Christian A. Aramayo Arce
La élite económica de Santa Cruz se encuentra bastante cerca al gobierno nacional: Morales inaugura el espacio más grande y representativo del poder económico de esta región, además que los elementos discursivos de ambas partes no son conflictivos como lo eran años atrás. De todos modos, el sector empresarial y el Estado no tienen por qué ser antagónicos: Más bien, la complementariedad se da en que el segundo brinde las condiciones para que el primero produzca riqueza gracias al esfuerzo propio, esto es que el Estado tenga fuertes limitaciones, que exista una nítida separación de poderes y obviamente, que se cumplan las normas que el Estado dicta, esto es constituirse en un Estado de derecho.
Y para hablar de derecho y economía, apelamos a la teoría institucional de Douglass C. North, premio Nobel de Economía en 1993. Esta teoría se basa en tres pilares: Derechos de Propiedad claramente establecidos, consolidación de un Estado de Derecho y una ideología tal que los costes de transacción (costos para garantizar el cumplimiento de los contratos) sean mínimos. Por ello la importancia económica del asunto que voy a abordar: El Estado debe respetar las limitaciones que implica el Estado de Derecho, y el sector empresarial no tiene que aceptar el juego de los beneficios de corto plazo.
La importancia de un Estado de Derecho radica en lo mencionado por el mismo North: “…la inhabilidad de las sociedades para desarrollar un sistema eficiente y de bajo costo para garantizar el cumplimiento de los contratos es la fuente más importante tanto del estancamiento, que históricamente ha afectado a los países del tercer mundo, así como del actual subdesarrollo de estos países”.
Hechas las aclaraciones del caso, la visión oficial apuntando a una participación intensiva y directa del Estado en la economía que al mismo tiempo le da un papel secundario al complejo problema de la justicia boliviana (Segunda y tercer meta del Onceavo Pilar “Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar, no mentir y no ser flojo”, de la Agenda Patriótica 2025), nos indican que esta situación de “buena amistad” puede significar la consolidación de una economía mercantilista, eliminando las probabilidades de constituir un Estado de Derecho en Bolivia.
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Para entender mejor la idea: revisemos la participación del Estado en el mercantilismo:
“…En este contexto surgieron diversas ideas que, a pesar de no conformar un cuerpo sistemático de doctrina, tuvieron algunos rasgos importantes en común que hoy permiten agruparlas bajo el rótulo general de mercantilismo. Entre ellas cabe mencionar la importancia asignada al papel del Estado, especialmente en cuanto a favorecer la expansión de los mercados y proteger los intereses comerciales de las naciones como un todo. Las prácticas mercantilistas, todavía usadas en el mundo de hoy, incluían la regulación de los intereses y de los salarios, el otorgamiento de privilegios y concesiones monopólicas a las industrias, el proteccionismo y diversas otras restricciones al libre movimiento de los bienes y de los factores productivos. Durante ese período, que coincide en líneas muy generales con el del absolutismo político, se buscó reforzar el poder de los Estados-naciones mediante la acumulación de saldos positivos en el comercio internacional y el atesoramiento de metales preciosos”.
No necesito decir más respecto a la actitud del gobierno.
Respecto al sector empresarial:
Dada la importancia política de Santa Cruz para el gobierno nacional producto de una fuerte migración nacional gracias al éxito económico de Santa Cruz, la presión y/o tentación hacia los grandes empresarios será bastante fuerte como lo hemos visto constantemente los últimos años. El gobierno buscará apoyo político, y los empresarios, naturalmente, mayores beneficios. Ante esta situación, la historia nos advierte, desde el siglo XVIII, que el mercantilismo desde el punto de vista histórico no es nada favorable al hablar de crecimiento económico en ninguna región en el mundo.
Pero como toda transacción, en esta situación se necesita la aceptación de dos partes (en este caso, Estado y sector empresarial), es por tanto que la actitud del empresariado dependerá de cuán fuertes sean sus principios por defender la propia competitividad, la honestidad (al no aceptar las tentadoras ofertas de distorsión de precios favorables) y por supuesto, la libertad de elegir. Advierto que aceptar regalos preferenciales del gobierno implicaría hasta una falta de autoestima dado que el empresariado no se creería ser capaz de competir bajo las mismas reglas de juego con otros agentes externos.
De darse esa situación consolidando una economía mercantilista, Santa Cruz y Bolivia estarían corriendo el riesgo de ser condenadas al fracaso económico en el largo plazo. Esperando que así no sea, las decisiones que partirán hoy desde el horizonte ético de los empresarios más influyentes determinarán nuestro futuro como región y obviamente, como país. En este sentido, la fortaleza ética empresarial es fundamental: el cooperativismo, el trabajo y principalmente la honestidad y la libertad son instituciones de las que tenemos la esperanza de no verse destruidas ni olvidadas, de tal forma que no ocurra como en la celebración del 24 de septiembre: que dejemos de cantar el Himno cuya ambrosía perfumada nos ofrece el preciado legado de la Libertad por descuido de algunos mortales.