Se demostrará que por lo menos 15 de 118 personas que lograron refugio político, enfrentan procesos penales por los hechos de Porvenir, explicó el fiscal Félix Peralta.
Varios de los refugiados se cobijan en carpas
La Paz, 8 jun (ABI).- La comisión de fiscales que investiga la denominada masacre de Porvenir, que se perpetró en el departamento amazónico de Cobija el 11 de septiembre de 2008, informó el lunes que por los conductos diplomáticos probará al Gobierno de Brasil que los fugitivos que huyeron a Brasilea no son perseguidos políticos.
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«Respetamos la decisión asumida por el Gobierno del Brasil, pero demostraremos que por lo menos 15 de 118 personas que lograron refugio político, enfrentan en Bolivia procesos penales por la matanza que fueron víctimas indígenas, niños, mujeres y normalistas de parte de grupos armados», explicó el fiscal Félix Peralta.
El jurista dejó en claro que «ese suceso se trata de un hecho delictivo y no político como hicieron ver» y significó la muerte de varias personas; heridos y sobrevivientes que están con severos traumas por esos sucesos.
Peralta anunció que apelarán a la cancillería para que asuma la representación del Estado boliviano en una gestión que deje sin efecto el status de refugiados políticos.
Por su parte, Mary Carrasco, abogada de los familiares de las víctimas explicó que no cuestionan la decisión brasileña, porque está segura que las personas que solicitaron el refugio engañaron a las autoridades del Brasil al señalar que son perseguidos políticos.
La abogada coincidió en que es necesario «aclarar al Brasil, a través de la Cancillería, que no hay persecución política en Bolivia, sino existe persecución penal en contra de 15 cívicos, ex autoridades y funcionarios de la prefectura de Pando, entre ellos Ana Melena Zuzuki, Julio César Villalobos y otros»