Acusación. Es una de las mayores cargas procesales del Ministerio Público del departamento de Pando. Sin embargo, ninguna autoridad de peso está detenida por este tipo de delitos. María Dely Atiare | Fiscal de Distrito de Pando: «No es justo que me asusten así; yo solo quiero trabajar».
Corrupción. En este edificio funciona la Gobernación de Pando. Sus últimos tres inquilinos (Fernández, Bandeiras y Flores) son sindicados por supuesta corrupción
El Deber, Pablo Ortiz. Cobija
La corrupción es uno de los principales delitos que se denuncian en Pando. Con ocho fiscales, la representación del Ministerio Público en el departamento amazónico debe lidiar con seis o siete denuncias de corrupción pública por semana. Así lo informa María Dely Atiare, fiscal de Distrito de Pando, que apuntó a los hechos de supuesta corrupción que investiga como uno de los posibles móviles para el atentado que sufrió la semana pasada.
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Atiare dice que en los tres meses que lleva al frente de la Fiscalía ha desempolvado casos contra el senador Róger Pinto por presunta venta fraudulenta de terrenos en la Zona Franca de Cobija, por daño económico al Estado contra el exalcalde Miguel ‘Chiquitín’ Becerra y contra el exfiscal de Distrito Vladimir Lazcano y la exdefensora del Pueblo Milena Melgar por el robo de electrodomésticos y ropa de los depósitos de la Zona Franca Cobija, entre otros casos de supuesta corrupción.
Atiare asegura que las denuncias provienen de todas las reparticiones públicas, pero la última de importancia viene de la Gobernación. El gobernador Luis Flores es acusado por Claudia Salas, exempleada de la librería Franz Tamayo, propiedad de la madre del gobernador, Rosa Roberts, de crear empresas fantasmas para beneficiarse con adquisiciones de la institución departamental.
A Flores parece perseguirlo el estigma de sus predecesores cuando la Gobernación aún se llamaba Prefectura. Tanto Leopoldo Fernández, último prefecto elegido en Pando, como Lendolino Rafael Bandeiras recibieron denuncias de supuesta corrupción en su contra. Fernández está preso por la matanza de Porvenir del 11 de septiembre de 2008, mientras que el almirante Bandeiras denunció a sus acusadoras por robo en la Prefectura de Pando y hurto y ellas terminaron en la cárcel.
Las denuncias contra Flores Roberts alcanzan a la época en la que era alcalde de Cobija por la agrupación ciudadana Movimiento Amazónico de Renovación, en el periodo 2005-2009. Según Salas, presa por supuesta estafa a la empresa de la madre del gobernador, Flores Roberts creó una red de corrupción que involucra a jefes de almacenes de la Alcaldía y la Gobernación, además del encargado de realizar las cotizaciones (obtener proformas) para realizar compras.
Desde la cárcel de Villa Busch, cerca de Cobija, Salas relata que el 2% del monto facturado iba a parar a manos del encargado de conseguir proformas y el 12% a los almaceneros de las instituciones.
Asegura que en muchos casos la mercadería no fue entregada ni a la Gobernación ni a la Alcaldía de Cobija y que el dinero ingresaba a las cuentas de la librería Franz Tamayo. Para probarlo tiene fotocopia de los cheques y un número de depósito del Banco Unión.
El gobernador niega esta situación y pide que la Fiscalía investigue las denuncias, aunque reconoce que Salas llevaba la contabilidad de la empresa de su madre y de otras compañías con sede en Cobija. Salas dice que todas las empresas que ella manejó (Carsa, ABC Internacional y Roca Import Export, esta última propiedad de María Isabel Roca, que trabaja como niñera en la Gobernación) se controlaban desde la oficina de la librería Franz Tamayo y tenían domicilio tributario en casas pertenecientes a la madre del gobernador. Es por eso que considera que una investigación judicial puede corroborar su versión.
Para Salas, los móviles que llevaron al gobernador a los supuestos actos de corrupción fueron ayudar a su familia y obtener recursos para sus gastos. Asegura que la Franz Tamayo tenía ventas bajas antes de que se crearan las presuntas empresas fantasmas.
Salas va más allá y acusa a la familia de Flores Roberts de presionar a otras reparticiones de la Gobernación para que compren sus materiales de la Franz Tamayo a través de Carsa. Apunta al Servicio Departamental de Caminos y al Servicio Departamental de Control Social. Afirma que los jerarcas de estas instituciones se benefician con porcentajes de las compras y que camuflan como material de escritorio la compra de electrodomésticos de la misma tienda.
