El Gobierno ofrece Bs 650 a los ropavejeros por tres meses, éstos lo rechazan. El dinero es para capacitación en emprendimientos productivos.
Reunión: el ministro de Planificación Noel Aguirre (izq) y la ministra Ballivián (der) explican la oferta (La Prensa)
OFERTA • El Ejecutivo ofreció capacitación y Bs 650 por tres meses a los comercializadores.
La Razón
El Ejecutivo y los gobiernos municipales aún no terminan de acordar quién se hará cargo del control para evitar la venta de ropa usada en el país, actividad prohibida desde el 1 de abril.
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“El Ministerio de Salud ha certificado que esta producción, al no tener ningún registro de desinfección, atenta contra la salud del ciudadano, por cuanto hay controles municipales —en el marco de la ley municipal— que deben ser ejercidos”, afirmó ayer la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, en una rueda de prensa en el Palacio Quemado.
En ese sentido, señaló que esa certificación será remitida a las alcaldías y a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) “para que ellos tomen las acciones que deben tomar en el marco de sus atribuciones”.
Sin embargo, para el vicepresidente de la FAM y presidente del Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla, ésa no es la manera de encarar el problema. “No vamos a dejar esa tarea de manera fácil solamente en manos de los municipios y de las guardias municipales, que también tienen otras tareas que cumplir”, dijo.
Agregó que es preciso generar mecanismos adecuados de coordinación entre todas las instituciones involucradas en el tema, que incluyen a la Policía.
“Tenemos toda la predisposición de colaborar, pero en un marco de respeto y de un plan muy concreto que tiene que ver con el control y con los compromisos que ha hecho el Gobierno con este sector”, complementó.
El decreto que prohíbe la venta de la mercadería establece el decomiso de prendería usada íntima por parte del Ministerio de Salud y de las alcaldías.
Los comerciantes de ropa a medio uso hicieron una pausa en sus movilizaciones para dialogar con el Ejecutivo, proceso que se rompió ayer en la madrugada.
Según Ballivián, la única propuesta del sector fue una ampliación hasta febrero del 2010 para la venta de la mercadería, planteamiento que no se aceptó.
Asimismo —dijo— el Gobierno planteó un programa dirigido a la reconversión productiva del sector, basado en dos componentes: la generación de emprendimientos productivos y el acceso a fuentes de empleo.
Precisó que se ofreció a los comerciantes una capacitación de hasta tres meses, además de un incentivo económico de Bs 650 que se entregarían en forma mensual mientras duren los cursos, “hasta que ellos emprendan su proyecto o accedan a un empleo digno”. Explicó que el financiamiento base del programa son los Bs 65 millones del fondo de reconversión productiva.
El ministro de Planificación, Noel Aguirre, aclaró que la oferta incluye sólo a los vendedores a detalle y no a los importadores.
El Gobierno ofrece Bs 650 a los ropavejeros, éstos lo rechazan
El dinero es para capacitación en emprendimientos productivos
La Prensa
Los microempresarios marcharán el lunes exigiendo que de fin a la venta de ropa usada.
El Órgano Ejecutivo ofreció a los comerciantes de ropa usada un sueldo de 650 bolivianos durante tres meses para que ingresen en un programa de capacitación y desarrollen emprendimientos productivos o accedan a un empleo “digno”. El sector rechazó la oferta.
Estos recursos podrían beneficiar a unas 40.000 personas que se dedican a la venta al “detalle” en todo el país.
La propuesta fue presentada a ese sector por la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, y su colega de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, el miércoles en la primera reunión que tuvieron para buscar una solución a este conflicto luego de dos días de masivas movilizaciones en esta ciudad.
De esta manera, el Ejecutivo pretende dar una alternativa al gremio y poner fin al comercio de las prendas que están prohibidas desde el 1 de abril.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por los “ropavejeros”, quienes afirmaron que ese planteamiento era “inviable” y abandonaron ese despacho a las cuatro de la madrugada de ayer luego de que el Órgano Ejecutivo les denegara el pedido de ampliación del plazo para la venta hasta febrero de 2010.
El presidente de la comisión negociadora que se formó para el diálogo, Dionisio Martínez, calificó de “un engaño” la oferta porque, añadió, no se puede llevar adelante emprendimientos productivos con una capacitación de tres meses.
En ese marco, y al no haber un acuerdo, anunció que debe ser la población, en una consulta, la que decida si la venta de prendas a medio uso continúa o no.
“Vamos a pedir la apertura de libros en todos los departamentos para recabar firmas y con ellas pedir al Órgano Electoral una consulta popular o un referéndum dirimidor”.
Señaló que los comerciantes no confían en el Gobierno porque luego de los tres meses nadie les garantiza acceso a una fuente de trabajo estable.
Además temen lo ocurrido con el Programa de Reconversión Productiva, a través del cual se desembolsó dinero a nombre de ese sector, sin resultados.
Pese a la negativa, señaló que las movilizaciones quedaron suspendidas al menos hasta que el gremio celebre un congreso la siguiente semana.
