El Nuevo Día
El descuido del consumidor
El 15 de marzo se celebró el Día Internacional del Consumidor, fecha que pasó casi desapercibida en el país, el único además de Ecuador, en América del Sur, que no posee una ley específica que proteja al consumidor, considerado el sector más importante de cualquier economía, pero a su vez, el más descuidado y desprotegido por el Estado.
Este tema merece también un debate intenso en estos tiempos de grandes cambios. El Gobierno ha querido hacer ver en los últimos tiempos, que está defendiendo la economía de la población al establecer franjas de precios, al prohibir las exportaciones supuestamente para evitar el desabastecimiento, pero descuida un concepto básico en la protección del consumidor y es el de la competitividad, única herramienta capaz de llegar a estándares óptimos en la producción de bienes y servicios. Debilitar a las empresas y tenderles trampas con fines políticos no es el mejor camino para lograr productos de calidad y buen precio, sino todo lo contrario. La solución pasa por mejorar la salud de la economía, fomentar los negocios y establecer marcos regulatorios que beneficien la sana competencia.
El otro paradigma que maneja el Gobierno es retornar a los obsoletos esquemas socialistas, según los cuales, el Estado debe producir desde petróleo hasta aceite de comer, palos de escoba y harina de maíz. Ha quedado claro con el escándalo de YPFB, el desabastecimiento de carburantes, que a su vez ha agudizado la escasez de numerosos comestibles, que ese modelo no ha funcionado ni será eficaz para los consumidores. Si bien la provisión de combustibles se ha normalizado en cierta forma, hay que ver cuánto pagan los consumidores de Quijarro, Cobija, Yacuiba o Apolo por una garrafa de gas o un litro de diesel. La politiquería distorsiona el sistema productivo, desalienta las inversiones, atrasa las innovaciones e impide que la ciudadanía pueda acceder a productos y servicios más competitivos en precio y calidad. Habría que analizar lo que ha ocurrido en el rubro de las telecomunicaciones, tal vez el único ejemplo a destacar en este periodo, para darse cuenta del gran beneficio que trae para todos que exista un juego saludable entre los operadores.
La nueva constitución vigente establece la desaparición de casi todas las superintendencias, cuya misión debía ser supervisar la prestación de servicios y garantizar la plena satisfacción de los consumidores. Esta responsabilidad pasará dentro de un mes a manos de diferentes ministerios, hecho que podría significar un retroceso en la labor regulatoria que debe ser ejercida por el Estado, como muchos empresarios ya lo han manifestado. Uno de los que más se ha sentido afectado es el sector forestal que en más de una oportunidad ha cuestionado la desaparición de la superintendencia. Si bien ese sistema requería de un perfeccionamiento, la eliminación del criterio de independencia traerá consecuencias negativas para los consumidores, que seguirán demandando protección, reglas claras y la puesta en marcha de un trabajo serio de promoción de un concepto clave en cualquier economía, la calidad.
La eliminación de las superintendencias traerá consecuencias negativas para los consumidores protección, reglas claras y calidad.
AsÍ nos ven 20 – 03 – 09
Investigadores del Conicet y otros organismos públicos de la Argentina desarrollaron un nuevo y eficaz insecticida contra los mosquitos que trasmiten el dengue. Se trata de un producto que llega en un momento crucial: esa enfermedad emergente está avanzando en Bolivia, Paraguay y en el Norte de nuestro país. La investigación empezó hace tres años, ya lo probaron en hogares de Villa Libertad, en Misiones. Lo aplicaron en forma de spray, pero ahora se lo está evaluando en forma de pastilla. Todo el desarrollo fue apoyado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y otras.
Habría que probar
bajo el penoco
Este penoco andante sigue de viaje por el sur de Brasil. Anda visitando una feria, pero no vayan a pensar que se ha parqueado en un stand de esos donde abundan los escotes y las cervezas frías. Esta feria se llama Expodireto Cotrijal y se realiza en un pueblo de 15 mil habitantes llamado “No-Me-Toque”. Estos brasilenios descendientes de alemanes y holandeses crearon un nuevo modelo de feria y la han convertido en la mayor muestra de maquinaria agrícola del país. No se paga entrada, no hay música, ni pipocas y menos cerveza o ron. Las azafatas apenas insinúan sus atributos y la comida la brindan los organizadores a un precio módico, para servirse casi como en el cuartel, de pie y rápido. A este penoco le preguntan a cada rato si hay ferias como esta en Bolivia. La verdad es que todavía no les ha respondido porque a lo mejor en la feria de Santa Cruz se animan a organizar una muestra sólo para hacer negocios.
El País (Bolivia)
Nos quieren meter otra vez a la boca del lobo
Como si hubiesen pasado siglos y no tuviésemos memoria. El denominado "Febrero negro" que después se volvió "Octubre rojo" del año 2003, tuvo como autores intelectuales al FMI y Banco Mundial, cuyas "recomendaciones" se traducían en una profundización del modelo privatizador y una mayor carga impositiva a la población boliviana para financiar el déficit fiscal de entonces. Sólo si el gobierno de turno las aceptaba, recibía financiamiento de esos organismos para diversos "programas de ayuda".
Obviamente que el impuestazo que pretendió el presidente huido no fue aceptado. Tuvo que esperarse hasta mayo de 2005 para que se promulgue una nueva ley de hidrocarburos que subió la renta petrolera del 18 al 50%. El entonces presidente, que reemplazó al huido (Mesa), no quiso promulgarla y esperó diez días (o, equivalentemente, 30 millones de dólares) para que sea el Congreso el que la promulgue. El efecto fue inmediato en las arcas públicas. Ya no se necesitaba impuestazo ni muertos para sanear las arcas públicas.
