El analista plantea que la instancia tenga respaldo de un acuerdo político nacional y acompañamiento técnico de organismos internacionales. Propone que sus atribuciones alcancen también a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia.
El analista Ricardo Paz propuso crear una comisión especial de saneamiento judicial con facultades para suspender, investigar y procesar a funcionarios judiciales y fiscales sospechosos de corrupción o de mantener vínculos con el narcotráfico, como parte de una reforma estructural del sistema de justicia.
La iniciativa surge en medio de los escándalos que involucran al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y al exfiscal general Roger Mariaca. Para Paz, estos casos reflejan una crisis institucional que no puede resolverse con cambios de autoridades.
“Los paliativos cosméticos o los simples reemplazos de nombres en la cúpula judicial son inútiles”, sostuvo durante una entrevista, en la que planteó que la comisión cuente con el respaldo de un gran acuerdo político nacional y el acompañamiento técnico de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU).
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El experto señaló que las atribuciones de esa instancia deberían comprender a jueces, fiscales y funcionarios de distintas jerarquías, incluidos los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
“Sin ningún tipo de jerarquía, incluidos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”, precisó al explicar el alcance que, a su criterio, debería tener la comisión.

Paz también planteó revisar las bases de datos de los sistemas informáticos judiciales y crear tribunales especializados en anticorrupción y crimen organizado. Consideró que el proceso debe responder a la dimensión de la crisis que, desde su perspectiva, atraviesa la administración de justicia.
Propuso también eliminar el actual sistema de elecciones judiciales y reemplazarlo por un mecanismo de selección meritocrático e independiente, como parte de las reformas que considera necesarias para enfrentar la crisis institucional de la justicia boliviana.
Sostuvo que uno de los problemas de origen está relacionado con la politización de la elección de autoridades judiciales y propuso modificar ese modelo mediante una reforma constitucional. “Tenemos que tener una reforma constitucional express para la despolitización de la carrera judicial”, aseveró, ya que se debe “eliminar el mal originario que son las elecciones judiciales partidizadas” y sustituirlas por un sistema basado en méritos.
El analista considera que el cambio debe ir acompañado de otras medidas institucionales. Entre ellas mencionó una revisión de las bases de datos de los sistemas informáticos judiciales y la creación de tribunales anticorrupción especializados en delitos vinculados con el crimen organizado.
Paz incluyó estas propuestas dentro de una transformación más amplia de la administración de justicia, que también contempla una comisión especial de saneamiento judicial con participación de organismos internacionales.