.
En todo caso, René Guarín, el último jefe de la DNI del gobierno Petro, le remitió a la Fiscalía información sobre Oyola, después de que el ente acusador envió un oficio preguntando por su paradero. Guarín, ingeniero de sistemas y otro exM-19, también hizo referencia a otros asuntos.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló en primicia una indemnización que se le pagó a la empresa Programar Televisión por el alquiler de dos pisos —cada uno de 300 metros cuadrados— en el Park Way de Bogotá, en el que funcionaba, hasta hace unos meses, la sede de contrainteligencia de la DNI.
Una de las socias de esa compañía es Mery Janeth Gutiérrez, quien sonó como Mintic del gobierno Petro, luego intentó que la nombraran presidenta de Corferias y terminó como asesora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). 
Gutiérrez le dijo a este diario que Ricardo Rey Rosanía, el otrora director de contrainteligencia, fue quien le pidió alquilar los dos pisos cuyo canon corresponde a los precios del mercado. Y aunque admitió que allí funcionó la sede de campaña del Pacto Histórico al Congreso de 2022, fue enfática en que no se usó para las reuniones privadas que hacía el presidente Gustavo Petro por fuera del palacio presidencial.
La Unidad Investigativa de EL TIEMPO rastreó otro de los puntos que han salido a relucir, además del millonario sobrecosto del dron: la nueva sede secreta de la DNI. Según documentos, la empresa encargada de la segunda fase del llamado edificio F10 es Supreme Construcciones SAS.
En esta aparecen como accionistas los jóvenes empresarios Daniel Russi Puentes y Juan Carlos Eraso Chaves. Este último, según estableció este diario cotejando cédulas y documentos, es el mismo accionista mayoritario de la empresa Prime Comercializadora SAS., la que sirvió de intermediaria para la compra del dron de 9.000 millones de pesos.
Si bien la cédula de Eraso Chaves es de Bogotá, tiene raíces en Nariño, por eso, funcionarios de la DNI de la era Petro están pidiendo que se establezca si es una coincidencia que Adriana Benavides Rivera, quien fue directora institucional de la DNI, sea de la misma región.
Benavides llegó durante la administración de Casanova. Sin embargo, EL TIEMPO confirmó que es cercana a Jorge Lemus, a quien conoció cuando este último fue secretario general del Inpec, hace cerca de 20 años. 
También se pide indagar si hay retrasos injustificados en la millonaria obra, que según publicó hace una semana el medio El Expediente, tuvo ocho modificaciones en su contrato. Según ese mismo medio, la interventoría calcula el estado de la obra en un 88 por ciento. Lemus no quiso hablar ni de los contratos ni de Benavides.
Y tras advertir que toda la información relacionada con la DNI es confidencial, el empresario Eraso Chaves pidió que cualquier publicación en la que se le mencione se ciña a hechos verificados. Y cuando se le preguntó por el nexo con el dron, reiteró la confidencialidad.
Sin embargo, hace tres meses cuando este medio le preguntó por el avión no tripulado, dijo que los proveedores del aparato aseguran que no van a responderle al país porque tendrían cómo probar una mala manipulación. 
En cuanto a la construcción de la sede en Funza, su socio aseguró que entregarán la obra pronto y que está bien terminada: “Para los que dicen que no tenemos experiencia, quiero dejar claro que hemos trabajado más de diez años en la empresa Supreme Construcciones y que llegamos de manera legal al contrato”. 
Por ahora, se revisa la información que René Guarín compulsó a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía para establecer si procede la apertura de investigaciones. Y se verifica si un organigrama, que circula en medios, está vinculado o no a Carlos Oyola.
En este aparece lo que sería la estructura del plan de espionaje, con nombres que ya habían sido mencionados en recientes investigaciones de EL TIEMPO. Al lado de Oyola aparece el catalán Xavier Vendrell, quien, para las elecciones de 2022, se hizo cargo de la estrategia de testigos electorales del Pacto Histórico, un programa en el que Oyola ya había participado cuatro años atrás.
También figura Andrés Gamero, a quien algunos identifican como parte del llamado grupo ‘los Verónicos’, en el que también ubican a Manel Grau.
Hace algunas semanas, en conversación con este diario, Gamero admitió conocer al catalán, pero negó ser parte de ese grupo.
En videos y fotos que este diario publicó, se le ve en un recorrido por las minas de esmeraldas de Boyacá, con la entonces directora de la Agencia Nacional de Minería, Lina Franco, en calidad de asesor del presidente, rol que, él dice, nunca tuvo. Y en una foto se le ve con Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro 2022-2026 y excabeza de Ecopetrol. 
Ni Vendrell ni Gamero se han pronunciado sobre su mención en ese organigrama. En cuanto a Oyola, quien no aceptó cargos, un juez lo envió a prisión, mientras avanza el proceso en su contra por el caso de la Unad y ahora se define si le abren otras investigaciones.