El 1 de mayo de 2006 terminó por revertir la relación: del 18 – 82 de antes de 2005, se pasó al 82-18 con el decreto nacionalizador en los megacampos. 82% para Bolivia, 18% para las operadoras extranjeras. Pero eso de "socios no patrones" duró sólo un año, porque en mayo de 2007, cuando entraron en vigencia los 44 "contratos de operación", se volvió al 50% en promedio de la ley de hidrocarburos y se renunció a la refundación corporativa de YPFB. Hace poco nos informaron que el 50% mermó, porque YPFB tuvo que reconocer "Costos Recuperables" a las operadoras que sólo por el año 2007 sumaron más de 200 millones de dólares.
En medio de los retrocesos se intentó algo importante para el país: la construcción de la Planta Separadora de Líquidos en Río Grande, cuya puesta en marcha permitirá extraer una parte del GLP y gasolinas que contiene el torrente de gas que va al Brasil, país que aprovecha esta energía gratuitamente. El mérito de este intento es – al César lo que es del César – de Santos Ramírez. El demérito es que, al parecer, pretendió sacar provecho personal del asunto, lo que lo llevó a la cárcel. Hoy los pregoneros de las mentiras y los eternos enemigos del interés nacional quieren confundir las cosas y, con el pretexto de la presunta debilidad de Ramírez, buscan a toda costa suspender la construcción de la Planta Separadora de Líquidos, "por razones éticas", dicen. Son los mismos que apoyaron el descuartizamiento de YPFB.
Ayer el interventor de YPFB, el inefable Carlos Villegas, ha anunciado dos cosas: que el gobierno garantiza la construcción de la Planta Separadora en Río Grande, aunque no ha dicho en que plazo funcionará ni bajo que figura legal respecto del contrato con Catler Uniservice. Tiene todos los visos de sus consabidas promesas incumplidas. Sirven para distraer la atención y nada más. Desmovilizan. La segunda cosa que dijo es que buscará reorganizar YPFB con apoyo del Banco Mundial y del BID, así como de "países amigos". Con nula experiencia empresarial previa, sin conocimientos técnicos relativos a la industria petrolera, el interventor alfil (fue ministro de Planificación del Desarrollo y ministro de Hidrocarburos en este gobierno), en una virtual confesión de incapacidad propia, tira la toalla pero no deja la silla: nos mete a la boca del lobo a todos.
No necesitamos "ayudas" como las que quiere el interventor. Sólo necesitamos que haga en cambio otras dos cositas: que publique las auditorías petroleras que las ocultó desde que fue ministro de Hidrocarburos, las que develaron fraude contable, falsas inversiones, también falsas "amortizaciones" y costos de operación inflados. Simultáneamente o inmediatamente después, el gobierno – no él – contrate a los profesionales bolivianos que las hicieron el año 2006, todos ellos expertos en el sector hidrocarburífero y que fueron capaces de develar el engaño de diez años de "capitalización".
Hay que ser osados para aceptar el cargo de presidente o interventor de YPFB en las condiciones de Villegas.
La Patria
Hacia los 100 años y más
Noventa años han transcurrido desde aquel 19 de marzo de 1919 cuando el mérito de la creación del matutino La Patria correspondió al insigne ciudadano Demetrio Canelas, obstinado por entonces en la aventura de hacer un periódico que responda a las inquietudes de los bolivianos, pero especialmente a los del occidente nacional. El periódico nació y su título sintetiza el mensaje de unión que entonces pregonaban los intelectuales y grandes defensores de la democracia y la libertad, LA PATRIA para los bolivianos
A diez años de cumplir un siglo de actividad permanente por supuesto que hay mucho que contar, pasando por el cambio de conductores en la empresa, asumir la responsabilidad de sostener y ampliar un proyecto que en poco tiempo se convirtió en el pan nuestro de los orureños y que poco a poco con una obligada transición generacional permaneció hasta el presente.
Para muchos el referente singular es LA PATRIA, si se habla de Oruro y su historia, su valía ha traspasado los límites departamentales pero además sigue avanzando más allá de las fronteras nacionales y ha llegado gracias a la cibernética, a colocarse en lugar privilegiado de la red de redes, la Internet.
LA PATRIA de sus años iniciales registra dos nombres que son parte del mismo “cuerpo del periódico”, Don Enrique Miralles y Don Cristóbal Molina, junto a ellos un grupo de destacados periodistas que interpretando los ideales de los nuevos conductores siguieron defendiendo la libertad por encima de penosas vicisitudes y no pocas amenazas, especialmente en los dolorosos periodos de las dictaduras que fueron muchos, pero que no doblegaron a LA PATRIA.
Mantener un periódico noventa años no es cosa sencilla, una buena parte de ese periodo la Empresa confrontó muchas limitaciones, por una competencia proveniente del interior, pero principalmente de la sede de gobierno que obligaron a la toma de decisiones para sobrevivir o perecer, así fue el reto en un periodo crítico del matutino orureño. Se impuso la sangre nueva para revitalizar el proyecto que entre otras cosas necesitaba adecuarse a la tecnología de punta a la que ya se sometieron los periódicos grandes, privados y oficiales de ese periodo de grandes exigencias.
Si de sangre nueva se trata, el reconocimiento corresponde a la descendencia del Patricio Enrique Miralles y quien toma la responsabilidad de modernizar el Subdecano de la Prensa Nacional es Marcelo Miralles Bová. Obligado al gran salto de la tipografía al offset, del clásico blanco y negro al color total y de las ruidosas máquinas de escribir a las silenciosas computadoras.
LA PATRIA perdura en el tiempo y el espacio, respondiendo a desafíos para permanecer en el rango de los grandes emprendimientos periodísticos, hay un compromiso de la nueva generación familiar, esa que con la sangre de dos anteriores visionarios , el abuelo y el padre, ahora tienen para sí la responsabilidad de mantener el bien ganado prestigio de 90 años y proyectarse hacia el centenario y mucho más en la vida del “vocero de la orureñidad” que continuará siendo acérrimo defensor de los intereses regionales y valiente critico cuando se afecten los derechos ciudadanos. LA PATRIA seguirá reflejando verazmente la historia de Oruro y el país.
