Spencer plantea apartar a jueces cuestionados y exigir exámenes de competencia para su reingreso


El presidente del Consejo de la Magistratura informó que este año fueron suspendidos 120 jueces y destituidos otros tres en Santa Cruz, pero denunció que las sanciones quedan paralizadas por acciones constitucionales y la demora del TCP.

 

 



eju.tv / Video: Gigavisión

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, planteó este martes modificar las leyes para apartar de la administración de justicia a los jueces que incurran en irregularidades y establecer que quienes sean destituidos solo puedan reingresar a la carrera judicial mediante exámenes de competencia.

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La autoridad cuestionó que los mecanismos actuales impidan ejecutar oportunamente las sanciones contra los administradores de justicia observados, debido a las acciones constitucionales y la demora del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en resolver los recursos presentados.

Spencer informó que, de aproximadamente 203 jueces que tiene el departamento de Santa Cruz, 120 fueron suspendidos y tres destituidos durante este año. Sin embargo, señaló que hasta la fecha el TCP no se pronunció sobre algunos de estos casos, lo que mantiene frenadas las decisiones disciplinarias.

«Tenemos las manos atadas para continuar suspendiendo y destituyendo a los jueces», manifestó, al afirmar la necesidad de impulsar proyectos de ley que permitan contar con más administradores de justicia y agilizar el apartamiento de quienes incurran en faltas.

El presidente del Consejo sostuvo que las modificaciones también buscan evitar que jueces cuestionados continúen ejerciendo funciones y afectando la credibilidad de la justicia, particularmente en procesos vinculados con delitos de narcotráfico y de lesa humanidad.

Informes sobre jueces investigados

La anterior semana, Spencer informó que el Consejo de la Magistratura ya cuenta con informes técnicos sobre los jueces mencionados en una lista bajo investigación y anunció que la documentación sería entregada al Ministerio Público.

La documentación permitirá establecer qué procesos relacionados con sustancias controladas estuvieron a cargo de los administradores de justicia incluidos en esa nómina.