Las implicaciones de una reforma controvertida. Por los fueros de la República, la casa de todos. Un Estado boliviano basado en la diversidad. Estado y lucha social, política y democrática. Un cambio de nombre que significa transformación. Proceso sí, de cambio no.
Revista Domingo, La Prensa
Las implicaciones de una reforma controvertida
Pros y contras del Decreto Supremo 048
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Bolivia está a cuatro días de su primer cumpleaños con un nuevo denominativo: Estado Plurinacional. Dos ex presidentes y un ex vicepresidente de la República, asesores gubernamentales, parlamentarios, politólogos, economistas, historiadores, constitucionalistas y sociólogos exponen las luces y sombras de haber dejado atrás el nombre de República de Bolivia en la Constitución
Considerando… Que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009 determina que Bolivia se constituye en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, fundada en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país.
Que con la aprobación y promulgación de la Constitución Política del Estado se inicia el cambio de Estado colonial y neoliberal a un Estado Unitario, Plurinacional Descentralizado y con Autonomías.
Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado establece que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario y que la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y relaciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.
Decreta. Artículo Único
En cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como en la correspondencia oficial en el ámbito nacional e internacional, la siguiente denominación, Estado Plurinacional de Bolivia.
Es el tenor del Decreto Supremo 048, promulgado por el Gobierno de Evo Morales Ayma el 18 de marzo de este año, mediante el cual Bolivia cambia de denominativo, de República a Estado Plurinacional. Un hecho que provocó encendidas declaraciones de rechazo por parte de la oposición, y de defensa por parte de los miembros del oficialismo.
Se ha iniciado un operativo para dar cumplimiento con esta reforma. Por ejemplo, en todos sus documentos firmados y en los actos en los que participan el Presidente y el vicepresidente Álvaro García Linera, son presentados como líderes del Estado Plurinacional de Bolivia. Por otra parte, los ministerios de la Presidencia y de Justicia han sido los primeros en implementar la transición a la nueva denominación en cuanto a las reparticiones gubernamentales, y el Instituto Nacional de Reforma Agraria ya ha entregado títulos agrarios que llevan el término “Estado Plurinacional” en su membretado.
También el Órgano Ejecutivo Plurinacional, a través del Banco Central de Bolivia, ha anunciado que el año siguiente comenzarán a circular las primeras monedas que lleven acuñado el nuevo denominativo. Se tiene previsto que 366 millones de piezas metálicas de los distintos cortes cumplan este cometido, medida que costará aproximadamente ocho millones de dólares.
Tal como informó La Prensa, el Gobierno prevé que a fin de año la modificación de nombre de República a Estado Plurinacional de Bolivia esté concluida, al menos en lo que se refiere al Ejecutivo, que ya comenzó la transformación en la papelería oficial (membretados con el Escudo Nacional y República de Bolivia, y en tarjetas personales de las autoridades) de los ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas y delegaciones diplomáticas en el extranjero, según la información del viceministerio de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
Sin embargo, más allá de los cambios en esta documentación y hasta en la presentación pública de los cargos de los funcionarios gubernamentales, hay otras implicaciones de esta reforma. Para algunos, el reconocimiento de lo plurinacional tiene sus contras: abre las puertas al autoritarismo, el desconocimiento de los derechos individuales y/o la prevalencia de lo indígena sobre lo mestizo, entre otros alegatos negativos… Para los otros, es el reconocimiento de la diversidad cultural boliviana, la vuelta de página de una historia de exclusiones y la apertura de un nuevo modelo descolonizador, etcétera.
Bolivia está a cuatro días de su primer cumpleaños con un nuevo denominativo. Salvo el cambio de República de Bolívar a República de Bolivia en 1826, el país vivió 184 años de vigencia republicana en cuanto a su concepción estatal. Hoy, como dijimos, ello ha cambiado. Por ello, Domingo presenta a sus lectores un dossier con artículos de dos ex presidentes y un ex vicepresidente de la República, asesores gubernamentales, parlamentarios, cientistas políticos, economistas, historiadores, constitucionalistas y sociólogos que ponen sobre el tapete los pros y contras, las luces y las sombras, de esta reforma trascendental, y sus implicaciones en algunos ámbitos de la vida institucional del país.
Hasta fin de año, la papelería oficial de los ministerios, viceministerios, entidades descentralizadas y delegaciones diplomáticas en el extranjero llevará el membretado de la nueva denominación
ÓRGANO EJECUTIVO PLURINACIONAL
PRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL
VICEPRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL
MINISTERIOS DEL ESTADO PLURINACIONAL
REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL EN LOS DEPARTAMENTOS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACIÓN
VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL TERRITORIAL
VICEMINISTERIO DE COORDINACIÓN CON MOVIMIENTOS SOCIALES Y SOCIEDAD CIVIL
MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
VICEMINISTERIO DE PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA
VICEMINISTERIO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
MINISTERIO DE AUTONOMÍA
VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍA
VICEMINISTERIO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE RÉGIMEN INTERIOR Y POLICÍA
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL Y SUSTANCIAS CONTROLADAS
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
MINISTERIO DE DEFENSA
VICEMINISTERIO DE DEFENSA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL
VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL
MINISTERIO DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA LEGAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLURIANUAL
VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
VICEMINISTERIO DE TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA
VICEMINISTERIO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
VICEMINISTERIO DE INDUSTRIALIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE HIDROCARBUROS
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ENERGÉTICO
VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL
VICEMINISTERIO DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
VICEMINISTERIO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN ESCALA
VICEMINISTERIO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO
VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO Y EXPORTACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES
VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA
VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO
VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS
MINISTERIO DE JUSTICIA
VICEMINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES
VICEMINISTERIO DE JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINA
VICEMINISTERIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
VICEMINISTERIO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL
VICEMINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
VICEMINISTERIO DE EMPLEO, SERVICIO CIVIL Y COOPERATIVAS
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
VICEMINISTERIO DE SALUD Y PROMOCIÓN
VICEMINISTERIO DE MEDICINA TRADICIONAL E INTERCULTURALIDAD
VICEMINISTERIO DE DEPORTES
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD Y CAMBIOS CLIMÁTICOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN REGULAR
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
VICEMINISTERIO DE TIERRAS
VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO
VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL
MINISTERIO DE CULTURAS
VICEMINISTERIO DE DESCOLONIZACIÓN
VICEMINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD
Por los fueros de la República, la casa de todos
Carlos Diego Mesa Gisbert
“No es un asunto de nombres, sino de filosofía. Lo más penoso de todo es que la visión unilateral, radicalizada y técnicamente deficiente de los autores de esta incongruencia, negó desde el primer momento la posibilidad de compatibilizar República y reconocimiento de la pluralidad en niveles ya existentes, como queda demostrado en estas líneas, y en ampliación de derechos que eran perfectamente posibles sin romper la igualdad básica entre todos los bolivianos”
República no es una palabra cualquiera, no es un denominativo formal, es una concepción de sociedad, de Estado y sobre todo de construcción de la igualdad y de la justicia. Con base en esta premisa se puede dar un equívoco peligroso cuando se hace la comparación o se buscan las diferencias entre República y Estado Plurinacional. El riesgo más fácil de todos, presumir o afirmar que optar por el camino de la República es negar la diversidad, negar al otro, negar pueblos, culturas, lenguas, visiones de mundo en una nación que tiene precisamente una gran parte de su riqueza en esas diferencias.
Esta afirmación se apoya en la idea de que había que visibilizar a los excluidos de la historia y ratifica sin rubor que la anterior Constitución Política del Estado, y en consecuencia la República, negaba a esos excluidos, lo cual no es verdad. Baste recordar algunos hitos fundamentales:
Reforma agraria, voto universal, educación intercultural y bilingüe, municipios territorializados, municipios indígenas, mancomunidades de municipios indígenas, todos con recursos y decisión propias; reconocimiento de las tierras de comunidad en la zona andina, reconocimiento y otorgación de tierras comunitarias de origen en el norte, este y sur del país, función económica y social de la tierra, consulta obligatoria para la explotación y/o uso de recursos renovables con manejo indígena, consulta y concertación para la explotación de hidrocarburos; presencia de senadores, diputados, concejales y jueces de origen indígena en proporciones superiores al 30 por ciento, son todas conquistas logradas antes de la llegada a la presidencia de Evo Morales y, por supuesto, mucho antes de la promulgación de la nueva Constitución de 2009.
El salto que se ha dado es imperfecto en su categorización. De las treinta y seis lenguas indígenas oficiales, por lo menos dos han desaparecido. La idea de Nación tiene requisitos que para mencionar un solo elemento, el demográfico, más de once de los pueblos categorizados como naciones no cumplen, con casos extremos como los Pacahuaras o los Guarasugwes que no alcanzan a 30 miembros. Para no decir que lamentablemente algunos están a punto de desaparecer. La palabra Nación no cabe, ni aún si aceptáramos la idea de la plurinacionalidad. Lo que cabe es la responsabilidad del Estado de apoyar, promover, salvar y garantizar la vida de todos nuestros pueblos y culturas por pequeños que sean.
Pero sobre todo, está claro que la idea de igualdad: “Todos los seres humanos nacemos iguales”, premisa básica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se destruye de manera dramática en un texto constitucional que establece una categorización de ciudadanía por origen, color de piel y lengua. Son estas diferencias las que llevaron a la hecatombe de la segunda guerra mundial y las que provocaron genocidios brutales en más de una nación africana. El tema, en consecuencia, debe ser tratado con mucho cuidado, no negando, sino estableciendo con respeto y claridad que la diferencia y el reconocimiento del otro estarán siempre basados en la igualdad esencial de todos.
Es inaceptable que la mitad de los bolivianos, los no indígenas, estén en una subcategoría, y en lo que toca a derechos esenciales como la autodeterminación, o la propiedad sobre recursos naturales, estén por debajo, muy por debajo de las “naciones” indígenas. Peor que eso, se está creando un estamento de indefinición de ciudadanía, sumado al hecho de que las ciudades (más del 70 por ciento del total de la población del país) se convierten en una suerte de reservaciones, frente a los espacios del ámbito rural, no sólo poseedores de todos los derechos, sino también enredados en una serie insólita de entre siete y ocho categorías de organización jurisdiccional y territorial, que generará un caos que los autores de la actual Constitución no sueñan ni en sus peores pesadillas.
No es un asunto de nombres, sino de filosofía. Lo más penoso de todo es que la visión unilateral, radicalizada y técnicamente deficiente de los autores de esta incongruencia, negó desde el primer momento la posibilidad de compatibilizar República y reconocimiento de la pluralidad en niveles ya existentes, como queda demostrado en estas líneas, y en ampliación de derechos que eran perfectamente posibles sin romper la igualdad básica entre todos los bolivianos.
No se requerirá que pase mucho tiempo para comprobar este gigantesco desatino que pone en riesgo nuestra convivencia.
Jorge Tuto Quiroga Ramírez
Estado plurinacional anticonstitucional
“Con la excusa del ‘cambio’ y ‘descolonización con dignidad y soberanía’, se busca reducir a Bolivia a la condición de colonia del Gobierno de Chávez; en otras palabras, se quiere reemplazar a la República de Bolivia, soberana e independiente, por un Estado Plurinacional sometido a la influencia perniciosa y prebendal del chavismo.”