La operación Grecia y el intento de sabotaje a las elecciones

Para varios sectores políticos, los supuestos planes que se están conociendo sobre ataques a la democracia desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) solo confirman lo que ya se venía alertando: un intento de infiltración y espionaje a opositores al gobierno de Gustavo Petro.
Hace tan solo dos semanas, líderes conservadores y el penalista Jaime Lombana denunciaron al exmandatario ante la Comisión de Acusación de la Cámara por perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir.
En concreto, se entregó evidencia de lo que consideran un ataque sistemático y calculado a la democracia, que incluyó 14 señalamientos en redes y en consejos de ministros contra el registrador, Hernán Penagos. Además, inspecciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para extraer información.
Sin embargo, el primer campanazo de lo que políticos de oposición creían estaba pasando fue en abril de 2026, y llegó antes de la primera vuelta con la llamada operación Grecia.
El entonces candidato presidencial y exsenador de Cambio Radical David Luna les solicitó en ese momento a la DNI y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) precisar si existe o existió la operación Grecia, orientada a intervenir de manera ilegal comunicaciones de miembros de la oposición.
Se trataría de la misma estrategia de infiltración en la que ahora se está ubicando al llamado hacker de la DNI, Carlos Andrés Oyola Tovar, capturado el 6 de noviembre, por presunto fraude informático en una plataforma de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).
Lo que se sospecha es que, para ejecutar esa operación, se habrían infiltrado fichas en entidades clave y se habrían desplegado operativos para espiar a los precandidatos de la oposición.
Además, para atacar la reputación y los sistemas informáticos de la Registraduría, que, en su momento, habló de múltiples intentos por entrar ilegalmente a su página y sistemas.
“Esto es un abuso de poder idéntico al que Petro tanto denunció en su época como congresista, pero que ahora está ejerciendo. Tanto criticó para llegar a hacer lo mismo. Exijo que se me responda con brevedad y a detalle cada una de las preguntas formuladas”, señaló Luna en su momento, haciendo referencia tácita a las prácticas ilícitas que llevaron a la desaparición del viejo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Pero Luna, quien lideró la alianza de precandidatos que terminó apoyando las aspiraciones presidenciales de Paloma Valencia (Centro Democrático), no es el único que habla de ese espionaje. Valencia anunció que pedirá ser reconocida como víctima en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la DNI.
“La noticia de que nuestra campaña fue infiltrada por el organismo de inteligencia del Estado es sumamente grave y no puede minimizarse. No es una discusión sobre los resultados electorales, se trata de confrontar un delito cometido por el gobierno que afecta la democracia. Exigimos que se investigue la denuncia con seriedad”, señaló la excandidata Valencia en sus redes cuando supo que un contratista del Gobierno era, a la vez, parte de su campaña.

La respuesta de Petro

El abogado del expresidente Petro, el penalista Alejandro Carranza, le aseguró a EL TIEMPO hace dos semanas que veían con buenos ojos las denuncias interpuestas por los supuestos ataques a la democracia.
Además, dijo que habían radicado denuncia en la Fiscalía contra el registrador Hernán Penagos por supuesto fraude en las pasadas elecciones y que tenían cómo probar posibles alteraciones en formularios E-14, inconsistencias en archivos digitales, reportes y fallas en mecanismos de verificación.