La historia comienza en abril de 2009. Un operativo policial acaba con tres vidas: Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz.
Primer escenario: el hotel
Pocas horas antes del operativo, una duda atemorizaba a la mayoría de los que serían parte de la acción. No conocían la capacidad de fuego del enemigo. Los lanzacohetes pueden ser transportados en maletas o bolsos. Las granadas limón pueden llevarse por decenas en una mochila. Las municiones, lo mismo.
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¿Por qué no actuar como en las películas, rodear el edificio y pedirles que “salgan con las manos en alto”? ¿Por qué no hacer una acción limpia, que no se pueda cuestionar? La respuesta es más simple de lo que se cree. Los muy contradictorios informes del delator (Ignacio Villa Vargas) y del infiltrado (Wálter Andrade) no brindaban el dato clave para la planificación del operativo: la fuerza real del enemigo.
No conocían cuánto tiempo de fuego cruzado podían plantear los veteranos de la guerra de los Balcanes desde las ventanas del hotel. Por eso el nerviosismo. Por eso se decidió apostar por el asalto y no por rodearlos. Apenas conocían que se trataba de un grupo de cinco y que dos habían logrado escapar una semana antes. Por eso, desde entonces, se dice de todo.
Un militar de un grupo especial me contó que ellos no quisieron participar porque sospechaban que el objetivo era matar a Rózsa y ellos solo los “empaquetan”. Un exfuncionario del Ministerio de Gobierno me aseguró que la resistencia fue tal que uno de los escudos de la UTARC quedó destrozado por un explosivo que usaron los supuestos terroristas. La verdad está entre ambas versiones.
¿Quién disparó primero? La clave sobre el operativo está en esa pregunta. Si a los policías, nerviosos ante el desconocimiento del enemigo, se les escapó un tiro a destiempo, alguien debe responder por el hecho. Lo cual, desde luego, no debe desviar la investigación sobre los participantes, financiadores y organizadores de la célula irregular.
Segundo escenario: juzgados
Uno de los exfuncionarios de Gobierno que ahora está en Palmasola protagonizó un bochornoso hecho en una nave de Boliviana de Aviación y, pese al reclamo oficial, no perdió su trabajo. Su ministro apenas dispuso su cambio de puesto. Antes, una ministra evitó que otro de ellos sea retirado de su cargo. Se sabe que una viceministra de su despacho salía con el ahora acusado.
¿Cómo es que creció toda la estructura de corrupción y chantaje dentro del aparato gubernamental y el Órgano Judicial?
Supuestamente, la red de extorsión no solo fue tolerada, también fue aplaudida por el entorno palaciego. Una persona que formó parte de ese entorno contó que, a medida que el ejército de abogados reclutaba jueces y fiscales de confianza, sumaban los casos con fallos o desarrollo favorable al oficialismo. El proceso a Santos Ramírez, la investigación en el caso Porvenir, la poca investigación de lo sucedido en Caranavi o el manejo del caso Gastos Reservados son algunos ejemplos de “buenos resultados”.
Los operadores de justicia cumplían y eso, según la fuente, para algunas autoridades de Gobierno, era lo único que importaba. Ese presunto beneplácito de sus jefes, habría vuelto tan temeraria y ambiciosa a la red que actuaba desde Palacio, que cuando estalló el caso terrorismo, se lanzó por el premio gordo. Jugada que los enemistaría y a algunos les provocaría la cárcel.
Error fatal del Gobierno. Según versiones no confirmadas, por desmontar la estructura judicial alineada con el viejo régimen, licenció a sus abogados para que se conviertan expertos en chantaje, extorsión y cohecho. El costo ya es mayor que el beneficio y todavía puede empeorar.
Tercer escenario: Santa Cruz
“La plata está en Santa Cruz. Ahí está el dinero”, dicen que gritaba algo mareado un abogado que ahora está detenido en Palmasola y que trabajaba para el Gobierno. Lo escuchaban algunos colegas, entre ellos un fiscal. Ya iban en la segunda botella. Había pasado un año y medio del estallido del caso Rózsa.
Era el segundo semestre de 2010. En la farra comenzaron a maquinar contra Marcelo Soza. Estaban enojados porque sospechaban que algunos de su equipo de investigadores se habían quedado con el botín y que, en el afán de conseguir más, estaban demorando la presentación de la acusación formal, que recién llegó unos días antes de la Navidad de 2010. La desconfianza entre todos sería la causa de la aparición de los audios de Soza. Todos tenían su grabadora digital en el bolsillo.
Pese a la otrora cercana relación con el entonces director funcional del proceso, ellos no estaban dispuestos a perder toda la torta. Así se habría creado el caso terrorismo II. Su objetivo era buscar a los financiadores del grupo, es decir, a los que tienen dinero.
A casi dos años de su apertura, el proceso sigue en etapa preparatoria y se desinfló por el destape de la red de extorsión gubernamental/judicial en noviembre de 2012. Desde entonces no hay señales del fiscal que manejó el caso, Harry Suaznábar, quien fue involucrado con la estructura de extorsión y que algunos ubican actualmente en España. Llegaron a existir 10 detenidos por esta causa y a estas alturas todos ya volvieron a sus hogares.