Generalmente, quienes planifican o perpetran atentados contra la vida y patrimonio de las personas se esmeran en borrar huellas e indicios.
Pero al redactar, suscribir, promulgar y aplicar el decreto supremo No 0048 que intenta reemplazar el denominativo oficial de la República de Bolivia por el de “Estado Plurinacional”, el Gobierno del Presidente Morales dejó la muestra más fehaciente de un autoritarismo inconstitucional que vulnera el Estado de Derecho y violenta los principios, garantías y libertades ciudadanas fundamentales de la democracia.
Para explicar los efectos de semejante atentado es necesario superar el análisis semántico de los términos en contraste y develar, con la ley en la mano, la intención política del Gobierno.
La norma presidencial en cuestión carece de sustento en la nueva Constitución Política del Estado y parece más bien impulsada por un afán mesiánico y descontrolado por arrasar con los principios republicanos de independencia de poderes, respeto a la ley y ejercicio de derechos ciudadanos que tan caro le han costado al pueblo boliviano en su incansable lucha contra las dictaduras.
Decimos que se trata de un decreto inconstitucional porque ignora el artículo 11, parágrafo I de la norma suprema que textualmente dice: “La República de Bolivia adopta para su Gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.
Ese texto constitucional que preserva el concepto de “República” es uno de los 147 artículos modificados en el consenso de octubre de 2008, logrado en el seno mismo del Congreso, pese al cerco y presiones violentas del MAS por imponer la denominada “Constitución de Oruro”.
Conciente de la intención de destrucción de la democracia que se ocultaba bajo la consigna de la “refundación de Bolivia”, la oposición también se aseguró de resguardar el concepto de “nación boliviana” como la “totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”, en el artículo 3 de la Ley de leyes.
Esa modificación dejó sin efecto la tentativa de desplazar a la “nación boliviana” como ente colectivo unificador para ser reemplazado por los términos “pueblo boliviano” que podían dispensar interpretaciones más dañinas que el decreto de marras.
Igualmente se frenó —al menos en el contenido del texto fundamental— la pretensión absolutista del MAS, cuando se estableció el principio de “independencia” de poderes en el artículo 12 de la nueva Constitución. Y como más vale prevenir que lamentar, se legisló el parágrafo III de ese mismo artículo que claramente dice: “Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre si”.
Al poner en vigencia el decreto que tergiversa la nomenclatura oficial de la República de Bolivia, el Gobierno manifiesta su apego a la “Constitución de Oruro” en desmedro de la voluntad popular que aprobó un texto constitucional diferente en el referéndum del 25 de enero.
Esta imposición gubernamental puede quedar reducida a la anécdota en comparación al daño real que sufrirá nuestra Patria si el MAS consigue, argucias mediante, prorrogarse en el poder con las elecciones de diciembre.
Detrás del rótulo de “Estado Plurinacional” el oficialismo esconde la intención de instaurar un régimen de Gobierno anticonstitucional que fomenta la corrupción, el narcotráfico y la confrontación, pero condena la libertad, la prosperidad y la fraternidad.
Con la excusa del “cambio” y “descolonización con dignidad y soberanía”, se busca reducir a Bolivia a la condición de colonia del Gobierno de Hugo Chávez; en otras palabras, se quiere reemplazar a la República de Bolivia, soberana e independiente, por un Estado Plurinacional sometido a la influencia perniciosa y prebendal del chavismo.
El Estado Plurinacional que el MAS quiere forzar, es un país frustrado por la crisis económica, condenado por una política cambiaria insostenible y agobiado por la criminalidad alimentada por el narcotráfico.
En la visión “plurinacional” del régimen, se viola la libertad de expresión, persigue la fe católica e instrumentaliza a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial.
Pese a las poses de aparente aceptación de la autonomía departamental, el Estado Plurinacional se nutre del centralismo absolutista y la usurpación de recursos necesarios para el desarrollo regional.
Concluyo con una advertencia y una reflexión. No es suficiente protestar o denunciar los propósitos políticos que acompañan el cambio del nombre de la República. La responsabilidad de salvar nuestra democracia y garantizar un devenir de convivencia pacífica y progreso, comienza con la construcción del nuevo padrón biométrico como certificado de elecciones limpias sin casos de votos duplicados o muertos resucitados que escamotearon la voluntad popular en pasados comicios.
Si entendemos que el 6 de diciembre no estará en juego la posibilidad de una candidatura, sino la viabilidad democrática e institucional de Bolivia, podremos redimir nuestra verdadera concepción de República: una República con generación de empleo, mercados competitivos, insumos energéticos y políticas económicas sensatas. Será una República con bienestar en lugar de crisis; con seguridad en las calles y sin cocaína en las escuelas; con instituciones limpias y confiables, sin “volteos” ni “fidecoimas”.
La arrogancia autocrática insistirá en la imposición de su Estado Plurinacional confrontacional y segregacionista, pero finalmente será la voluntad del soberano, el ciudadano, la que prevalezca y consolide Bolivia como una República con soberanía y alejada de cualquier petrotiranía; una República con nueve departamentos unidos, con descentralización autonómica e indeclinable vocación pluralista, incluyente, intercultural y democrática.
Fernando Untoja Choque
La metamorfosis estatal en tiempos de caos
Si existió «refundación del Estado Plurinacional», el 6 de agosto corresponde al Estado colonial y republicano, y si el Movimiento Al Socialismo (MAS) es coherente con su proyecto de sociedad y de Estado, no debía ocuparse en hacer ritos y mensajes, menos gastar recursos en desfiles militares y campesinos. Pues como la Constitución Política del Estado (CPE) actual ha sido el «juicio al Estado republicano», el Día de la Patria debe ser el 9 de enero. Quedando el 6 de agosto en el día de la infamia y del colonialismo. Sólo así tendría sentido la frase de la CPE: «Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal».
Las palabras clave del “proceso de cambio» son: «fundación de un nuevo Estado», «juicio al Estado colonial», «descolonización», «indígena-originario-campesino», «treinta y seis nacionalidades», «lucha contra la corrupción», «nacionalización de los recursos» naturales entregados por Gonzalo Sánchez de Lozada, «juicio a los neoliberales», etcétera. Palabras recogidas y rellenadas con un poco de retórica para dar forma a bases ideológicas y principios políticos inexistentes. El «proceso de cambio» debía empezar en algún punto; el pasaje hacia una concepción sindical de la política se ve confrontado a una serie de problemas que hasta el ascenso al poder del MAS, no había sido pensado ni imaginado.
La visión sindical en el MAS, en el Gobierno, no permite hacer una lectura global de las relaciones económicas y sociales y menos de las internacionales. Esto obliga a buscar referentes ideológicos e intelectuales: Cuba y Venezuela, hombres ligados a círculos intelectuales de la izquierda boliviana, o incubar y alentar el racismo.
Sólo a partir de ese momento se habla del proyecto institucional y del tipo de sociedad, lo que obliga a reordenar las palabras claves del «proceso de cambio». Sin la noción de «descolonización», difícilmente podía entenderse la fundación de un «nuevo Estado». Pero, problema: ¿quién debe ser descolonizado? ¿Los cocaleros?, ¿los campesinos?, ¿el citadino? o ¿la gente del entorno de Evo Morales?; las interrogantes son resueltas con la acuñación del término «los indígenas». Ante lo vago de la respuesta y la falta de coherencia, importa poco el sentido de esta palabra, más bien se agregará el «originario y campesino», todo esto permite que los campesinos asuman jugar el papel de «indígenas», y que en el mundo exterior ello se venda como la «cosa» más exitosa por su carácter exótico.
Entonces el colonizado es el «indígena-originario-campesino», nadie sabe la diferencia entre ellos, la tarea es descolonizar, y la única forma de hacerlo es movilizar campesinos y exponer a los organismos internacionales el proyecto descolonizador.
Pero no sirve para fundar un «nuevo Estado». Este vacío será llenado por «36 nacionalidades» imaginadas; son éstas las que deben ser fundadoras y actoras en el nuevo Estado. Para los intelectuales del MAS, poco importa diferenciar «indígenas» de «naciones», todo cabe en una bolsa. Mientras que palabras como nacionalización de los recursos naturales, juicio a los neoliberales, lucha contra la corrupción son propuestas recogidas y rellenadas, que con retórica sirven para dar forma a las bases ideológicas y principios políticos en formación.
La descolonización sólo puede ser realizada a través de un gran acto político, la Asamblea Constituyente. La fundación de un nuevo Estado debe «reconocer a los pueblos indígena-originario-campesino», proposición que convence a los campesinos y los opositores al Gobierno en el Parlamento. El pensamiento y la concepción dualista de las cosas es compartida entre los intelectuales (derecha) del «viejo Estado» y los pensadores (izquierda) del «nuevo Estado». Imaginan y comparten que están construyendo un nuevo Estado. Así se camuflan las relaciones de dominación para mantener los privilegios de los grupos de poder en el Estado.
Es la razón por que la Constituyente «descolonizadora», de carácter «originario», termine en manos del poder constituido según reglas de negociación, en contradicción con los enunciados y artículos de la Constitución aprobada en enero de 2009.
El Estado, como nunca, se halla en una crisis al interior de su estructura: la pugna es entre sus órganos. Lo que se ve en perspectiva es el retorno a la violencia entre rivales, el acto del sacrificio ronda nuevamente en esta metamorfosis donde la lógica de la destrucción y la posibilidad de institucionalización se encuentran en el caos social, político y de mentalidades. La descomposición de la institución pone en la mira al Uno o alguien; cuando el caos deviene cada día más fascinante, las justicias comunitarias se multiplican contra los adversarios y opositores políticos.
El proceso triturador, hoy convertido por los rivales en el campo de guerra para concretar el «empate catastrófico», está en plena marcha; la sociedad civil es victima de la rivalidad de autoridades del Estado, quienes confunden función y propiedad de poder. Por eso el Uno del Ejecutivo está a punto de proclamarse Emperador o Inka; los otros (los prefectos), desde las regiones ya envían mensajes y proclamas de Gobernadores. Se pasa del campo de batalla social a la territorialización de la violencia, donde los poderes se enfrentan con pretextos y simulaciones, y ocultan la incapacidad de concebir un proyecto de sociedad.
Pero todo ciudadano sabe que los prefectos son autoridades o funcionarios del aparato de Estado, ¿por qué entonces prestarse al juego perverso del Gobierno y los prefectos? Es la crisis en los órganos del Estado que arrastra a fracciones de la sociedad al fanatismo, intolerancia, violencia. Aparte, poco a poco la fascinación de lo indígena, lo originario, desaparece en el lenguaje masista en el poder (lo que debe preocuparnos). Esto podría indicar y confirmar que lo indígena fue sólo un pretexto; en muchas ocasiones denunciamos que lo «indígena sólo era para ocultar la metamorfosis del Estado colonial y para engañar a los «indios». El populismo en su versión indigenista, ahora declarada marxista leninista, apunta a imponer la reciente CPE sin tomar en cuenta si ésta tiene la fuerza de institucionalizar el país. ¿Qué significa esta determinación simultánea y contradictoria de poderes al interior de la estructura del Estado?
