Yamil García señaló que su despacho no tiene atribuciones para convocar al presidente del Consejo de la Magistratura y que corresponde a la comisión de fiscales determinar si existen conexiones. Spencer negó haber viajado en vuelos chárter y pidió que las denuncias sean investigadas.
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El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, afirmó este martes que corresponde al Ministerio Público establecer si existen vínculos entre el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, y el caso que involucra al exfiscal general Roger Mariaca y al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo.
La autoridad aclaró que su despacho no tiene atribuciones para convocar a Spencer y que la decisión sobre eventuales actuaciones corresponde a la comisión de fiscales que dirige la investigación.
“Quien tiene la posibilidad de encontrar algún tipo de vinculación en relación al caso que está vigente con el presidente del Consejo de la Magistratura es la comisión de fiscales”, explicó García, al precisar las competencias de su despacho.
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El viceministro indicó que la Fiscalía es la instancia que realiza las diligencias y que será la pesquisa la que determine si corresponde ampliar las investigaciones o convocar a otras personas. Añadió que la información sobre las actuaciones está en poder del director funcional del proceso y no del Viceministerio de Transparencia.
“El Ministerio Público deberá evaluar si corresponde o no en derecho, si existen estos vínculos o no, y tenemos conocimiento de que la Fiscalía sí está efectuando todas estas diligencias”, sostuvo.
En las pasadas horas, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que se investigan posibles conexiones de la red atribuida a Mariaca y Saucedo con jueces, fiscales y el Consejo de la Magistratura.
En medio de estos cuestionamientos, Spencer rechazó también haber utilizado vuelos chárter. La controversia surgió luego de que el vocal judicial Charles Mejía denunciara que el titular de la Magistratura y Saucedo llegaron en aeronaves privadas a Trinidad, el 9 de enero, para participar en la inauguración del año judicial. Mejía pidió esclarecer quién financió esos traslados.
“Nunca he viajado en vuelo chárter. Y si hay eso, que investiguen”, manifestó Spencer, quien aseguró que está dispuesto a colaborar con el Ministerio Público y entregar la documentación institucional que le sea requerida.
A la denuncia sobre los vuelos se sumó la controversia por un supuesto alquiler de un departamento al entorno de Mariaca por parte de un asesor de la Presidencia del Consejo de la Magistratura. Spencer difundió un comunicado que negó categóricamente esa versión. Posteriormente, el decano Manuel Baptista y la consejera Gabriela Aráoz aclararon que no conocieron ni aprobaron ese pronunciamiento y señalaron que corresponde a las instancias investigativas esclarecer los hechos.
García, por su parte, aseguró que el Viceministerio está colaborando con las diligencias y habilitando canales para recibir denuncias de posibles hechos de corrupción, sin distinción de las personas involucradas.
“Cualquier persona que conozca un hecho de corrupción lo haga conocer, porque se van a gestionar las denuncias independientemente de la persona que se trate”, afirmó.
