Los alcaldes de ocho ciudades capitales acordaron una agenda conjunta y reclaman respaldo normativo y económico para evitar que continúe la paralización de obras públicas.
Los gobiernos municipales dieron plazo hasta este viernes al Ejecutivo para emitir una norma que permita ajustar los costos de las obras afectadas por el incremento de precios de materiales e insumos. Además, demandan dejar de asumir competencias sin recursos económicos.
Los alcaldes de las ciudades capitales del país, se reunieron en La Paz para definir una agenda municipal conjunta y establecer una serie de demandas dirigidas al Gobierno central, en medio de la crisis económica y las dificultades que enfrentan las administraciones locales para mantener la ejecución de obras y la prestación de servicios.
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La vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, explicó que el encuentro permitió establecer tres líneas de trabajo: medidas urgentes, participación en el debate del pacto fiscal y acciones concretas con plazos para verificar resultados.
Tardío cuestionó que la denominada Agenda 50-50, anunciada durante la campaña electoral, todavía no se haya materializado.
“Lo que nosotros queremos son acciones concretas, urgentes, otras a mediano plazo, pero la agenda ahora la queremos poner sobre la mesa nosotros”, manifestó la alcaldesa.
Entre los principales pedidos, los alcaldes exigieron la emisión de un decreto supremo de nivelación de precios que permita dar continuidad a las obras públicas.
Según Tardío, el encarecimiento de materiales e insumos provocó que empresas constructoras soliciten ajustes en los contratos, mientras que los municipios no cuentan con una normativa que les permita modificar los montos comprometidos.
“Los municipios nos hemos visto imposibilitados de seguir la construcción de las obras o la prestación de los servicios. No tenemos una normativa que nos respalde, al ser dineros públicos necesitamos esta normativa que nos dé la cobertura normativa, pero además necesitamos los recursos”, advirtió.
La autoridad advirtió que esta situación también afecta la prestación de servicios esenciales, como el recojo de basura y el funcionamiento de ambulancias. Por ello, indicó que se dio plazo hasta este viernes al Gobierno central para emitir el decreto.
Otra de las determinaciones fue exigir la liberación de las denominadas competencias sin fondos, es decir, obligaciones que corresponden al nivel central, pero que actualmente son sostenidas económicamente por los gobiernos municipales.
Entre ellas mencionó la Renta Dignidad, el bono de discapacidad, seguridad ciudadana y algunos pagos de ítems del sector salud.
“Es necesario, fundamental, que se nos deje de cargar estos millones en el marco de estas cargas sin fondos, sin dinero y sin respaldo legal”, enfatizó Tardío, al señalar que los municipios enfrentan gastos que no corresponden a sus atribuciones.
La reunión concluyó con el compromiso de los alcaldes de mantener una posición conjunta frente al Ejecutivo y exigir que los municipios sean incluidos en las decisiones sobre la redistribución de recursos y el nuevo pacto fiscal.