Algunos dirían que son los tiempos de «cambio», de revolución, tiempo de los «indios»… la venganza de los 500 años. Otros denuncian al centralismo de ser responsable de los males. Pero ningún grupo es capaz de plantear una propuesta de reorganización del Estado para el siglo XXI.
Para nosotros, la crisis al interior de la estructura del Estado boliviano expresa la incoherencia en la lógica estatal desde sus origines, la norma en el funcionamiento fue siempre la des-institucionalidad del aparato del Estado; los grupos de poder económico y político de turno se sirvieron de esta falta de coherencia para expoliar y someter al pueblo con propaganda política. La des-institucionalidad es también consecuencia de la falta de un proyecto político serio y coherente, y expresa poco conocimiento de los saberes del poder en los grupos políticos que detentan el ejercicio de esa función.
La excesiva ideologización ha hecho que los gobernantes hayan olvidado la racionalidad del Estado; la acción de gobernar quedó reducida a la pura propaganda política, que no sólo distorsiona la lectura de la realidad, sino termina imponiéndoles la imagen de que «el país ha progresado», que el «cambio ha reducido la pobreza», cuando en el fondo es la metamorfosis y reacomodo al interior del Estado de las fuerzas tradicionales.
Mientras no se comprenda la relación entre mentalidad e institución, la tradición política seguirá entre posiciones de izquierda y derecha y de nada servirá el cambio de nombre al Estado, cuando éste en lugar de fortalecerse entra en una descomposición. Es en esa tradición que se debe entender el indigenismo convertido hoy en una posición demagógica que se encubre de marxista leninista. En esta simulación de cambio para el poder, el pueblo fanatizado seguirá asistiendo a los desfiles, cada gesto del déspota será vivido como «acto histórico». Este ejercicio es vital para el poder, pues es la única forma de mantener movilizados para arremeter a «los enemigos y traidores de la patria», los neoliberales se transforman en socialistas, neo-oligarcas, acaparan fortuna por donde pueden y para ocultarlo reparten «bonos a los indigentes».
En la crisis institucional son las partes de la estructura del Estado que se ven enfrentadas. Entonces, ¿cómo entender la rebelión de los prefectos? Personajes del Gobierno califican el comportamiento de éstos como «actos de subversión», pero la visión y la fuerza del Estado quedan en el discurso y no hallan fuerza para usar la Ley y menos la fuerza de la razón de Estado. ¿Es debilidad, temor, o sabiduría del gobernante? ¿O es sólo la ignorancia en el conocimiento del principio de autoridad?
Mientras esto ocurre en el Ejecutivo, las partes del poder estatal en los departamentos (los prefectos) no hallan opciones de respuesta para recomponer la institucionalidad; entonces, Bolivia está en una situación perversa donde las relaciones de fuerza toman posicionamientos muy peligrosos para la sociedad civil, generan tensiones, odios raciales, son relaciones que apuntan al control del Estado. Y el Gobierno no tiene la capacidad de administrar el Estado: cuanto mas débil se siente en el poder, más se recrudece la violencia.
Víctor Hugo Cárdenas Conde
Instrumento de un proyecto autoritario
“Es altamente valorable el reconocimiento de la naturaleza pluricultural y multiétnica de Bolivia, proceso iniciado en la reforma constitucional de 1994, pero es inaceptable su actual instrumentalización para un proyecto antidemocrático y autoritario que crea doble ciudadanía: una con mayores derechos (los indígenas) y otros con menores derechos (mestizos y afrobolivianos) sólo para el predominio de una utopía estatista”
En términos generales, el sueño republicano significa la preocupación del bien común, más allá de los intereses particulares o de grupo. Un gobierno republicano, por ejemplo, es y debe ser un gobierno de todos y para todos, preocupado por el bien de todos. Las relaciones sociales, en una realidad republicana, deben fundamentarse en la ley, en la norma, lejos de la arbitrariedad, donde lo público debe ser una preocupación cotidiana de la ciudadanía. La búsqueda del bien común y la prevalencia de la ley deben convivir con la búsqueda de la igualdad en un ambiente de libertad. Si fuera necesario, el Estado republicano debe fomentar acciones de discriminación positiva para avanzar en la búsqueda de la igualdad y equidad social, étnica, cultural, de género y generacional. Esto significa igualdad de derechos y deberes, no la doble ciudadanía que propone la Constitución del MAS. Al mismo tiempo, es parte del sueño republicano el reparto equilibrado de poderes y su independencia con autoridades electas mediante el voto popular, en elecciones libres y limpias apoyadas en una selección de los ciudadanos más meritorios.
Estas condiciones son del Estado de Derecho y del sistema democrático, es decir, de la forma republicana de organización política. Constitución, leyes y normas que regulen las relaciones entre el Estado y la sociedad, no el capricho de los gobernantes, por más indígenas que sean. Democracia significa un sistema de gobierno que frene e impida cualquier tipo de dictadura, incluso aquella denominada “voluntad de la mayoría del pueblo” cuando se desconoce la justicia, la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley. La clave está en la división de poderes para impedir acciones de acaparamiento y concentración de facultades como pretende en Bolivia el actual gobierno.
Al decidir el cambio de nombre republicano por el de Estado Plurinacional de Bolivia no sólo se cambia el nombre institucional sino toda la documentación pública y privada, la identificación personal, los documentos de propiedad, las relaciones a nivel internacional y todos los ámbitos del ordenamiento político e institucional del país. También afecta a la documentación privada, a los documentos de identidad, de propiedad, títulos de bachiller, títulos profesionales, certificados profesionales, nombres en Institutos, centros de formación y educación, escuelas, colegios y universidades. Incluso, Evo Morales ya no sería presidente de la República de Bolivia sino del Estado Plurinacional. Al parecer no interesan los costos. Pero, en el fondo, es un cambio en el papel, no en la realidad. Este intento de cambio durará lo que dure el actual gobierno. Es una muerte republicana en el papel o como dice Humberto Vacaflor: “La muerte de la República de Bolivia ha sido decretada por el MAS en un caótico documento que decidió llamar Constitución Política del Estado” (“El sepelio de la República”, junio 2009).
Esta pretensión es el fruto de un afán fundacionalista y contradictorio de los ideólogos del MAS. Veamos, por ejemplo, esta explicación incoherente: “En el fondo se tiene que entender el cambio de un Estado republicano a uno plurinacional. Esto no significa que hayamos dejado de lado a la República” (Wilfredo Chávez). Será muy difícil que el próximo decreto reglamentario aclare esta confusión. Esta es una forma torpe de negar casi dos siglos de construcción, con luces y sombras, de una comunidad política nacional.
Esta pretensión y la formulación de la nueva Constitución Política del Estado significan que el gobierno no entiende el juego complementario entre la diversidad y la unidad de Bolivia. Su visión ideologizada desconoce la naturaleza plural de la historia boliviana. La nueva Constitución, al destacar, por ejemplo, las 36 naciones y pueblos indígenas y minusvalorar la república boliviana, recoge sólo la dimensión de la diversidad regional, territorial, étnica y cultural y desprecia la dimensión de la unidad de la nación y república bolivianas. Además, el texto constitucional ruraliza la presencia plural indígena cuando menciona naciones y pueblos indígenas campesinos. ¿Y los pobladores indígenas de las ciudades? En el fondo, lo diverso está en el instrumento de la institución estatal (estado plurinacional) pero no en la naturaleza de la nación (nación boliviana, plural y diversa).
Estas y otras razones inviabilizan la concepción fragmentarista y desconocedora de la república de Bolivia. Es inviable porque desconoce la naturaleza de la sociedad pluricultural boliviana y sólo tiene una lectura ideologizada en función de un proyecto totalitario, estatista y de la consagración de la discrecionalidad. Al desconocer la naturaleza republicana, no pueden proponer una forma sustitutiva aunque afirmen que “Cualitativamente, ha habido una superación y se está ahora hablando en términos correctos de un Estado, no dejamos la República de lado”. No entienden qué es un Estado y qué, una República. ¿Alguien lo duda? Veamos la siguiente declaración: “Hay un falso debate en el sentido de que Bolivia es y será un Estado Plurinacional y su forma de gobierno interna será una República” (Wilfredo Chávez).
Es altamente valorable el reconocimiento de la naturaleza pluricultural y multiétnica de Bolivia, proceso iniciado en la reforma constitucional de 1994, pero es inaceptable su actual instrumentalización para un proyecto antidemocrático y autoritario que crea doble ciudadanía: una con mayores derechos (los indígenas) y otros con menores derechos (mestizos y afrobolivianos) sólo para el predominio de una utopía estatista, racista al revés y manipuladora de los intereses históricos de los pueblos indígenas.
Un Estado boliviano basado en la diversidad
José Luis Gutiérrez Sardán
El cambio de nombre de República a Estado Plurinacional de Bolivia es de trascendencia, porque profundiza el concepto de república en el sentido jacobino. ¿Qué es lo que planteaban los jacobinos de la Revolución Francesa? Que esa república que pretendía ser coptada por los que se consideraban ser los únicos representantes, es decir por la burguesía representada en el «Tercer Estado», escuche al pueblo e incluso tenga sus propios representantes y no solamente los que se encontraban en el censo de los que pagaban sus impuestos (democracia censataria o restringida). Esa forma de república liberal determinó que «el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes»; el reclamo jacobino, que el pueblo que había hecho posible la revolución dirija la república, es decir incluir a los excluidos.
El Estado Plurinacional no niega el concepto de República, por el contrario la incluye y profundiza por la representación y participación directa del pueblo en asambleas, cabildos, referendos, plebiscitos y elección directa de servidores públicos en los máximos cargos de los órganos del Estado. El Estado Plurinacional es la república de los pobres y excluidos. En ese sentido, más allá de su nominación formal como República (del latín res/publicus, «cosa pública»), Bolivia deja de ser mina o hacienda de pocos y es patrimonio de todos los bolivianos. El concepto de República está presente en la forma de organización democrática, en la separación de los órganos del Estado (se cambia la denominación de éstos, porque el poder es el pueblo) y sobre todo por la presencia de los excluidos. Todo tiene relación con esta profundización del sentido republicano del Estado Plurinacional.
La crisis de la República en la economía de la plata y del «pongueaje», posteriormente liberal del estaño y, finalmente, la República entregada a las transnacionales del neoliberalismo se expresó en la «feudalización» y reparto de los «poderes» en cuotas a cambio de respaldo al gobierno de turno. Verdadera separación de poderes no tuvimos. La construcción del Estado Plurinacional tiene el desafio de una verdadera separación de funciones en los órganos del Estado, donde la separación no signifique competencia de intereses políticos contrapuestos, sino por el contrario, altos grados de coordinación, cooperación y no bloqueo a las funciones de cada órgano del Estado.
¿Que ahora los indígenas van a discriminar? No es y no puede ser así, aunque es natural que el Estado atienda al que más necesita, incluso en muchos casos al que necesita ser defendido frente a la agresión del poderoso, del que estuvo siempre gobernando o del que tiene los medios para ejercer el poder. El Estado Plurinacional tiene que profundizar mecanismos de verdadero equilibrio en las relaciones entre los bolivianos, es natural que los que se compraban «curules» en el Parlamento o los ministerios pueden sentirse discriminados. El Estado Plurinacional garantiza a los empresarios su participación en las formas de representación que brinda el pluralismo político.
