Un país filtrado. Con 27 bases de instituciones bolivianas en circulación y sin una ley que obligue a avisar a los afectados, la protección depende en buena parte de cada ciudadano. Estas son las medidas recomendadas.
Entre agosto y noviembre de 2026, un atacante que firma como konata_izumi_shell, vinculado al grupo MortemTeam, reivindicó 27 filtraciones de 20 instituciones bolivianas, entre ellas el Sistema Único de Salud (SUS), el Ministerio de Educación, la Cancillería, BancoSol y YPFB. Las cifras que declara no han sido auditadas, pero el volumen es tal que buena parte de la población podría figurar en al menos una de esas bases. La Cancillería y el SENARECOM admitieron, el 16 y el 17 de noviembre, accesos no autorizados a sus sistemas; las demás instituciones no han confirmado ni descartado el alcance de los ataques.
Bolivia no tiene una ley de protección de datos personales, de modo que ninguna entidad está obligada a notificar a las personas afectadas. Mientras eso no cambie, la prevención recae en cada ciudadano.
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El riesgo no es inmediato ni visible. Los datos filtrados —número de carnet, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, en algunos casos historial médico o bancario— sirven para preparar fraudes más creíbles, extorsiones y suplantaciones de identidad. El mismo grupo ofrece además un servicio pagado de búsqueda de personas por nombre, carnet, placa o teléfono.
Asumir la exposición
Ante la magnitud de las bases reivindicadas, lo prudente es actuar como si esos datos básicos ya circularan, aunque ninguna institución lo haya confirmado.
Desconfiar de quien demuestra conocerlo
Los fraudes más eficaces se apoyan en datos reales. Una llamada o un mensaje que cita el carnet o la dirección correcta no prueba que provenga de un banco, un hospital o una institución pública. La Policía recuerda que no realiza cobros ni notifica multas por mensajería, y su primer consejo es no responder a números desconocidos que pidan información personal. Ningún banco solicita contraseñas ni códigos de verificación por teléfono. Ante la duda, lo correcto es colgar y llamar al número oficial de la entidad.
Las beneficiarias del Bono Juana Azurduy, cuyo padrón figura entre las bases reivindicadas, deberían desconfiar especialmente de mensajes que ofrezcan pagos o trámites del bono.
Blindar las cuentas
Activar la verificación en dos pasos en la banca y el correo electrónico, usar contraseñas distintas para cada servicio y activar las alertas de movimientos bancarios reduce el margen de los estafadores.
Revisar los equipos
Una parte del problema no está en los servidores del Estado, sino en las computadoras y teléfonos de sus usuarios. Hacking Bolivia advirtió el 18 de noviembre que más de un millón de credenciales vinculadas a instituciones bolivianas circulan tras ser robadas por infostealers, programas maliciosos que capturan las contraseñas guardadas en el navegador. Mantener el sistema y el antivirus actualizados, evitar programas pirateados y descargas de origen dudoso, y no guardar contraseñas de trabajo en equipos compartidos reduce ese riesgo.
Revisar el historial de deudas
Cualquier persona puede consultar su reporte de endeudamiento en la Central de Información Crediticia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a través de su sitio web, de la aplicación ASFI Digital o en sus oficinas; la entidad atiende consultas en la línea gratuita 800 103 103. Un crédito o una deuda desconocida es una señal de suplantación y debe reclamarse ante la entidad financiera y la ASFI.
Cuidar a menores y adultos mayores
Los datos de los niños pueden usarse durante años sin que nadie lo advierta, y las personas mayores son blanco frecuente de estafas telefónicas. Conviene hablar en familia sobre estos riesgos y acordar que nadie entregue datos ni haga pagos por teléfono sin consultar.
No buscar los propios datos en los foros
La tentación de comprobar si uno figura en las filtraciones tiene costos: pagar por el servicio de búsqueda financia al grupo, y descargar los archivos expone a programas maliciosos y a riesgos legales.
Denunciar
Ante extorsiones, amenazas o suplantaciones, se recomienda conservar capturas, números y mensajes, no pagar ni negociar, y presentar la denuncia ante la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La Policía debe entregar una copia de la denuncia. La Fundación InternetBolivia.org publica una guía sobre las entidades ante las que se puede denunciar.
Los extranjeros que tramitaron visas, cuyos expedientes figurarían en la filtración atribuida a la Cancillería, pueden además informar a su consulado, que está en condiciones de pedir explicaciones por vía diplomática.
Ninguna de estas medidas repara el daño. Pero mientras no exista una autoridad de protección de datos que obligue a notificar a los afectados y sancione a quienes no custodian la información, la defensa depende, en gran parte, de cada ciudadano.