Según cuentan, la ambición y corruptelas de los operadores del caso habría distorsionado todo aún más. No solo existen serias dudas sobre lo que pasó el 16 de abril, sino que surge cada vez más evidencia de que mucho dinero se movió detrás de la investigación. Lo cual no significa que sean inocentes los que cooperaron con Rózsa y su gente.
Cuarto escenario: el gabinete
El destape de la red de extorsión se dio en medio de un enfrentamiento entre ministros. El excesivo protagonismo que asumió Carlos Romero, que quiso capitalizar el hecho a su favor, habría causado molestias de casi todos los demás en el Ejecutivo y por ello le habría bajado el pulgar.
El caso, por ese motivo, ya no es de atención y está a punto de volcarse en contra de los acusadores. Hasta ahora el balance es harto negativo para el oficialismo, pues asumió el costo político del hecho de corrupción y el caso Rózsa quedó en entredicho. Antes, otra pelea hizo que un video, en el que el delator Ignacio Villa Vargas recibe dinero, desate una ola de cuestionamientos al caso terrorismo. La jugada buscaba involucrar a Carlos Núñez del Prado con un soborno. Desde un ministerio, ante el inminente escándalo, una voz comedida sugirió que se detenga al exdirector de Seguridad Ciudadana “para que el video no afecte al Gobierno”. Otra vez cálculo de costos y beneficios en medio de disputas intestinas.
Ahora hay diferentes visiones en el ejecutivo. La facción más influyente busca recuperar la iniciativa por el inicio del juicio mientras que los más pragmáticos prefieren dejar que el caso siga su curso sin necesidad de más acusaciones, pensando en las elecciones del próximo año.
La aparición de evidencias que cuestionan la ‘versión oficial’ obligan al Gobierno a tomar acciones decididas pronto. Pueden correr el riesgo de que las irregularidades entierren la investigación para no ganar más anticuerpos o impulsar la búsqueda de una sentencia histórica para aquellos que sí estuvieron involucrados con la locura que planeaba el veterano de los Balcanes. Los intereses encontrados todavía tienen entrampado al Ejecutivo. Así se jodió el caso Rózsa
*Es autor del libro La mañana después de la guerra en el que se aborda el caso Rózsa.
LOS QUE MURIERON
Eduardo Rósza
BOLIVIANO-HÚNGARO
Nació en Bolivia y retornó en 2008. El Gobierno dice que vino con afanes separatistas. Los acusados de supuesto terrorismo aseguran que fue traído por personeros del Gobierno. Estuvo en la Guerra de los Balcanes.
Michael Dwyer
IRLANDÉS
Según el Gobierno, era el guardaespaldas de Eduardo Rózsa. Según su familia, llegó a Bolivia invitado por el rumano-húngaro Tibor Révész para participar en un curso de seguridad realizado en Santa Cruz.
Arpad Magyarosi
RUMANO-HÚNGARO
Era músico con varios conciertos en Hungría. Se cree que era parte de la logia Szekler, a la cual estaba vinculado Eduardo Rózsa. El Gobierno lo acusó de ser parte del grupo separatista liderado por el boliviano-húngaro.
IMPORTANTE
UN LARGO PROCESO JUDICIAL
Las detenciones comenzaron en 2009. Cuatro años después, el juicio está en la etapa de declaraciones y pruebas.
SIN EL PRINCIPAL ACUSADOR
El proceso se lleva adelante con nuevos fiscales tras la renuncia del principal acusador Marcelo Soza.
CON NUEVOS PROTAGONISTAS
Los abogados del Ministerio de Gobierno también fueron cambiados.
SOZA EN LA MIRA POR AUDIOS QUE HABLAN DE SOBORNOS
El principal acusador en el caso de supuesto terrorismo ha sido el fiscal Marcelo Soza.
Sin embargo, su imagen comenzó a caer después de que la senadora Carmen Eva Gonzales hiciera públicos audios, en los que supuestamente se escucha la voz del fiscal, hablando de extorsiones y también de injerencia de parte del Poder Ejecutivo en este caso.
Soza renunció en marzo a ser fiscal en el caso de supuesto terrorismo y recién esta semana se comunicó la aceptación de esta renuncia.
Además, el fiscal está sometido a procesos disciplinarios por ausentarse del caso, aunque ninguna acción ha sido iniciada por el contenido de los audios.
Los acusados, por su parte, denunciaron la adulteración de las pruebas que tiene la Fiscalía y, en algunos casos, también dieron a conocer que fueron extorsionados para conseguir su libertad.
El proceso se reinicia este lunes con la declaración de los dos sobrevivientes del hotel Las Américas: Mario Tadic y Elöd Toasó, seguidos por el testimonio del que fue llamado ‘testigo clave’, quien ha prometido nuevas denuncias contra Marcelo Soza.
Séptimo Día, El Deber