La expresión popular del referéndum del gas de 2004 se diluye seis años después. La aparente bonanza de la economía no existe, dicen analistas. El director de la Fundación Milenio afirma que el Gobierno miente al decir que hay una sólida gestión económica en el país, y enfrenta problemas para pagar bonos sociales.
Tiempo de promesas: Evo Morales en mayo de 2006, cuando prometió la independencia económica y la recuperación del gas
La Prensa
La independencia productiva en materia de hidrocarburos, la capacidad de industrializar el petróleo y el adiós a los gasolinazos periódicos estaban entre los objetivos de la nacionalización, pero cuatro años después las ideas de un grupo de políticos de izquierda se extinguen.
La nacionalización de los hidrocarburos decretada el 1 de mayo de 2006 por el presidente Evo Morales, que acompañado de tropas militares de élite tomó un campo petrolero de la brasileña Petrobras, perdió su rumbo y hoy acaricia su fracaso.
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YPFB no produce la suficiente gasolina y diésel para la demanda interna, y el Estado debe importarlos a elevados costos, un factor que obligó al Gobierno izquierdista a elevar los precios de estos productos en niveles que sorprenden a la derecha más radical.
Los tres idearios fundamentales que interpretaban el referéndum del gas de julio de 2004 fueron ignorados, afirma el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic.
El parlamentario recuerda que, en mayo de 2006, Morales anunció la recuperación de las concesiones petroleras y la industrialización de los hidrocarburos y además prometió beneficiar a la ciudadanía con precios congelados del petróleo y sus derivados.
Pero el gasolinazo anunciado el domingo reciente representa una gran contradicción. Todo se vuelca, no se industrializa los hidrocarburos y el sentido de recuperación de la riqueza petrolera queda sólo como ideario y no termina en el desarrollo de una nueva matriz energética, explicó el congresista.
El ajuste de precios con una variable generada en la ortodoxia y de “manera brutal” obliga a reflexionar sobre el curso que sigue la estrategia de hidrocarburos, comenta este parlamentario, inquieto por el futuro del sector energético.
Observa contrariado el bloqueo del tránsito de la extracción de materias primas a la industrialización, el uso masivo del gas natural doméstico y en los vehículos del parque automotor.
Es necesaria una “reorientación consolidando el ideario colectivo para que no haga aguas la política hidrocarburífera”, expresó.
La expresión popular del referéndum del gas de 2004 se diluye seis años después
En julio de 2004, y tras la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, el sucesor en la silla presidencial, Carlos Mesa, fue virtualmente obligado a realizar el referéndum del gas, que encomendó la recuperación del petróleo, aceptó el canje de gas por mar con Chile y respaldó la industrialización para el desarrollo económico.
Las resoluciones de aquella consulta fueron asumidas como la base programática del Gobierno de Evo Morales, pero hoy están casi olvidadas.
Un total de 2,6 millones de ciudadanos, que representaron el 60 por ciento de 4,4 millones de electores registrados, se pronunciaron, por mayoría, por la derogatoria de la Ley de Hidrocarburos aprobada por Gonzalo Sánchez de Lozada.
Un mandato fundamental para la actuación futura de Evo Morales fue la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y fortalecer la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Un total de 1,9 millones de votos señalaron su respaldo a la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, una cifra que representó el 92 por ciento de los votos válidos.
Al calor de la defensa de los recursos naturales, en la “guerra del gas”, en octubre de 2003, un porcentaje mayoritario expresó su respaldo al fortalecimiento de YPFB mediante las acciones que entonces tenían los bolivianos en las empresas capitalizadas, y la recuperación de un rol productivo de la estatal en la industria petrolera. Esta pregunta recibió aprobación de 1,7 millones de personas.
Muy polémica fue la aceptación del 55 por ciento de los electores (un millón de votos) que expresaron su apoyo a la propuesta de gas por mar.
En octubre de 2003, una revuelta popular rechazó la posibilidad de venta de gas natural a Chile, México y Estados Unidos y desató un sentimiento de defensa de los recursos naturales que fue empleado por Morales como vehículo para alcanzar el poder con amplio respaldo popular. Un 62 por ciento de electores apoyó la exportación de gas natural, pero también exigió la industrialización de gas en el país y la aplicación de mayores cargas impositivas a las petroleras extranjeras.
El Movimiento Al Socialismo (MAS), uno de los principales partidos de oposición a Mesa en 2004, impulsó una campaña contra el “uso del gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico”.
Sin embargo, Morales, durante su Gobierno, creó los canales de comunicación más amplios con la diplomacia de Santiago de Chile hasta aproximarse a un acuerdo para obtener un enclave en el Pacífico.
El MAS, en función de opositor, también fue contrario a la exportación de gas natural, pero durante su gestión ha impulsado la ampliación de las ventas del energético a Brasil y este año consiguió ampliar un convenio de venta del combustible al mercado argentino.
El ideario incumplido
1.- Interpretar el sentido popular de recuperación de los recursos naturales para que sean administrados por el Estado, con alto grado de soberanía para que se transformen en la base de la refundación de la República. YPFB aún no produce por gestión directa y el único pozo exploratorio fue inaugurado la semana pasada.
2. Con la recuperación del petróleo y gas de manos de las empresas extranjeras debía proyectarse el salto de la política extractiva de recursos naturales a la fase de industrialización. Hasta hoy la única iniciativa estatal terminó en una estafa que involucra a la empresa Catler y la caída de un líder del MAS, el ex senador Santos Ramírez.
