Las palabras transforman nuestras circunstancias y dichas por autoridades o personas influyentes tienen el poder de concretarse.
Las declaraciones del exministro Juan Ramón Quintana se hicieron reales durante las protestas que siguieron al fraude electoral del 20 de octubre de 2019. Bolivia se convirtió en “un gran campo de batalla” y decenas de compatriotas murieron. Entonces el Estado Plurinacional nos colocó, como nunca antes en sus 13 años de existencia, frente a lo que es: un Estado sin moral que ha fracasado por haber renunciado a la política como imperativo categórico, como el único medio aceptable, por su naturaleza racional, para resolver nuestros problemas.
La degradación institucional nos empujó al abismo del conflicto civil y se hizo visible por toda la patria en la desesperación de los vecinos, en las barricadas que levantaron para protegerse de personas armadas con palos, dinamitas y aún con armas de fuego, ciudadanos a los que el Estado, o más bien el partido político que se ha apropiado de todas sus instancias, ha convertido en objetos de guerra.
Hoy la violencia es permanente y el gobierno la justifica con el pretexto de que los conflictos nacen de la polarización que divide la patria. Las polarizaciones serían tales si estuviéramos frente a puntos de vista diferentes pero equivalentes en su legitimidad.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
No son equiparables los asaltos a instituciones o entidades privadas como Adepcoca y la exigencia de que se respeten las normas y la propiedad privada. No deben medirse con el mismo valor los grupos armados que avasallan tierras y secuestran periodistas y la oposición ciudadana a esta injusticia.
Tampoco tienen igual legitimidad las intenciones oficialistas de establecer una dictadura a través de la aprobación de leyes inconstitucionales o de la persecución política que castiga con cárcel el derecho a discordar frente al esfuerzo de los individuos por limitar con medios democráticos el poder que pretende reprimirlos.
Ahora bien, incluso si las masas ávidas de violencia se movilizaran por voluntad propia, con independencia de los intereses del MAS, ¿dónde está el Estado democrático para limitar por medio de la ley aquel arbitrio que obstaculiza la libertad de los demás? Su ausencia sería un fracaso en cualquier país que busque construir una sociedad civil, sin embargo, por añadidura, los representantes del nuestro participan sin decoro en la ruptura de la convivencia pacífica. Funcionarios públicos y autoridades electas han hecho de nuestras instituciones el núcleo de la violencia.
Uno de los hechos más conturbadores fue protagonizado por Marcial Ayali, presidente de la Asamblea Legislativa de Potosí, quien atacó a las personas que cumplían el paro cívico en noviembre de 2021 con un chicote.
En el mismo contexto de protestas contra la ley 1386 un grupo de encapuchados recorrió Santa Cruz en vehículos del Estado para apalear a los bloqueadores, aunque entre ellos se encontraran electores del MAS porque nadie, ni oficialistas ni opositores, vive seguro en un país que ha eliminado las garantías constitucionales. Y como cualquier situación o argumento resulta útil para borrar las formas del derecho estamos frente a un Estado sin moral en sentido kantiano. Para Kant el Estado de derecho es una tarea moral para alcanzar una sociedad civil que haga valer universalmente las leyes. Este Estado racional se funda en la división de poderes.
El Estado plurinacional también ha fracasado en este aspecto fundamental porque los órganos de la nación ahora le pertenecen a un partido, y la administración pública ha dejado de trabajar para los bolivianos. Por ello no existen políticas para los niños y adolescentes, para la educación, la salud, el medio ambiente y la seguridad ciudadana, entre tantos aspectos que han sido abandonados. Antonio Gramsci llamó a ese partido que se apropia de todo “Príncipe Moderno”.
Pues bien, en este país “refundado”, de no estar ocupando el trono ni siquiera el Príncipe Moderno vive libre y seguro. Durante el gobierno de transición, con el fiscal general de Bolivia Juan Lanchipa como máxima autoridad del Ministerio Público, la justicia continuó a faltar al debido proceso.
El desprecio por lo democráticamente pactado trasciende gobiernos y por ello urge recuperar y conservar las instituciones. Un paso necesario en esa dirección es el cese de la persecución política y la liberación de la expresidente Jeanine Añez y de todos los presos políticos.
No podemos construir un país con un Estado que no es universal. Sus máximas no pueden aplicarse a todos, sin excepción de ninguno. Los mismos jueces que administran la justicia no las aceptarían para ellos por injustas, y el propio Evo Morales prefirió evitarlas desconfiando con razón de su criatura al escapar de ella en el avión que lo llevó a México. Después de todo si la Constitución no existe, todo es posible, y en Bolivia dejó de existir cuando Evo Morales se hizo reelegir ilegalmente dos veces y desconoció los resultados del referéndum del 21F.
Sí, de repente las palabras nos muestran su realidad más allá de los diccionarios. Los términos “refundación” y “plurinacional” resultaron ser peligrosamente vacíos, sin fundamento en la experiencia o el saber acumulado. A su vez, “República” implica más que un nombre, y su ausencia en el vocabulario político nacional nos alejó de la seguridad de un Estado moderno.
Irma Velasco Prudencio