La corrupción, esa lacra que no cesa y es una característica de todo aquel que llega al poder en Bolivia. Basta con hojear las redes sociales o páginas de un periódico para ver cómo los escándalos se suceden y están al orden del día.
Avasalladores invadiendo tierras ajenas portando armas de grueso calibre y secuestrando personas, en un solo hecho tres delitos penales que tienen penas en cualquier país que tenga una justicia independiente, libre y soberana del poder ejecutivo y del dinero del narcotráfico.
Locas de ira, idiotas mujeres y delincuentes, invadiendo y dañando la catedral de Santa Cruz propiedad de la Iglesia Católica, hecho con tres actos delictivos penales.
Fiscales y ministro de Gobierno, unidos en declaraciones propagandísticas para encubrir la tardía acción de la Policía en los hechos relatados, dando tiempo a los criminales (tanto interculturales maleantes como mujeres pervertidas) para su fuga y posterior olvido de los delitos por el paso del tiempo. A este tipo de acción delictiva es lo que denominamos “CORRUPCIÓN FLAGRANTE EN EL USO DEL PODER INDISCRIMINADO”
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La corrupción–esto es, el abuso de autoridad a cambio de una ventaja, en estos casos generar simpatía entre aquellos que se amparan en los gobernantes delincuentes a cambio de apoyo político. La corrupción lleva a un daño social de valores, principios y hasta económico sustancial, atenta contra la integridad y el funcionamiento eficiente de la administración pública, frustra la confianza pública en los órganos del Estado, deteriora el Estado de Derecho y la democracia, tuerce la leal competencia económica e impide el desarrollo económico. La corrupción en este Gobierno es el medio utilizado por el crimen organizado del narcotráfico para ejercer influencia y penetrar en las estructuras económicas, administrativas y políticas. La corrupción es especialmente peligrosa cuando se lleva a cabo de manera sistemática o transnacional. Es por ello necesario combatir con medidas eficaces y categóricas la corrupción de parte de la ciudadanía, que cada día se da cuenta, “que un gobierno de maleantes, solo gobernará para delincuentes”
La contención de la corrupción requiere medidas múltiples. En primer lugar, son precisas medidas efectivas de prevención de la corrupción. Además, ¿se necesitan leyes? ¡SÍ! Pero no aquellas que están dirigidas para controlar a los ciudadanos de una manera absurda quitándoles su libertad, sus derechos ciudadanos y derechos políticos. Si no, leyes penales eficaces contra la corrupción para poner de manifiesto el carácter reprensible de la podredumbre existente y para intimidar a los potenciales delincuentes, donde la mayoría se encuentra en funciones públicas del Poder Ejecutivo y Judicial.
Combatir la corrupción es difícil porque las infracciones de corrupción son frecuentemente cometidas en secreto, sin víctimas individuales que puedan quejarse, tal como viene sucediendo con aquellos que fueron sorprendidos por paramilitares avasalladores financiados por narcotraficantes pertenecientes al partido de gobierno. Además, la corrupción sobrepasa a menudo la frontera nacional, más aún, cuando ya es de conocimiento mundial, que BOLIVIA es un narco estado que recibe en su territorio a grandes jefes de carteles de la droga que convirtieron a nuestro país en el centro de distribución y producción de la cocaína del sur de América, gracias al cartel de Los Andes y de su líder máximo Don Corleone Morales Ayma.
El éxito en la lucha contra la corrupción exige esfuerzos conjuntos por parte de la comunidad que ve afectada su vida cotidiana de trabajo esforzado, productivo y generador de empleo digno.
Nos deberíamos proponer, en la lucha que se inicia el 8 de noviembre en contra de las leyes que el gobierno quiere promulgar y ejecutar, atentatorias de los derechos individuales de las personas, con el de las instituciones, con el de las naciones indígenas, con el de las regiones y de los departamentos que conforman nuestro Estado Boliviano, ya que Arce Catacora y Evo Morales, no disimulan las pretensiones de un poder absoluto centralista, afectando las autonomías regionales dictaminadas y reconocidas en la Constitución Política del Estado. La prioridad es exigir una “LEY” que debería definir el tráfico de influencias como una forma de corrupción.
De esta manera, se acabarían las influencias de ministros hechos los rambitos en la justicia, en la Policía, en las Fuerzas Armadas; se eliminaría de raíz cualquier tipo de influencia partidaria para que solo los militantes de un partido puedan ejercer una función pública; se acabaría la protección al narcotráfico y a sus cabecillas, por ende a su principal líder; se tendría ascensos militares y policiales determinados por meritocracia y no a cambio de favores políticos; se tendrían magistrados, jueces y fiscales probos para ejercer justicia y no así una sentencia política partidaria; se recuperarían los valores y principios de una sociedad que ha sido rebasada por el mal, las malas costumbres y la ilegalidad.
El Estado boliviano debería convertir en un hecho punible el ofrecer o conceder cualquier ventaja indebida a una persona que haga tráfico de influencias, tal como lo hacen: el expresidente, el presidente, los ministros, los embajadores, los magistrados del TCP, el fiscal general, los jueces, los fiscales, los directores de las instituciones recaudadoras, los que manejan las empresas fallidas del Estado, etc. Todos ellos masistas eximios de lo incorrecto.
La corrupción se encuentra a menudo relacionada con la comisión de otros delitos, por ejemplo, fraude tal como fuimos testigos el 2019 en el OEP con el patrocinio de Evo Morales; malversación de fondos como sucedió en el FONDIOC, PAPELBOL, BARCAZAS CHINAS, VISAS CHINAS, VÍAS BOLIVIA, SAN BUENAVENTURA, BOA, etc.; abuso de confianza como el caso ZAPATA CAMC, TALADROS CHINOS, CONTRABANDO 33 CAMIONES; apropiación indebida, el caso MÁS conocido OSTREICHER; acuerdos dirigidos a restringir o influir deslealmente en la competencia o descubrimiento y relevación de secretos legalmente protegidos, caso QUIBORAX. Y de estos ejemplos, el MAS en 15 años nos ha dejado cientos de ejemplos.
O sea, este Gobierno y cualquiera que venga deberían estar sometidos a una ley que prevea una sanción adecuada de todos estos delitos y de esa manera no gocen de una impunidad vergonzosa y criticada.
Es verdad que se debería aprobar y aplicarse de manera efectiva leyes en materia de blanqueo de capitales, sobre todo, de aquellos que provienen de la comercialización de la hoja de coca excedentaria que está dirigida a la producción de cocaína, la madre del cordero del dinero ilegal que circula en BOLIVIA, estas leyes deberían prever penas para el blanqueo de los productos de la corrupción.
Por Alberto De Oliva Maya