HRF-BOLIVIA SE REESTRUCTURA Y REPUDIA AGRESIÓN A FABRICANO
A pesar del evidente hostigamiento e intento de descalificación, Human Rights Foundation-Bolivia continuará realizando su labor de monitoreo de los derechos humanos con normalidad, para lo cual se reestructura institucionalmente con una nueva dirección colegiada integrada por Alejandra Barbery, Centa Reck, Emilio Martínez y Fernando Cuéllar.
Human Rights Foundation-Bolivia aclara que cuenta con su personería jurídica en regla y no tiene que inscribirse ante la Cancillería por ser una fundación nacional. Tampoco debe inscribirse en el Registro Único de ONGs, que está destinado a organizaciones de desarrollo y asistenciales.
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HRF-Bolivia informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre los “controles administrativos arbitrarios” como uno de los mecanismos habituales utilizados por gobiernos con tendencias autoritarias para hostigar a las organizaciones de derechos humanos.
También alerta la CIDH sobre los intentos gubernamentales de descalificar a los organismos de DDHH en base a acusaciones de estar vinculados a supuestos grupos irregulares.
HRF-Bolivia repudia la salvaje agresión de la que fue objeto el dirigente indígena Marcial Fabricano, a manos de presuntos partidarios del presidente Evo Morales.
1. REESTRUCTURA
A pesar del evidente hostigamiento e intento de descalificación del que ha sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales, Human Rights Foundation-Bolivia continuará realizando su labor de monitoreo de los derechos humanos con normalidad, para lo cual se reestructura con una nueva directiva colegiada integrada por Alejandra Barbery, Centa Reck, Emilio Martínez y Fernando Cuéllar.
Esta dirección colegiada tendrá el cometido principal de fortalecer institucionalmente a la fundación y ampliar los contactos con organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, para una mejor salvaguarda de las garantías fundamentales de los bolivianos.
2. SITUACIÓN LEGAL
Ante reiteradas declaraciones de voceros de gobierno en las que se pretende arrojar dudas sobre la situación legal de Human Rights Foundation-Bolivia, informamos a la opinion pública que nuestra Fundación ha cumplido con todos los requisitos jurídicos para el debido funcionamiento, contando con la correspondiente personería jurídica expedida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008, en conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.
Igualmente, indicamos que en nuestro caso no procede el registro ante la Cancillería, por tratarse de una fundación nacional con personería boliviana.
En este marco autónomo, HRF-Bolivia coopera en su accionar con la fundación homónima con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, con la que la une un convenio de colaboración, al igual que con una decena de ONGs latinoamericanas nucleadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América (Unoamérica). Sin embargo, no recibe financiamiento de ninguna fuente externa, siendo realizadas todas sus acciones con el exclusivo aporte de sus miembros, en carácter de voluntariado.
De la misma forma, informamos que no es procedente la inscripción ante el Registro Único Nacional de ONGs, ya que éste ha sido destinado por el decreto supremo 22409 a las instituciones “que realicen actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de cooperación externa en el territorio nacional”. Claramente, Human Rights Foundation-Bolivia no realiza funciones de desarrollo o asistenciales, ni tampoco recibe fondos del Estado ni de la cooperación externa.
3. LA OPINIÓN DE LA CIDH
Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha advertido en su “Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas” (http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensorescap5.htm) acerca de los controles administrativos arbitrarios contra las organizaciones de DDHH, como uno de los mecanismos habituales utilizados por gobiernos con tendencias autoritarias para silenciar a quienes denuncias los atropellos a las garantías fundamentales.
La CIDH ha observado las “políticas o prácticas que restringen o limitan el ejercicio de las organizaciones de derechos humanos mediante controles administrativos, tributarios y fiscales abusivos”. Al respecto, la Representante Especial de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por las “crecientes restricciones que imponen los Estados, mediante artificios legales, para limitar la libertad de asociación, y por el hecho de que los Estados recurran cada vez más al ordenamiento jurídico para hostigar a los defensores de los derechos humanos y obstaculizar su labor”.
Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también advierte sobre la práctica de los gobiernos antidemocráticos de descalificar y hostigar a las organizaciones de DDHH mediante acusaciones de estar vinculadas a “grupos disidentes armados”.
El citado documento condena las “Campañas de desprestigio e iniciación de acciones penales que menoscaban el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos”.
La CIDH indica que:
“El trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos también se ve limitado por las expresiones de altos funcionarios públicos que desacreditan su labor y que generan o agravan un contexto adverso para la defensa de los derechos. Igualmente, la Comisión nota que en algunos casos las defensoras y defensores son hostigados por los Estados mediante la apertura de procedimientos penales que buscan impedir el libre ejercicio de la defensa de intereses legítimos”.
“La Comisión ha tenido conocimiento que en algunos Estados americanos las defensoras y defensores de derechos humanos han visto menoscabada su labor por discursos que descalifican su trabajo. En declaraciones públicas, agentes del Estado han identificado la labor desarrollada por defensoras y defensores como ilegal, o se les ha acusado públicamente como delincuentes, subversivos o terroristas”.
“La Comisión observa que esas declaraciones deslegitiman y desacreditan la labor de estos actores sociales e incrementan su vulnerabilidad. En varias ocasiones, tales declaraciones sugieren que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos colaboran con grupos disidentes armados, o proyectan campañas que atentan contra la seguridad del Estado o desprestigian la imagen internacional de los países”.
“Otro aspecto de la mayor preocupación es la utilización de acciones legales contra las defensoras y defensores, tales como investigaciones o acciones penales o administrativas, cuando son instruidas con el objeto de acosarlos y desprestigiarlos”.
“En otros casos, lo que se hace es iniciar procesos judiciales de tipo penal sin fundamentos de prueba con el objeto de hostigar a los miembros de las organizaciones, quienes deben asumir la carga psicológica y económica de afrontar una acusación penal. Estos procesos habitualmente comportan la imputación de los delitos de rebelión, atentado contra el orden público o la seguridad del Estado y la integración de grupos ilegales”.
4. AGRESIÓN A DIRIGENTE INDÍGENA
Human Rights Foundation-Bolivia repudia el salvaje flagelamiento del que fue víctima el dirigente indígena Marcial Fabricano, a manos de presuntos partidarios del presidente Evo Morales.
El ataque se inscribe en el marco de una beligerante campaña de persecusión a toda forma de disidencia, instigada por discursos de confrontación emitidos desde altas esferas de gobierno.
Nos sorprenden las declaraciones de dirigentes presumiblemente cooptados por el gobierno, como el Sr. Adolfo Chávez de la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), quien ha justificado el violento castigo cuando éste claramente no forma parte de las prácticas culturales o ancestrales habituales en estos pueblos.
Convocamos a otras organizaciones de derechos humanos presentes en el país a acabar con el silencio que han mantenido en este caso y a pronunciarse debidamente.
Exhortamos al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Relatoría Especial para los Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a promover la investigación de esta agresión, para acabar con la impunidad de los responsables e impedir que se repitan hechos de esta naturaleza.
Santa Cruz de la Sierra, 12 de mayo de 2009
HUMAN RIGHTS FOUNDATION-BOLIVIA
DATOS GENERALES
Human Rights Foundation-Bolivia es una fundación nacional, creada el 20 de marzo de 2007 con el cometido de promover la protección de los derechos humanos en nuestro país. Desde sus inicios, la organización logró nuclear a prestigiosos juristas e intelectuales, que garantizan la idoneidad de su actuación institucional.
Human Rights Foundation-Bolivia sostiene como único accionar legítimo el diálogo democrático y el marco legal establecido por el Estado de Derecho, condenando toda forma de violencia política.