La nación Estado o el Estado nacional constituye una visión monista de la sociedad: una clase social, una economía, un idioma, una religión, una cultura, una nación. Para esta visión es necesario homogeneizar a los bolivianos, terminar con la diversidad política, económica, cultural, religiosa, idiomática. En esta perspectiva se preguntan: ¿Que Bolivia no ha construido nación y no está preparada para ser un Estado Plurinacional? Construir una nación es construir una hegemonía de un grupo o de una cultura única de la sociedad; quienes plantean que hay que construir un Estado nacional o una nación, nos dicen en realidad que hay que acabar con las otras culturas y crear una cultura única, un idioma único, sin tomar en cuenta las otras formas de ser y de pensar. Puede haber incluso un discurso político que pretende justificar una crítica (sin fundamento) a una realidad que es nuestra diversidad y ésta tiene a la vez mecanismos de suficiente concreción en la conformación de los actuales cuatro órganos del Estado Plurinacional previstos en la Constitución, lo que permitirá su vigencia sin desmedro de ninguna cultura.
Para hacer realidad el Estado Plurinacional en beneficio de la democracia es necesario el desarrollo normativo de la Constitución; pero, lo más importante es el desarrollo cultural, de nada sirven normas dictadas por los órganos competentes si el pueblo no las cumple, si no se internalizan en la conciencia de las y los bolivianos, es por ello necesario desarrollar ciertas prácticas culturales, para terminar con la desconfianza entre nosotros. La tolerancia tiene que ser una expresión cultural y el que se moleste con las otras formas de pensar debe ponerse en el lugar del otro. Entonces, quizá lo más difícil de este proceso es quitarnos los prejuicios. Que nadie que pertenezca a un grupo social se sienta superior a otro, esas formas de exclusión y discriminación deben ser echadas en el basurero de la cotidianidad, de otra manera lo único que se genera son ambientes de intolerancia, de prejuicios, de susceptibilidades y de desconfianzas a niveles extremos. La implementación del Estado Plurinacional que incluye el carácter republicano en el sentido jacobino, al que nos hemos referido, es y debe ser una construcción cultural.
La República esta subsumida en el Estado Plurinacional, que tiene como fundamento el pluralismo: en lo político con el reconocimiento de formas propias de deliberación, gobierno y representación democrática, que enriquece y fortalece a la democracia expresada en el voto y en las urnas; en una economía comunitaria, cooperativa y privada, es claro que en este nuevo Estado Plurinacional no se puede ni se debe permitir que «nadie escupa sangre para que otro viva mejor»; el pluralismo social y cultural se expresa en idiomas, religiones y culturas, que en toda su diversidad y riqueza representan objetivamente lo que somos los bolivianos sin exclusión y menos discriminación. Entonces, lo importante no es la denominación, sino lo que es Bolivia, cómo se organiza y qué estructura tiene. Es así que el nuevo Estado Plurinacional y Comunitario tiene como base la realidad concreta y objetiva de nuestra diversidad, no solamente cultural sino en todos los elementos que hacen a lo plurinacional; pueblos y naciones que son la base de la organización del nuevo Estado. En las elecciones generales de diciembre veremos profundizada esa presencia plurinacional. Esa es la República en el Estado Plurinacional.
Jorge Lazarte Rojas
Reacción contra la República
“Ni siquiera los fundamentalistas chiítas del Irán fueron tan lejos en su revolución, y optaron por República Islámica. Tampoco los bolcheviques se atrevieron a esta suerte de nihilismo político”
“El haber reemplazado la República de Bolivia por ‘Estado Plurinacional de Bolivia’ expresa en lo profundo una concepción diametralmente opuesta de la democracia. La ‘República’ moderna es la de los ciudadanos, mientras que el ‘Estado Plurinacional’ es la de las etnias”
Probablemente a poca gente se le hubiera ocurrido pensar de que fuera posible que el Gobierno del MAS fuera tan lejos en su «proceso de cambio», hasta borrar por decreto uno de los pocos símbolos políticos universales, que es la «República». Ni siquiera los fundamentalistas chiítas del Irán fueron tan lejos en su revolución, y optaron por República Islámica. Tampoco los bolcheviques se atrevieron a esta suerte de nihilismo político. ¿Cómo puede explicarse que el Gobierno y el Movimiento al Socialismo (MAS) se declararan contra la «República»?
Como se sabe, la «república» emergió en Roma en contraposición a la monarquía. La «república» es «res-publica» (literalmente «cosa pública»), y alude al ámbito de lo «público» en oposición a «regnum», propiedad del «rex» (res privata). Con ello se configura la idea de lo «común», asociado a «populus» («cosa del pueblo»), como fuente de legitimidad. El servicio a la «cosa pública» se convertirá luego en una virtud republicana.
Este sentido esencial se conservó en las «repúblicas» italianas del renacimiento, y adquirió toda su fuerza con la Revolución Francesa, que lo universaliza, asociándolo y ampliándolo con la idea de libertad e igualdad. A su vez, la independencia americana reivindicó la «república» contra la monarquía, y de la descolonización española nacieron las actuales repúblicas. En la actualidad, la «república» está imbricada, así sea simbólicamente, con principios democrático-institucionales como la separación de poderes y la soberanía popular. El nuevo republicanismo de importantes analistas y pensadores políticos está profundamente impregnado de esta tradición republicana.
Bolivia nació como «República» y fue el consenso político nacional más importante y profundo desde su fundación en 1825 hasta el presente. Contra toda esta tradición «republicana», en el MAS tomó cuerpo una corriente que optó por eliminar, sin ninguna explicación aceptable, la «republica», poniendo en su lugar «Estado Plurinacional», como si fuera el equivalente de tamaña amputación.
Sin embargo, el MAS no siempre fue anti-republicano. En las resoluciones de su V Congreso de 2001 o en las complementaciones del 2003, no se constata nada que tenga que ver con una hostilidad a la «república». Tampoco hay nada en sus «Programa de gobierno» del 2002 y el 2005, que suponga la eliminación de la «República» como cualidad política de Bolivia. Al contrario, y sorprendentemente, en el documento Refundar Bolivia (2006), que fue la propuesta del MAS para la Asamblea Constituyente (AC), se reivindica la «república» y se fija como un objetivo central la «conformación de una República».
El anti-republicanismo emergió en la Asamblea Constituyente, y se reforzó en la etapa postconstituyente. Este anti-republicanismo fue oficializado en los documentos presentados por el MAS en la Comisión Visión de País, cuya subcomisión de «Juicio al Estado Colonial» (que fue a la vez un «enjuiciamiento» contra el «Estado Republicano» y contra la «República», presentados como continuación del colonialismo), aprobó una «sentencia política y moral» por los «crímenes cometidos».
Este sentimiento y resentimiento fueron reforzados en el preámbulo del proyecto constitucional de Oruro, que declaró al Estado «republicano» cosa del «pasado». El coronamiento de esta cruzada fue la eliminación de toda referencia a la «republica» en este proyecto.
El acuerdo congresal de octubre de 2007 —presentado como ejemplar por una parte de la cooperación internacional—, repuso la palabra «república» en un artículo perdido, sin atreverse a declarar que Bolivia es una «República», o que tiene una forma republicana de gobierno.
Esta concesión verbal fue más tarde revertida por el Gobierno mediante un decreto supremo de marzo último que dispone que toda documentación oficial y privada, lleve el denominativo de «Estado Plurinacional de Bolivia», con lo que se remata la eliminación de la «República», que ciertamente será también de la moneda, los timbres de correo, documentos de identidad…
Sin lugar a dudas en este proceso contra la «República» hay varios factores explicativos. Está ciertamente el desconocimiento casi absoluto de que Bolivia pueda ser una «República», que amalgamada con el «neocolonialismo» ha facilitado su transformación en blanco de resentimientos colectivos. Está la confusión entre forma de organización estatal con forma de gobierno, y peor aún, con gobernantes. Es el fundamentalismo arcaizante que condena el pasado más próximo en nombre de un pasado mítico.
Está también la persistencia de un profundo anti-occidentalismo, que curiosamente se nutre de argumentos occidentales para condenar la civilización occidental. Y para el caso de la AC, la presencia de inspiradores extranjeros, particularmente españoles —muchos de ellos más indigenistas que los mismos representantes indígenas—, que sintonizaron con «intelectuales» masistas hiperideologizados, que hoy se piensan como los faros de la «revolución descolonizadora».
Con la desaparición de la «República» desaparece a la vez el único consenso básico que existió desde 1825. Este es el pesado tributo a los hombres de poder que en su suprema arrogancia imaginan que están creando un nuevo mundo y haciendo una nueva historia a partir de «raíces» que se hunden en los «tiempos inmemoriales». El haber reemplazado la República de Bolivia por «Estado Plurinacional de Bolivia» expresa en lo profundo una concepción diametralmente opuesta de la democracia. La «República» moderna es la de los ciudadanos, mientras que el «Estado Plurinacional» es la de las etnias. Mucho de lo que se hace en la «revolución democrática y cultural» podría ser folklórico si no fuera por su dramatismo.
Gustavo Rodríguez Ostria
Del republicanismo a la plurinacionalidad
“¿La nueva Carta Magna sancionada este año implica la desaparición de sentido republicano proclamado desde la Constitución de 1826? En principio no, pues podrían avenirse, con territorios delimitados, dos sistemas políticos y culturales. Finalmente la idea no es nueva… Sin embargo, el mayor obstáculo (y peligro) es que la plurinacionalidad esconda pretensiones de hegemonía y supremacía del mundo indígena, (auto)concebido como un movimiento redentor e iluminista, a la manera de la clase obrera en los programas de los años 60. En tal caso, dará curso a un Estado monocultural, aunque de signo distinto al que empezó a estructurarse en 1826”
La Constitución de 1826, la primera con la que contó Bolivia, no impuso un régimen de apartheid; pero exigió que el mundo indígena se disolviera cultural y políticamente como condición para adquirir ciudadanía. La Carta Magna se forjó en base a los principios liberales y proyectó la construcción de una nación, al estilo francés, con la intención de opacar y disolver las diversas identidades. Los «padres de la patria», en consecuencia, manifestaron una profunda aversión a la diversidad, y pugnaron por una nación uniforme. Crearon dispositivos legales, económicos y culturales y a nombre del orden y el progreso capitalista, arremetieron contra «cholos e indígenas», la mayoría poblacional del país, identificados con la «barbarie». La batalla cultural alcanzó tanto a las ciudades (supresión de fiestas, bailes y música indígena de los espacios urbanos) como al territorio agrario, lucha contra las comunidades indígenas y su intento de transformarlas en haciendas o pequeñas propiedades campesinas. O, en el caso oriental, expansión del latifundio, a costa del territorio indígena. Las rebeliones de Apiaguaiqui-Tumpae entre los guaraníes o de Zárate Willka, entre los aimaras, fueron sendas respuestas en un intento de reposicionar las relaciones étnicas y definir fronteras culturales y políticas, en las que cada cual pudiera ejercer sus derechos de manera diferenciada. La derrota de ambas, volvió a colocar en marcha el proyecto aristocrático. Sin embargo el temor producido por la belicosa presencia indígena, condujo a un endurecimiento de las políticas de supresión de la otredad y salvo en algunas regiones, Cochabamba, se tendieron puentes que toleraran los vínculos entre personas de distintas filiaciones étnicas.
