La Paz, 7 mayo (ABI).- El pleno de la Cámara de Diputados decidirá la próxima semana si procede o no la suspensión del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eddy Fernández, sugerida por la comisión de Constitución y Policía Judicial de esta instancia legislativa, que lo acusa de negar justicia en el proceso instaurado contra el ex presidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), informó el jueves el diputado Jorge Silva.
Eddy Fernández
El diputado del Movimiento Al Socialismo, miembro de esa comisión, explicó que Fernández «vulneró los plazos procedimentales y hubo intención de dilatar los juicios de responsabilidad» que el Estado instauró a ex autoridades acusadas de malversar recursos públicos.
El más importante de los procesos que sustancia la CSJ, por su carácter social, es el de Sánchez de Lozada, por genocidio y peculado en octubre de 2003.
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Silva aseguró, ante las críticas de los parlamentarios de la oposición, que lo único que hace el oficialismo es cumplir con la ley y la Constitución Política del Estado.
«Más allá de cualquier interpretación que puede ser política, nosotros entendemos que toda persona tiene derecho a acusar y también a defenderse», puntualizó el oficialista.
Consultado si el Poder Judicial quedaría «descabezado», Silva dijo que «la ley prevé que cuando algún magistrado, por cualquier motivo deje de ejercer sus funciones de administrador de justicia, se convocarán a los conjueces para tener el quórum respectivo».
«Políticamente se lo entiende así (como descabezamiento del Poder Judicial), pero jurídicamente lo que sucedió es que por no afectar la institucionalidad de la Corte Suprema, por no descabezar a un órgano institucional, como es la Corte Suprema, muchos juicios de responsabilidad se quedaron en el gavetero. La ley debe ser para todos, y hay una ley especial para aplicar a los magistrados, se tiene que aplicar la ley en el marco del debido proceso», explicó.
En ese marco, Silva se dijo espera que, tras la decisión «de viabilizar la suspensión de Fernández» en la Cámara de Diputados, el Senado actué también «apegado a la ley y no sus principios políticos».