La Razón
Fernández, seis meses después
Ni la oficina de DDHH, ni el Defensor del Pueblo, ni menos la Fiscalía General han hecho algo palpable para que se haga justicia con el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, sustituido, en la práctica, por un interventor militar impuesto por el Gobierno, desde La Paz.
Ha transcurrido medio año desde los terribles hechos de Porvenir y hasta ahora la justicia no ha aclarado nada de aquellos luctuosos acontecimientos. Desde entonces sólo existen acusaciones, informes dudosos —hasta vergonzosamente falsos— de organismos del exterior, intensa y costosa campaña publicitaria del Gobierno contra los detenidos y el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, encarcelado en La Paz, sin pruebas fehacientes en su contra, que no sean inculpaciones mediáticas de las más altas autoridades gubernamentales.
Ni la oficina de Derechos Humanos, ni el Defensor del Pueblo, ni menos la Fiscalía General han hecho algo palpable para que se haga justicia con el prefecto Fernández, sustituido, en la práctica, por un interventor militar impuesto por el Gobierno. Por el contrario, las autoridades han rechazado que Leopoldo Fernández fuera procesado en Sucre, como dispuso la Corte Suprema de Justicia y como corresponde. El Ejecutivo decidió desconocer el criterio y mandato de la Corte y, entonces, todo quedó claro: Leopoldo Fernández se había convertido en un preso político.
La “masacre” de Porvenir, como dice el Gobierno, o los “enfrentamientos”, como afirman los cívicos pandinos, dejaron fallecidos (alrededor de 15), pero, además, muchas personas confinadas a La Paz (Viacha) y otras que tuvieron que ir al exilio, pasando la frontera hacia Brasilea y otras poblaciones próximas en Brasil. Un estado de sitio se impuso en todo el departamento de Pando, dejando las manos libres para que fuerzas militares impusieran el orden que necesitaba el Ejecutivo para sus fines políticos.
Sin embargo, en oportunidad del referéndum constitucional, la ciudadanía en Pando votó ampliamente por el No, que rechazaba la Constitución propuesta por el Poder Ejecutivo, lo que fue otro revés para el presidente Evo Morales. Esto, al parecer, provocó mayores dificultades a los cívicos pandinos y a los colaboradores de Leopoldo Fernández en la Prefectura, y desató otra ola de detenciones y amedrentamientos.
Estas circunstancias han hecho que muchos países del continente pusieran en duda el llamado “Informe Mattarollo” encargado por la todavía nonata Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que respaldaba ampliamente al Gobierno en sus acusaciones de “genocidio”. Aunque las dudas sobre el informe no han tenido la suficiente fuerza como para obligar a la justicia nacional a aplicar la ley correctamente, en toda su extensión, sin atender a presiones políticas del oficialismo. Esto debió ser extensivo al resto de los ciudadanos pandinos que guardan detención arbitraria en las celdas paceñas.
El Gobierno acusa a Leopoldo Fernández por una presunta participación en los acontecimientos de Porvenir y también en actividades relacionadas con la corrupción. Pero la opinión pública se confunde —o se extraña— al ver que un ministro acusado de un inmenso contrabando es liberado de culpa, y que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) complicado en un caso de soborno, en el que fue victimado un empresario, recibe un trato totalmente distinto al Prefecto recluido en la cárcel de San Pedro. Seis meses de encarcelamiento para Fernández atentan contra la ley y eso es un intolerable abuso de poder que se deberá sancionar.
Subeditorial – Apoyo a la ganadería
Las organizaciones que agrupan a los ganaderos en el país están pidiendo al gobierno del presidente Evo Morales la adopción de medidas que permitan su subsistencia.
La Federación de Ganaderos propuso un debate sobre la situación que les aflige, a fin de que se pueda alcanzar el entendimiento para que el país no pierda este sector tan importante para la alimentación de los bolivianos.
Es oportuno que se abra algún canal de diálogo, sobre todo cuando los ganaderos muestran que están enfrentando situaciones críticas que no se limitan a los desastres causados por efectos naturales. Como se sabe, la ganadería boliviana es extensiva, lo que quiere decir que tiene el ganado en grandes extensiones, por la pobreza de los pastos naturales de los territorios.
Hay el temor de que las limitaciones sobre el tamaño de los latifundios se conviertan en restricciones que afecten esta actividad económica. Los campos de pastoreo son tratados en otros países con criterios especiales y no están sujetos a las limitaciones referidas a la tenencia de la tierra de uso agrícola.
Los ganaderos del Chaco han pedido a las autoridades programas de apoyo en vista de que la sequía ha diezmado los hatos como no ocurría en décadas.
Pero las autoridades nacionales no han accedido aún a entrar al diálogo ni han hecho saber si tienen la intención de ayudar al sector ganadero afectado por la sequía en unos lugares y las inundaciones en otros.
Quizá sea conveniente poner en la balanza, por un lado, la garantía que dan los ganaderos para el abastecimiento de un producto vital y, por otro, la posibilidad de que el país tenga que importar ese alimento.
En este momento, como consecuencia de diferentes causas, la producción de arroz ha disminuido y habrá un déficit, lo que obligará a importar el producto.
Otros países aplican en estos casos políticas de seguridad alimentaria y de abastecimiento interno, precisamente para no tener que gastar divisas en la importación de algo que puede ser producido internamente.
Sería oportuno que el Gobierno aplique también estos criterios y favorezca la creación de un sistema seguro de producción de alimentos en el país, desterrando la posibilidad de importarlos.
Nota del Día – Rolando Morales Anaya
Sin que medie explicación alguna, el superintendente de Empresas, Rolando Morales Anaya, fue echado hace una semana del cargo y esa institución fue intervenida para dejarla en manos de un funcionario que a la vez es propietario de un local que no cuenta con licencia de funcionamiento (como debería ocurrir con cualquier empresa) y cuya actividad es cuestionada por la Alcaldía.