Fue precisamente sobre esta extendida experiencia de mestizaje que se forjó desde Cochabamba y por intelectuales nacionalistas y marxistas el proyecto del Estado de 1952, y su afán de promover la confluencia y el ideario de lo boliviano, como una fusión entre el mundo blanco/criollo y el indígena. El marco e impulso lo constituyó el voto universal, que introdujo la ciudadanía sin otra condición que la edad y la expansión del sistema escolar en castellano. Otro factor asociado fue una (re)lectura de la historia y la iconografía asociada a ella, que comenzó a incorporar como parte del pasado «nacional», aunque solamente como antesala a la gran «historia patria» iniciada en y por la Guerra de la Independencia. A no dudar, nació entonces el intento más serio de organizar a Bolivia como una «nación imaginada» (B. Anderson), cuyo correlato fue la Constitución de 1967. No hay que subestimar empero sus efectos integradores y su potencial de crear referentes e identificaciones uniformes y unitarias, aunque haya perdido peso en el discurso oficial acusado de ser monocultural, aunque disfrazado.
Sus limitaciones, y la existencia de una nación clandestina (J. Sanjinés), comenzaron a evidenciarse con fuerza a fines del siglo pasado, principalmente desde la arremetida del mundo aymara, que ya había encabezado las rebeliones generales de 1780/81 y de 1899. Enarboló éste, el reconocimiento de la pluralidad. La propuesta adquirió centralidad durante la Asamblea Constituyente y se transformó, pese a los remiendos que intentó la oposición, en el núcleo duro de la nueva Carta Magna sancionada este año. ¿Implica la desaparición de sentido republicano proclamado desde la Constitución de 1826? En principio no, pues podrían avenirse, con territorios delimitados, dos sistemas políticos y culturales. Finalmente la idea no es nueva. Ya estaba expresaba en las «dos Repúblicas» que imperaron en el mundo colonial, en las reflexiones de Nina Quispe en los años 30 del siglo XX y en los hechos, bajo distintas figuras más o menos toleradas, hemos vivido en coexistencia, bajo la sombra del republicanismo. Sin embargo, el mayor obstáculo (y peligro) es que la plurinacionalidad esconda pretensiones de hegemonía y supremacía del mundo indígena, (auto)concebido como un movimiento redentor e iluminista, a la manera de la clase obrera en los programas de los años 60 del siglo pasado. En tal caso, dará curso a un Estado monocultural, aunque de signo distinto al que empezó a estructurarse en 1826.
“La Constitución de 1826 no impuso un régimen de apartheid; pero exigió que el mundo indígena se disolviera cultural y políticamente como condición para adquirir ciudadanía. La Carta Magna proyectó la construcción de una nación con la intención de opacar y disolver las diversas identidades”
Alcides Parejas Moreno
La República de Bolivia
“La cultura americana no es europea ni india: es mestiza, es una nueva manifestación que hunde sus raíces en América y Europa. Sin lugar a dudas uno de los mayores dramas que sufre nuestro continente es asumir plenamente esta realidad, nuestra condición de mestizos, que es donde radica nuestra fuerza”
España trajo a América —a través de la espada y de la cruz— la cultura europea, que es producto de la cultura greco-latina que se cristianiza y que toma elementos de cada región del Viejo Mundo. Los conquistadores, por tanto, ya sean civiles o clérigos, son portadores de la cultura europea, pero a través de la óptica hispana. Para poder llevar adelante su cometido el conquistador usa la fuerza, pero para poder sobrevivir en este nuevo medio, absolutamente desconocido y hostil, va a tener que recurrir a las culturas de los pueblos con los que se enfrenta. Por tanto, en cierta forma este conquistador que impone por la fuerza su cultura, con todo lo que esto trae consigo, resulta siendo «conquistado», dando así lugar a un proceso de aculturación, tal vez el más grande de la historia de la humanidad.
La cultura americana no es europea ni india: es mestiza, es una nueva manifestación que hunde sus raíces en América y Europa. Sin lugar a dudas uno de los mayores dramas que sufre nuestro continente es asumir plenamente esta realidad, nuestra condición de mestizos, que es donde precisamente radica nuestra singularidad, nuestra fuerza. En 1970 el mexicano Carlos Fuentes escribió una bella obra de teatro que sugestivamente tituló Todos los gatos son pardos. En una forma poética y realista el autor relata el choque entre dos mundos a través de dos de sus principales protagonistas, Hernán Cortés y Moctezuma. La obra se cierra con un parlamento de Marina, la Malinche, la india que fue dada a Cortés y se convirtió en su amante. Cuando está dando a luz grita: «…adorado hijo mío, sal ya… cae sobre la tierra que no es mía ni de tu padre sino tuya… Tú, mi hijo, serás mi triunfo: el triunfo de la mujer…» Para Fuentes, América es la mujer, el ser capaz de engendrar y dar a luz la vida; el ser mestizo que da a luz —no importa si fruto de la violación o no— es su triunfo, porque es un ser nuevo que heredará la tierra que fue hollada por su padre y era posesión de su madre.
Bolivia, como el resto de América, es fruto de un proceso que se inició a partir del momento en que esta tierra fue violada por el invasor. Un proceso largo y doloroso en el que ha habido momentos negativos y tenebrosos, pero también de gran luminosidad y creatividad ¿Cuál es la situación actual de este proceso? Para responder a esta pregunta recurro a un término inventado por el investigador mexicano Miguel León Portilla, quien a su vez lo toma de la lengua náhuatl: nepantlismo, que significa “quedar en medio”. Primero la anécdota: se trata de la respuesta de un sabio náhuatl de mediados del siglo XVI cuando le reprende Fray Diego Durán por su comportamiento, señalándole incluso que estaba en desacuerdo con las costumbres y moral indígenas. El viejo sabio indígena respondió: «Padre, no te espantes pues todavía estamos nepantla», es decir en medio, o como añadió luego, «estamos neutros».
Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX empezamos a dejar de estar nepantla. En esa época empezamos a mirarnos al espejo para encontrarnos, conocernos. En un primer momento no nos gustó lo que el espejo estaba reflejando, pues los que nos creíamos «indios puros» nos dimos cuenta que no había tal pureza; otro tanto ocurrió con los que soñábamos con ser «europeos». Pero poco a poco —gracias fundamentalmente a los estudios académicos que se habían empezado hacer sobre nuestra cultura— fuimos descubriendo que si bien no tenemos en Bolivia a un Miguel Ángel o un Velázquez, sí tenemos a Melchor Pérez de Holguín o al Maestro de Calamarca; que si no teníamos a un Vitrubio o un Churriguera, contamos con una gran cantidad de «arquitectos» indígenas y mestizos; que tenemos maestros de la palabra como Otero Reiche o el mestizo Franz Tamayo; que el magnífico pincel de Cecilio Guzmán de Rojas nos ha situado en el mapa de la cultura internacional; que el Carnaval de Oruro es mucho más que una simple muestra de folklore; que, gracias a las investigaciones de Posnansky y otros podemos empezar a vislumbrar lo que fue la ciudad prehispánica de Tiwanaku; que, a través de las fotografías de don Plácido Molina, hemos empezado a descubrir las misiones chiquitanas; y un interminable etcétera. Gracias al descubrimiento de nuestra imagen empezamos a hablar de la «cultura boliviana» y eso aumentó en gran medida nuestra autoestima.
De pronto, cuando nos adentrábamos en el siglo XXI los bolivianos empezamos a recibir un nuevo discurso que nos dice que la imagen que hemos visto reflejada en el espejo es producto de la colonización; se hace necesario un proceso de descolonización que nos llevará a un gran ayllu aymara en el que todos viviremos felices. La descolonización que nos están proponiendo no es otra cosa que la negación de nuestro pasado; a cambio de ello se está en plena construcción de nuestro pasado indio que excluye todo lo que pueda tener la más mínima sospecha de ser producto del mestizaje. Los descolonizadores —ya sea los que trabajan activamente en el proyecto, nacionales o extranjeros, o los que simplemente miran desde un cómodo palco y callan— pueden tener éxito, pues cuentan con una arma casi invencible: la imposición de medidas por decreto, como ocurrió el 18 de marzo de 2009, cuando el Decreto Supremo Nº 048, cambió de nombre a nuestro país.
“La descolonización que nos están proponiendo no es otra cosa que la negación de nuestro pasado; a cambio de ello se está en plena construcción de nuestro pasado indio que excluye todo lo que pueda tener la más mínima sospecha de ser producto del mestizaje”
Estado y lucha social, política y democrática
César Navarro Miranda
“La cualidad de la nueva Carta Magna no es la reforma, sino la transformación; así el viejo Estado es transformado democráticamente dejando atrás las estructuras institucionales del neocolonialismo. La filosofía del nuevo Estado es lo Plurinacional Comunitario. El artículo primero define filosóficamente al nuevo Estado, pero no niega la tradición republicana de organización política estatal”
La fundación de la República de Bolivia es un parto libertario, pero confiscado por los criollos neocoloniales vinculados a los poderes militares, económicos de la tierra y de la minería. Esta confiscación derivó en la constitución del Estado que privilegia en el poder político a una élite que simultáneamente es propietaria exclusiva de la tierra, de los yacimientos mineralógicos; mientras al otro lado, los plebeyos son los brazos explotados en condición de siervos sin ningún derecho civil, político y social, con la única condición de ofertar su mano de obra.
Los Estados en el mundo, y el nuestro, son producto de la lucha de clases y de la constitución hegemónica de una clase social económicamente fuerte sobre la totalidad de la sociedad. Esta hegemonía política y económica reprodujo sistemáticamente la explotación de los recursos naturales, de la tierra y del hombre; también instituyó y reprodujo el neocolonialismo que se constituyó en una institucionalidad estatal-cultural de dominación y negación de nuestra identidad plural de nacionalidades subsumidas al poder estatal liberal y neocolonial.
Es así que la dominación, explotación, saqueo y negación de la plurinacionalidad se constituyen en causas de la lucha social, política, cultural y territorial de los plebeyos contra el Estado y sus élites.
La Asamblea Constituyente de 1825-1826 asumió el concepto «República» en el artículo tercero de la Constitución bolivariana, hacía referencia a la división territorial de cinco departamentos e igualmente a la forma de gobierno en el artículo octavo; es decir, el modelo republicano liberal fue adoptado por el nuevo Estado boliviano, ello implicaba la división de poderes (cuatro), que modificó sustancialmente la organización política de los territorios coloniales y a su vez constitucionalizó el poder neocolonial estatal. La condición de clase de los territorios coloniales y del nuevo Estado estaba estructurada en función de los grupos económicos de poder coloniales y luego neocoloniales; o sea, la naturaleza de clase se mantuvo.
