Por orden judicial, no pueden viajar y salir de las ciudades donde viven las autoridades elegidas. Juez no respondió a Gobernador de Beni.
Pequeños empresarios en huelga de hambre en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz buscan llamar la atención de autoridades que hoy se reunirán en la Cumbre de Seguridad. Foto El Deber
Los Tiempos
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, y la alcaldesa de Oruro, Rocío Pimentel, no podrán asistir a la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana que se realizará hoy y mañana en Santa Cruz, y que fue convocada por el presidente Evo Morales Ayma, debido a que, por orden judicial, no pueden viajar y salir de las ciudades donde viven las autoridades elegidas.
El Gobernador beniano denunció ayer que pese a que ya la anterior semana, una vez recibida la invitación a la cumbre, solicitó al juez cautelar autorización para viajar –que se le levante temporalmente el arresto domiciliario y el arraigo que se le ha impuesto en las investigaciones abiertas en su contra por la Fiscalía–, pero hasta ayer no recibió una respuesta.
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En la misma situación se encuentra la alcaldesa de Oruro, Rocío Pimentel (MSM), que tampoco asistirá a esta cumbre nacional, debido a que el pasado lunes, el juez Rosendo Gutiérrez le impuso como medidas sustitutivas la detención preventiva, la obligación de presentarse todas las semanas a firmar un libro de asistencia, la prohibición a salir de la ciudad de Oruro (arraigo) y presentar dos garantes personales.
Según la Alcaldesa, debido a que estas medidas se le impusieron hace sólo tres días, no tuvo tiempo de solicitar la autorización al juez para ir a Santa Cruz, además, que se debe presentar el permiso con varios días de anticipación al evento, ya que el juez tiene que notificar a los querellantes y señalar audiencia para resolver la petición.
Ambas autoridades, Suárez y Pimentel, por separado, confirmaron que recibieron la invitación del Ministerio de Gobierno, pero por las restricciones judiciales, no pueden asistir a la cumbre, donde está previsto que cada gobernación, los municipios, la policía y otras entidades expongan sus propuestas para definir acciones y políticas de seguridad.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, que ultimaba ayer los preparativos para el encuentro en Santa Cruz, informó que se cursaron invitaciones a las autoridades de las nueve gobernaciones, de las alcaldías de las capitales, de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y representantes de la Policía y la Fiscalía para los dos días de la cumbre.
No obstante, Vásquez no quiso referirse a la ausencia del gobernador Suárez por las restricciones judiciales que tiene. Dijo que estaban recibiendo las confirmaciones de los invitados, toda vez que, de acuerdo al programa, cada una de las gobernaciones tendrá un tiempo para exponer las conclusiones de las cumbres departamentales, que serán la base para las acciones nacionales y la política estatal que se asumirán en seguridad ciudadana.
La cumbre fue anunciada por el presidente Evo Morales, luego de visitar, el 12 de abril pasado, al gobernador Rubén Costas en la Clínica Foianini, donde fue internado tras recibir un disparo de un antisocial, que le rozó la cabeza, dejándolo herido. Hoy, el Primer Mandatario inaugurará esta cumbre.
Suárez ve una maniobra
El gobernador beniano, Ernesto Suárez, manifestó que se supone que los gobernadores de los nueve departamentos asistirán a la reunión, pero llama la atención que ayer, desde el Ministerio de Gobierno, directamente buscan al responsable de seguridad ciudadana de la Gobernación para informarle que cada gobernación tendrá 10 minutos de exposición.
“¿Cómo sabían que el Gobernador no va a ir y que esos 10 minutos podía utilizarlo el que vaya en representación de la Gobernación?
Llama la atención esto, pues el Ministerio de Gobierno sabía que no podría ir y quien ha hecho la solicitud de autorización aún no ha recibido una respuesta oficial. Eso muestra la coordinación estrecha que hay entre el juzgado y el Gobierno”, manifestó.
Hace semanas atrás, la juez de instrucción Narda Vega determinó el arresto domiciliario con derecho al trabajo para el Gobernador, acusado de supuesta malversación de fondos, uso indebido de influencias y otros delitos durante su primera gestión como prefecto de Beni.