Carlos Dabdoub Arrien
El título de este artículo hace referencia a un ensayo de ciencia política escrito por el doctor Manuel Suárez Ávila, titulado «Santa Cruz toca la puerta». En dicho documento se sostiene el derecho de Santa Cruz a demandar una participación más activa en las decisiones que orientan el desarrollo del país.
Al revisar la historia de Bolivia, se observa que el epicentro del poder económico y político ha ido emigrando a lo largo del tiempo. Durante el siglo XIX, su principal foco estuvo en el sur del país, donde la explotación minera constituía uno de los pilares fundamentales del sostenimiento de la naciente República. Sin embargo, el auge de la economía del estaño y la mayor concentración poblacional en el norte determinaron que la sede de gobierno se trasladara a La Paz. Su influencia predominó fuertemente durante gran parte del siglo XX y los primeros años del tercer milenio.
En el siglo XXI, el desarrollo económico de Santa Cruz y su condición de departamento más poblado del país han contribuido a desplazar ese epicentro hacia el oriente boliviano. Esta nueva realidad exige el reconocimiento de su legítimo derecho a tener una mayor gravitación en las decisiones nacionales.
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Muchos coinciden en que la crisis del Estado boliviano debe analizarse a partir de dos visiones de país. Por un lado, la Bolivia occidental, marcada por un modelo de capitalismo estatal que históricamente ha dependido del extractivismo, caracterizado por un corporativismo sindical arrogante y, en muchos casos, corrupto, así como por una burocracia ineficiente, extorsionadora y corrompida. Por otro lado, la Bolivia oriental, que sustenta su desarrollo en la producción, defiende los derechos individuales, respeta la propiedad privada y reivindica el principio de que todas las regiones del país puedan ejercer plenamente sus competencias, acompañadas de los recursos necesarios para hacerlas efectivas.
A lo largo de su historia, Santa Cruz ha tocado reiteradamente las puertas del centralismo andinocéntrico, sin obtener respuestas concretas a sus demandas. Más aún, este departamento ha sido víctima de avasallamientos e intervenciones punitivas cada vez que los cruceños levantaron su voz de protesta para exigir el respeto de sus derechos y reivindicaciones regionales. La respuesta gubernamental ha sido, con frecuencia, la descalificación mediante acusaciones de separatismo o racismo, con el propósito de generar enfrentamientos y resentimientos de los demás departamentos del país.
Frente a esta sordera centralista que se resiste a abrir sus puertas, Santa Cruz tiene ante sí tres caminos posibles: 1. Usar la presión social para derribar esa puerta. Esta opción supondría quebrantar los principios democráticos, algo que no representa el sentir de la gran mayoría del pueblo cruceño; 2. Ejercer la autonomía de hecho, como último recurso para, posteriormente, intentar una negociación con el Estado boliviano. Existen diversas posibilidades: que la Asamblea Legislativa departamental y los
Concejos municipales impulsen disposiciones normativas, orientadas a incentivar y garantizar la inversión (ley de inversiones, por ejemplo), profundizando una suerte de “autonomía al andar”, además de promover una propuesta de reforma constitucional, etc.; 3. Convocar a un referéndum departamental o a una consulta cívica popular, siguiendo lo hecho en mayo de 1997, organizada por el Comité pro Santa Cruz. Esta iniciativa podría contemplar tres o cuatro preguntas que permitan a la ciudadanía pronunciarse sobre alternativas como la autonomía plena, el federalismo, un Estado confederado u otra forma de organización que permita a Santa Cruz ejercer un mayor grado de autogobierno.
Santa Cruz no puede permanecer indefinidamente esperando que alguien abra una puerta que, durante décadas, se ha resistido a hacerlo. Es el momento de debatir, con responsabilidad, madurez democrática y visión de futuro, cuál debe ser el camino que permita al departamento defender sus derechos y decidir sobre su propio destino. ¡Santa Cruz no puede quedarse de brazos cruzados!