El modelo republicano asume la democracia como base de organización de los poderes, inicialmente restringida a la élite, y la ampliación de la ciudadanía sin restricciones en la Revolución de 1952 igual tenía su límite: democracia representativa vinculada exclusivamente a los partidos políticos.
El Estado y su organización son una permanente transformación dialéctica y están íntimamente ligados a la disputa del poder entre grupos de la clase dominante o la lucha de clases. Nuestro Estado ha ido transformando su organización en función de las élites políticas, económicas, militares y en la Revolución de 1952. La cualidad del modelo republicano es la división de poderes y la ampliación de la democracia liberal a todos los hombres y mujeres. La fundación de la República, el periodo liberal, el nacionalismo revolucionario y el neoliberalismo, asumen el neocolonialismo como institucionalidad estatal, es decir que la Constitución de 1826, la Constitución social de 1967 y las reformas de la década de los 90 constitucionalizan la negación de la plurinacionalidad de la sociedad boliviana.
La demanda de la refundación del Estado tiene su antecedente inmediato en las luchas sociales, políticas y democráticas de los movimientos sociales. Las reglas de la democracia representativa posibilitaron la convocatoria, elección e instalación de la Asamblea Constituyente; la democracia directa y participativa a través del Referéndum Constitucional legitimó la aprobación de la nueva Constitución Política con el 62 por ciento.
La cualidad de la nueva Carta Magna no es la reforma sino la transformación, así el viejo Estado es transformado democráticamente dejando atrás las estructuras institucionales del neocolonialismo. La filosofía del nuevo Estado es lo Plurinacional Comunitario. La transformación hace alusión al Estado. El artículo primero define filosóficamente al nuevo Estado, pero no niega la tradición republicana de organización política estatal; por el contrario, la transforma dialécticamente, revaloriza la democracia ampliándola a lo participativo y comunitario, es decir, se supera el límite de lo representativo para posibilitar la participación democrática de la sociedad en asuntos públicos.
Lo plurinacional está también expresado en la composición política de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando a las minorías poblacionales étnicas; las autonomías reconocen territorios indígena originario campesinos, sus usos y costumbres en su organización política y se constitucionaliza la justicia indígena originaria campesina.
El nuevo Estado es producto de la lucha social, política y democrática contra las clases dominantes; el nuevo bloque hegemónico de poder tiene rostro indígena originario campesino, sangre obrera, intelectualidad revolucionaria que recupera la historia, proyecta el futuro construyendo el presente.
“El modelo republicano asume la democracia como base de organización de los poderes, inicialmente restringida a la élite, y la ampliación de la ciudadanía sin restricciones en la Revolución de 1952 igual tenía su límite: democracia representativa vinculada exclusivamente a los partidos políticos”
Roberto Ruiz Bass Werner
La nueva Constitución y sus garantías democráticas
“De la misma manera en que la vigencia de la vieja Constitución no impidió que Barrientos, Banzer o García Meza instalaran sendas dictaduras totalitarias en el país, tampoco este cambio de nombre será el culpable, por sí solo, de las desviaciones bonapartistas del Gobierno del MAS y su conversión eventual en un Estado totalitario. Esto dependerá del rumbo que adopte, finalmente, el proceso político y de la correlación equilibrada de las fuerzas sociales y políticas en el país, ¡no de la letra muerta de la Constitución!”
En el proyecto de Constitución Política del Estado, aprobado en Oruro en diciembre de 2007, deliberadamente se eliminó del texto la palabra República, siendo ésta reemplazada por la palabra Estado. En las difíciles negociaciones congresales, pudimos reintroducir, no sin arduo debate, este término únicamente en el artículo 11.I. Sin embargo, lo “republicano”, está disperso a lo largo de todo el texto constitucional:
La República (res publica, lo público), se entiende como un sistema político donde la representación de su estructura funcional se asienta en el derecho al voto, constituyendo el electorado la fuente de su legitimidad y soberanía. Este derecho esta consagrado en la nueva Constitución Política del Estado.
Un importante pilar del concepto República es el régimen de derechos fundamentales, deberes y garantías, contenidos éstos de manera abundante en los Títulos II, III y IV de la Carta Magna.
Otros temas asociados con el concepto de República son: la periodicidad en los cargos; la transparencia de los actos de gobierno; la responsabilidad de los funcionarios públicos; la separación, coordinación y control entre los poderes del Estado; el imperio de la ley; el ejercicio de la ciudadanía; la práctica de la tolerancia con las ideas opuestas; la igualdad ante la ley; la idoneidad como condición de acceso a los cargos públicos, etcétera. ¿Se niegan estos conceptos en la nueva Constitución Política? ¡Por supuesto que no!
Finalmente, están contenidas en ella las instituciones republicanas: el Órgano Legislativo, el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, el Órgano Electoral Plurinacional, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, etcétera.
Entonces, sí se han respetado en la nueva Carta Magna las instituciones republicanas, el régimen de derechos, deberes y garantías republicanos, la separación e independencia de los poderes, etcétera. ¿Cuál es la razón para que en el nuevo texto constitucional la palabra “Republica” solamente se registre una vez en el artículo 11. I.? ¿Por qué esta palabra ha suscitado tanta desconfianza en los protagonistas del proceso constituyente ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS)?
Lo primero que debe decirse es que dicha actitud no se inscribe en la tradición de las fuerzas democráticas de la izquierda latinoamericana y menos internacional. Basta recordar la heroica resistencia de los republicanos españoles contra el franquismo o la lucha contra el nazismo, enemigo de la República de Weimar. La izquierda siempre relacionó el concepto de República con los valores de “libertad, igualdad y fraternidad”, que enarbolaron quienes se levantaron contra el absolutismo francés. No olvidemos que Luis XIV, le Roi Soleil, solía afirmar que “el Estado soy Yo”, concentrando en su persona todo el “derecho divino de los reyes”, este personaje jamás podría haber dicho: “la República soy Yo”.
Lo mas probable es que esta postura provenga de las presiones del indigenismo emergente que se entronca hoy en el MAS y lo convierte en su instrumento político. El Estado republicano no fue bueno para los indígenas, ni en el occidente andino, ni en el oriente, menos en el Chaco, donde su expansión estuvo marcada, hasta bien entrado el siglo XX, por la guerra de exterminio contra los indios de la frontera. Esto explicaría, por lo menos en parte, la aversión a mencionar el término “República” en el texto constitucional.
¿Qué implicación puede entonces tener la nueva denominación: “Estado Plurinacional”?
De la misma manera en que la vigencia de la vieja Constitución Política no impidió que Barrientos, Banzer o García Meza instalaran sendas dictaduras totalitarias en el país, tampoco este cambio de nombre será el culpable, por sí solo, de las desviaciones bonapartistas del Gobierno del MAS y su conversión eventual en un Estado totalitario. Esto dependerá del rumbo que adopte, finalmente, el proceso político y de la correlación equilibrada de las fuerzas sociales y políticas en el país, ¡no de la letra muerta de la Constitución!
Podemos concluir, por lo tanto, que la actual Constitución, a pesar de la nueva denominación y debido a su contenido, tiene todos los elementos para garantizar una sociedad más democrática y solidaria; pero, al igual que otras constituciones en el pasado, no puede garantizar que no se la pisotee al calor de la lucha política irracional y virulenta que protagonizan permanentemente, de manera tan estéril, nuestras élites políticas y partidarias.
“La República se entiende como un sistema político donde la representación de su estructura funcional se asienta en el derecho al voto, constituyendo el electorado la fuente de su legitimidad y soberanía. Este derecho está consagrado en la nueva Constitución Política del Estado”
Jorge Komadina Rimassa
La república de las palabras
¿“En realidad existen al menos dos tramas discursivas en la Nueva Constitución Política del Estado. La primera de ellas, ampulosa y evidente en la superficie, gira en torno al principio del Estado Plurinacional Comunitario, pero la otra, menos retórica, desde el fondo del texto, reproduce efectivamente la trama institucional de la República. La articulación de ambos regímenes tiene en el papel una armonía barroca, pero es potencialmente explosivo en su interpretación y aplicación”
Hemos dejado —súbitamente— de ser una República? Algunos dicen que en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) están las inequívocas pruebas de que nos hemos transformado en un novísimo (e indeseable) artefacto político: el Estado Plurinacional Comunitario. Pero esa interpretación me parece apresurada, sesgada, comparto más bien aquella opinión que caracteriza al nuevo Estado como un régimen híbrido o mixto en el cual se superponen los principios e instituciones liberales y republicanos con dispositivos comunitarios, multiculturales y participativos. Veamos con calma este argumento.
Está en boga hablar de una transformación de “paradigmas” para referirse al actual “proceso de cambio”. Aunque la noción de paradigma plantea un tremendo problema para las ciencias sociales, presumo que con ella se pretende subrayar que el cambio social o es radical y absoluto, o sencillamente no lo es. Una transformación no-paradigmática sería una mera reforma, un simulacro. Éste es pues el modelo teórico que piensa el cambio como revolución. Momento de aceleración de la historia, la ruptura revolucionaria destruye el antiguo régimen y lo sustituye no sólo por un nuevo Estado, también transforma las mentalidades y creencias, los modos de vida, los conocimientos y hasta los usos cotidianos.
Todas las revoluciones han cedido a la tentación de hacer tabula rasa con el pasado. La revolución es un acontecimiento radicalmente moderno, nada quiere deberle al pasado, nada le pide. El pasado es algo que debe ser superado, vencido, olvidado. Ahora bien, la base de este razonamiento es el principio de la in-conmesurabilidad, valga la expresión, que remite a la imposibilidad de encontrar un lenguaje común a dos paradigmas distintos, es decir no admite la superposición o cohabitación de elementos de dos regímenes históricos. Solamente uno de ellos es válido. El problema es que las experiencias revolucionarias más profundas de los siglos XVIII, XIX y XX han demostrado que no existe en la historia algo parecido al grado cero.
Pues bien, hoy en día, es muy difícil apelar a esa figura para comprender el sentido del proceso boliviano; por el contrario, se diría que estamos ante otro patrón del cambio social que se despliega a partir de una lógica de hibridación y no de ruptura, se trataría de una dinámica que funciona a través de la combinación y mezcla de instituciones “antiguas” con instituciones “nuevas”. En otros términos, no habría tabula rasa, sino progresividad y yuxtaposición.
Esta tendencia puede apreciarse en la NCPE, particularmente en la estructura estatal. El zócalo doctrinario e institucional del liberalismo ha sido preservado: la separación de poderes, los derechos individuales y el dispositivo representativo —entre otros— son componentes estratégicos del andamiaje estatal boliviano, no son meros ornamentos. Lo propio ocurre con los componentes republicanos, por ejemplo la institución presidencial (creada originalmente por la Constitución de los Estados Unidos, en 1878) no sólo ha sido mantenida sino fortalecida, tampoco han desaparecido las ideas rectoras del bien común y del estado de derecho. La propia existencia de la Constitución —norma que por definición limita el poder del gobernante— es en sí misma la prueba de vida de la República.
