El narcotráfico es una de las principales vertientes de la sangrienta criminalidad en algunos países de América Latina. México es la nación mayormente castigada por una imparable ola de asesinatos, secuestros y emboscadas a tropas policiales. Los grandes mafiosos de la droga lograron hacerse allí del control de ciertas ciudades y zonas rurales fronterizas con los Estados Unidos, donde imponen el terror a fin de que todos le obedezcan.
Editorial El Deber
Para nadie es un secreto que la de Bolivia no es una ubicación de quinta en el circuito de la producción y tráfico de droga hacia los EE.UU y países europeos. Este tráfico infame tiene como tramos intermedios justamente a México y varios países del Caribe. En Colombia, los cárteles de la droga cuentan con las tropas guerrilleras que aún sobreviven a su ya extinto líder ‘Tirofijo’, cuyo apoyo armado les permite sacar sin dificultad la droga de producción nacional y la que les llega de Perú y Bolivia.
Hasta no hace mucho, las grandes bandas de narcotraficantes utilizaban el departamento de Pando como preferencial punto de tránsito al exterior de la droga producida con la coca de Chapare y la proveniente de los cocales del Perú. Escogieron esa vía por las ventajas que les ofrecía la circunstancia de su alejamiento geográfico y la poca vigilancia y control policial en los puestos fronterizos con Brasil. Como siempre ocurre en este tipo de ilícita actividad, no se hizo esperar mucho la participación de brasileños y bolivianos en lo que hace a ocultamiento y traslado de la droga. No pocos de estos ‘auxiliares’ cometieron la imprudencia, imperdonable para las bandas, de no entregar la droga y alzarse con el producto de la venta, por lo que fueron blanco de sangrientos ajustes de cuentas. Ésta y no otra la causa de la serie de asesinatos que conmovieron el año pasado a la capital pandina.
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El estado de sitio que impuso el Gobierno en Pando para liquidar a sus opositores político-partidarios y cívicos, violando un estado de derecho al cual aún no retorna aquel jirón patrio, intimidó también a las bandas que, al parecer, decidieron operar en un lugar libre de tropas militares y policiales. Todo hace presumir que escogieron lugares alejados de Santa Cruz y, en especial, de la frontera con Brasil. Corre a favor de tal hipótesis una serie de hechos, como los descubrimientos de plantas ilegales de producción de droga sujetas a tecnología de punta y camufladas en la selva de zonas provinciales cruceñas, así como el empleo de avionetas que despegaban de pistas clandestinas, recargadas de cocaína, como en la década del 80, que fueron los años de oro del narcotráfico en Bolivia. A estos fiascos, que sin duda le provocaron a los narcomafiosos millonarias pérdidas, sucedió lo que aparenta ser una serie de sangrientos ajustes de cuentas que, hasta la fecha, arrojan como saldo último nada menos que 10 víctimas: siete en San Matías, (seis brasileños y un colombiano) cuyos cadáveres yacían enterrados en una fosa común; y tres en una casa del barrio El Trompillo, de la capital (dos hombres y una mujer), asesinados por sicarios de poca monta que fueron pagados por alguien para que cometieran el triple crimen.
Al tan inquietante cuadro anterior agrega sombras sugestivas de toda clase de hipótesis lo sucedido en un hotel ubicado a pocas cuadras de la Plaza 24 de Septiembre de esta ciudad, donde una brigada de policías especializada en lucha antiterrorista, tras abrirse paso con un dinamitazo, abatió a tres presuntos terroristas en un supuesto intercambio de disparos. Los cadáveres de los caídos permanecerían más de 12 horas en un ambiente del local, sin que se permita a ningún fiscal cruceño intervenir en las respectivas diligencias de investigación, dentro de las competencias que le fija ley en su jurisdicción territorial. Fueron fiscales enviados desde La Paz quienes hicieron tan crucial cometido, regresando a la sede del Gobierno con dos de los sobrevivientes detenidos en el hecho. A esto sucedieron sospechosas coincidencias cronológicas entre la versión oficial de que se trataba de un grupo terrorista que preparaba el asesinato del jefe del Estado y las revelaciones en el mismo sentido hechas por Evo Morales, frente a Hugo Chávez y Raúl Castro, en el evento internacional al cual asiste, logrando una gran repercusión informativa. Si, como sostiene el alegato oficialista, estamos ante un grupo activado por la derecha en Bolivia, no se entiende para nada que su debut criminal fuese contra la residencia del Cardenal Julio Terrazas, a quien no podían tener en la mira, igual que a otros funcionarios de Gobierno que también fueron víctimas de parecidos atentados.
¿Narco-terrorismo? ¿Terrorismo político de ultraderecha? Lo primero es más que obvio, a escala de sangrientos ajustes de cuentas. Sobre lo segundo, muy pronto tendremos una respuesta más o menos ilustrativa, siempre y cuando, naturalmente, el Gobierno no politice las investigaciones, que es lo que ya está haciendo, con el fin de desacreditar a la institucionalidad cívica y política de la región. Las pesquisas sobre el reciente suceso deben ser totalmente imparciales e idóneas, garantizando la autenticidad de los resultados respecto a autoría intelectual y material de los hechos.