Rolando Morales Anaya es un economista formado en Suiza, país donde alcanzó su doctorado. Fue un emblemático militante del Partido Socialista e incluso el 2002 se postuló a la presidencia de la República por ese partido. Esas credenciales lo convierten en un técnico afín al gobierno del MAS, por lo que resulta inexplicable la decisión que se tomó sobre él en la Superintendencia.
Aparentemente, la gota que rebalsó el vaso fue una fiscalización que habría ordenado sobre Ady Suxo Uría, la sobrina de nada menos que la Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La dignataria envió una nota a Morales Anaya para exigirle una auditoría y le comunica que ella se haría cargo del proceso administrativo que involucran unos pasajes y viáticos de un viaje a España, hecho por Ady Suxo Uría en febrero del 2008.
Pero el ex superintendente no sólo puso incómoda a Suxo Uría y a su tía, sino que cuestionó la decisión gubernamental de eliminar las superintendencias a través de un decreto, cuando la nueva Constitución Política determina que las entidades reguladoras se definen por ley —su vigencia o suspensión—.
Además advirtió que el sistema de control, en este caso de las empresas, se debilitaría porque estaría en duda la objetividad de los entes reguladores estatales ante las compañías públicas reguladas. Esas observaciones le costaron el cargo a Morales Anaya sin más vueltas.
Opinión
Importancia de la propiedad privada en el desarrollo orientado al bien común
La propiedad privada, y en ese marco la empresa privada, no es una invención diabólica, es parte de la civilización humana y debe ser considerada en esa proyección. No hay desarrollo ni progreso sólo estatizando la propiedad, y en ese contexto, los medios de producción.
En el debate respecto de la propiedad privada, obviamente, entra el papel del sector público en la economía. De lo que haga y de las garantías que ofrezca el Estado depende la actividad de la gente en las diferentes etapas del crecimiento. No podríamos entender claramente este componente fundamental de la historia humana sin un análisis completo. El pedido del ex vicepresidente de la República, aunque parece estar inspirado en un asunto particular, sirve de hilo conductor para una visión más amplia de lo que sucede actualmente en Bolivia.
El Estado, que para este análisis no es sino el Gobierno, no es una estructura perfecta, imparcial ni permanentemente eficiente. En síntesis, es el conjunto de individuos que toman el poder, unas veces violentamente y otras en la dinámica de procesos democráticos formales. Esos individuos que ascienden a los niveles más altos de la administración pública, no siempre son las personas, profesionalmente, mejor formadas ni moralmente más avanzadas. En la política, casi siempre, los que triunfan son los audaces, los crueles y los ambiciosos. Gente que no es precisamente la que podría manejar la economía en la proyección del bien común.
El Gobierno, incluyendo a los grupos o a los partidos con ideologías más avanzadas, en ningún lugar del mundo y en ningún momento de la historia ha sido o es un administrador honesto y productivo. Todo lo que manejan los políticos, quizá con excepciones difíciles, entra en el juego no siempre limpio de los que pugnan por tomar el poder. Ya en ese nivel, para mantenerse en esa situación, los gobernantes utilizan la fuerza, el dinero, las coyunturas económicas en la proyección de su afán prorroguista.
El Estado, es decir el Gobierno, casi siempre, administra la economía con criterios y fines políticos. Esta tendencia inherente a la lucha entre grupos o sectores, daña cuando no inutiliza la producción y productividad de los países. No hay un solo ejemplo en el mundo que demuestre lo contrario. La intervención estatal, obviamente, acaba favoreciendo a las personas poseedoras del poder. La tesis correcta no es ningún modelo exclusivo ni excluyente, sino un proceso inteligente y múltiple en el que cada sector cumpla su misión.
No se trata de proponer situaciones unilaterales, la propiedad privada y en esa proyección la empresa privada, tiene su lugar en la economía y en dimensión más amplia en la historia. Lo que deseamos proponer es que, en cada momento del desarrollo nacional, se marque con claridad el ámbito del sector público así como del privado. En cualquier grupo humano, ya en el siglo XXI, lo fundamental son los principios, las normas y las instituciones que regulan el comportamiento de gobernantes y gobernados, es decir, de todos. Allá donde no hay reglas claras y todo se resuelve en la mera correlación de fuerzas, la civilización se desarma y vuelve a los niveles más bajos de su evolución.
El Diario
Fomento al contrabando
Bolivia tiene que dejar de ser el basurero del mundo, lo que será posible cuando el gobierno del Movimiento Al Socialismo deje de fomentar el contrabando de mercadería usada y de dudosa procedencia. Se sabe que autoridades favorecen la actividad de comerciantes que introducen a territorio boliviano automóviles, maquinaria, equipo médico, ropa usada y otros productos que son desechados en otros Estados. Todo eso es transportado a nuestro país, que se ha convertido en su mejor mercado. Gran parte de esa mercadería ingresa por contrabando, burlando los controles aduaneros y también los de salud, porque no son sometidos a los controles fitosanitarios que se exige en el resto de los países del planeta, para preservar la salud de sus habitantes y evitar el ingreso de enfermedades que pueden estar contenidas en aquellas mercancías. Estas invaden ilícitamente territorio boliviano a vista y paciencia de los encargados de reprimir la actividad de los contrabandistas, muchos de los cuales utilizan el rótulo de importadores o empresarios, cuando en realidad atentan contra de la producción nacional y sobre todo la dignidad de los bolivianos.
Está comprobado que no existe principio de autoridad en el Gobierno, lo que se demuestra con los decretos que promulga, pero que no los cumple, menos los hace cumplir. Es el caso del decreto que prohibe el ingreso de vehículos usados con cinco años de antigüedad, medida que el MAS debió aplicar cuando se hizo cargo del mando de la Nación, para evitar que el parque automotor se incremente con miles de vehículos usados, muchos en mal estado y con problemas en la combustión, lo que contamina peligrosamente el medio ambiente. Como ocurre con frecuencia alarmante, después se arrepienten las autoridades y flexibilizan la disposición del Ejecutivo para dar curso al ingreso de autos usados. No obstante, se tiene que cumplir la determinación y quienes recurren a medidas de presión para alterar el orden público deben ser sancionados.
