Álvaro Riveros Tejada
El fallo emitido por el Tribunal Constitucional, dando luz verde a la reelección del presidente Morales, constituye un acto de excesiva obsecuencia e incondicionalidad políticas, ya que contradice el deseo hasta del propio interesado, que se manifestó públicamente contrario a tal posibilidad. Baste recordar sus declaraciones a la prensa cuando se trató de viabilizar la aprobación del nuevo texto constitucional: “…Si para la oposición la segunda reelección es perjudicial, yo dije al compañero Alvaro, levante, no tengo ningún problema y así viabilizamos para que esta nueva Constitución sea aprobada el día 25 de enero del próximo mes.” La columna vertebral de una democracia, más que en el acto plebiscitario o en el voto ciudadano, radica en un sistema judicial independiente, transparente, idóneo y de fuerte convicción moral, que haga cumplir y respetar la observancia plena de la Constitución Política del Estado, como la ley de leyes y la base fundamental sobre la que se estructura una sociedad. De ahí dimana, por ejemplo, la consistencia y el poder del tan criticado y vapuleado imperio norteamericano que, por 237 años, ha fundado su poder en base a un poder judicial que dicta las normas; protege las leyes y sobre todo, las hace cumplir y respetar, haciendo que el sistema funcione. En momentos que hemos logrado incoar nuestra demanda marítima ante el Tribunal Internacional de la Haya con un impresionante despliegue de delegados y ex presidentes que avalan dicha postura, es necesario que los tribunos de tan alta magistratura internacional sepan que somos un pueblo respetuoso de nuestra palabra y de nuestras leyes y que jamás podríamos acudir a ellos con falsas posturas. Los propios chilenos, utilizando los mismos términos del reciente fallo constitucional podrían argüir que los bolivianos definamos primero con quién firmaron sus tratados y convenios, si con un Estado plurinacional, multilingüe y polifacético o con una república que ya ha dejado de existir.Si un poder judicial es carcomido por la venalidad, la corrupción y ha pignorado su dependencia a otros poderes, deja de ser tal y se convierte en una célula maligna que compromete la salud de todo el sistema. Es el caso de los funcionarios corruptos que dieron paso a escándalos como el de la red de extorsionistas y el del terrorismo, casos que han traspuesto nuestras fronteras poniendo en grave riesgo la credibilidad misma del Estado. Asimismo, se constituyen en una prueba fehaciente de que el poder judicial -que los bolivianos NO HEMOS ELEGIDO- está fallando lamentablemente y nos hace quedar como a un Estado que no hace fe.A la luz de lo expuesto y ante tantas evidencias que prohíben una segunda reelección ¡no se puede entender!, como acostumbra decir el propio presidente, por qué ahora se empeñan en desconocerlo. El gobierno cuenta con el sabio concurso del Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, como ex presidente de la Corte Suprema de la Nación y actual embajador plenipotenciario ante la Corte de la Haya, quien podría interpretar el fallo del Tribunal Constitucional y emitir su ilustre opinión, para que S.E. pueda salvaguardar el honor de su palabra, salvo que las circunstancias en que ésta haya sido dada no hayan variado, como dice Maquiavelo, hasta el extremo de desconocer lo declarado y dando la razón a aquellos cronistas que vaticinaban su intento de ir a la reelección.