También hay otra denuncia que involucra al gobernador. Se trata de la realizada por Vicente Rocha, presidente cívico de Pando. Se trata de una supuesta compra de muebles a la fábrica de muebles Upa. En una declaración firmada Evert Julio Upa declaró que el hermano del gobernador le tramitó un NIT y le dio un contrato de provisión de muebles por Bs 79.760 cuando en realidad no tiene carpintería. Asegura que se dedica a fabricar losetas en una casa de Rosa Roberts para terminar la Terminal de Buses de Cobija, que el ahora gobernador dejó inconclusa cuando era alcalde.
Cuando se buscó a Upa en esta casa, un par de obreros dijeron que se había ido a su chaco y que no volvería en largo tiempo. A un costado, un camión cargaba las losetas que habían en el terreno.
Flores Roberts asegura que todo es mentira, que en su informe de gestión como alcalde fundamentó el retraso en la terminal de buses por falta de diésel y lluvias y que dejó los recursos necesarios para su conclusión.
La sombra de Leopoldo aún es larga en Pando
Pando es un espacio político controlado por el Movimiento Al Socialismo, pero Leopoldo Fernández, pese a estar preso en Chonchocoro, acusado de ser autor intelectual de la matanza del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, aún tiene peso.
Consultado sobre si ha logrado llenar el espacio político que antes ocupaba ‘el cacique de Pando’, Luis Flores Roberts admite que ni siquiera se ha puesto a pensar en ello y que tal vez ha cometido el error de dedicarse a hacer gestión y no preocuparse tanto por la política.
Asegura que solo tiene 600 empleados en la Gobernación, mientras que Fernández empleaba cerca de 3.000. Eso se siente en la ciudad. Los taxistas aseguran que más plata se movía con Leopoldo, que los empleados de la Gobernación tomaban taxis por hora (a Bs 60 la hora).
Pero Fernández aún domina el imaginario político. Hay un video de Claudia Silvana Salas, la denunciante del gobernador, en el que supuestamente extorsiona a su familia para no hacer público los hechos de corrupción. En él se la ve diciendo que detrás hay alguien más grande y poderoso. Ella asegura que se refería a Dios, pero la familia del gobernador asegura que hablaba de ‘Leo’.
El principal motor de las acusaciones contra Flores Roberts es el presidente cívico, Vicente Rocha, exfuncionario de Caminos cuando Fernández era prefecto y fue rehén y salió golpeado en Tres Barracas para el 11-S. Lo dieron por muerto y ahora es testigo de descargo de Fernández en el juicio de Porvenir. Él asegura que Leopoldo no está detrás de sus denuncias, que lo hace por el supuesto daño económico que Flores Roberts causa a la Gobernación.
Los casos en el olvido
Caja chica de Caminos
Además de los arrestos por la matanza de Porvenir, en septiembre de 2008 se detuvo a dos funcionarios del Servicio Departamental de Caminos de Pando por el supuesto desvío de Bs 4 millones. Esta cifra, presuntamente, sirvió para financiar las movilización en defensa del Impuesto Directo a los Hidrocarburos en Pando. Además, la entonces viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, presentó una denuncia contra Leopoldo Fernández por el mal uso de Bs 90 millones de la Prefectura de Pando. Dos millones eran por obras que presentaron deterioro precoz, y los restantes 88 millones eran por supuesto uso indebido de recursos del IDH en otras obras.
Entre robos y campañas
En 2009, un nuevo caso de supuesta corrupción estalló en la Prefectura de Pando. El departamento jurídico acusó a las exfuncionarias María Teresa Gutiérrez, Kristell, Aurora Alba Gutiérrez y Lorena Azad de apropiarse de Bs 260.000 de arcas del Estado. Desde su refugio en territorio brasileño, Azad acusó al entonces prefecto interino (nombrado por Evo Morales tras la destitución de Fernández), de desviar fondos públicos para la campaña de relección del presidente del Estado, además de financiar los gastos personales de su esposa e hijo. La investigación no prosperó y las tres exfuncionarias son procesadas.
Camiones a Puerto Evo
Según denunció el entonces presidente de la Aduana Nacional, general César López, el 27 de junio de 2008 un convoy de 33 camiones cargados con mercadería de contrabando cruzó varias trancas de Pando hasta llegar a Santa Rosa del Abuná, con autorización del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y del entonces jefe del Comando Conjunto Amazónico Rafael Bandeiras. La mercadería tenía como destino la localidad de Puerto Evo Morales, en la frontera con Brasil. Se organizó una comisión en la Cámara de Diputados para investigar el hecho, controlada por el Movimiento Al Socialismo, que determinó que ni Quintana ni Bandeiras tenían responsabilidad. López perdió el cargo y su esposa fue salvajemente golpeada por desconocidos en su domicilio.
María Dely Atiare | Fiscal de Distrito de Pando: «No es justo que me asusten así; yo solo quiero trabajar»
Desde hace tres meses es la máxima autoridad del Ministerio Público en Pando, departamento fronterizo y peligroso. El lunes pasado balearon su cuarto y pese a todo seguirá con su trabajo. Se graduó en la Universidad Gabriel René Moreno y tiene 11 años de experiencia.
