La intervención detectó decenas de excavaciones, una poza artificial para procesar el mineral y más de 30 motocicletas. Los implicados amenazaron con rociar gasolina y prender fuego a la comisión fiscalizadora.
Un cerro convertido en una zona de explotación aurífera, con decenas de excavaciones sobre sus laderas y alrededor de 50 personas extrayendo oro de manera simultánea, fue el escenario de una intervención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) contra la minería ilegal en el sector de Chipihuayco, municipio de Villazón, en Potosí. Durante el operativo, los funcionarios fueron amenazados con ser rociados con gasolina y ser quemados.
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La intervención se realizó la anterior semana, luego de denuncias sobre actividades extractivas en inmediaciones de la comunidad de Chipihuayco. La AJAM, a través de la Regional Tupiza-Tarija, desplegó una comisión de fiscalización con acompañamiento policial para verificar las operaciones en el área minera denominada «Juanita Ruiz I».
En el lugar, los funcionarios encontraron decenas de excavaciones abiertas sobre la ladera del cerro, grandes cantidades de tierra removida y trabajadores que utilizaban picotas, palas, baldes, mangueras y otros implementos para la extracción de oro.
La inspección también permitió identificar más de 30 motocicletas empleadas para el traslado de las personas que realizaban las labores extractivas. A través de un sobrevuelo con dron, se detectó además una poza artificial destinada a la concentración del mineral.
La fiscalización generó amenazas contra los funcionarios de la AJAM, quienes, según el informe de la intervención, fueron advertidos de que serían rociados con gasolina y prendidos fuego.
Al percatarse de la presencia de la comisión y de los efectivos policiales, varias de las personas que trabajaban en el cerro huyeron por caminos alternativos y senderos de las laderas, evitando ser alcanzadas durante el operativo.
«Estamos frente a una actividad extractiva que no solo opera al margen de la normativa, sino que compromete los recursos que pertenecen a todos los bolivianos. La AJAM tiene la responsabilidad de intervenir y hacer cumplir la ley, porque ninguna actividad minera puede estar por encima del Estado», afirmó Óscar Santos Orellana, director departamental de Potosí de la AJAM.
La AJAM aclaró que el área intervenida se encuentra únicamente en trámite de solicitud de Contrato Administrativo Minero, situación que no habilita el inicio de operaciones de extracción de minerales.
La autoridad minera anunció que continuará con las labores de fiscalización para frenar la explotación ilegal, proteger los recursos minerales del país y garantizar que las actividades mineras se desarrollen dentro del marco de la ley.