Espionaje en Bolivia: Los falsos activistas fueron los "topos" del Gobierno de Evo Morales en la octava marcha indígena. En la novena, el trabajo lo hicieron los dirigentes que cambiaron de bando.
El guardián oculto
Séptimo Día, EL DEBER, Bolivia
Los falsos activistas fueron los "topos" del Gobierno en la octava marcha. En la novena, el trabajo lo hicieron los dirigentes que cambiaron de bando. Se pudo identificar a varios y expulsarlos en 2011, pero en 2012 solo se los agarró en el campamento de La Paz
A la cabo Angélica Cáceres no le fue difícil infiltrarse hasta el corazón de la octava marcha indígena. Ni siquiera tuvo que pagarse el pasaje entre La Paz y Yucumo, sino que lo único que necesitó fue acudir a una marcha convocada por diversos grupos de activistas para el 21 de septiembre de 2011 en La Paz. Así lo deduce ahora Jaime Zapata, activista de los derechos humanos, que ha encontrado a la cabo Cáceres en muchas de las imágenes que tomó durante ese viaje.
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Durante la octava marcha indígena, que cubrió los 600 kilómetros que separan a Trinidad de La Paz entre agosto y octubre de 2011, la columna indígena era fuerte y la seguridad se encargaba de filtrar y expulsar a los que sospechaba que eran soplones del Gobierno. Así lo recuerdan Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), y Fernando Vargas, presidente de la subcentral Tipnis.
Chávez recuerda que, llegando a La Embocada, última parada de la marcha antes de Chaparina, la guardia indígena expulsó a una persona que se quedaba atrás por actitudes sospechosas, pero que cuando se toparon con el bloqueo de los colonizadores de Yucumo, todo se salió de control.
Con la columna detenida, cercada entre la Policía y los colonizadores, el activismo indigenista, ecologista, feminista y antigobierno se movió en todo el país. Por esa puerta entró el Gobierno.
Creando Chaparina
La idea era que destacadas figuras de las luchas de izquierda de Bolivia se unieran a la marcha, cuenta Zapata. Para ello se había organizado una caminata de despedida desde El Prado hasta el estadio Hernando Siles. Allí, buses contratados esperarían a los que deseaban ir a plegarse a la octava marcha indígena. La lista de notables estaba encabezada por Loyola Guzmán, que luchó junto al Che; y por Óscar Olivera, líder de la guerra del agua, la revuelta cochabambina que engendró el proceso de cambio.
Al final, las flotas nunca aparecieron y, tras algunas gestiones, la mayoría de los activistas fueron cargados en flotas de línea, mientras que las cabezas de los grupos -Alejandro Almaraz, Lino Villca y Óscar Olivera- fueron transportados en camionetas junto a representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Mujeres Creando. “Ahí perdimos todo control”, reconoce Zapata.
En una de esas flotas iba la cabo Cáceres y el bloqueo de Yucumo hizo el resto: comenzó el rumor de que los colonos querían ‘cazar’ vivos a Almaraz, Villca y Olivera, a los que tildaban de traidores. Ya habían retenido una camioneta de la Fundación Tierra que llevaba agua para los marchistas y en un café de Yucumo, se planeó que las mujeres pasarían el bloqueo colonizador como cualquier viajero, mientras que los buscados rodearían el corte de ruta a través del monte. Era la mañana del 22 de septiembre y la cabo Cáceres ya se sentaba en la cabecera de la mesa donde se hacían los planes.
Las fotos de Zapata cuentan la historia de lo que pasó después. La cabo Cáceres aparece en todos los incidentes que sucedieron entre los marchistas, la Policía, los colonos y el canciller David Choquehuanca hasta el 24 de septiembre. Aparece también en el campamento, muy cerca de los activistas de derechos humanos que habían llegado desde La Paz.
Pero no era la única. El 22 de septiembre, la comisión política de la marcha había expulsado ‘por metiche’ a Daniela Leytón, una mujer que Vargas y Chávez identifican hoy como otra informante del Gobierno. Llorando, Leytón se acercó a los activistas recién llegados y fue cobijada por ellos. Luego de la represión, Leytón fue la encargada de difundir la noticia falsa de que una bebé de tres meses había muerto fruto de la violencia policial.
Control estricto
La cabo Cáceres logró ganarse la confianza de las mujeres dirigentes a punta de empuje y estuvo en primera fila cuando Choquehuanca fue obligado a marchar. Los infiltrados hombres no tenían la misma suerte y eran ‘cazados’ por la guardia indígena y apartados de la columna a diario. Todos excepto uno. El día de la represión en Chaparina, el 25 de septiembre, junto a la cabo Cáceres, apareció un gordo que comenzó a señalar a los policías quiénes eran los dirigentes y quiénes eran los principales incitadores de la marcha. “Ayer vos estabas agitando, ¿no?”, le dijo a Zapata, mientras este tomaba una foto. Se salvó de ser capturado internándose en el monte con Almaraz y Villca.
Cambio de estrategia
Tras la brutal represión, el intento de evacuar a los marchistas por Rurrenabaque y el rechazo de la opinión pública, el Gobierno cambió de estrategia. Primero trató de reabrir el diálogo cuando la columna se encontraba descansando en Caranavi. En esa ocasión, según Chávez, el exasesor de Evo Morales Wálter Chávez pactó una reunión en un hotel de Caranavi, pero nunca se realizó. Así, la columna llegó a La Paz, el voto nulo se impuso en las elecciones judiciales y la Ley de Intangibilidad del Tipnis fue aprobada por el Congreso. Parecía una victoria, pero duró poco.