Aún más: esos componentes no están aislados entre sí, conforman el núcleo duro de la arquitectura constitucional al cual se adjuntan los nuevos mecanismos democráticos comunitarios y participativos, entre ellos están los derechos colectivos para pueblos indígenas, la justicia comunitaria, las autonomías indígenas, los dispositivos de discriminación positiva (vg. Las circunscripciones electorales indígenas), el control social, etc.
En realidad existen al menos dos tramas discursivas en la NCPE. La primera de ellas, ampulosa y evidente en la superficie, gira en torno al principio del Estado Plurinacional Comunitario, pero la otra, menos retórica, desde el fondo del texto, reproduce efectivamente la trama institucional de la República. La articulación de ambos regímenes tiene en el papel una armonía barroca, pero es potencialmente explosivo en su interpretación y aplicación, y en algún momento esas contradicciones deberán ser resueltas.
Algo curioso. Aunque el término “Estado Plurinacional” es recurrente en el texto constitucional, también se ha inscrito una decena de veces la palabra “república”. ¿Se trata de un lapsus jurídico? No, es el resultado de la negociación de palabras entre las fuerzas políticas que aprobaron la Nueva Constitución Política del Estado en el Congreso; de hecho, en la versión aprobada en Oruro no se puede leer el término “república”. Pero más allá de las palabras y sus pequeñas magias resulta evidente que los imaginarios y los mecanismos políticos de la República no nos han abandonado, todavía.
Para terminar: cuando el “proceso de cambio” reconozca sus propias fronteras y cuando asuma sin estereotipos su honda complejidad entonces tendrá derecho a un nombre propio.
“Todas las revoluciones han cedido a la tentación de hacer tabula rasa con el pasado… El problema es que las experiencias revolucionarias más profundas de los siglos XVIII, XIX y XX han demostrado que no existe en la historia algo parecido al grado cero”
Carlos Hugo Laruta Bustillos
Sociedad diversa e intercultural, no plurinacional
Hay quienes se empeñan en ver a Bolivia sólo como sociedad multicultural (enfatizando la diversidad). Este fundamentalismo cultural, al hacer política, les lleva a ver 36 naciones completamente diferentes y a afirmar que los campesinos e indígenas somos «también» bolivianos, como si no fuéramos primariamente bolivianos y no sólo accesoriamente tales, pues Bolivia es la identidad sociocultural matriz en la que se entiende toda nuestra existencia, incluso aquella referida a la diversidad étnico-cultural.
Este fundamentalismo pertenece a élites aisladas que no entienden ni viven la cultura como espacio intercultural, lugar donde se producían antes y producen hoy, encuentros-desencuentros, reconocimientos-desconocimientos en un proceso de permanente movimiento histórico. Por ello, no entienden Bolivia como a una sociedad articulada, es decir gentes en relación constante que producen articulaciones masivas de distinto tipo, desde las biológicas del mestizaje, pasando por las simbólicas e idiomáticas, hasta las de intereses y beneficios económicos.
Entonces, al acentuar las diferencias culturales más allá de lo real en el ámbito de una sociedad nacional como es Bolivia, la entendieron en una especie de parálisis histórica total. Por ello, postularon que cada pueblo indígena posee particularidades culturales irreductibles e inafectables históricamente y plantearon una convivencia paralela e incompatible entre sí en cuanto a conceptos y prácticas cotidianas, organizativas, culturales y económicas. Este es el concepto de sociedad multicultural que les llevó a postular el Estado «Plurinacional», presente en el texto constitucional.
Con el famoso «desdoblamiento» del MAS en la Comisión Visión de País de la Asamblea Constituyente, líderes radicales e intelectuales con identidad nacional difusa, apostaron por la caracterización del Estado boliviano como «plurinacional», yendo más allá de la propuesta de medidas especiales de discriminación positiva a favor de los pueblos indígenas y su presencia en las instituciones estatales, elevando a rango constitucional la diversidad cultural expresada en 37 naciones, las 36 «naciones y pueblos indígenas y originarios y campesinos» y la nación llamada Bolivia.
Con ello, lo que pudo ser un marco favorable para un conjunto sensato de medidas especiales a favor de los pueblos indígenas, se convirtió en un tema que divide al país a partir del concepto de diferencias de todo tipo llevadas al extremo. Algunos hicieron creer a los pueblos indígenas, que después de llamar al Estado «Plurinacional», este Estado de verdad contendría a 36 naciones y sus cuasi 36 Estados-pequeños a través del reconocimiento de sus supuestos «sistemas jurídicos, políticos, económicos y culturales propios».
Pero comenzó el tiempo de ver si el concepto de diferencia «plurinacional» estaba en sintonía con la realidad sociológica y política de la Bolivia de hoy. La aprobación de la primera Ley operadora de la nueva Constitución, la Ley Electoral Transitoria, incluyó este tema: escaños indígenas para la Asamblea Legislativa ahora llamada «plurinacional». Y como todos sabemos, al aprobarse sólo 7 escaños para los pueblos indígenas, en esta primera prueba de fuego perdió el concepto de lo «plurinacional» frente al concepto de la diversidad articulada e intercultural que representa la nación real. Estos 7 escaños se parecen más a una medida especial de preferencia a los pueblos indígenas que al concepto extremo de «plurinacional» y expresan mejor la realidad de articulación cultural de Bolivia.
Mostremos con más detalle el choque entre concepto y realidad. El departamento de La Paz tiene 16 circunscripciones uninominales: las 7, 8, 9, 10, 11 y 12 que están en la ciudad de La Paz; las 13, 14, 15 y 16 que están en la ciudad de El Alto; y las 18, 19, 20, 21 y 22 que están en las provincias. La circunscripción uninominal más grande es la 15, que tiene más de 140.000 votantes, donde más de cien mil de ellos son indígenas urbanos interculturales. La más pequeña es la circunscripción 8 y tiene 80.000 votantes, donde sin duda también existe un alto porcentaje de gente que se identificó con algún pueblo indígena en el Censo 2001.
Contabilizados en este Censo, están 5 pueblos indígenas: tacanas que son 1.438, lecos que son 2.400, mosetenes que son 701, araonas que son 76 y los urus-irohito-muratos, que son 65 personas. Los afro bolivianos no fueron contados, aunque se conoce que son 3.500. Toda esa población es fuertemente intercultural; sumada llega a 8.180 personas y apenas es el 10 por ciento de la circunscripción urbana más pequeña que está en la ciudad de La Paz y ni qué decir de la gigantesca circunscripción 15 de El Alto. Conclusión, ciertos escaños como medida especial a favor de minorías étnicas, real; como expresión de que en La Paz y Bolivia hay muchas naciones indígenas, irreal. Es cierto que el objetivo de igualación social a veces requiere de medidas de discriminación especial a través de medidas de gobierno e incluso leyes. En la Constituyente, se exageró en la realidad de las diferencias culturales y se constitucionalizó a nombre de la búsqueda de igualación social y del derecho a la diferencia indígena, el concepto de «plurinacional». Como lo vimos, en la aplicación real de ese texto constitucional ya va una batalla perdida por los radicales en la aprobación de la Ley Transitoria del Régimen Electoral.
Pero las derrotas pueden venir una tras otra. Viene el tiempo de existencia de las autonomías, departamental e indígena. Y en este tema, más allá de la representación política (un escaño más o un escaño menos), está el tema de los ingresos económicos que darán vida a esas autonomías y el bienestar de sus pobladores, ya sea por el aprovechamiento de recursos naturales o por la distribución de impuestos que debe hacerse bajo el concepto de que el Estado nacional es quien decide su destino, con consultas o sin ellas.
En esto, si una entidad autónoma o descentralizada no puede brindar el marco adecuado para que sus pobladores (indígenas o no, todos ciudadanos del siglo XXI, con celulares e internet incluidos) puedan acceder a los requisitos actuales para una vida digna: trabajos y empleos estables, remuneraciones justas y oportunidades económicas de bienestar, quizá nuevamente eso de las 36 naciones sufra la segunda derrota, ratificando la exageración del concepto de «plurinacional» frente a lo masivo de la articulación intercultural de la Bolivia real. Debemos recordar que ser parte de una nación es también y fundamentalmente una articulación de actividades e intereses económicos cruzados y de asociatividades horizontales previsibles entre actores estatales y particulares, que no expresan precisamente la idea de autonomías indígenas autogobernadas como «sistemas jurídicos, económicos, políticos, culturales» completamente diferentes que hacen a lo «plurinacional».
Finalmente, si el concepto de «plurinacional» no coincide con la realidad intercultural de la sociedad, ¿cuál fue la razón de su imposición en la Constituyente? ¿Una visión ideologizada al extremo en la búsqueda de igualación social? ¿Una estrategia de poder de intolerancia total para intentar sepultar a la otredad de la sociedad boliviana bajo el falso dato de la estadística étnica? Como fuere, que Bolivia es una sociedad diversa, con varios pueblos indígenas pero con una sola y fuerte identidad nacional, lo está ratificando cada paso que se da en la vigencia del texto constitucional.
“El concepto de ‘plurinacional’ no coincide con la realidad intercultural de la sociedad boliviana… Bolivia es una sociedad diversa, con varios pueblos indígenas pero con una sola y fuerte identidad nacional, lo está ratificando cada paso que se da en la vigencia del texto constitucional”
Un cambio de nombre que significa transformación
Marcelo Fernández Osco
“Estaríamos en los inicios del proceso de descolonización de la subjetividad de los artífices de pachakuti, aunque no exclusivamente. Notablemente, este proceso también tuvo repercusión en el ámbito latinoamericano, el advenimiento de la era de los mandatarios descorbatados”
A menos de seis meses de aprobada la Nueva Constitución Política del Estado, conviene mirar el pasado, desde el punto de vista de los pueblos indígenas originarios, en cuanto autores y protagonistas en el planteamiento del pachakuti, a principios de los años 90, la Asamblea Constituyente y consecuentemente de la elaboración de una Nueva Constitución Política del Estado.
Metodológicamente, conviene contrastar los términos «revolución cultural» y «pachakuti». La primera acepción expresa cambio radical y violento en la estructura social y política de un Estado, ya no se descuelga de los paradigmas de la Revolución Francesa, sino de la Revolución Socialista del siglo XX; pero ambas forman parte del ideario político francés. La segunda supone, además de implicar la primera acepción, la renovación del tiempo y el espacio en el sentido más amplio. Acá nos encontramos con el primer problema, pues revolución y pachakuti no son equivalentes.
El pachakuti, concepto esgrimido por los pueblos, consiste en salirse del tiempo y del espacio, del ser y del estar. Lo que se busca es reconstituir los pueblos tanto indígenas originarios como de los criollo-mestizos, capaces de obrar, sentir y pensar la realidad de otra manera a la impuesta por la colonialidad del poder. Esto es lo mismo que decir: «un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre», sentencia pronunciada por Dionicio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz a principios del siglo XIX, que contradecía los ideales en boga, de «libertad», «igualdad» y «fraternidad». Una profunda crítica a toda la concepción occidental de lo político, lo social y lo jurídico, que en la práctica fue capitalizada por el proyecto político emancipatorio criollo-mestizo latinoamericano. Paradójicamente, la historia se repite y tiene mucho de parecido con el protagonismo del movimiento político reconstitutivo de los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas, que propusieron un lenguaje democrático distinto, pero al final su discurso ha sido capitalizado por las posturas de la izquierda nacional, de mentalidad eurocéntrica aún.
