Crisis energética obliga a importar combustible


El presidente de YPFB reveló que Brasil compra menos gas de lo establecido en el contrato. Villegas denuncia irregularidades que YPFB cometió con Gulsby.

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LOS ANUNCIOS DE LA ESTATAL • Villegas (centro) informa a los medios sobre la producción de gas. Lo acompañan Gary Medrano y la directora legal de YPFB, Jenny Medinacelli; fue ayer (La Razón)



Déficit. El presidente de YPFB reveló que Brasil compra menos gas de lo establecido en el contrato, lo que limita la producción de hidrocarburos en Bolivia y obligará a importar más gasolina y diésel

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El Deber

Hilton Heredia García

Mientras el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró el miércoles que los recientes hallazgos de reservas de gas en su país permitirán reducir la dependencia del energético boliviano, pero que seguirán importando el gas hasta 2019, ayer el presidente a.i de YPFB, Carlos Villegas, denunció que el vecino país incumple el contrato, ya que sólo nomina 20 millones de metros cúbicos/día (MMm3/d) de los 30 MMm3/d comprometidos, lo cual profundiza la caída en la producción de hidrocarburos y Bolivia se ve obligado a importar más diésel e incluso gasolina.

Ante esa situación, Villegas dijo que exigirá el cumplimiento del acuerdo ratificado a comienzos de este año en Brasil. “Hemos solicitado una reunión de manera inmediata con las autoridades brasileñas la próxima semana para hablar sobre el compromiso de envío de los volúmenes mínimos fijados en el contrato, es decir, 24 MMm3/d hasta mayo y además establecer con claridad las cantidades para el futuro», sintetizó.

El ejecutivo agregó que, a raíz de este problema, la estatal petrolera se ve obligada a importar más diésel e incluso gasolina con el objetivo de asegurar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno. “Hay una disminución importante y por ello estamos tomando como precaución importar más volúmenes de carburantes”, señaló.

Al respecto, el gerente nacional de Comercialización de YPFB, Gary Medrano, informó de que se aprobó una estrategia de importación para cubrir el déficit.

“Estamos importando siete millones de litros de gasolina de Brasil, Chile y Perú para los próximos tres meses, mientras que de diésel se aumentará en 50 mil barriles desde Venezuela”, sostuvo.

Por su lado, fuentes de la estatal Pdvsa confirmaron a EL DEBER que se destinará mensualmente más de 400.000 barriles de diésel.

Cabe señalar que Brasil redujo su demanda de gas boliviano debido a que experimentó una temporada de fuertes lluvias que activó sus hidroeléctricas.

Con relación a la exportación de gas a Argentina, Villegas indicó que el acuerdo se cumple ya que se envía más de 6 MMm3/d. También anunció que viajará los primeros días de abril a ese país para conversar con el ministro de Planificación, Julio de Vido, sobre el gasoducto GNEA.

Por otra parte, aseguró que se alista la firma de un acuerdo ininterrumpido con la empresa brasileña Transborder Services Gas (TBS) por el que se destinarán aproximadamente 2 MMm3/d de gas a Cuiabá, aunque está a la espera de la respuesta de la compañía en cuanto a los precios.

Según datos de YPFB, el mercado interno consume 6 MMm3/d. La producción nacional de gas es de 41 MMm3/d.

Analistas  energéticos y  fuentes petroleras indicaron que la crisis data de 2008 y que Villegas y el Gobierno sólo buscan ‘desviar’ la atención del público respecto del caso de corrupción en YPFB.

Anuncian más recortes a la planilla

El presidente de YPFB , Carlos Villegas, informó  ayer de una nueva reducción en la planilla de funcionarios, cifrada hasta ayer en 900 y a fines de enero último, cuando se hizo cargo de la compañía estatal, en 1.500.

Sin mostrar documentación, Villegas precisó que se encontraron planillas de trabajadores que tenían dos y hasta tres contratos y, aun así, se los consideraba trabajadores eventuales. En ese sentido, justificó el despido de varios funcionarios en diferentes distritos del país.

