Representante del Ministerio Público desconoce vinculación de empresarios bolivianos con los sospechosos.
Cívicos y empresarios le exigen pruebas al Gobierno
LAS PRUEBAS • Uno de los investigadores muestra un plano que estaba en poder de los supuestos terroristas; fue ayer en el Ministerio Público, donde presentaron otros objetos.
El representante del Ministerio Público, Marcelo Sosa, dijo que desconoce la vinculación de empresarios bolivianos con los sospechosos. Señaló que el Vicepresidente debe tener información de Inteligencia del Estado
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La Razón
El Ministerio Público desconoce si los supuestos terroristas, tres abatidos y dos detenidos en Santa Cruz, tuvieron como objetivo concretar un magnicidio en el país ni tampoco si fueron financiados por empresarios.
El presidente Evo Morales dijo la anterior semana que sus días estaban contados, ya que en el país había un intento de matar a su persona, al vicepresidente Álvaro García y a tres ministros.
Los medios de comunicación consultaron a Sosa si el Ministerio Público conocía de algún plan magnicida. Él respondió: “Desconozco ese tema (…), sólo me aboco a las investigaciones. En cuanto a las especulaciones políticas de un lado o del otro, es un tema político que yo desconozco absolutamente”, aseveró.
La madrugada del 16 de abril, policías encapuchados eliminaron en Santa Cruz a Magyarosi Arpak (rumano), Dudier Michael Martin (irlandés) y Eduardo Rozsa (boliviano); y detuvieron a Elot Toazo (húngaro) y Mario Tadik Astorga (boliviano-croata), acusados de integrar una banda de terroristas, de atentar contra la casa del cardenal Julio Terrazas y de planificar un magnicidio.
El vicepresidente Álvaro García afirmó el domingo que un grupo de empresarios bolivianos habría financiado a supuestos terroristas extranjeros y bolivianos para tomar el poder o fragmentar el país.
Al respecto, Sosa manifestó que si el “Vicepresidente lo dice seguramente será porque debe tener alguna información de Inteligencia del Estado nacional, pero yo por el momento desconozco ese tema”.
Fuentes policiales aseveraron ayer a La Razón que la pesquisa está en una etapa preliminar y que no hay ningún indicio de posibles vinculaciones con empresarios o con otras personas. El fiscal Edward Mollinedo evitó ayer conversar con los medios.
El comandante nacional de la Policía, general Víctor Hugo Escóbar, señaló la pasada semana que entre las pertenencias de los sospechosos se encontró una lista de los siguientes blancos de posibles atentados. Fuentes de la indagación señalaron que el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, sería la siguiente víctima.
Sin embargo, Sosa expresó que no se encontró ninguna nómina, “lo que existe son nombres, no una lista. Hay nombres en el sentido de que estas personas podrían ser parte de esta organización como blancos”.
Manifestó que el nombre que recuerda incluido en esas anotaciones es “Costas”, pero agregó que hay más nombres.
Advirtió que podría existir más documentación respecto al caso. “Estoy hablando de un 10% de avance del análisis de los documentos. Recién estamos empezando a trabajar”, comentó.
Por su parte, el jefe de investigadores, mayor Jhonny Aguilera, explicó que el stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), donde se halló armamento, era el cuartel general de la organización “porque se encontró un contrato a nombre de Jorge Flores (Eduardo Rozsa) con un funcionario de Cotas por el cual él (Flores) asume el servicio de internet para entrar (al galpón) que en esta época del año debería estar sin ningún tipo de funcionamiento”.
En la Fiscalía de Distrito de La Paz se exhibieron los objetos que se encontraron tanto en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fue el operativo, como en Cotas.
Se hallaron armas de todo tipo, dinero que ascendía a 700 dólares, mapas del país y de Santa Cruz, explosivos como granadas, un chaleco que usaba Rozsa en su etapa como periodista, computadoras, entre otros.
Aguilera aseguró que los sospechosos son terroristas porque, de acuerdo con el Código Penal, “es pertenecer a un grupo armado, tienen un fin económico, político o social…”.
El subcomandante de la Policía Nacional, general Wilge Obleas, dijo que hay que esperar que el Ministerio Público pueda aportar nuevos detalles. Asimismo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante José Luis Cabas, sostuvo que la anterior semana “se pretendía afectar la seguridad interna del país”.
Aguilera remarcó que una característica de los terroristas es tener como enemigos a los grupos regulares como la Policía y las Fuerzas Armadas. Dijo que en este caso se encontró un mapa de un cuartel en Santa Cruz.
“Desconozco ese tema (magnicidio), sólo me aboco a las pesquisas (…), el lado político desconozco”.
Marcelo Sosa, fiscal a cargo del caso.