A finales de abril de 2012 salió de Trinidad la novena marcha indígena y la estrategia ya había cambiado.
“Aparecieron los ‘dirigentes rocolas’, los que pese a que habían sido pateados en Chaparina se vendieron al Gobierno”, describe Chávez. “Pero igual sus bases marcharon junto a nosotros”, añade Vargas, para describir la marcha más compleja de 23 años de historia de protestas indígenas.
En esa movilización se sabía que había dirigentes que pasaban información al Gobierno, pero esta vez eran indígenas. También expulsaron a una activista que se había emparejado con un dirigente guarayo y que trataba de participar en todas las reuniones. Vargas debió expulsarla nuevamente de la vigilia en La Paz e hizo lo mismo con Leytón, que volvió a aparecer en la novena marcha, cuando la columna llegó a Caranavi. Luego tendría que expulsarla del Tipnis, cuando la encontró junto a Marcial Fabricano en la comunidad Puerto San Lorenzo, con una credencial de periodista.
Cuando la columna llegó a La Paz, cuando las infiltraciones se hicieron más fuertes. La mayor parte de los marchistas eran indígenas del norte de La Paz y un dirigente mosetén negoció el regreso de los suyos a su comunidad. Él fue detenido junto al exconstituyente Sabino Mendoza, hoy funcionario del Ministerio de Gobierno, cuando sacaba indígenas de predios de la
Universidad Mayor de San Andrés.
En esa ocasión, el movimiento indígena sufrió su peor derrota y por primera vez un Gobierno nacional ni siquiera escuchó sus demandas.
La necesidad de ayuda fue la que propició la infiltración.
Los técnicos y ayudantes siempre son de afuera.
El movimiento indígena está acostumbrado a que las ONG les ayude con la comunicación y asuntos jurídicos. Por el lado de la asesoría se han filtrado un par de sospechosas de pasar información al Gobierno.
El trasiego de alimentos también fue una grieta
Como se organizaron grupos de voluntarios en las ciudades para recolectar ropa y alimentos, cuando se decidió reforzar la marcha, no se supo quién era militante y quién era infiltrado del Gobierno.
EL CASO CHAPARINA NO AVANZA, PERO NO SE PUEDE DEJAR EN EL OLVIDO
Foto: El hombre que aparece de civil fue fotografiado por Jaime Zapata, cuando lo señalaba como un agitador que debía ser detenido.
Se sabe que los policías intervinieron la octava marcha indígena el 25 de septiembre de 2012, que la represión fue brutal, que hubo una planificación, que se contrataron flotas, que se compró gasolina y cinta de embalaje en San Borja, que incluso se movieron aviones de La Paz a Rurrenabaque para trasladar a los indígenas capturados, que hubo heridos, que hubo mujeres indígenas que perdieron embarazos. Lo que no se sabe aún es cuánto han averiguado los fiscales que investigan el caso.
“El caso Chaparina está en statu quo”, dice el abogado y exdefensor del pueblo Waldo Albarracín. En su opinión, los fiscales desean mantener este hecho en el marco de la impunidad y la investigación no avanza.
Fernando Vargas, que está en Trinidad defendiéndose de las acusaciones por la chicoteada a Gumercindo Pradel, pide a los fiscales Patricia Santos y Jorge Velázquez que vayan a Trinidad a tomar declaraciones a muchos de los golpeados en Chaparina, que ahora lo acompañan en la vigilia.
Aida Camacho, abogada patrocinante de los indígenas, explica que lo único que puede hacer es instar al Ministerio Público a que siga con las investigaciones. Explica que el proceso cambió una vez de fiscales, pero que esto no puede ser un pretexto para que la investigación se demore. “Este no es un caso anodino, este es un caso público que se debe investigar y hacer justicia. Ya han pasado 22 meses y no hay casi nada. Parece que hay nomás la decisión política de dejar este caso en la impunidad”, señala.
Sin embargo, Chaparina no es un caso cualquiera. La denuncia es por delitos de lesa humanidad, por violación de los derechos humanos. Este tipo de casos no prescriben ni tienen duración máxima del proceso. Por ello, como sucedió con octubre negro, estará siempre allí hasta que los culpables sean juzgados.
LAS CLAVES
Una fuerte guardia indígena
La octava marcha llegó a tener más de 100 guardias de seguridad indígena. Eso le permitió un gran control de la gente que estaba en la columna.
‘Los rocolas’ recibieron guasca
Marcial Fabricano y Gumercindo Pradel no han sido los únicos dirigentes indígenas chicoteados por usos y costumbres. Adolfo Chávez explica que el dirigente mosetén que negoció la salida de su pueblo de la columna de la novena marcha también recibió chicotazos decididos por su cabildo. Señala que este era un exdirigente que había sido cooptado.
Los carayanas fueron la llave
Los supuestos activistas fueron la llave para la infiltración del Gobierno a las últimas dos marchas. Bajo el título de activistas, los ‘topos’ de infiltraron.
Mujeres con más éxito
La guardia indígena detectaba a los agentes de inteligencia hombres que trataban de meterse en la marcha. Sin embargo, las mujeres resultaban más difíciles de notar. Al menos tres de ellas fueron identificadas como informantes del Gobierno por la dirigencia de la Cidob y el Tipnis. Solo la cabo Cáceres fue reconocida por la Policía.