En el caso de la venta de ropa usada, todos somos conscientes de que esta actividad es un atentado a la industria nacional, de la cual forman parte, además de los grandes y medianos empresarios e inversionistas, los microempresarios y los artesanos, quienes ven reducidas sus actividades por la competencia desleal del contrabando. Al respecto el Ejecutivo promulgó dos decretos, uno prohibiendo la importación de prendas usadas y otro prohibiendo su comercialización a partir del 1 de marzo. Sin embargo tales disposiciones no se cumplen, por las presiones que ejercen los ropavejeros, quienes enfrentan a las autoridades denunciándolas por haber utilizado de manera oscura los recursos del Tesoro General de la Nación destinados a la reconversión de los comerciantes de ropa usada, para que sean artesanos y microempresarios. Al parecer por temor a que se descubra la corrupción, las autoridades están dando lugar a que siga el comercio de ropa de segunda mano a pesar de estar prohibida.
Si existe una prohibición, respaldada por una norma, para la importación de ropa usada, ¿cómo se puede justificar que el mercado nacional esté inundado de ese producto? Lo que sucede es que se la introduce ilegalmente a territorio nacional, burlando los controles. No se sabe por qué las autoridades no hicieron un inventario de toda la ropa que existía en el mercado y que posiblemente ingresó por contrabando, antes de la prohibición. Pero aquella que entró al país después de la prohibición, sin duda que lo hizo por la vía ilegal, por lo tanto es un producto que tiene que ser confiscado, además que existe una disposición del Jefe de Estado para limitar su comercialización. Pero hay gente que actúa por encima del Presidente, como el Viceministro encargado de la coordinación con los grupos sociales, de quien se dice que firmó un acuerdo con los dirigentes ropavejeros en la ciudad de Oruro, para ampliar el tiempo de la comercialización de ropa usada. ¿El Primer Mandatario no tiene autoridad para hacer prevalecer lo que dispone?
Además varias veces se ha denunciado que en los contenedores que ingresan al país hay oculta mercadería de gran valor, que existen prendas íntimas sin lavar, hasta con restos de sangre, que gran cantidad de ese producto proviene de hospitales, que es ropa desechada recogida de basureros, o se la entrega a orfanatos y asilos, pero que es rechazada. También llega gran cantidad de prendas donadas, las mismas que sin embargo son vendidas en el mercado boliviano. Todo esto es de conocimiento de las autoridades del gobierno del MAS, pero nada hacen para evitar esas anomalías, debido a que existe gente del Ejecutivo que fomenta esa ilícita actividad.
En cuanto a los gérmenes y bacterias que ingresan a Bolivia con la ropa usada que está copando el mercado nacional, las autoridades de salud no llevan adelante un control fitosanitario riguroso. Si realmente el Gobierno quiere el cambio, por lo menos que se proceda a la fumigación de toda la ropa de segunda mano que se encuentra expuesta para su venta en los mercados establecidos. Pero lo correcto es decomisar, ya que está prohibida su comercialización desde el 1 de marzo pasado, no hacerlo significa concomitancia entre autoridades, contrabandistas y comerciantes de ropa usada, actitud que atenta contra la población del país y elimina la industria nacional.
La Prensa y El Deber
Una contundente advertencia
Debería trabajarse con absoluta responsabilidad sobre la base de planes, para mantener lo que se tiene en materia de mercados y generar mecanismos adicionales para ganar otros.
Cuando el presidente Lula da Silva se refirió semanas atrás a la posibilidad de dejar de comprar gas boliviano una vez que se cumpla el contrato en 2019, dio la sensación de decirlo en broma. Ahí quedó la cosa, hechas las aclaraciones pertinentes. Pocos días atrás y con motivo de inaugurar en Río de Janeiro una plataforma de regasificación de gas licuado, el Mandatario brasileño aseguró que su país no va a depender “del humor de nadie”, en directa alusión al Gobierno de Bolivia, aunque luego aseguró que “seguirá comprando” nuestro gas natural.
La broma se transformó ahora en clara advertencia. El coloso vecino tiene una política de Estado que va hacia el pleno autoabastecimiento en materia energética, siendo probable que deje de comprarle gas a Bolivia una vez venza el contrato vigente.
En varias oportunidades hemos señalado nuestra preocupación acerca de las ventas de gas al exterior. Con el Brasil se llega a un punto de no retorno, mientras otras potencialidades están en conos de sombra. El convenio con Argentina para construir un nuevo gasoducto y venderle 27 millones de metros cúbicos diarios sigue en agua de borrajas, mientras a duras penas se cumple el compromiso asumido. El proyecto para la venta de gas natural licuado (LNG en inglés) a mercados mexicanos y estadounidenses en la costa del Pacífico, quedó paralizado desde los acontecimientos de octubre de 2003. Sumemos a eso los polos de petroquímica y otros emprendimientos, todos ellos caducados, abandonados o durmiendo a la espera de mejores condiciones. Si a este panorama le sumamos la situación —hoy dramática— de YPFB y la falta de inversiones en el sector, como también la falta de estímulos para otras inversiones externas conexas, llegamos a un punto inquietante en lo que respecta al futuro del país en el campo gasífero.
La falta de mercados para el gas boliviano traerá consigo ingentes pérdidas de ingresos para el Tesoro General de la Nación (TGN), pérdidas casi imposibles de compensar en el corto plazo. Frente a ese lúgubre escenario, desde ahora debería trabajarse con absoluta responsabilidad sobre la base de varias hipótesis y planes, a fin de mantener lo que se tiene en materia de mercados y generar mecanismos adicionales para ganar otros. Pero para una adecuada planificación hace falta seriedad, acompañada de seguridad jurídica para propios y extraños. Don Evo Morales lanza de tanto en tanto arengas amenazadoras a las empresas de hidrocarburos radicadas en nuestro medio. Resonantes como dichas amenazas pueden ser para el consumo interno, ésa no es la mejor manera de atraer a quienes tienen capital disponible. Hace falta otra estrategia más sutil.