3. Los recursos recuperados de las petroleras debían beneficiar a la ciudadanía y por ello se descartaron los incrementos de precios y se congeló el precio del barril de petróleo en 27 dólares. La idea se esfumó con el gasolinazo del domingo reciente.
La aparente bonanza de la economía es cuestionada por tres analistas financieros
Napoleón Pacheco: El director de la Fundación Milenio afirma que el Gobierno miente al decir que hay una sólida gestión económica en el país, y enfrenta problemas para pagar bonos sociales.
La bonanza económica a la que hace referencia el Gobierno constantemente es observada por el director de la Fundación Milenio, Napoleón Pacheco. El economista Alberto Bonadona estima que el objetivo político es debilitar a los empresarios cruceños y el analista Hugo Siles califica de insuficiente el gasolinazo del pasado domingo.
A Pacheco le preocupa la debilidad de los ingresos fiscales.
—El Gobierno dice que hay bonanza económica, ¿qué opina sobre esta afirmación?
—Si uno toma en cuenta el alto costo político que significa esta medida para el presidente Evo Morales, tiene que buscar la razón que le dirigió a ello. Ésta tiene que ver con los problemas que probablemente hay en el ámbito fiscal. Pese a los discursos triunfalistas que muestran una economía sobre rieles, se puede percibir con claridad que hay problemas fiscales, pues al quitar la subvención a la gasolina y diésel, por una parte, baja el monto destinado para la compra de estos productos.
Por otra parte, lo que el Gobierno espera con la disminución del contrabando es que baje la importación de líquidos. Entonces, sin duda, la razón de fondo es fiscal, porque de otro modo no se entendería que a un costo político tan alto el Gobierno haya aplicado una medida que implique un aumento de una gran magnitud en el precio de la gasolina.
—Al mencionar problemas del ámbito fiscal ¿a qué se refiere?
—Son problemas de liquidez. Si bien las cifras oficiales hablan de un superávit hasta el primer semestre de 2011, ya no hay confianza en la estadística fiscal. Entonces, es muy probable que en realidad no haya superávit.
Le hago recuerdo que el bono Juana Azurduy se pagó con un préstamo del Banco Central de Bolivia (BCB), mientras que los otros bonos se pagaron con contribuciones que hicieron las empresas estatales como YPFB, Comibol, Entel, etc.
Eso no habría pasado si el Tesoro General de la Nación (TGN) tuviera la suficiente liquidez como para financiar el pago de bonos, pero vemos que no fue así.
Esas son las señales que nos muestran que hay problemas de déficit, probablemente, en el Tesoro General de la Nación.
—¿Entonces eso es lo que no está diciendo el Gobierno?
—Si uno ve los datos fiscales comprobará que evidentemente hay superávit, pero hoy en día nadie confía en esa estadística fiscal y hay señales que muestran que existen problemas en el ámbito fiscal y que es obvio que no quieren decir, y parece que las autoridades buscan ocultar para no alarmar a la población y seguir vendiendo una imagen de prosperidad, de bonanza o de una sólida gestión en la economía que no son ciertas.
—¿Cuáles son las consecuencias próximas?
—Ya se dieron los efectos inmediatos, como aconteció con la subida de los pasajes. De igual manera pasó con los precios en el mercado de algunos productos. Hoy en los lugares de abasto se está reajustando nuevamente los precios. Una mayor inflación significa mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por más anuncio que hagan las autoridades de que el aumento de salarios será igual que la inflación, sabemos que la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística (INE) no es real, hay una brecha con el aumento de precios real que se registra en los mercados. Por lo tanto, el aumento de salarios no cubrirá la pérdida total del poder adquisitivo de los salarios.
“Pese a discursos de bonanza, hay problemas”.
“Hoy nadie confía en las estadísticas fiscales”.
El objetivo es debilitar a los empresarios cruceños
El Decreto Supremo 748 de ajuste de precios de los hidrocarburos en el mercado interno fue un móvil político que busca debilitar a los empresarios de Santa Cruz, afirma el economista Alberto Bonadona.
“La respuesta para mí —dice— es que es un móvil político; lo que quieren es que el poder esté a manos de ellos (Gobierno) y se elimine cualquier vestigio de poder que esté concentrado en un grupo económico y relativamente poderoso como Santa Cruz, que es la región que maneja la economía”.
En interpretación del economista, el cálculo final del Gobierno tiene esa meta, ya que no hay medidas económicas que acompañen el desarrollo de los sectores productivos. “El Gobierno no se movió en el plano económico, sino fue en el político; en consecuencia, me parece que dentro de la lógica propia del Órgano Ejecutivo se llega a una conclusión, que es buscar debilitar a lo que ellos llaman la oligarquía cruceña”, reitera.
Ajuste de precios no resuelve los problemas de producción
Las medidas aplicadas por el Gobierno a través del Decreto 748 no solucionarán los problemas que tiene la economía boliviana si no se aplican estrategias reales de competitividad y productividad, asegura el economista Hugo Siles.
Las nuevas medidas de cortes monetarios que tenemos (incremento de precios de carburantes) no solucionarán los serios problemas que tiene la economía, sino que se debe aplicar medidas reales para aumentar la capacidad productiva de sectores importantes, reitera.
En ese contexto, considera que la población se dará cuenta de que Bolivia no cambiará por las nuevas estrategias del Gobierno y, producto de esto, el país seguirá siendo pobre y de escasos recursos productivos.
Manifiesta que no se puede aplicar medidas de shock porque en la década del 80 se comprobó su ineficacia. En su criterio, el Poder Ejecutivo debería haber aplicado una medida gradual para solucionar el desbalance en los precios del sector energético que tenemos con nuestros países vecinos.