El caso contra Méndez cambia de fiscal y la protesta se endurece. Pobladores tomaron la Alcaldía luego de que oficialistas y opositores suspendieron a Erwin Méndez. Es acusado de la comercialización ilegal de combustible.
FUERA DEL PODER. Erwin Méndez intentó evitar hasta lo último que el Concejo lo suspendiera del cargo de alcalde, pero no pudo. Lo remplaza una correligionaria
El Deber
San Ignacio de Velasco quedó convulsionado después de la toma del edificio del gobierno municipal y la suspensión de su alcalde Erwin Méndez Fernández, que llevaba 10 años de gestión consecutiva. Los votos de los cinco concejales oficialistas permitieron consolidar su alejamiento temporal del cargo para que Méndez asuma su defensa ante un proceso iniciado por la Fiscalía.
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La decisión fue tomada ayer luego de una hora y 15 minutos de deliberaciones de los concejales, en una sesión que se inició a las 10:00 en instalaciones de la Casa de la Cultura ignaciana y en la que Méndez no estuvo presente.
El alcalde suspendido es acusado por la Fiscalía por el delito de comercialización, almacenamiento y compra ilegal de combustible.
Mientras el alcalde acusado daba lectura a un informe en su defensa ante centenares de pobladores que llegaron hasta la plaza principal desde comunidades indígenas y campesinas, en el Concejo se consumó la suspensión de Méndez.
“Todos hemos votado por la suspensión del alcalde y firmamos la resolución que avala nuestra decisión ante un requerimiento fiscal que nos conminó a aplicar esta medida contra nuestro compañero político, en base a la ley marco de autonomía”, justificó la entonces presidenta del Concejo, Kary Middagh, que minutos después fue elegida como alcaldesa interina.
Sin embargo, Méndez argumentó que todo es un “complot político para defenestrarlo” del cargo por el hecho de ser presidente nato de la Empresa Municipal de Maquinaria Pesada (Emmape), encargada de la compra y el traslado de combustible.
La elección de la nueva autoridad fue otro momento de tensión. Tres concejales oficialistas, Lorgio Añez Castedo, Yeny Wunder Martínez y Abdón Nuñocopa, abandonaron la sesión aduciendo que no serían cómplices de ese hecho y de un acto al que calificaron de “ilegal”, porque Middagh no renunció a su cargo en el Concejo para asumir el de alcaldesa. Finalmente, la elección se dio con dos votos oficialistas y dos de la oposición.
Durante su posesión, Middahg fue abucheada por seguidores de Méndez que luego tomaron las instalaciones de la Alcaldía e iniciaron una vigilia permanente exigiendo la restitución del alcalde.
La nueva autoridad aseguró que el Concejo nunca pensó suspender a Méndez, que en diciembre de 2009 ganó con el 87% de votos, pero acusó a los abogados del munícipe de no haberlo defendido de la acusación fiscal durante ocho meses. “El Concejo fue conminado por la Fiscalía si no tomaba una determinación al respecto”, enfatizó.
Méndez, que en 2010 recibió el premio Patujú de Bronce por su destacada labor como alcalde, acusó a Middagh, a su esposo Arturo Merlin y a un grupo de personas de estar promoviendo el cambio para repartirse los cargos dentro del gobierno municipal.
La nueva autoridad se siente amedrentada
Alcaldesa interina oficialista
Kary Middagh Kauffman de Merlin, nació en San Ignacio de Velasco. Tiene 39 años de edad, está casada con Arturo Merlin, con quien tiene tres hijos de 13, 10 y 4 años.
Ingresó a la política con el Frente Amplio MNR (el mismo del alcalde suspendido) y en los comicios de 2009 fue elegida concejala. Se desempeñó como presidenta del Concejo Municipal y ayer fue elegida alcaldesa interina.
Middagh aseguró haber recibido amedrentamientos escritos y verbales a través de su celular para que no suspendieran al alcalde. Ante la toma de la Alcaldía, la autoridad interina aseguró que no ocupará la silla del alcalde, pero que ejercerá su nueva función desde el Concejo mientras dure el proceso judicial que espera que salga a favor de Erwin Méndez.
El caso contra Méndez cambia de fiscal y la protesta se endurece
CONFLICTO. Continúa la vigilia en el edificio del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco. Hubo cambio sorpresivo del fiscal que llevaba el caso. Hay amenaza de bloqueo.
El DEBER
Sin mayores explicaciones que la de supuesta ‘reestructuración’, la Fiscalía cambió a Winter Hinojosa por Adhemar Suárez Elías como el nuevo fiscal que llevará adelante el caso contra el alcalde ignaciano suspendido.
“Estoy de vacaciones”, argumentó Hinojosa ante su alejamiento del caso que investigaba y que provocó protestas y la toma de la alcaldía. El funcionario dijo desconocer su nuevo destino y explicó que todo el legajo lo pasó a Suárez, desde hace tres días.