2019 está muy cerca, diez años no significan nada en la vida de una nación. Urge, por tanto, la gestación a corto plazo de un plan integral de hidrocarburos, con su consiguiente certificación de reservas, paquete de inversiones, diagramación de mercados existentes y mercados a futuro, etcétera. Hay que ponerse a trabajar, lo dicho por Lula fue en serio, muy en serio.
Trasnocharse para amanecer
Oso Mier * ®® Sonría ‘Plis’
Hay fórmulas que funcionan muy bien en la vida. Eso de trasnocharse para amanecer parece una premisa de bohemios apegados a la botella, pero es de otra cosa que quería comentarles.
Al caos de la ciudad que colapsa con facilidades de pago, es decir cada día el asunto se pone más peliagudo, se suman las obras que el municipio realiza en las calles de la ciudad.
Tengo la impresión de que las necesitadas cuadrillas de trabajo cumplen estrictamente los horarios de trabajo, donde todos los demás mortales hacemos lo mismo. Entre cavar, limpiar y pavimentar por un lado y por el otro la desesperante porfía por llegar en horario a la pega, a la escuela de los chicos o a alguna cita empresarial o romántica, hay un forcejeo intenso.
Escapando del sol y del tránsito creo que daría mejores resultados y sería una medida muy práctica, porque es posible que los trabajadores municipales lo hagan de noche, cosa que el resto de los ciudadanos no podemos ir al Banco a las 3 de la madrugada, menos visitar a una amiga que podría estar chuta, cosa que no me es tan grave, pero acompañada, por algún gato de medianoche.
Creo que nos entenderíamos mejor que, mientras nosotros dormimos por la noche los ediles trabajarían en las calles y mientras ellos se van a la camita, nos levantaríamos a trabajar y asi los embotellamientos no son tan feroces.
Si con tanta eficiencia y entusiasmo se iluminan las avenidas durante el carnaval, por qué no hacer de la noche un día laborable? Creo que, debe haber problemas pero la ventaja de trabajar sin escollos y circular sin problemas hace que tengamos una ciudad que va hacia adelante sin tanto trauma.
La que tiene sospechas de estas mis buenas intenciones es mi suegra. Ella cree que de cambiarse los turnos voy a ir a pedirle una pega a Percy para que me acomode en cualquier cuadrilla, para que ese sea mi pretexto y hacer horas extras en la noche del amor, pero nada más falso. Solo quiero que los ediles hagan más eficiente y rápido su trabajo y los ciudadanos manejemos sin tanto obstáculo o de ser inevitable no sea por periodos tan largos.
Lástima que mi suegra considera que eso de trabajar de noche es bueno y me ha instruido sin derecho a indulto que pasada la hora pico, me prive de ver la Libertadores por la tele y me ponga a planchar, especialmente la de ella que, por ser ella tan arrugada, su ropa ha adquirido las mismas ondulaciones calaminescas.
Con sugerir, sin embargo no se pierde nada ni se corre el riesgo de que el que sabemos nos grite ¡dengue, dengue, dengue!
* Trabajador diurno, que usa la noche para ser cómplice de la luna y componer boleros para su mujercita y vecindario femenino
La Estrella del Oriente
Orden y subordinación
El principio de “orden y subordinación”, es la forma más llana de codificar el poder en una nomenclatura rasa, simplista y que ahorra todas las explicaciones y principios, puesto que la tropa, el Ejército o la milicia no se validan como masa crítica pensante sino más bien en su condición de una masa obediente, ciega y subordinada al poder vigente.
El Ejército boliviano, sufre hoy la consecuencia de esta filosofía que convierte hombres en fusiles que pueden matar a un justo pero nunca desobedecer al amo, puesto que esto sería considerado “traición a la Patria”, un delito que recibe duras sanciones y que está contemplado en la nueva constitución recientemente aprobada, con el objetivo de sancionar toda forma de disidencia.
La presente reflexión viene a cuenta de que estamos viviendo un momento político en el que se intenta imponer el pretendido derecho de las minorías gobernantes para imponerse a las mayorías gobernadas y esto a cuenta del uso de las fuerzas militares y policiales usadas en calidad de fuerzas represivas.
Este es un pensamiento arcaico que se consolidó en el Medioevo donde se fortaleció la noción de “orden” como subordinación de lo inferior a lo superior. Ese es el motivo por el que el des-orden de los opositores es tomado como delito, mientras el des-orden de sus huestes que practican todo tipo de atropellos sobre los ciudadanos es un derecho que emana de la autoridad de la minoría gobernante que tiene en sus manos la potestad de hacer, deshacer y aplicar la ley como la interpreta o de acuerdo a su entera conveniencia.
Sabemos que las hegemonías nunca son inocentes, y no se logran precisamente por votos sino con el uso de fuerzas represivas. Este es el motivo por el que nos encontramos ante la alarmante denuncia de que existe una intensa actividad de espionaje al interior de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana. Esta actividad estaría siendo comandada y exigida por oficiales venezolanos que radican en nuestro país y que estarían exigiendo que los jefes militares realicen un exhaustivo informe de las inclinaciones políticas de sus oficiales.
El servicio de Inteligencia venezolano estaría trabajando de manera tal que está procediendo a realizar un seguimiento milimétrico de todos los miembros de las unidades militares y policiales para determinar el grado de adscripción con el que cuenta Chávez y por ende Evo y para ejercer presión, censura e intimidación sobre todos aquellos que se atrevan a sostener un pensamiento disidente al que postulan los jefes de Estado de Venezuela y Bolivia.
Se sabe que esto está siendo instrumentado por el Ministerio de Defensa, a cargo del antiguo defensor de la capitalización, Walker San Miguel, ahora fiel adepto al pensamiento único del Socialismo de Siglo XXI que postula el capitalismo de Estado para concentrarlo en manos de un grupo más pequeño que el que dominaron las capitalizaciones.