Nerviosa. Atiare conversa en la sala de prensa de la Fiscalía de Pando. Durante varios tramos de la entrevista la abogada se calló para no quebrarse en llanto.
El Deber, Pablo Ortiz
A María Dely Atiare la despertó el estruendo de dos tiros en la pared de su cuarto. No sabe cómo, pero en lugar de pararse se tiró al suelo y se arrastró hacia la puerta de la habitación mientras otros tres tiros calibre 38 penetraban por la ventana de la habitación de forma ascendente y se alojaban en la pared del cuarto de hotel. Los tiros los disparó un desconocido desde un lote baldío ubicado al lado de donde vivía Atiare, que hacía solo tres meses había dejado su trabajo como representante del Consejo de la Judicatura en Pando para hacerse cargo de la Fiscalía de Distrito. Aún afectada por lo sucedido, al borde del llanto, la abogada cruceña contó lo sucedido.
– ¿Qué avances hubo en las investigaciones sobre su caso?
– Se ha avanzado mucho en las investigaciones, como dijo el comandante de la Policía. Ya se tiene a algunas personas identificadas.
– ¿Cómo ha cambiado su vida este hecho? ¿Seguirá viviendo en el mismo hotel?
– Seguir o no viviendo en el hotel es una medida de seguridad que veremos en otro momento. Veremos qué es lo que hago, si cambio o no de lugar de domicilio. Seguiré trabajando con la seguridad necesaria, que para mí es un poco incómodo, porque no estoy acostumbrada al resguardo policial. Estoy bien resguardada, la seguridad que me está dando la Policía es suficiente y creo que hasta demasiada.
– ¿Qué caso ha reactivado en estos meses como para ganarse enemigos?
– Hemos movido todos los casos, el de clonación de placas, el de autos robados, varios casos de contrabando, los de corrupción pública contra el senador Róger Pinto y Miguel ‘Chiquitín’ Becerra, las denuncias contra Lorena Assad (la que acusó al exprefecto Rafael Bandeiras de corrupción), el caso de Leopoldo Fernández, el del exfiscal Lazcano, robo de mercadería. Todos los casos los he seguido sin discriminar entre uno u otro. Por ejemplo, esta semana teníamos que hacer varios allanamientos por la 1.008 (tráfico de drogas) pero esto (el atentado) nos ha retrasado.
– ¿Cree que alguno de ellos ordenó el atentado?
– No sé, porque yo no dirijo la investigación. Nunca dije que el senador Pinto mandó el atentado, solo mencioné que era uno de los casos que llevaba. Además, todo mundo tiene conocimiento que yo no llevo ningún caso, lo dije desde el principio. Mi trabajo es controlar a los fiscales y solo en caso de necesidad ayudo con las investigaciones, pero no llevo un caso exclusivo.
– El día del atentado dijo que estaba más molesta que preocupada, ¿sigue así?
– Sigo molesta. No puede ser que la delincuencia nos avasalle, que pueda más que nosotros. ¿Qué vamos a hacer si la delincuencia nos gana? Vamos a vivir como animales, nos vamos a matar entre todos, todo mundo va a hacer lo que le da la gana.
No es justo, no es justo que hagan esto a alguien que solo quiere trabajar, no es justo que me asusten, me amedrenten, no es justo, yo solo quiero trabajar. Y no es justo que nos dejemos, porque para eso está la Policía, estamos nosotros, los fiscales. No estoy molesta con la Policía ni con el Gobierno, sino porque la delincuencia no debe poder más que nosotros.
– ¿Qué va a hacer ahora?
– Trabajar como lo estaba haciendo, tomando las acciones necesarias para mi seguridad. Mi familia está preocupada, quiere que regrese, que deje esto, mis padres están preocupados y es normal.
– ¿No comprenden por qué se queda con tanto peligro?
– Creo que sí, veré qué pasa más adelante, lo analizaré después.
– ¿Qué particularidades tiene ser fiscal de distrito en Pando?
– Es compleja la situación, hay mucha migración, hay muchos brasileños… Pero todo tiene que ser controlable. Estamos para administrar justicia, para controlar las causas. Si nosotros no lo hacernos, quién más lo va a hacer.
– ¿Y hay medios para hacerlo?
– En parte sí.
– Y en parte no, ¿qué falta?
– Más fiscales. Tengo solo ocho fiscales y estoy trabajando con cuatro porque los otros están de vacaciones. Hay gran demanda de denuncias, pareciera que no porque es chico, pero hay.
– ¿En qué delitos?
– Violaciones, corrupciones, robo, muchas denuncias por robo de motocicletas, narcotráfico…
– Y ¿hay medios para contener el crimen?
– Hay personal, aunque nunca es suficiente porque tienen que desplegarse a diferentes unidades y siempre falta.