El director de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) de Cochabamba, Filemón Hinojosa, informó que en el departamento no existe una sola persona que haya sido enviada a la cárcel por el delito de explotación ilegal de madera. Añadió que en 2017 inició cinco demandas penales por ese delito. Continúan en proceso de investigación.Señaló que la ABT se constituye en parte denunciante ante la Fiscalía por este tipo de ilícitos. “Queremos lograr una sanción y sentar un precedente para que las personas que se dedican a este delito dejen de hacerlo”.Explicó que en lo que va del año efectuaron al menos cuatro intervenciones que permitieron el decomiso de cerca de 20 mil pies tablares de madera de diferentes especies, entre las más destacadas roble y cedro que son explotados ilegalmente.En 2017, la Autoridad de Bosques y Tierra logró confiscar 150 mil pies tablares de madera ilegal. Cada año se decomisa entre 130 y 140 mil pies tablares del recurso maderable.Según su informe, en 2016, se decomisó 121.221 pies tablares valuado en 969.600 bolivianos. Madera que fue entregada de manera gratuita a instituciones y municipios para la fabricación de muebles como pupitres.Destacó al roble y el cedro como las maderas más requeridas para la explotación, principalmente, por su alto valor comercial y mejor maleabilidad en centros de carpintería. Aunque se aprovecha también el almendrillo, mapajo, palo maría, jorori, urupi, bibosi, entre otros que son utilizados para la producción de muebles y vigas para la construcción de viviendas. La tala de los árboles ocasiona que se reduzcan los bosques y se extingan las especies nativas y de valor comercial para el Estado, comentó.Existe una diferencia de más de 400 bolivianos entre una silla elaborada de roble y una de almendrillo, motivo que desencadena la tala de árboles con mayor costo económico.RUTAS CRÍTICAS Hinojosa identificó como las zonas de mayor afectación y vulnerables a la tala ilegal las del cordón del Parque Nacional Carrasco (comunidades del Isiboro Sécure y yuracarés) y, durante los últimos años, las del municipio de Cocapata. “Esta zona tiene alto valor en especies nativas y biodiversidad por el tipo de bosque en serranías o yungas”.Indicó que la apertura de caminos es aprovechada por algunas personas que se dedican a esa actividad ilícita. “Estamos trabajando con el municipio para contrarrestar la ilegalidad y coordinar, si se puede, para aprovechar el recurso de manera legal y planificada”.LEGALIDAD Indicó que la ABT realiza el seguimiento y autoriza los planes de manejo y desmonte forestal para que se extraiga el recurso maderable legal con destino a fuentes autorizadas como centros de comercialización, barracas, empresas exportadoras y centros artesanales de carpintería para la elaboración de muebles.FRIGORÍFICOS Durante los operativos, los funcionarios hallan, en camiones, trailers y volquetas, madera de procedencia ilegal dentro de frigoríficos. En otros casos, los motorizados muestran manifiestos de carga distinta, como de aceite u otros productos que vienen precintados de manera ilegal, según informó el Director de la ABT.SANCIONES Explicó que las infracciones son por aprovechamiento, desmonte, transporte, comercialización e industrialización ilegal de madera, al ser extraída de áreas protegidas del Estado.La Ley Forestal Nº 1700, decretada el 12 de julio de 1996, y su reglamento, sancionan ese delito con el pago del doble del valor comercial del recurso confiscado.Hinojosa manifestó que es un delito, los daños de alto impacto y la resistencia a la autoridad, desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de las funciones. De ahí que los funcionarios determinan iniciar una acción penal contra los infractores. Esos ilícitos se castigan con penas de uno a seis años de cárcel.CENTROS REGISTRADOS Uno de los objetivos de la ABT, con la diversificación de especies maderables, es impulsar la explotación forestal legal, y que las barracas, carpinteros y artesanos se afilien a esa entidad para adquirir materia prima legalmente. En 2017, alrededor de 70 centros artesanales se registraron. En cada uno, hay al menos 50 personas. “De esta manera podemos controlar el producto”.Explicó que periódicamente se reúnen con las asociaciones artesanales para coordinar acciones, socializar normativas y concientizar respecto a la protección de las áreas. “Estamos poniendo el mayor esfuerzo para conservar nuestros bosques y evitar la tala ilegal”.ApuntesMétodosLas personas que se dedican a la tala y el tráfico ilegal, favoreciéndose de los recursos maderables de los bosques, han hallado métodos para burlar el control de las autoridades: el traslado de la madera dentro de electrodomésticos. En otros casos, intentan sacar el producto con permisos falsos.EngañosEl director de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) de Cochabamba, Filemón Hinojosa, indicó que clanes dedicados al contrabando aprovechan la necesidad de terceras personas y las involucran en el negocio con mentiras. “Hay conductores que fletan su camión por ganarse unos pesos, desconociendo la actividad y son quienes caen. Los cabecillas no dan la cara”.ExplotaciónLa explotación y los desmontes legales de los recursos maderables se rigen a los Planes Generales de Manejo Forestal y los Certificados Forestales de Origen en cuanto al transporte de madera .Hinojosa explicó que hacen seguimiento y supervisan la explotación del recurso, de igual forma en las zonas autorizadas. En las áreas no autorizadas a identificar el delito se procede con el decomiso, sanciones administrativas y penales ante el Ministerio Público para su posterior investigación que dicte la sentencia de la actividad ilícita.Ley 1700La Ley 1700, de julio de 1996, señala que se constituye un delito la resistencia a la autoridad, desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de las funciones (artículos 159,160 y 161 del Código Penal, con hasta un año de reclusión). Los actos en contra de inspectores y auditores forestales acreditados por la autoridad competente y el incumplimiento de las resoluciones de la autoridad forestal.Privación de libertadLa Ley 1700 constituye circunstancias agravantes de los delitos a los artículos 198, 199, 200 y 203 del Código Penal (con entre seis meses y seis años de privación de libertad), cuando los actos de falsedad material o ideológica, o el uso de instrumentos falsificados, estén referidos al Plan de Manejo Forestal y sus instrumentos subsidiarios, programas de abastecimiento de materia prima, declaraciones juradas, informes y documentos de los profesionales y técnicos forestales y demás instrumentos establecidos.Fuente: Opinión