Gonzalo Villegas Vacaflor
Los efectos sociales del fracaso de la política económica plural en Bolivia, son visibles e innegables y el gobierno de Morales prefiere enfrentarse al conflicto del TIPNIS, llevar adelante una experiencia de elecciones judiciales con vicios, soportar el descontento social, la pérdida de popularidad, el acelerado descrédito que cunde en sus bases sociales; todo; antes de asumir sus responsabilidades y enfrentar a la sociedad boliviana con la dura realidad de que la “economía” del “proceso de cambio” hace aguas.
Después del gasolinazo vinieron una seguidilla de yerros en el manejo de la economía, y señalo los que a mi criterio son los más agudos:
1.- Incremento de la demanda de divisas durante el primer semestre de este año, el Banco Central de Bolivia (BCB) tuvo la necesidad de importar dólares, según “La Administración de las Reservas Internacionales”, un documento publicado por el instituto emisor nacional.
La información, contenida en el capítulo 6 del informe, referido al Capital de Trabajo, sostiene que la entidad financiera necesitó importar alrededor de 500 millones de dólares para atender los retiros de efectivo de dólares del sistema financiero.
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2.- Los cooperativistas mineros, organizaciones totalmente alejadas del Vivir Bien, se las favorece con la exención del IVA. Ellos alegan que la caída de precios no les permite seguir produciendo, en realidad pagar impuestos no les permite seguir enriqueciéndose con los recursos que son de todos los bolivianos. Sin embargo, si de algo no se libra ningún ciudadano es de pagar el IVA (directa o indirectamente).
3.- Los subproductos ilegales de la coca, que tienen precios millonarios, tampoco pagan impuestos.
La ONU calcula que la coca y sus derivados ilegales representan un movimiento de 700 millones de dólares por año, más o menos la mitad del monto de la minería, pero sin pagar impuestos.
Se trata de la actividad agrícola más rentable de todas las que existen en el país, pero que no paga impuestos.
4.- La crisis energética y económica está latente en Bolivia. “El déficit de la producción de gas, respecto de los compromisos de exportación, pasará a ser dramático en estos meses, cuando Argentina ponga en operación el gasoducto que le permitirá pedir a Bolivia los 27,7 millones m3/d a que tiene derecho por un contrato firmado en 2006. En ese momento faltarán 20 millones m3/d; pues, la oferta comprometida habrá crecido de 42 a 62 millones, con un déficit de 20 millones.
“Si Argentina quisiera, podría decir a Bolivia que si no puede entregar el gas natural convenido (cosa que no está lejos de ocurrir) se haga cargo de las facturas del gas natural licuado que recibirá en sus estaciones desde Dakar o Kuwait. El precio del gas superará en 30% al del gas boliviano.
“Esa factura será la que deba pagar Bolivia, en caso de que Argentina proponga esa solución. Por lo tanto, en ese momento la situación insostenible,
5.- Y para colmo de males Luis Arce Catacora, es el Ministro de Economía del “proceso de cambio”, y no se caracteriza por sus conocimientos en las áreas de la Economía y Finanzas públicas, sus habilidades son inmejorables para acomodarse con los poderosos de turno; pues antes de ocupar la función ministerial, fue Gerente de Operaciones del Banco Central de Bolivia cuando Sánchez de Lozada era Presidente de Bolivia. Toda revolución necesita de revolucionarios y este señor ni se acerca y jamás cumplirá con este perfil.
Por otra parte el incremento de la pobreza, el aumento de la economía informal, la falta de más empleos y mejor remunerados, la inseguridad que se percibe en todos lados y el incremento de las actividades del crimen organizado son sólo algunos de los efectos más visibles y que más afectan a nuestra sociedad boliviana.
El origen de esta descomposición social proviene de la experiencia del llamado “Estado Plurinacional”. Y no hablo de la economía boliviana en general, pues la capacidad económica de la sociedad y el mercado interno son débiles y no podrían impulsar el crecimiento.
Lo que nos hace no crecer económicamente y, por lo tanto, no plasmar ese crecimiento en beneficios para la población son las decisiones económicas y políticas que se toman en los distintos niveles de gobierno.
Y para muestra basta un botón. La falta de reforma laboral lleva a que las personas no puedan tener un empleo digno y con buena paga. La forma de resolver las necesidades económicas de su familia, muchas veces se encuentra en actividades ilícitas.
La falta de una reforma fiscal permite que se siga concentrando el cobro de impuestos en las mismas personas.
Los contribuyentes cautivos pagamos más impuestos mientras: cocaleros, cooperativistas mineros y contrabandistas no lo hacen porque cada vez tienen mayores deducciones. Esto lleva a que un gran número de personas decida no registrar sus actividades productivas ante Impuestos Internos, haciendo cada vez mayor a la economía informal.
Una verdadera política de lucha contra la pobreza no ha existido nunca y dudo que exista en el futuro.
El discurso demagógico nos lleva a políticas populistas que no resuelven el problema estructural de la pobreza ni de la distribución del ingreso. Sólo llevan a políticas asistencialistas que son solo transitorios paliativos a la crisis estructural que nos agobia.
Y todo el desorden económico lo capitalizan los otros grupos de poder, que son los cultivadores de coca en Chapare, cuya producción casi en su totalidad está dirigida a la fabricación de cocaína, los contrabandistas, los cooperativistas mineros y toda la informalidad que ha hecho suyo el proceso de cambio.
Aprovechando la imposibilidad gubernamental de sostener económicamente al país y de la inmovilidad de la Iniciativa privada, estos grupos de poder responden a las necesidades económicas de la sociedad con violencia, confrontación, desempleo e inseguridad jurídica.
La solución de este fracaso económico está en la sociedad. El verdadero cambio no lo harán los políticos, ni los nuevos ricos. Lo haremos nosotros, la gente común y corriente con un cambio en nuestra actitud, dejando de lado los temores y falsos escrúpulos ante la actividad política, pues los males que atraviesan los colectivos sociales son fruto de la indiferencia y el nulo interés de participación activa; nos limitamos a la crítica silenciosa que en nada puede influir a las decisiones que otros toman en nuestro nombre.
En la actualidad, no parece haber consenso suficiente entre la ciudadanía para avanzar en esa dirección. Ahora bien, la sociedad sigue teniendo algún margen para modificar las resistencias institucionales e ideológicas a las políticas impuestas. Dichas resistencias no son parámetros inmutables. Pueden llegar a vencerse, pero eso requiere una reflexión profunda, no sobre cómo llegar al poder político, sino sobre cómo crear las condiciones para que desde el poder político se puedan hacer políticas progresistas.