Se conoce que los jefes militares que no informen adecuadamente serían considerados conspiradores, mientras que si informan gozarán de ascensos y mejores destinos; todo al mando de los militares venezolanos que según las fuentes de la denuncia suman el número de doscientos oficiales en el país y que están como “asesores”, cuando en realidad son espías del propio Ejército boliviano.
Se dice además que los venezolanos son los que realmente mandan en el país y que los mismos comandantes son títeres en manos de estos mandos foráneos, pues tienen que obedecerlos sin derecho a queja ni pataleo.
Esto nos lleva a pensar que los encapuchados con los que ha actuado innumerables veces el ministro Quintana son en realidad venezolanos entrenados para este tipo de operaciones y que además le garantizan a los represores del Ejecutivo que sus víctimas no contarán con ningún tipo de miramiento, ni piedad, menos un tratamiento acorde con los derechos humanos.
Todo esto nos muestra que estamos en manos de un régimen represor que considera como traición a la patria todo lo que va en contra de sus intereses y que tiene subordinada por dinero a una mínima esfera de las fuerzas militares mientras que los otros oficiales están siendo sometidos y subordinados.
Los Tiempos
La prostitución del MAS
Afirmar que el gobierno del MAS ha sido prostituido no es una exageración. Es sólo una constatación de la realidad
Cuando los bolivianos no terminamos de reponernos de cada uno de los golpes que a diario el gobierno del MAS inflige a lo poco que queda de nuestras esperanzas, una nueva noticia se encarga de hacernos comprender que hasta el mayor de los pesimismos se queda corto cuando se trata de describir lo que ocurre en la “nueva Bolivia”.
Es que hemos caído en una espiral que desde hace tres años va cayendo vertiginosamente de lo malo a lo peor. Y si todavía hay alguien que cree que esa caída tiene un límite, algún acto gubernamental reduce esas ilusiones a la condición de ridícula ingenuidad.
En otras circunstancias, en cualquier país medianamente civilizado, la noticia según la que el flamante Superintendente de Empresas es uno de los principales proveedores de servicios sexuales de La Paz hubiera sido motivo de una gran conmoción. Aquí no, pues eso ya no es novedoso después de haberse puesto en evidencia que otro clan de proxenetas tenía en YPFB mucha más influencia que el directorio de esa empresa.
Ya no es posible pues negar que Bolivia está en manos de prominentes miembros del submundo del hampa. Que dos de ellos hayan pertenecido al más estrecho círculo de “asesores” del ex presidente de YPFB y otro sea “hombre de confianza” de la ex presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, y ahora ministra de Desarrollo, Patricia Ballivián, lo dice todo. Es que YPFB y la ABC son dos de las empresas estatales que más dinero administran y más sospechosas son de ser enormes antros de corrupción.
Como si eso fuera poco, es bien sabido que en todo el mundo –y Bolivia no es un excepción– los negocios ligados a la prestación de servicios sexuales, sobre todo si están tan cerca del centro de poder político, tienen muchas ramificaciones entre las que se destaca el chantaje al que con facilidad son sometidos(as) quienes recurren a ellos para saciar su lujuria.
En ese contexto, afirmar que el gobierno del MAS ha sido prostituido no es una exageración. Una de las acepciones del término “prostituir” lo define como “Deshonrar, vender su empleo, autoridad, etc., abusando bajamente de ella por interés o por adulación”. Es así, exactamente, como mejor se puede definir lo que está haciendo la élite burocrática que hoy gobierna tan mal nuestro país.
Así, no hay por qué sorprenderse si personas honestas, probas, leales a sus convicciones éticas por encima de sus inclinaciones ideológicas, van quedando en el camino del “proceso de cambio”. Es el caso, entre otros, del destituido Superintendente de Empresas quien, en un acto cuyo simbolismo es por demás elocuente, fue expulsado a empellones de su oficina para que su lugar sea ocupado por un agente de la doble prostitución: la sexual y la política.
El Nacional
Violencia y libre albedrío de las masas
No cabe duda de que nuestro lacerado país debe ser el único en el mundo, donde la propia Constitución Política del Estado, proclama el derecho de los grupos sociales de intervenir en la administración pública, en cualquier lugar y momento, para impedir o supuestamente rectificar decisiones de las autoridades correspondientes. Varios artículos legislan la manera de actuar, pero paradójicamente, fuera de la ley, es decir, en la lógica simple del poder del más fuerte, que se plantea en las calles sin ningún límite ni orientación preestablecida.
Lo que ha sucedido en el altiplano paceño, es el ejercicio de ese supuesto derecho. Muchas personas, no sabemos si en pleno dominio de sus facultades, decidieron invadir una vivienda privada, castigar violentamente a sus habitantes y decidir luego el destino del inmueble. Posteriormente, los que forman parte de la corriente política, denominada los ponchos rojos, decretaron un Estado de sitio en esa región. No ha de ser fácil para nadie poder demostrar que tales actos, verdaderamente aterradores, se llevaron a cabo sobrepasando, o a lo mejor en contradicción con el espíritu de la nueva Constitución Política del Estado.
Anteriormente se ha demostrado que una de las mayores deformaciones e insuficiencias de la nueva Ley Fundamental del Estado Boliviano está, precisamente, en esa extraña forma de liquidar el orden estatal establecido por un amplio conjunto de normas y enunciados. Los gobernantes actuales, en la proyección de una rara concepción del socialismo, dejan en manos de los grupos sociales y populares emergentes, la coherencia, estabilidad y vigencia del propio Estado. La famosa participación social no es sino esa forma primitiva de resolver diferencias, en la dinámica de los enfrentamientos sin normas ni consideraciones humanas.