«Vamos a definir la cantidad indispensable de trabajadores para asegurar el normal funcionamiento de YPFB en un proceso de mejoramiento para las diferentes fases de la cadena de hidrocarburos. Estamos trabajando normalmente y vamos a continuar haciendo los ajustes correspondientes», declaró desvirtuando elrumor de su posible renuncia.

Asimismo, comunicó que comenzó el proceso de reestructuración. “En el transcurso de estos meses hemos conversado con la cooperación multi y bilateral de Noruega, Canadá y Holanda, el Banco Mundial y el BID para definir los compromisos de la reestructuración».

Dijo que, en esa línea, se definirá una escala salarial única que garantice que no se afectará negativamente a ningún trabajador.

YPFB Camiri y Santa Cruz alistan más demandas

El Distrito Comercial Oriente y la distrital de YPFB Camiri alistan sendas demandas contra el presidente interino de la estatal petrolera Carlos Villegas por el supuesto retiro de varios funcionarios antiguos.

El secretario general del Distro Comercial Oriente, Wilson Aparicio, denunció ayer que seis dirigentes del sindicato que trabajaban entre 15 y 30 años fueron destituidos arbitraria e ilegalmente de sus cargos.

Entre los retirados figuran: el contador Freddy López Rodríguez, ex encargado de zona comercial; Manuel Durán, que se desempeñaba en el departamento de Adquisiciones; Vitho Martínez Alpire, encargado de Activos; Zaida Peña Soliz, ex centralista; Mario Moscoso Zenteno, encargado de Seguros de la oficina de Vicepresidencia de Administración y Finanzas; Richard Ruiz Santistevan, encargado de  Sistemas en Villa Montes; la encargada de Obras Civiles, que además está embarazada, Giovanna Cortez Nilliet, y Rosemberg Vidal Mendoza (30 años de antigüedad), encargado de depósitos de Valores.

Aparicio advirtió que si Villegas no restituye hasta mañana sus fuentes laborales lo demandarán ante el Ministerio de Trabajo o en otras instancias judiciales.

Por otro lado, la situación en Camiri es invariable. Por el despido de 15 funcionarios de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación de YPFB, más de 30 trabajadores siguen con la toma de las oficinas de esa repartición, demandando la reincorporación a sus puestos.

La dirigencia cívica de Camiri reiteró que el asunto tiende a complicarse el martes si es que Villegas no va en persona a esa ciudad.

Villegas revela irregularidades que YPFB cometió con Gulsby

GAS. La estatal petrolera asegura que se violó la Ley de Inversiones. Sorpresivamente se indicó que el taladro de Campo Víbora es nuevo

Hilton Heredia y Agencias

La estatal petrolera abrió una carta de crédito de $us 35 millones a favor de la compañía Gulsby, firma subcontratada por la asociación accidental Catler-Uniservice y no de la estatal petrolera, la cual es irrevocable y viola el artículo 15 de la Ley de Inversiones, denunció ayer el titular de YPFB, Carlos Villegas. Con este acto irregular se analiza la rescisión del contrato.

“Ésta es una garantía que se da a favor de Gulsby sin tener ninguna relación contractual. Por lo tanto, hay una irregularidad que está siendo investigada por el equipo jurídico de nuestra empresa”, manifestó.

Al respecto, el Banco Unión (BUN), según el periódico La Prensa, aclaró que ante cualquier rescisión de contrato, la entidad financiera tiene la obligación de recuperar el dinero que le fue entregado para administrarlo.

De acuerdo con La Prensa, con el anexo 2 del contrato de fideicomiso del 8 de agosto de 2008, en una carta enviada el mismo día por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez al ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, se extiende “una autorización irrevocable” para proceder a descontar de las cuentas de YPFB los recursos necesarios para cumplir el reembolso del fondo en el caso de incumplimiento en el cronograma de pagos.

Por otro lado y de forma sorpresiva, Villegas admitió que el taladro de Pdvsa que es alquilado a YPFB para la perforación de un pozo en Campo Víbora es nuevo y comenzará a operar en las próximas dos semanas, ya que el personal chino y de Pdvsa se comprometió a hacer funcionar el equipo.

