Orden de aprehensión contra Saucedo por narcotráfico y organización criminal remece al sistema judicial


Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

SUCRE. Romer Saucedo, cuando juró como presidente del TSJ, el 7 de enero de 2025.Romer Saucedo cuando fue investido como presidente del TSJ en enero de 2025. Foto: Correo del Sur

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Urioste cree que el magistrado pudo huir a Brasil tras filtrarse la orden; un alto miembro del PCC fue capturado en Bolivia y el Gobierno descarta entregar el 5% de coparticipación a las gobernaciones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, tiene una orden de aprehensión emitida el 3 de noviembre dentro de una investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El mandamiento, firmado por el fiscal Daniel Portales, establece que Saucedo sería con probabilidad autor del hecho investigado. El magistrado abandonó Bolivia y anunció que se declaró en el exilio, argumentando que teme por su vida y su libertad. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, no existía un registro de arraigo ni una alerta migratoria activa que permitiera establecer cuándo salió del país. El fiscal general interino, José Armando Urioste, había señalado que Saucedo tenía al menos tres procesos penales abiertos.

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El diputado de APB-Súmate, Diego Brañez, afirmó que el exfiscal general Roger Mariaca y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, manejaban juntos la administración de justicia y tenían pretensiones de llegar al poder. El legislador cuestionó que Saucedo haya abandonado Bolivia y sostuvo que, si no tenía relación con el caso Mariaca ni con hechos ilícitos, debía permanecer en el país. También mencionó un vehículo que, según dijo, estuvo en manos del anterior fiscal general y que habría pasado por el narcotraficante Sebastián Marset. Brañez consideró que la salida de Saucedo no puede entenderse como un exilio, sino como una huida. Sus afirmaciones se producen después de que se conociera la orden de aprehensión contra el magistrado por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, convocó a una sesión preparatoria para este jueves a las 15:00, con el objetivo de posesionar a la directiva correspondiente a la gestión legislativa 2026-2027. Castro fue reelegido en una sesión cuestionada por legisladores de distintas bancadas, quienes observaron que no se realizó un recuento de votos ni se conoció cuántos respaldos obtuvo la plancha. La nueva directiva mantiene a tres de sus integrantes: Castro, Khaline Moreno y José Maldonado. Los otros cuatro cargos tendrán nuevos titulares. La convocatoria se realiza pese a un amparo constitucional presentado por dos diputadas contra el procedimiento de elección. La posesión está prevista para este jueves, mientras persisten las observaciones sobre la forma en que se conformó la directiva.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, considera que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, pudo conocer anticipadamente la orden de aprehensión emitida en su contra y tomar previsiones para abandonar Bolivia. “El diablo sabe a quién le aparece”, expresó al referirse a la posibilidad de que el magistrado hubiera recibido información sobre el mandamiento fiscal. Urioste confirmó que la orden fue emitida el martes 3 de noviembre por una comisión de fiscales que investiga a Saucedo por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. Según información preliminar, el magistrado habría llegado el miércoles a Santa Cruz después de un viaje al exterior y luego se habría trasladado por tierra hacia Brasil. El fiscal aclaró que su paradero debe verificarse.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, entregó 36 tanques de almacenamiento de agua a tres municipios del departamento de La Paz, como parte de las acciones de prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. La distribución se realizó en los almacenes de Emergencias y Desastres Naturales de Defensa Civil, ubicados en la Primera Brigada Aérea de El Alto. Inquisivi recibió 11 tanques, La Asunta 12 y Apolo 13, de acuerdo con los requerimientos presentados por sus gobiernos municipales. El Senamhi prevé que El Niño provoque déficit de lluvias y riesgo de sequías en el Altiplano, los Valles y el Chaco, mientras que en el Oriente podrían registrarse precipitaciones intensas, inundaciones y desbordes de ríos. La entrega se enmarca en la emergencia nacional declarada mediante el Decreto Supremo 5759.

El diputado Diego Brañez, de APB-Súmate, cuestionó que la exdiputada Laura Rojas busque ampliar su declaración en el caso de las 32 maletas que llegaron desde Estados Unidos y consideró que debió aportar antes toda la información que conocía. El legislador sostuvo que ahora pretende limpiar su imagen y su apellido, cuando existen investigaciones contra otras exautoridades. Rojas anunció que solicitará una declaración ampliatoria. Su abogado, Joadel Bravo, adelantó que presentará documentación que, según afirmó, contiene elementos sobre la presunta participación de autoridades judiciales en el caso. El jurista dijo que revisó los documentos entregados por su defendida y que existen indicios relacionados con otras autoridades. Rojas continúa investigada por el ingreso de las maletas al país y cumple detención domiciliaria.

El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, señaló que el Gobierno no puede atender en las actuales condiciones económicas el pedido de elevar al 5% la coparticipación tributaria para las gobernaciones. Explicó que una redistribución basada únicamente en los impuestos vigentes comprometería recursos que ya financian servicios y sectores fundamentales. La discusión se desarrolla después de que el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rechazara el 1% ofrecido por el Ejecutivo y planteara comenzar con un 5% o 6%, para avanzar progresivamente hasta el 15% en 2031. Oliva sostuvo que la negociación debe incluir nuevas fuentes de ingresos y las responsabilidades que asumirán las administraciones departamentales. También indicó que existen contactos con los gobernadores para retomar el diálogo aún sin fecha.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó al ciudadano brasileño Delemberg de Souza, identificado por las autoridades como un alto miembro del Primer Comando de la Capital (PCC), que fue capturado en Bolivia en un operativo coordinado con organismos de Brasil y grupos especiales de frontera. El detenido tenía mandamientos de aprehensión en ese país por tráfico de drogas, tráfico de armas y crimen organizado, además de una sentencia de diez años de prisión. Según Oviedo, acumuló 1,3 toneladas de cocaína en un municipio brasileño y tenía un papel importante en la estructura del PCC en Mato Grosso. El comandante de la Policía, Adrián Álvarez, indicó que coordinaba el transporte de droga desde Bolivia hacia Brasil y operaba en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. También lo vinculó con actividades de lavado de activos.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y la embajadora de Turquía en Bolivia, Meltem Güney, acordaron fortalecer la cooperación bilateral en defensa e industria militar. Durante el encuentro conversaron sobre una próxima visita oficial del presidente Rodrigo Paz a Turquía, que incluirá una agenda centrada en cooperación militar y en la industria de defensa. Justiniano señaló que las gestiones buscan ampliar las oportunidades de cooperación internacional, promover el intercambio de conocimientos y desarrollar capacidades tecnológicas que beneficien a las Fuerzas Armadas bolivianas. La visita del mandatario se realizará en el marco de su participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), además de reuniones bilaterales con autoridades y representantes empresariales del país euroasiático.

El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, explicó que la propuesta del Gobierno para las gobernaciones no se limita al 1% de coparticipación tributaria. Señaló que inicialmente se planteó coparticipar un impuesto con el 75% de su recaudación, pero que, tras las conversaciones, se abrió la posibilidad de incluir varios tributos. Esa modificación permitió establecer una cifra superior a Bs 550 millones. A ese monto se sumarían los ingresos que podrían generar nuevos impuestos de dominio departamental mediante la ley de dominios tributarios. Oliva estimó que, incluso con un cálculo conservador, esa recaudación adicional podría acercarse a Bs 2.000 millones. La autoridad sostuvo que el Gobierno trabaja en un conjunto de iniciativas y que busca retomar el diálogo con los gobernadores para alcanzar acuerdos sobre la distribución de recursos.