Suárez, consultado por EL DEBER, adelantó que recién está estudiando el expediente, pero que hasta mañana tiene que resolver el recurso de incidencia por supuestos defectos en el proceso presentado por la defensa de la exautoridad municipal Erwin Méndez. Según Suárez, la Fiscalía cumplió todos los pasos en esta investigación y califica el recurso como dilatorio.
La asesora legal de Méndez, Shirley León, anunció un amparo constitucional e insistió en que hay vicios de nulidad porque el alcalde nunca fue notificado con la acusación formal del fiscal.
León explicó que en 2011 Emmape compró legalmente 1.180 litros de diésel que fueron cargados a los tanques de maquinarias y de un camión para llevarlos a tres comunidades, donde se construía un camino, pero ante una intensa lluvia el gerente de la empresa, Abraham Rojas, decidió sacar el diésel de los tanques y enviarlo en una camioneta de la empresa. Ahí le decomisaron el diésel.
Los pobladores que llegaron de las comunidades no descartan bloquear carreteras para exigir la restitución de Méndez. El nuevo presidente del Concejo es Miguel Dúrex.
ALCALDES SUSPENDIDOS
– Bladimir Chávez (Buenavista). Está con arresto domiciliario, acusado de acarreo de personas durante el proceso electoral.
– Luis Gonzalo Moreno (Camiri). Es procesado por la tramitación irregular de unos terrenos.
– Dionisio Condori (Okinawa). Sindicado por malos manejos en la ejecución de obras.
– Nyls Carmona (Warnes). Enfrenta un proceso por malos manejos en pavimentación.
– Yapacaní. Renunció a su cargo el alcalde masista David Carvajal tras la muerte de jóvenes que se enfrentaron. Hay un alcalde interino. Fue en 2011.
– Lagunillas. Los guaranies eligieron a un alcalde internio, en vez del masista Segundino Flores. El gobierno central no reconoce al interino. Sigue el lío.
– Cotoca. El Concejo envió al Tribunal Constitucional la acusación contra el alcalde Wilfredo Añez, que enfrenta un proceso por la toma de la tranca a Guapilo.
– Quijarro. Un juez ordenó la detención preventiva del alcalde Ibar Antelo, acusado de ganancias ilícitas.
– La Guardia. Suspendieron a Jorge Morales, acusado de alquilar un inmueble a su cuñada.
– San Juan. El alcalde Bani Katsumi enfrenta un proceso por la compra de un micro.
REACCIONES
– Cívico. El presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Rony Roca, dijo que la justicia debe primar en este caso, aunque cree que a los concejales no les quedaba otra que obedecer el requerimiento fiscal.
– Subalcalde. Antolín Tomichá, subalcalde de Santa Rosa de Roca, explicó que las comunidades y OBT de barrios elaboraron un voto resolutivo manifestando su firme decisión de tomar la Alcaldía y de mantener la vigilia en contra de la elección de la nueva alcaldesa interina.
Esto debe acabar como el desacato
Gustavo Pedraza / Analista
El recurso judicial contemplado por la ley marco de autonomías para suspender a un alcalde no va a resolver el problema político, este se lo tiene que resolver en el campo político. Lo que ha estado sucediendo es que el poder político instrumentaliza el recurso judicial para imponer su interés.
Lastimosamente esto daña la institucionalidad de los gobiernos municipales en el país y resta credibilidad al mismo órgano judicial y al Ministerio Público, porque son percibidos como sometidos a un poder político dominante. Atemorizan a propios y a extraños para suspender a los alcaldes.
Eso le hace daño a los derechos de los ciudadanos que ejercen una función pública y que fueron elegidos por voto.
El daño mayor es que se ejerce presión sicológica para obligar a los concejales a destituir a autoridades bajo presión o amenaza de ir presos.
El artículo 144 de esa ley tiene que terminar como el desacato, que ayer fue declarado por el Tribunal Constitucional como inconstitucional. Este artículo va rumbo a eso, porque no tiene sentido de ser, no se puede quitar los derechos políticos a una autoridad pública elegida por voto ante una sola acusación. Eso contradice el principio universal del derecho de que se presume la inocencia mientras no se pruebe lo contrario.
No se pueden levantar los derechos políticos a un alcalde o a un gobernador con una acusación formal que no es ni la mitad de un proceso judicial, apenas está empezando.
Me parece que debería ser declarado inconstitucional como el desataco, en el que el Tribunal ha hecho una buena interpretación de este delito.
De lo contrario, se continuará debilitando el funcionamiento del Estado, porque no está protegiendo el derecho para fortalecer instituciones ni la democracia, solo está aplicando ese artículo para restar la institucionalidad y la credibilidad.