La red televisiva privada reconoce los sueldos y beneficios sociales impagos; responsabiliza a los conflictos sociales de meses pasados en Bolivia, aunque los casos datan de años.
Luego de más de 10 años de sueldos impagos, subsidios no entregados y despidos injustificados, 13 extrabajadores de PAT denuncian irregularidades en ese medio de comunicación.Los procesos legales que iniciaron se ven perjudicados por los cambios de nombre en la razón social. La red televisiva reconoce las deudas y argumenta que el retraso se debe a los conflictos sociales de este año.El problema es a nivel nacional. El camarógrafo Óscar Buitrago trabajó durante diez años para PAT en Potosí hasta que en junio de este año lo retiraron. “Dijeron que era por reestructuración del canal”, lamenta.Asegura que el monto adeudado por sueldos es de 57.174 bolivianos. La denuncia, como las de otros casos, es conocida por el Ministerio de Trabajo.Página Siete se contactó con el personal de Recursos Humanos de PAT. Sobre las denuncias, respondieron: “En efecto la empresa tiene retraso en el pago de algunos beneficios sociales y otros aportes, mismos que se deben a su vez, al retraso en el pago de los auspiciadores de la empresa que como la nuestra, fueron afectados por los conflictos sociales que atravesó el país”.Sin embargo, los casos de deudas e irregularidades son de más de una década. Los trabajadores actuales no hablan de la situación actual de la empresa, “porque se los prohibieron”.En cambio los extrabajadores ya iniciaron procesos legales. Erik Arauco es uno de ellos. Fue presentador y encargado de la sección de deportes del departamento de prensa de PAT durante 11 años y renunció en mayo de 2018.“Me deben dos quinquenios, retroactivos, liquidación, AFP. No le dieron a mi esposa en su embarazo ni un subsidio, ni cuando nació mi bebé, sólo pagaron el bono natal”, contó.
Los afectados decidieron agruparse. Hasta el momento son 13. Comparten su caso para que los que no han iniciado el proceso legal, lo hagan.Personal de Recursos Humanos de la red PAT aseguró a Página Siete que “en el transcurso de las siguientes semanas, regularizarán los pagos adeudados, conforme a la seriedad y formalidad de la empresa”; sin embargo, los extrabajadores aseguran que esa es la excusa de hace años.Más despidos y maltratoCansado de las irregularidades, el camarógrafo Freddy Ramos renunció; sin embargo, no recibió el pago de desahucio.“En mi carta expliqué que fue por maltrato laboral por parte de la jefa de prensa. Prácticamente me obligaron a renunciar. En el canal me dijeron que no podían pagarme; que podía hacer juicio pero iba a tardar años”, denuncia.Ante la amenaza aceptó el pago incompleto. Sin embargo, el pago no se lo realizó en los tres meses acordados, así que el afectado citó a la empresa, ante el Ministerio de Trabajo, en tres ocasiones. El total de la deuda le fue cancelado en siete meses.Otro caso es de Lucas Aguilar, quien empezó a trabajar el 1 de enero de 2016. Fue chofer de prensa y luego trabajó como camarógrafo. Fue retirado el 18 de marzo de 2018 aunque tenía un bebé menor de un año que recibía el subsidio de lactancia.
“Me dijeron que era un recorte de personal porque no había fondos”, cuenta Aguilar. Entonces, la empresa le debía 46.000 bolivianos. Tras varios pagos desordenados, el saldo de la deuda aproximada es de 15.000 y se incrementa por horas extra.“Cuando voy a las oficinas me dicen: ‘Pase otro día y ajustaremos’”, comenta molesto.La deuda con la productora Denise Aguilar es por más de 19.000 bolivianos. Le pagaron una sola cuota. Además, no se le canceló el subsidio por el nacimiento de su hija, que ya tiene tres años. “Después ignoran totalmente mis llamadas, correos, etcétera. Incluso mi abogado fue a las oficinas de PAT en Santa Cruz y lo recibieron, pero dijeron que me pagarían la siguiente semana, pero hasta ahora nada”, dice.Usan cambio de razón social para evadir las responsabilidadesLa razón Social de la empresa PAT cambió al menos tres veces en la ultima década, según denuncian los extrabajadores. Afirman que esto perjudica los procesos legales.Luego de varias llamadas sin respuesta, Erick Arauco demandó a PAT en un proceso laboral por pago de beneficios sociales que sobrepasan el medio millón de bolivianos. En agosto pasado -en su caso- el juez determinó el embargo preventivo de los fondos de PAT.
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“Me dijeron que no tienen bienes ni cuentas a su nombre”, relata el extrabajador. Otra deuda que lleva más de una década es la de un camarógrafo que pidió mantener su nombre en reserva. PAT le debe 90.000 bolivianos. El único pago que recibió es de 2.000, según denuncia y no le pagaron horas extras. Tampoco le responden las llamadas.“Entré el 2008 a PAT, luego entraron nuevos directivos e informaron que habían problemas con impuestos. Decidieron cambiar de razón social porque necesitaban nuevas cuentas. Cambió a Comercializadora Multimedia Del Sur (CMS) y así iban cambiando los contratos”, cuenta.Varios de los denunciantes señalan que la empresa debe más del 80% de los aportes de la AFP. “En mi caso, no me dieron el total de mis boletas de pago. Por eso sí realizaré medidas legales”, adelantó el camarógrafo Freddy Ramos.La periodista Geraldine Mendoza denuncia que nunca les informaban de los cambios de nombre. Señaló que cuando entró a trabajar en PAT, la empresa figuraba bajo la razón social de CMS. Posteriormente, desde enero pasó a ServiTv. “Nunca me dijeron sobre la migración de empresa. Además, con eso pierdo mis años de antigüedad”, reclama.Una periodista “renunció” por acatar huelga nacional“El 7 de mayo pasado renuncié a PAT por presión del gerente general de la empresa. Nos debían dos meses de salario, no sólo a La Paz sino a todos los trabajadores que formaban parte de esta red a nivel nacional. Por este motivo, surgió un movimiento de protesta en Santa Cruz, un paro de actividades”, cuenta Geraldine Mendoza, quien trabajó durante cinco años y diez meses para esa red televisiva.
Cuenta que el personal de la capital cruceña se comunicó con el de La Paz y todos decidieron apoyar el paro. Si bien habían trabajado las notas de prensa, decidieron no enviarlas.“La jefa de prensa nos advirtió con sanciones y, por eso, se enviaron las notas para la emisión del noticiero. Previamente, el mismo gerente, subió a las islas de edición y me dijo que era una pena que paremos en La Paz porque sólo a nosotros nos iban a pagar. Luego pidió a la jefa de prensa mi renuncia porque ‘no iba a ser fácil’ que siga trabajando”, denuncia Mendoza.El artículo 53 de la Constitución garantiza el derecho a la huelga y faculta a los trabajadores a defender sus derechos. La medida es respaldada por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.Página Siete / Madeleyne Aguilar A. / La Paz