Economía de palabras – Humberto Vacaflor Ganam
El gobierno está presionado para cumplir las normas internacionales contra el lavado de dinero, según se aprecia por la clausura de once financieras que no cumplían esas normas.
La presión llegó del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que dio a Bolivia hasta el 13 de febrero para aplicar esas normas.
Si faltara algo para presionar, pues se conoció que la Comisión Jersey incluyó a Bolivia en la lista de doce países del mundo cuyas operaciones financieras deben ser sometidas a cuidadoso examen por ser sospechosas de lavado.
Esta última información fue apenas divulgada en Bolivia, por alguna extraña razón.
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Lo cierto es que la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) comunicó la semana pasada que había cerrado aquellas once financieras después de haber detectado 59 casos sospechosos de lavado.
¿Tendrá esta política algún efecto en el mercado boliviano?
No se sabe cuántas operaciones se hacen con el dinero de procedencia dudosa en el país, pero habrá que sospechar que esas operaciones van a disminuir, sino cesar por completo.
Una ASFI celosa podría hacer que algún dinero que fluía normalmente por las venas de la economía boliviana deje de hacerlo, pero no se sabe cuánto.
Eso deberá saberse mediante mediciones muy difíciles, si es que el efecto fuera muy sutil, salvo que el efecto de esta sequía fuera demasiado grande, asfixiante, y llegara a provocar una crisis.
Es decir que si lo que el país estaba viviendo era una burbuja provocada por dinero procedente del lavado, la burbuja podría reventar.
Habrá que saber a qué sectores de la economía se dirigía el dinero lavado.
El último antecedente que se tiene de una repentina escasez de ese dinero en el país es de principios de este siglo, cuando el gobierno de Hugo Banzer estaba a punto de acabar con los cocales del Chapare.
Entonces sobrevino una crisis que acabó con la estabilidad democrática.