“Estamos buscando una solución de fondo al contrato, ya que existe un acuerdo entre YPFB-Sipsa y YPFB Andina para utilizar el taladro. Sin embargo, YPFB Sipsa es una empresa ilegal, que tiene un sinnúmero de anomalías”, sostuvo.

Por su lado, la comisión de fiscales que investiga presuntos hechos de corrupción pública en YPFB postergó para la próxima semana la recepción de las declaraciones de los más de diez involucrados en el caso de la empresa Servicios e Industrias Petroleras S.A.

El fiscal adscrito al caso, Edwin Sarmiento, informó de que se reprogramó las declaraciones de los supuestos involucrados, entre ella la del superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, que debía presentarse ayer por la tarde.

Indicó que se ha identificado a dos presuntos responsables, pero no reveló los nombres de los sospechosos porque no quiere entorpecer las investigaciones.

Están bajo investigación Misael Gemio, ex gerente de Planificación y ex viceministro de Desarrollo Energético; Esther Carmona, asesora de la Presidencia de YPFB; Reynaldo Marín; Nelly Salvatierra; Rogelio Ashimine, destituido de la gerencia de Sipsa; Rolando Aguado; Nilda Domínguez y Lucy Barbery.

No obstante, Villegas debe enfrentar un proceso legal que le sigue Ashimine por su destitución ilegal de la empresa Sipsa.

Dos países en busca de acuerdo

Dos misiones -que visitaron por separado el país-, de Paraguay y de Mato Grosso (Brasil) dieron a conocer que buscan concretar pactos energéticos por gas natural boliviano y biodiésel, respectivamente.

Los cancilleres David Choquehuanca, de Bolivia, y Alejandro Hamed, de Paraguay, afirmaron ayer que se tomó la decisión de avanzar en la construcción de un gasoducto para la exportación del energético a ese mercado, pero que también beneficie a Uruguay.

Hamed explicó que con Choquehuanca acordaron hacer consultas técnicas con países y organismos ‘amigos’ sobre las posibilidades de concretar el proyecto.

«En el curso de estos meses tendremos un panorama bastante claro de lo que podemos realizar, cómo, cuándo y con qué. Es una decisión adoptada y nos vamos a poner a trabajar al respecto», apuntó.

Mientras eso sucedía en La Paz, en Santa Cruz, una misión de alto nivel de la gobernación del estado de Mato Grosso (Brasil), luego de una reunión con el secretario general de la Prefectura, Roly Aguilera, inició una mesa de trabajo para afinar detalles de un acuerdo de integración energética y cultural.

Jefersson de Castro Ferreira, jefe de la representación del estado de Mato Grosso, anunció que se tiene programada una misión donde todo el empresariado cruceño sea llamado para una cruzada comercial con Mato Grosso, un intercambio en biodiésel, etanol, energía y en el área cultural.

  Algunos datos 

En julio de 2008, la estatal YPFB y la empresa argentino- boliviano Catler-Uniservice, en presencia del presidente de la República, Evo Morales, rubricaron el acuerdo para la provisión e instalación llave en mano de una planta de extracción de licuables de gas natural en el Campo Río Grande.

El emprendimiento tenía la aprobación presupuestaria de $us 8,3 millones y la entrega sería en el plazo de un año. Hay cuestionamientos a su avance.

 

LA RAZÓN:

Fortaleza rechazó otorgar póliza de garantía a Catler

SEGURO • El consorcio no contaba con la experiencia ni el respaldo para el proyecto.

La empresa de seguros y reaseguros Fortaleza decidió no otorgar una póliza de garantía al consorcio Catler-Uniservice, para el proyecto de construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, debido a que la sociedad no cumplía los requisitos exigidos, informó el vicepresidente ejecutivo del Grupo Fortaleza, Nelson Hinojosa.

Antes de dirigirse a la compañía se seguros Credinform, Catler-Uniservice acudió a Fortaleza, que decidió abstenerse de otorgar la garantía de cerca de ocho millones de dólares, ya que el costo de la planta asciende a 86,3 millones de dólares.

“El consorcio digamos que no cumplía con los requisitos que pide nuestra empresa. Nosotros hacemos un análisis y dentro de lo que vimos, no estábamos de acuerdo con otorgar esa garantía”, señaló Nelson Hinojosa.