“Son nombres, no una lista. Esas personas podrían ser tanto parte de la organización como posibles blancos”.
Marcelo Sosa, fiscal a cargo del caso.
Sospechosos se hospedaron en tres hoteles
Los supuestos tres terroristas que fueron asesinados y los dos detenidos por la Policía el jueves en el hotel Las Américas en Santa Cruz, estuvieron alojados en otros dos hoteles antes de morir, según se confirmó ayer en Santa Cruz.
Ejecutivos de los distintos hoteles afirmaron que la Policía les alertó que no deben dar información sobre los presuntos terroristas. Pero, dijeron que eran “personas amables”.
“La Policía nos pidió que no informemos sobre los detalles de la estadía de los extranjeros que estuvieron en el hotel”, dijo a
La Razón un funcionario del hotel Santa Cruz. Aseveró que esas personas se alojaron cinco días. De ahí se fueron al hotel Las Américas, donde sucedió el hecho.
Antes de estar en el hotel Santa Cruz, estuvieron durante 15 días hospedados en el Asturias, desde el 12 de enero hasta el 3 de abril. La gerente general, Lorena Rojas, afirmó a este medio que eran seis personas quienes alquilaron habitaciones como cualquier turista. Redacción Santa Cruz.
Cívicos y empresarios le exigen pruebas al Gobierno
POSICIÓN • Luis Núñez y Daniel Sánchez conminaron ayer por separado a García Linera.
La Cámara Nacional de Industrias y la dirigencia cívica cruceña exigieron ayer al Gobierno que presente pruebas de que empresarios financiaron un supuesto plan terrorista que buscaba apoderarse del poder o dividir al país.
El domingo, el vicepresidente Álvaro García Linera lo denunció en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Daniel Sánchez, señaló que “el Gobierno siempre busca a quién echarle la culpa de sus propias negligencias y ahora que no tenemos embajador de EEUU, le toca a los empresarios y cuando los empresarios ya no estén, les tocará a otros. Es de acuerdo al gusto del Gobierno el definir quién es el culpable de las cosas malas que ocurren en el país”.
Además, complementó que “si él (García Linera) tiene la certeza de esa declaración, que debería ser así, por responsabilidad debería decir a la población quiénes son los empresarios en actividades terroristas en el país”,
Por su parte, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Núñez, aseveró: “Que muestren las pruebas y las fotografías que dicen tener, ojalá que no sean montadas como las que mostraron luego del enfrentamiento en Porvenir (Pando), cuando supuestos campesinos cruzaban el río Tahuamanu”.
El líder cívico demandó de las autoridades del Ministerio Público y de la Policía una investigación seria e imparcial. “Si viene una comisión internacional, que no vengan representantes como los Mattarollo de la Unasur, que sacaron un resultado interesado para el Gobierno de los sucesos de Pando”, remarcó.
“Digamos las cosas con franqueza. La investigación tiene que ser llevada en el área de la justicia y no por el campo político para esclarecer estos asesinatos”.
Confederación
Empresarios • La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia evaluará la denuncia en una reunión de directorio que se realizará mañana, y luego emitirá un comunicado con una posición oficial.
Posición • Sin embargo, adelantó que la Confederación está más preocupada en la crisis económica. El vicepresidente Álvaro García Linera señaló el domingo que empresarios financian a los terroristas.
El Congreso forma una comisión investigativa
Acción • No trabajará como Ministerio Público y hará un informe final en 30 días.
Congresistas oficialistas y opositores determinaron ayer conformar una comisión que investigará a una presunta organización terrorista con base en Santa Cruz y el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas.
El presidente de la comisión, César Navarro (MAS), y el diputado Bernardo Montenegro (Podemos) explicaron que esta instancia multipartidaria conformada para investigar los atentados en Santa Cruz, entre otros sucesos, iniciará su trabajo hoy a las 11 de la mañana, donde establecerá el cronograma de acciones. Una, ya definida, es trasladarse al lugar de los hechos el día miércoles.
Montenegro sostuvo que el objetivo principal es esclarecer todos los pormenores respecto a la presencia de esta organización de terroristas y los procedimientos policiales que se siguieron para su captura y las investigaciones del caso.
Esta comisión, al no constituirse en cabeza del Ministerio Público, porque la nueva CPE no se lo permite, no tendrá carácter de reserva. Los parlamentarios, además, aseguraron que se deberá agilizar el trabajo y anunciaron que presentarán un informe en 30 días.
El enfoque de las pesquisas, según Navarro, es esclarecer el tema del terrorismo en nuestro país: cuáles fueron los móviles de los últimos sucesos, el plan para atentar contra autoridades y los nexos de grupos irregulares con sectores del oriente boliviano, entre otros aspectos.