Las Fuerzas Armadas han hecho saber que no tolerarán ser puestas en el banquillo de los acusados por el tema de los desaparecidos durante los gobiernos dictatoriales y Evo Morales se esta viendo en figurillas para satisfacer tanto a la institución castrense, que a la fecha se constituye en el principal aliado de su gobierno, como a los requerimientos de los familiares de las víctimas.
Familiares de los desaparecidos en las dictaduras militares en Bolivia, demandan la desclasificación de los archivos militares para encontrar los restos humanos de sus parientes.*
Los desaparecidos durante las dictaduras militares es un problema latente y Morales no esta mostrando mucha disposición a solucionarlo debido a que no quiere que este tema se convierta en un motivo de divergencia con la institución armada y por tanto esta recurriendo a una serie de amagues que le posibiliten también salvar su imagen de “defensor» de la justicia y de los derechos humanos.
Como Capitán General de las Fuerzas Armadas, bastaría una orden suya para que los documentos relacionados con este caso sean inmediatamente desclasificados pero prefiere no darla y ha optado por formar una “comisión” de lo mas ampulosa cuyo trabajo se sabe de entrada, tendrá escaso o ningún resultado.
Se dice muy acertadamente que cuando no se quiere que algo avance, hay que organizar comisiones y que los resultados serán inversamente proporcionales al largo del nombre y el número de miembros de dicha comisión. En este caso, la comisión conformada por varios ministros, viceministros, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, familiares y miembros del Alto Mando Militar, ha recibido la pomposa denominación de “Comisión Operativa-Funcional de Derecho Legitimo”.
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Cuando el propio viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti pide la colaboración de los familiares para esclarecer el caso de los desaparecidos se infiere que el gobierno masista no esta dispuesto a hacer mucho y no pretende ir más allá de las palabras. Es claro que si los familiares tuvieran más información los desaparecidos ya hubieran sido encontrados y por tanto el llamado suena a burla.
Una de las principales gestoras para aclarar el tema de los desaparecidos es Martha Montiel, hija de Tirso Montiel, expolicía de nacionalidad chilena que se unió al grupo guerrillero en Teoponte.
Dicha experiencia guerrillera que concluyó catastróficamente fue comandada por Osvaldo “Chato” Peredo, hoy dirigente del MAS y actual concejal por ese partido en Santa Cruz. El “Chato” mandó a fusilar a dos de sus compañeros por el delito de, al borde de la inanición, robar unas latas de sardinas. Los dos figuran ahora como desaparecidos.
Se debe recordar también que una vez derrotada la guerrilla “Chato” fue uno de los tres sobrevivientes que puso los pies en polvorosa y negoció su salida hacia Chile, abandonando a quienes impulsó hacia esa aventura. Literalmente los dejó morir de hambre en la selva.
Por tanto Sacha Llorenti haría muy bien en pedir a su compañero de partido que colabore en la búsqueda de los desaparecidos de Teoponte y que, en su caso, asuma la responsabilidad de sus actos.
El presidente por su parte debe demostrar que tiene una verdadera intención de esclarecer el caso de los desaparecidos y no sobreponer su interés político al interés humanitario. Sin embargo, las medidas dilatorias y distraccionistas demuestran otra cosa. Lo que queda claro es que Evo, Juan Ramón y Walker están buscando una salida que no afecte la imagen institucional de las Fuerzas Armadas.
*foto Abi