Fortaleza trabaja en varios proyectos con la empresa Uniservice; sin embargo, en este caso se negó a emitir las pólizas de garantía porque se midió, entre otros, la experiencia de la empresa en ese tipo de proyectos y su respaldo para garantizar algún eventual problema.

El ejecutivo indicó que, además, el grupo observó los cambios que se hicieron, porque fueron empresas diferentes las que se presentaron a la licitación en relación a las que finalmente se adjudicaron el proyecto. “Pensamos que nuestra decisión fue acertada”, añadió Hinojosa.

O’Connor firmó en La Paz adendas con Santos Ramírez

VERSIÓN • Según su abogado, no pisó la ciudad el 2008 y no conoce al ex presidente de YPFB.

El abogado de Miguel O’Connor, Javier Camacho, señaló que su cliente no conoce a Santos Ramírez y que no estuvo en La Paz en el 2008, pero el contrato entre YPFB y Catler-Uniservice sufrió cuatro modificaciones o adendas, y todas las firmó él, en la sede de gobierno, junto al ex presidente de YPFB.

Este medio, el miércoles, confundió el apellido del abogado, y pide disculpas por el error.

Miguel O’Connor es hermano de Jorge, empresario asesinado en un volteo de 450 mil dólares que presuntamente iban como coima a Ramírez, el 27 de enero en La Paz. Tras ese hecho, estalló un escándalo de corrupción en YPFB por la firma, con la empresa Catler-Uniservice, de un contrato para la construcción de una planta de extracción de licuables en Río Grande, Santa Cruz.

“Mi cliente ha sido imputado arbitrariamente. Lo imputó simplemente por el hecho de él ser parte de una sociedad y tener la representación legal en la ciudad de Tarija, pese a haber objetivamente confirmado el señor fiscal que durante todo el año 2008 mi cliente (Miguel O’Connor) no vino a la ciudad de La Paz, para realizar ningún trámite, no tenía conocimiento personal ni con Santos Ramírez ni con ninguna de las personas involucradas en este aspecto”.

Sin embargo, en la página web de la estatal petrolera está el contrato. En ese documento se comprueba que Miguel O’Connor no solamente lo suscribió en Río Grande , el 14 de julio del 2008, sino que firmó, junto a Santos Ramírez, cuatro modificaciones o adendas, y lo hizo, contrariamente a lo que dice su abogado, en la ciudad de La Paz.

En todos esos documentos, emitidos el 8 de agosto, el 17 de octubre (del 2008), el 24 de noviembre y el 8 de enero de este año, aparece junto a la suya, la firma de Santos Ramírez (fotos).

En una nota enviada por el abogado a este medio, en la que protesta por la nota “El hombre que firmó el contrato con YPFB ahora lo desconoce”, del 18 de marzo, establece que existe una “diferencia abismal entre no conocer el manejo administrativo interno y desconocer el contrato”. Asegura que O’Connor no sabía cuál era el destino final de los 450 mil dólares que le fueron volteados a su hermano.

La estatal petrolera sólo necesita 800 trabajadores

EMPLEADOS • Carlos Villegas señaló que la empresa se reestructurará con profesionales.

De acuerdo con el trabajo de análisis realizado por el actual equipo que dirige Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa sólo requiere 800 funcionarios para su normal funcionamiento, informó ayer el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas.

Antes de que Villegas ingresara a YPFB (30 de enero), la petrolera tenía 1.436 funcionarios sólo en la oficina central, cuando en gestiones anteriores el número de empleados oscilaba entre 500 y 800 en todo el país. La autoridad sostuvo que, a la fecha, la planilla se redujo a 960 personas.

“Seguimos haciendo evaluaciones y puede ser que de las 960 personas, baje algo más. Dentro del análisis que hemos realizado, YPFB requiere de 800 personas para un funcionamiento normal, teniendo un colchón de 200 personas más. Eso quiere decir que podría funcionar con 800 y 1.000 personas, dependiendo del ritmo y el volumen de actividades que tengamos”, manifestó Villegas.

El presidente de YPFB manifestó que se despolitizará la empresa y que se la reestructurará con gente profesional y técnica.


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