Ronald Balderrama*
La confabulación del caso terrorismo fue de magnitudes muy extendidas, las maniobras realizadas para consolidar más poder al oficialismo fueron exitosas en un determinado momento, ya que el miedo a hablar, de opinar, de protestar se instauró en una población, en una sociedad, sobre todo se introdujo el miedo a los principales autonomistas de ese entonces.
Se dijo que hubo planes para perpetrar un magnicidio, se habló de una estrategia para dividir Bolivia, hoy todos los argumentos que trataron de validar estas aseveraciones van cayéndose a pedazos, ya que a cada momento se destapa más evidencias que prueban lo contrario.
No es casualidad que la historia marque un punto de inflexión donde personas acusadas de terrorismo sean las que manejen y conduzcan los hilos de un país. En esa lógica casi incoherente, la historia boliviana se conforma de paradojas muy extrañas. Para armar toda una estrategia de ambición de poder se necesita de un titiritero que maneje y manipule a su antojo a personas que se prestan para determinado fin. Los títeres generalmente son personajes que hacían poder, que les gustan las cámaras y hacer funciones constantemente, títeres que caen en ser cegados casi totalmente de la realidad.
Esta lógica de conseguir el poder tiene raíz de larga data, mientras los títeres pasan y pasan, los titiriteros generalmente tratan de perpetuarse, y mantener el show mientras el público este casi hipnotizado. En el silencio que los caracteriza, estos tipos arman y confabulan estrategias que incluso pueden ser tan peligrosas para el mundo entero. Las guerras y batallas que se han librado a través de la historia, estuvo compuesta por personas que manipularon líos para beneficiar intereses particularistas.
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En el Estado boliviano la lógica del titiritero se volvió a replicar, ya que utilizar a un abogado para enjuiciar a quien se ponga en frente, fue una estrategia tan envolvente que hoy tiene seguramente los pelos de punta a mucha gente que no sabe cómo huir del país, mientras algunos si tienen las facilidades para hacerlo.
Cabe recordar que tras descubrirse los supuestos vínculos entre el fiscal Harry Suaznabar y la supuesta red de extorsión, el fiscal Suaznabar huyó de país y se refugió en España desde noviembre del 2012 y en Bolivia sólo quedó la intención de la justicia de procesarlo por supuestos casos de soborno y extorsión, cuando tuvo en sus manos las investigaciones de YPFB, Catler, gastos reservados y terrorismo II.
Los acusados Alcides Mendoza, Ignacio Villa Vargas y Gary Prado Salmón constantemente argumentaron sobre un presunto montaje gubernamental del caso terrorismo y dijeron que fueron secuestrados y torturados para que impliquen a líderes y empresarios de Santa Cruz.
Hoy la única verdad es que Marcelo Soza está prófugo, se dice que el Ministerio de Gobierno pidió informes al departamento de Inteligencia y a la Dirección de Migración a fin de determinar si efectivamente el ex – fiscal Soza salió del país tras presentar su renuncia al caso terrorismo, el pasado martes. Además el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez solicitó la colaboración de Interpol. Mientras tanto Soza habría sido visto en Buenos Aires – Argentina, según la diputada opositora, Norma Piérola, quién además manifestó que el jurista tiene familiares en ese país, por lo que en el proceso de postulación a la Fiscalía General fue impugnado por una presunta doble nacionalidad.
El ex fiscal del caso terrorismo renunció al mismo aduciendo razones personales según el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, que presentó la renuncia, sin dar mayores explicaciones, es así que desde el pasado martes se perdieron los rastros del investigador. Los resultados de los informes de inteligencia y de migración solicitados por el Gobierno nacional se conocerán esta semana, según aseveró el Viceministro Pérez.
El problema de destapar la red de extorción que vincula a funcionarios del gobierno, trajo consigo problemas internos dentro del Movimiento Al Socialismo, ya que muchos no saben cómo evadir la verdad que se va destapando día a día.
Fuentes del Gobierno explicaron que hay al menos cuatro grupos dentro el Ejecutivo que pelean sus espacios de poder y que tienen nexos con autoridades judiciales y del Ministerio Público. Estos grupos son: el del vicepresidente Álvaro García Linera, que es el más influyente; el otro grupo es el del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que tiene sus propios aliados internos; el del ministro Carlos Romero y cierra la lista el grupo del canciller David Choquehuanca.
Las fuentes hicieron notar que, desde el cambio de ministro en la cartera de Gobierno, el trabajo de los asesores y de los fiscales fue observado después de que se realizó una ‘revisión’ de todos los casos en los que el Ministerio de Gobierno era parte querellante. Fue a raíz de esa ‘auditoría’ que se empezó a renovar el equipo de asesores primero y, segundo, las denuncias de extorsión que involucraban a fiscales y funcionarios estatales.
Más allá de que exista una problemática interna que afecta la credibilidad de un gobierno, lo que se evidencia claramente es que el espíritu democrático, la legalidad como la institucionalidad han quedado pisoteadas, en un supuesto gobierno que profesaba “cambio” y “lucha contra la corrupción”, el meollo de destapar la verdad de los hechos acontecidos en el caso terrorismo hoy no simplemente cae en saber quiénes más están involucrados, ya que muchos podemos suponer e imaginar quién o quiénes han sido los titiriteros que manejaron este problema a su antojo.
Hoy el reto es que esta lógica de actuar no quede impune, se haga justicia por las muertes, encarcelamientos suscitados, pero sobre todo el titiritero no quede absuelto de todo.
Estimado lector: ¿Qué opinión tiene usted sobre el caso terrorismo, cree que verdaderamente existió dicho plan, o que fue una estrategia inventada por el oficialismo?
*Politólogo
DeBolivia