Lo curioso y, al mismo tiempo, indignante, es la conducta justificatoria de varias autoridades del gobierno central, para quienes esas acciones sociales represivas y antidemocráticas son legítimas o responden a situaciones adversas del pasado y otras que no favorecen a sus propósitos, de ese modo, resultan siendo acciones delictivas que deben ser desarticuladas por la fuerza. Así la famosa participación o control social no pasa de ser otro instrumento al servicio de las pretensiones totalitarias y prorroguistas del régimen imperante. En el marco de esa nueva moral, unos tienen derecho a invadir y destruir y otros, sólo a soportar resignadamente semejante represión.
La indignación popular que se expresa en hechos violentos y desprovistos de toda comprensión, no es un acto verazmente democrático, de ahí que en comparación con cualquier otro acto disidente o libre de compromisos serviles y oportunistas, es no sólo la prueba clara e innegable de la intolerancia, sino la pretensión de demostrar una errónea perfección y el derecho a no ser criticados por nadie y por nada. El totalitarismo tiene diversas formas de manifestación en el ejercicio del poder. La dominación creciente que ejercen algunas personas, gracias a la sumisión casi ilimitada de militares y policías, es no sólo una repetición del pasado, sino un nuevo conjunto de ideas y acciones anacrónicas.
Finalmente se debe observar, de manera muy lamentable, que la nueva Constitución Política del Estado, paradójicamente, es la base para que las corrientes deformadoras, bajo la cobertura de una cierta corriente social, hagan daño y ofendan a los más débiles. Por tanto y en la mera correlación de fuerzas, los que ganan casi siempre, son los más audaces y crueles, que no dudan de hacer lo que mejor les parece aun más allá de su compromiso con el pueblo.
El Mundo
La joda continúa
No pasan 10 horas de la destitución de un proxeneta (que vive del alquiler de mujeres) del cargo de Superintendente de empresas, cuando el gobierno se manda tres medidas que deben bordear la frontera de la imbecilidad y lo paradójico, el Vicepresidente declara de la misma forma que un dirigente campesino señaló horas antes la decisión de que si en 10 días no se aprueba la ley electoral (que debería llamarse la ley del fraude) los movimientos sociales cercarán el Congreso preocupados porque a los migrantes se les quiere quitar el derecho de votar, por otro lado declaraciones de algunos diputados iniciaron la cacería de la Corte Suprema de Justicia descabezando al Presidente Dr. Eddy Fernández, sabiendo que este mes se acaba el mandato de tres Supremos y en vista que el Supremo Baptista se encuentra bajo un proceso investigativo, esto le permite al gobierno hacer un nombramiento ilegal de Supremos interinos buscando controlar esa instancia judicial para obtener un resultado en el juicio de responsabilidades a Goni antes de las elecciones de diciembre, (Goni solo representa para el MAS y Evo votos nada más), y como toda torta tiene su cereza esta es que la cárcel de San Pedro -el campo de concentración del gobierno- tiene la particularidad de que por 300 Bs. los turistas pueden ingresar a conseguir droga y de paso comprar algún suvenir, todo esto sucedió en menos de 24 horas, así que preparémonos a ver las barrabasadas que nos preparan para mañana.
Podemos tener discrepancias con los gobernantes pero con Evo no sucede esto porque hasta hoy no sabemos cuál es su orientación, nuestra constante critica contra este gobierno es simplemente por concepciones éticas y sobre todo de sentido común, nadie que se respete como ciudadano puede sentirse representado con un régimen que tiene como objetivo el desfalco de esta, de otra forma cómo podemos interpretar lo que está sucediendo con los fidecomisos como los de: Empresa Metalúrgica Vinto con 120 millones respaldado con el DS 29119, las iniciativas Productivas con 265 millones con el DS 29145, la Reconversión productiva comercial con 80 millones bajo el DS 29208,la compra de pasivos agrícolas a pequeños productores agrícolas con 15 millones bajo el DS 29299, para la EMV con 112 millones bajo el DS 29685, financiamiento a pequeños y grandes productores industriales con 731 millones bajo el DS 29797, préstamos a las empresas que realizaron exportaciones amparadas en el ATPDEA con 58 millones bajo el DS 29766, importación de harina de trigo con 135 millones bajo el DS 29195, en el repoblamiento ganadero bovino más de 73 millones bajo el DS 29231, para la conformación del patrimonio autónomo de YPFB 621 millones bajo el DS 29365, para la adquisición de la planta de licuables para la producción de GLP y gasolina con 329 millones bajo el DS 29564, para el capital de inversiones o créditos a las cooperativas mineras (Fecomin) con 73 millones bajo el DS 29578, para la empresa naviera boliviana (ENABOL) con 219 millones sin DS que la respalde, de la misma forma el financiamiento al sector productor cañero con 182 millones, los créditos del BCB al TGN con 4.386 millones y el crédito del BCB destinado a YPFB con 7,310 millones bajo el DS 29453, haciendo en total la frívola suma de más de 2.082 millones de DOLARES, todo esto sin mencionar el PVS (las casas) con más de 130 millones de dólares, los sobreprecios en los contratos de ABC, y sin contar los cientos de millones de dólares distribuidos con el apoyo de los bonos Venezolanos.
No existe ningún elemento como la Contraloría, Ministerio Publico y Tribunal Constitucional para investigar y determinar si existe algún átomo de legalidad en estos gastos, ya que todas estas instituciones están totalmente contaminadas con la presencia del MAS, la gran respuesta de esta depredación del dinero del estado es que no existen inocentes y cada uno de los que tuvieron responsabilidad en la elaboración de estos decretos, en la forma dispendiosa de entregarlos -por lo tanto en los daños ocasionados a cada uno de los bolivianos que no somos parte de este despojo- están en Palacio de Gobierno dictando normas para favorecer no a un partido que lo administra sino a un cartel que no tiene nada que envidiar a Fujimori, a Somoza, Color de Mello o Menen.
Lo que sucede en Bolivia parte de que continúa la joda y podemos estar seguros que nunca más en este país se repetirá una gestión similar y es simplemente porque no existirá nada más que robar.