La Asamblea sancionó 89 normas, pero no avanzó en inversiones, hidrocarburos ni minería. El Ejecutivo anuncia nuevas propuestas. Organismos internacionales respaldan apoyo a sectores vulnerables del país
Por Yolanda Mamani Cayo
Fuente: El Deber
El primer año legislativo del periodo de gobierno de Rodrigo Paz llega a su cierre sin las leyes estructurales aprobadas. Se trata de las normativas orientadas a la transformación del Estado.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La única iniciativa de ese paquete anunciado tiene que ver con la ley de inversiones. El proyecto fue remitido bajo la numeración 684/25, pero fue observado y devuelto. El Ejecutivo prepara ahora otra versión con participación empresarial.
Los legisladores admiten un balance limitado en las áreas de economía y energía. “Todo el año nosotros hemos esperado aprobar leyes como la nueva ley de inversiones, la ley de hidrocarburos o de minería”, lamentó el diputado Reinaldo Seas (Libre). También recordó que los anuncios de reformas parciales a la Constitución Política del Estado (CPE) no se concretaron debido a la vigencia del estado de excepción que se aprobó por la crisis de los 53 días entre mayo y junio que provocó millonarias pérdidas.
La oposición responsabilizó al Ejecutivo por las demoras; el oficialismo afirma que la Asamblea está lista para los cambios de fondo, mientras que el reelecto presidente del Senado, Diego Ávila, anticipó que 2027 “será el año de consolidación de la reforma constitucional”.
89 leyes, sin reformas
Un recuento de EL DEBER, basado en la Gaceta Oficial, establece que entre el 13 de noviembre de 2025 y el 30 de octubre de 2026, Paz promulgó 89 leyes, 20 de alcance nacional, 16 de créditos o financiamiento internacional, 29 de declaratorias conmemorativas o patrimoniales y 24 sobre asuntos regionales.
Entre las nacionales figura la Ley 1700 del 20 de noviembre de 2025, sobre el régimen excepcional para las elecciones subnacionales; la Ley 1740, del 8 de junio, que regula los estados de excepción, y la Ley 1773 del 2 de octubre, que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público, antecedente de la suspensión de Róger Mariaca como fiscal general.
Las declaratorias incluyen el Día Nacional del Amauta Boliviano (Ley 1696) y el Día Nacional del Viñatero (Ley 1723). Las leyes regionales abarcan delimitaciones territoriales, transferencias y proyectos viales.
Anuncios y observaciones
El 8 y 9 de mayo, en El Alto y Cochabamba, Paz anunció un paquete para transformar el modelo estatal con nuevas leyes para el sector de hidrocarburos, inversiones, minería, economía verde, electricidad y seguridad nacional. “La nueva ley de inversiones está lista”, afirmó hace ya cinco meses ante legisladores, gobernadores y alcaldes, además de dirigentes sociales.
A pesar del anuncio, el primer proyecto llegó a Diputados el 11 de agosto. Tras permanecer más de dos meses en la Comisión de Planificación, el proyecto de la Ley de Inversiones, PL 684/25, fue observado y devuelto, según miembros de esa entidad.
El texto, de 103 artículos y 16 disposiciones, generó cuestionamientos por su tratamiento de las controversias con inversionistas extranjeros. Prevé arbitrajes con consentimiento expreso del Estado y dentro del marco constitucional, pero los legisladores advierten posibles contradicciones con las restricciones de la CPE para someter esas controversias a tribunales de alcance internacional.
Propone crear una agencia de inversiones y regular las alianzas público-privadas. Diputados de Libre y Unidad objetan que ambos mecanismos pueden incrementar la burocracia. También hubo reparos del empresariado nacional.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que existe una nueva versión y espera su aprobación antes del receso de fin de año, mientras que el presidente Paz volvió a anunciar el envío de las leyes de minería e hidrocarburos. “La ley de Hidrocarburos ya está cerrada, ya está lista, y también la de Minería ya va a entrar”, dijo.
Una Asamblea sin consensos
Para el exsenador y politólogo Carlos Börth, la lentitud refleja problemas institucionales y políticos. La Asamblea tiene limitaciones técnicas y dificultades para alcanzar consensos.
“El Parlamento es una caja de resonancia del país. O sea, el Parlamento no puede ser un centro de alta eficiencia si el país está sumido en una crisis multidimensional”, sostuvo. Añadió que el Ejecutivo debe crear condiciones políticas para que los proyectos prosperen.
“El Legislativo debe ser el escenario de la concertación política y, en algunos casos, también de concertación social con los sectores. Eso es lo que está fallando”, afirmó Börth.
Créditos externos para bonos
En contraste, la Asamblea aprobó 16 leyes de créditos o financiamiento internacional. Esa agenda acompaña las gestiones de Paz ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, CAF y el Fondo Monetario Internacional (FMI), iniciadas antes de llegar antes de asumir la presidencia.
El 19 de octubre, Paz promulgó la Ley 1778, que aprueba un préstamo de $us 200 millones del Banco Mundial para respaldar programas de protección social, entre ellos el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II) y la ayuda a huérfanos de feminicidio.
El PEPE II contempla Bs 750 en tres pagos hasta abril de 2027, con una meta superior a 2,2 millones de beneficiarios. El bono para huérfanos de feminicidio, creado mediante el Decreto Supremo 5745, prevé Bs 660 mensuales desde diciembre, tras el registro de beneficiarios. Los reportes también mencionan otras prestaciones sociales del Estado.
Las líneas de apoyo anunciadas suman hasta $us 18.500 millones: $us 4.500 millones de CAF, $us 4.000 millones del BID y $us 10.000 millones del Banco Mundial. Son montos proyectados, no desembolsos y créditos sujetos a autorización deben pasar por la Asamblea.
“Una parte de esos recursos van para la ayuda social, por el impacto de ciertas medidas que se están tomando con el combustible, pero el porcentaje mayor es para obras”, dijo Paz en septiembre desde Estados Unidos, tras participar de las sesiones de Naciones Unidas.
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, planteó tres etapas para el país: Transición, estabilización con protección social y reformas para el crecimiento. Nigel Clarke, del FMI, expresó su disposición a respaldar las reformas económicas. También está previsto un desembolso de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), por un crédito tramitado durante el Gobierno de Luis Arce para atender la emergencia sanitaria.
Fuente: El Deber
