Este miércoles a la 9:00 se instalará la última audiencia en el caso Katanas. Policías, exfuncionarios públicos y Marco C. formaron acusados de ser parte de una red de trata de personas que operó durante años en Bolivia.
Fuente: ANF
A casi seis años del caso denominado Katanas, el Tribunal Séptimo de Sentencia dictará este miércoles sentencia contra 6 de los 10 acusados, entre ellos el principal sindicado Marco C., dueño de centros nocturnos en La Paz y Santa Cruz, por el delito de trata de personas.
La Fiscalía pidió una sentencia de 10 años de cárcel; mientras que la defensa de las víctimas solicitó una pena de 15 años de prisión sin derecho a indulto. Marco C. y los otros cinco coprocesados fueron acusados por el delito de trata de personas.
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“La Fiscalía pidió 10 años de cárcel algo mínimo para el delito que cometieron. Nosotros pediremos 15 años porque las víctimas fueron maltratadas, violadas y torturadas, y lo que pedimos es nada con relación a lo que las víctimas pasaron, de esto hay pruebas (…) Esperemos que el día (miércoles) realmente se dé una sentencia efectiva que de seguridad y ejemplo para que nunca más se den este tipo de delitos”, explicó la abogada, Paola Barriga, defensa de la hija del principal acusado en entrevista con la ANF.
En septiembre de 2016, Marco C., dueño del local Katanas, fue encarcelado preventivamente en el penal de San Pedro tras ser acusado por su hija, Nohemy, de explotar laboral y sexualmente a varias mujeres provenientes de Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil.
El 1 de octubre de ese mismo año el club nocturno Katanas terminó en escombros porque una disposición judicial ordenó su demolición, días antes se realizó la inspección ocular en el lugar donde la Fiscalía logró evidenciar que existían pasillos oscuros sin salida y paredes falsas donde escondían a las señoritas.
El edificio de Marco C. llamaba la atención porque en el frontis se exhibían pinturas, relieves y hasta estatuas egipcias incluso se observaba la cabeza de un faraón que quedo en escombros.
La jurista informó, que de los 10 acusados tres se sometieron a juicio abreviado (dos policías y un administrador) a quienes se les dieron tres y cuatro años de cárcel respectivamente y salieron en libertad.
Falta dictar sentencia a seis personas entre ellos Marco C., el coronel Freddy B., dos funcionarios de la Alcaldía de la gestión de del entonces Luis Revilla, la hermana y la esposa de Cámara, ambas declaradas en rebeldía.
En este contexto, Barriga denunció que el Ministerio Público incurrió en negligencia y complicidad con los coacusados a lo largo de la etapa investigativa y del juicio oral. Observó que no haya tomado en cuenta muchas pruebas
Por ejemplo, dijo que en el caso de los dos policías sentenciados Jacinto F. y Freddy A. no se tomó en cuenta que eran custodios de M. C. durante años y a la vez administradores de uno de sus lenocinios y se comprobó que secuestraban a las víctimas estando uniformados.
En este marco indicó que también llamó la atención la declaración de los efectivos en su audiencia de proceso abreviado, donde revelaron que exautoridades del Movimiento al Socialismo (MAS) como la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemecia Achacollo y un exdiputado eran cómplices del delito de trata de personas.
“Los policías a tiempo de admitir la culpabilidad del delito dijeron con nombre y apellido que iban a cobrar a Nemecia Achacollo y a otro diputado por el servicio que prestaban las jovencitas a las exautoridades de gobierno, eran como unos intermediarios (…) La Fiscalía escuchó todo esto y no hizo nada, esto era prueba contundente para iniciar procesos penales”, señaló.
En este caso la Fiscalía pidió tres años de cárcel para los uniformados por el delito de trata de personas en grado de complicidad y ahora están libres.
Con respecto al coronel Freddy B., quien ejercía el cargo público como responsable de la Unidad Policial de Apoyo y Control Migratorio (Upacom) la abogada aseguró que se logró comprobar mediante audios que él se comunicaba con Marco C. y lo alertaba para que ingresen las señoritas de otros países y cuando estaban en territorio nacional les quitaban sus documentos. Ahora está con detención domiciliaria y sin custodios, se lo vio como director de seguridad del penal de Chonchocoro.
En el caso de Marco C., la jurista aseguró que se comprobó que tenía cuatro lenocinios, dos en La Paz y dos en Santa Cruz y que traía a las jovencitas de otros países con engaños y las “vendía” a otros lenocinios cuando “pasaban de moda”.
“Existen 14 víctimas que declararon en cámara Gesell donde se escuchan desgarradores relatos de dolor y angustia de como las torturaban, violaban, maltrataban y las dopaban, muchas llagaron a ser internadas en una clínica clandestina de propiedad de un familiar de Marco C.” puntualizó.
Explicó, que, si bien la Fiscalía pidió 10 años como pena máxima, ellos pedirán se sume cinco años más porque se demostró que existió el delito de torturas se enmarcarán en el art. 321 del código penal.
Barriga dijo que Marco C. presuntamente tenía en el penal de San Pedro un “pequeño Katanas” en el sector de Chonchocorito donde se encontraron a 16 jovencitas y el acusado fue sancionado llevándolo a la cárcel de Chonchocoro pero ahora “misteriosamente” volvió al penal de San Pedro.
En el caso de la hermana y la esposa del principal acusado, ambas serán sentenciadas en rebeldía porque están prófugas de la justicia.
La abogada denunció que en este caso la Policía también está encubriendo a estas personas. Dijo que a la esposa de Marco C. se la vio ingresar a la cárcel de San Pedro en reiteradas oportunidades y la Policía nunca quiso ejecutar el mandamiento de aprehensión pesé a las denuncias que hicieron. También se comprobó en juicio que ella en el país de Brasil tiene una denuncia por el delito de tráfico de órganos.
Aclaró, que para los dos exfuncionarios de la Alcaldía de La Paz se solicitó la pena máxima porque ellos también estuvieron dentro de la red de trata de personas, otorgaban la licencia de funcionamiento al club nocturno Katanas como whiskería, pero funcionaba como lenocinio, en este punto la jurista cuestionó el por qué la Fiscalía supuestamente encubrió al exalcalde de La Paz, Luis Revilla.