Ballivián y Aguirre, en conferencia de prensa en el Palacio Quemado, ratificaron que no habrá más ampliación para la venta de mercadería usada e indicaron que la propuesta presentada a los comerciantes está en pie al igual que el diálogo.
La siguiente semana, las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo iniciarán el registro de quienes quieran acogerse al programa de reconversión. “Este plan tiene dos componentes alternativos: el primero, con desarrollo de emprendimientos productivos; el segundo, con acceso a un empleo digno. Ambos tienen un periodo de capacitación de hasta tres meses, todo costeado por el Gobierno, hasta que ellos emprendan su proyecto productivo o tengan el acceso a un empleo”.
Ballivián añadió que este dinero provendrá, de inicio, de los 65 millones de bolivianos que falta desembolsar del Programa de Reconversión Productiva, aprobado en 2007. Además, del fideicomiso de 9,6 millones de dólares aprobado el miércoles por el Decreto Supremo 114 para el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, y de créditos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) con bajas tasas de interés.
El Ministro de Planificación calculó que los 650 bolivianos podrán llegar a unos 40.000 vendedores al detalle de ropa usada, aunque dijo que el número será determinado por el registro que reciba el Ministerio de Trabajo en los próximos días.
El Gobierno no tiene certeza de cuánta gente se dedica a la actividad.
Aguirre dijo que existen distintas estimaciones de la gente involucrada en el tercer nivel. Algunas organizaciones mencionan que suman hasta 300.000 personas; otras, entre ellas el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), indican que alcanzan a 72.000.
El presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), Porfirio Quispe, destacó la propuesta del Gobierno porque en el país nadie le paga a una persona para que se capacite.
Con su rechazo, continuó, los “ropavejeros” sólo pretenden preservar un negocio en el que ganan mucho a costa de la industria nacional. Pidió al Ejecutivo postura firme.
Ballivián ratificó que está en curso la investigación de los contrabandistas especializados en el comercio de prendas usadas. “Ya se requirió información de al menos 50 personas que internaron esa ropa entre 2006 y 2007, de quienes la Unidad de Investigaciones Financieras deberá verificar sus cuentas”.
Industriales se suman a la movilización del lunes
El sector industrial del país decidió sumarse a la marcha contra el comercio de la ropa usada convocada para el lunes por la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), a la que también se adhirió el ministro de Trabajo, el ex dirigente fabril Calixto Chipana.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Daniel Sánchez, dijo que esta entidad apoyará todas las iniciativas que impulsen la desaparición de esa actividad que daña la producción nacional y que ocasionó el cierre de textileras.
El presidente de Conamype, Marco Antonio Gonzales, confirmó la movilización, que descenderá de la zona del Cementerio General.
Esta manifestación fue cuestionada por el presidente del Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina), Porfirio Quispe, quien en una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la Federación de Fabriles de La Paz, Rodolfo Ramos, la tildó de política y anunció que en ella no participarán las asociaciones de textileros y artesanos afiliados a la entidad que dirige.
Ramos, por su parte, manifestó que Chipana, ex dirigente fabril, está convocando a una marcha que sólo busca dividir al sector.
Gonzales y Quispe coincidieron en que son las alcaldías las que deben decomisar las prendas usadas que siguen a la venta a pesar de la prohibición vigente desde el 1 de abril.
Además sugirieron que las Fuerzas Armadas y la Policía apoyen esta iniciativa.
La ministra Patricia Ballivián informó que el Ministerio de Salud emitió un certificado por el cual se establece que esa mercadería es dañina para la salud y, por tanto, los municipios deben ejercer un control en el marco de la Ley de Municipalidades.
Antecedentes
Desde el 1 de abril de este año la venta de ropa usada está prohibida en el país, pese a ello se comercializa sin control.
El Gobierno tardó más de un mes en definir que la venta de esa mercadería no va más.
Los “ropavejeros” realizaron dos masivas marchas para defender sus puestos de trabajo, con las que colapsaron el centro paceño.
Gobierno y vendedores de prendas a medio uso iniciaron un diálogo el miércoles 6 que se rompió porque se rechazó una ampliación a esa actividad.
El Ministerio de Desarrollo Productivo les propuso un programa de capacitación para iniciar emprendimientos productivos o acceder a un empleo digno y el pago de Bs 650 durante tres meses.
Los comerciantes no aceptan e insisten en una ampliación de su actividad hasta febrero de 2010.
Esos Bs 650 beneficiarán a los comerciantes al “detalle” que tienen bajos ingreso, no a los importadores e intermediarios.
En el país se calcula que existen más de 250.000 personas que se dedican a la venta de ropa usada.
Según el Gobierno, entre 20.000 y 40.000 pueden acceder al programa de reconversión que cuenta con Bs 65 millones.
Los “ropavejeros” dicen que promoverán una consulta popular para que sea el pueblo el que decida si continúa o no la venta prendas a medio uso.