Coopera en su accionar con la fundación homónima con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, con la que la une un convenio de colaboración. También coopera con una decena de ONGs latinoamericanas nucleadas en la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica). Sin embargo, no recibe financiamiento de ninguna fuente externa, siendo realizadas todas sus acciones con el exclusivo aporte de sus miembros, en carácter de voluntariado.
PERSONERÍA Y REGISTRO
Cuenta con la debida personería jurídica, expedida por el Gobierno Departamental de Santa Cruz mediante Resolución Administrativa 64/08 del 4 de marzo del 2008, en conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Descentralización Administrativa y sus Decretos Reglamentarios.
La inscripción en el Registro Único Nacional de ONGs no es obligatoria para cualquier clase de fundación o asociación civil, sino para cierto tipo específico de organizaciones. El Decreto Supremo 22409 del 11 de enero de 1990, que estableció la creación de dicho Registro, estipula en su Artículo 1 que “Se entiende por organizaciones no gubernamentales (ONGs), a los efectos del presente decreto, a las instituciones privadas o personas jurídicas, sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, de carácter religioso o laico que realicen actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de cooperación externa en el territorio nacional”. Claramente, Human Rights Foundation-Bolivia no realiza funciones de desarrollo y/o asistenciales, ni tampoco recibe fondos del Estado ni de la cooperación externa.
GESTIÓN
Desde su creación, Human Rights Foundation-Bolivia ha realizado una intensa labor de monitoreo y observatorio sobre el estado de los derechos humanos en nuestro país, elaborando 13 informes sobre casos específicos, aportando datos para los informes de Human Rights Foundation (NY) y emitiendo comunicados y llamados de alerta ante diversas situaciones de emergencia que implicaron violaciones a los derechos y garantías fundamentales.
De particular relevancia fue el documento presentado por HRF-Bolivia ante la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías de la Asamblea Constituyente en mayo de 2007, con una propuesta para la protección de los DDHH en el nuevo texto constitucional.
En dicho documento se proponía constitucionalizar los tratados internacionales de derechos humanos de los que Bolivia es signataria; preservar y fortalecer el control independiente de constitucionalidad; sujetar la justicia comunitaria a la apelación ante los órganos superiores del Poder Judicial; evitar la creación de un “suprapoder” y prohibir la delegación de poderes del Legislativo al Ejecutivo.
Human Rights Foundation-Bolivia también participó en diversas actividades académicas ligadas a la temática de los derechos humanos y realizó tareas de Observación Electoral en varias consultas ciudadanas.
INFORMES
Detención del periodista de El Nuevo Día José Antonio Quisbert.
Ataque a huelguistas de hambre en la Iglesia de San Francisco (agresión al escritor Juan Claudio Lechín, el ex presidente de CAINCO Gabriel Dabdoub, el dirigente del Movimiento Sin Tierra Ángel Durán y otros).
Amedrentamiento a la Red PAT (amenazas al analista Roberto Barbery Anaya).
Agresión moral y psicológica contra mujeres en huelga de hambre (Comité Cívico Femenino).
Detención de manifestante en el aeropuerto de Cochabamba (caso Jéssica Echeverría).
Manifestantes emboscados y agredidos en San Julián.
Agresiones a periodistas y toma de radios en San Julián.
Detención del refugiado político Amauris Samartino.
Represión a manifestantes en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
Militarización del Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
Represión policial en Sucre (noviembre de 2007).
Detención arbitraria de Roberto Lenin Sandóval.
Secuestro de jóvenes activistas en el Plan 3.000.
Aporte de datos al Informe sobre Justicia Comunitaria elaborado por Human Rights Foundation (NY).
ALERTAS Y COMUNICADOS
Llamado de alerta por el uso excesivo de fuerza pública en las manifestaciones de Sucre (septiembre de 2007).
Cronología: muertes por violencia política.
Llamado al Defensor del Pueblo.
Llamado urgente a la ONU y OEA sobre amenaza de intervención militar en Bolivia.
Llamado para que cesen los crímenes de lesa humanidad contra la población de Sucre.
Política de “justicia comunitaria” alienta linchamientos raciales.
Agresiones durante el cerco al Congreso de febrero de 2008.
Alarmante violencia por acción u omisión gubernamental.
Exhortación a la Corte Nacional Electoral en defensa del control de constitucionalidad.
“No más muertos” (comunicado del 8 de agosto, ante nuevos decesos en enfrentamientos politicos).
Exhortación urgente al gobierno: la solución a los conflictos es el diálogo, no la represión (septiembre de 2008).
Alerta internacional: muertos y heridos en conflictos civiles.
Medidas gubernamentales pueden desatar guerra civil.
Paz para el diálogo.
La Defensoría del Pueblo debe precautelar la paz.
21 presos políticos en Bolivia.
Comunicado sobre la detención del periodista Jorge Melgar.
Irregularidades electorales (enero de 2009).
HRF-Bolivia denuncia persecusión a opositores (detenciones en Pando y toma de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas).
Por una Bolivia sin presos políticos (en apoyo al movimiento Liberen la Verdad).
Agresión a activista en Santa Cruz (caso Diana Román Mauthe).
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Exposición sobre “Violaciones a los DDHH en la ciudad de Sucre” (10 de abril de 2008).
Participación en el panel “Diagnóstico de los DDHH en Bolivia” (marzo de 2009).
Conferencia sobre el proceso constituyente y la situación de los derechos humanos en Bolivia (Montevideo- Círculo de la Prensa del Uruguay, mayo de 2009).
OBSERVATORIO ELECTORAL
Human Rights Foundation (NY) y la Human Rights Foundation-Bolivia realizaron tareas de monitoreo y observatorio en el Referéndum Departamental Ratificatorio del Estatuto Autonómico en Santa Cruz (4 de mayo de 2008).
Human Rights Foundation-Bolivia realizó tareas de observatorio electoral en los referendos autonómicos de Beni, Pando y Tarija (mayo-junio de 2008).
HRF-Bolivia realiza trabajos de monitoreo en el Referéndum Constitucional Ratificatorio y el Referéndum Dirimidor (enero de 2009).
ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD
Todos y cada uno de los documentos emitidos, disponibles en el blog http://hrfbolivia.blogspot.com, así como la totalidad del accionar institucional de Human Rights Foundation-Bolivia, tienen como eje la promoción del diálogo y de la paz, la defensa de las garantías y libertades, el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como la solución no violenta de los conflictos sociales.
Por esta razón, nos alarma el hecho de que nuestra institución pretenda ser vinculada por funcionarios de gobierno con un presunto grupo irregular. Sobre el particular, subrayamos lo manifestado por varios integrantes de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados, que desmienten de manera categorica cualquier vínculo entre nuestra institución y la presunta célula irregular:
“En la investigación no se encontró evidencia de que la fundación HRF haya apoyado económicamente a extranjeros y bolivianos para ejecutar el supuesto plan contra el jefe de Estado” (diputado Pablo Banegas).
Sobre las acusaciones vertidas en este mismo sentido contra el presidente saliente de nuestra institución, Dr. Hugo Achá Melgar, el directorio de Human Rights Foundation-Bolivia reitera la confianza en su idoneidad personal y profesional.
Como garantías para un completo esclarecimiento de la verdad, pedimos la descontaminación política del proceso de investigación, el pleno respeto a los principios del debido proceso y el accionar independiente de la justicia.
Todo nuestro trabajo responde al ideal de un país donde se respeten los derechos de las personas, que son finalmente el corazón de la sociedad. En un sistema democrático, no debería haber razón para que un gobierno se sienta afectado por la labor de ciudadanos que vigilan la protección de esos derechos fundamentales.