Si bien no se ha producido totalmente el pachakuti, hay algo que está cambiando: el sentido crítico de los pueblos indígenas originarios, campesinos y clases populares urbanas, teniendo a Evo Morales, primer presidente de un Estado Plurinacional, como persona no tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino desprovisto de la militancia que le rodea en el Gobierno. Un pachakuti de la subjetividad política de los principales protagonistas, que les ha permitido «abrir los ojos», frente a las gestiones de gobierno anteriores a Evo Morales; de manifestar sin tapujos el orgullo aymara, quechua o tupi guaraní. De acuerdo a esta forma de percepción, estaríamos en los inicios del proceso de descolonización de la subjetividad de los referidos artífices del pachakuti, aunque no exclusivamente. Notablemente, este proceso también tuvo repercusión en el ámbito latinoamericano (Venezuela, Ecuador, Paraguay y Bolivia), el advenimiento de la era de los mandatarios descorbatados, quienes empezaron a despojarse de la etiqueta señorial, nada menos en la oportunidad de los 200 años del supuesto «primer grito libertario». Esta tensión se puso evidente con el discurso del presidente Evo Morales en la celebración del Bicentenario, cuando se esforzaba por trascender los límites del primer grito libertario de 1809, nombrando a Manco Inka, los kataris y demás líderes indígenas.
En el plano de las élites de los partidos tradicionales, simplemente no comprenden o, mejor dicho, comprenden de una manera mecánica y aún ahistórica y acrítica, aunque tengan apariencia y la pretensión de tener la verdad política. Este panorama se manifiesta en los candidatos presidenciales para diciembre próximo, sin cambios, más de lo mismo, incapaces de entender y articular programas de acuerdo a la realidad pluridiversa e intercultural. Las bases sociales de esa pluridiversidad empiezan a manifestarse de manera independiente en los distintos ámbitos de la realidad, en el avance del pachakuti o en su defecto la revolución cultural.
Sintetizando, sociológica y jurídicamente, el cambio de nombre de República a Estado Plurinacional significa transformación. De manera intermitente, los signos de cambio se van formulando. El Plan Tres Mil, un barrio periurbano ubicado al suroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que constituye el Distrito 8 del mismo municipio, se enfrentó contra los puros de mentalidad colonial racista en jornadas de violencia el año pasado; ahora bajo el nombre de «Ciudadela Andrés Ibáñez», plantea su propia autonomía, como otra ciudad, gradual forma de transformación. Parecido proceso emerge en el Distrito 13 en El Alto, desde el mes de mayo hacen explícita su transformación, reconstituyéndose en el Consejo de Autoridades Indígenas Originarias «Julián Apaza» y no precisamente alineándose como Junta de Vecinos, o por la opción de ser una Villa más, tal como ha sucedido con la mayoría de las subpoblaciones, franco proceso de reconstitución territorial, social, política y jurídica con base a la identidad de pueblo orginario.
En definitiva, estos procesos políticos ofrecen mucho en términos de geopolíticas del cambio y la descolonización.
“Sociológica y jurídicamente, el cambio de nombre de República a Estado Plurinacional significa transformación. De manera intermitente, los signos de cambio se van formulando… En definitiva, estos procesos políticos ofrecen mucho en términos de geopolíticas del cambio y la descolonización”
Carlos alarcón Mondonio
Estado Plurinacional o Republicano
“El Estado Plurinacional considera más importante al grupo o a la entidad, y los que no formamos parte de ningún grupo o entidad de alguna manera quedamos marginados o excluidos de la conformación y vida del Estado. El Estado Republicano considera más importante al individuo en su dignidad y personalidad irremplazables, con sus derechos y libertades básicas y fundamentales. En una República, en los aspectos más importantes para la vida y el funcionamiento del Estado y la sociedad, todos tenemos derecho a participar y decidir”
La pregunta del millón: ¿que tipo de Estado configura la nueva Constitución Política del Estado que entró en vigencia el año 2009: Plurinacional o Republicano? La respuesta es clara y categórica: configura un Estado Plurinacional y no un Estado Republicano.
La configuración del Estado en la nueva Constitución se define en el artículo 1 y, entre otras características, esta norma establece que Bolivia se constituye en un Estado Plurinacional. La República se encuentra mencionada en el artículo 11 parágrafo I como un elemento decorativo de la redacción y sinónimo de Estado. Cuando esta norma dice la “República de Bolivia adopta para su gobierno…” es como si dijera el “Estado de Bolivia adopta para su gobierno…” Correlacionando esta norma con el artículo 1 tenemos la siguiente afirmación: Bolivia se constituye en un Estado/República Plurinacional. Por lo tanto lo esencial y distintivo del Estado, su configuración, es lo Plurinacional y no lo Republicano.
¿Cuáles son las consecuencias de configurar un Estado como Plurinacional o Republicano?
El Estado Plurinacional es un Estado que se basa en un conjunto de entidades colectivas llamadas naciones o pueblos indígena originario campesinos y no en la totalidad de las bolivianas y los bolivianos individualmente considerados. No todos los bolivianos pertenecemos a naciones o pueblos indígenas; los que no pertenecemos a estas entidades colectivas, por lo tanto, no estamos incluidos en la configuración del Estado, en el principal artículo de la Constitución por sus consecuencias e implicancias, que es el artículo 1.
Aún en el supuesto de que todos los bolivianos perteneceríamos a una nación o pueblo indígena, la personalidad del grupo es diferente a la de los individuos que lo conforman, por lo tanto no es lo mismo afirmar que el Estado esté configurado por la totalidad de estos grupos o entidades colectivas a decir que está constituido por cada una de las bolivianas y los bolivianos que integran su población y conviven en su territorio.
El Estado Republicano es un Estado que se basa en todos y cada uno de los bolivianos, individualmente considerados, dignos e iguales en cuanto a los derechos, deberes y responsabilidades en el manejo de la cosa pública. Desde la propia construcción del Estado y de todas sus instituciones, hasta su funcionamiento y administración. Por lo tanto, en la decisión y definición de los asuntos públicos cada uno de nosotros vale igual que otro boliviano, ni más ni menos. Ejemplos: para elegir autoridades, disponer el aprovechamiento de los recursos naturales, someternos a la justicia, etc.
El Estado Plurinacional considera más importante al grupo o a la entidad, y los que no formamos parte de ningún grupo o entidad de alguna manera quedamos marginados o excluidos de la conformación y vida del Estado. El Estado Republicano considera más importante al individuo en su dignidad y personalidad irremplazables, con sus derechos y libertades básicas y fundamentales. En una República, en los aspectos más importantes para la vida y el funcionamiento del Estado y la sociedad, todos tenemos el derecho a participar y decidir por igual nuestro destino y bienestar. Cada uno es considerado como un fin en sí mismo y no como un medio al servicio de un grupo o una entidad.
¿Cuáles son los riesgos o problemas del Estado Plurinacional?
Decisiones encontradas y contrapuestas en los temas más importantes para el destino y progreso de Bolivia. Las naciones y pueblos indígenas deciden de una manera y la mayoría de las bolivianas y los bolivianos decidimos de una manera distinta. ¿Qué decisión prevalecerá? ¿La de las naciones y pueblos que configuran el Estado Plurinacional y están reconocidos con esta calidad en el artículo 1 de la Constitución? ¿La de la mayoría de las bolivianas y bolivianos individualmente considerados que no configuran el Estado Plurinacional y no están reconocidos en el artículo 1 de la Constitución?
Queda claro que si todos o por lo menos la mayoría coincidimos el problema no existe, pero aún en este caso es importante precisar cuál fue la voluntad determinante para la decisión que se adoptó: la del conjunto de grupos o entidades (nación o pueblo) que han expresado su decisión a través de sus autoridades naturales o la del conjunto de ciudadanas y ciudadanos que han expresado individualmente su decisión a través del voto universal, igual y secreto.
“El Estado Republicano es un Estado que se basa en todos y cada uno de los bolivianos, individualmente considerados, dignos e iguales en cuanto a los derechos, deberes y responsabilidades en el manejo de la cosa pública”
Hugo Moldiz Mercado
Lo plurinacional, cimiento para un “espacio común”
“Con el reconocimiento del carácter plurinacional de la formación social boliviana lo que se hace es constituir un espacio favorable para la reproducción de otras formas de concebir el mundo. Esto implica, para ser más precisos, constitucionalizar la existencia e impulsar la combinación de formas liberales y comunitarias no sólo en sus visiones y prácticas inherentes, sino abrir la posibilidad de construir un espacio común, una casa común, para mirarnos y aceptarnos como diferentes”
El reconocimiento del carácter plurinacional del Estado boliviano representa, sin lugar a dudas, un paso histórico de gran trascendencia, pues, objetiva la existencia de naciones originarias preexistentes, en ningún caso etnias, excluidas al momento de la fundación de una república. Es la construcción de un «espacio común» para todos.
Si bien la república tiene su raíz en los conceptos liberales, altamente progresistas en la Europa del siglo XIX, cuando se presentaban intentos de restauración absolutista, en el caso boliviano su proceso de constitución ha sido vigorosamente conservador porque no produjo condiciones materiales para asegurar la construcción de sujetos iguales ante la ley. Lo mismo se puede decir de toda «Nuestra América». Todo lo contrario, edificó una sociedad excluyente respecto de una mayoría de pueblos indígenas, estructuró las clases sociales en base al color de la piel y la naturaleza del apellido y le allanó al modo de producción capitalista la explotación de los minerales con destino al mercado externo, incluyendo a los excedentes generados.
De nada sirvió el esfuerzo teórico y práctico de hombres como Simón Bolívar y José Antonio de Sucre. Las ideas liberales sólo fueron el armazón aparente con el cual se detuvo y tergiversó el proceso emancipador y se mantuvo capitalismo-colonialismo como realidad histórico-concreta.
Tan evidente fue esa forma de construcción estatal que intelectuales de prestigio internacional como René Zavaleta se han inclinado por considerar a Bolivia como una sociedad abigarrada, en la cual otras formas de organización social de la política, la economía y la cultura se han mantenido, producto de resistencias, al margen del Estado y contra el Estado. Es decir, la República boliviana fue tan colonial que se negó a sí misma la posibilidad de tener condiciones favorables para su reproducción.
Pues bien, con el reconocimiento del carácter plurinacional de la formación social boliviana lo que se hace es constituir un espacio favorable para la reproducción de otras formas de concebir el mundo. Esto implica, para ser más precisos, constitucionalizar la existencia e impulsar la combinación de formas liberales y comunitarias no sólo en sus visiones y prácticas inherentes, sino abrir la posibilidad de construir un espacio común, una casa común, para mirarnos y aceptarnos como diferentes.
De ahí que en la Constitución aprobada el 25 de enero se encuentre, por ejemplo, el concepto de economía plural, como articulador de las economías estatal, privada y comunitaria. No se trata de retornar al pasado, sino dar un salto de esas economías «arcaicas», manteniendo principios, a un presente y futuro, quizá incluso con cortes modernizadores, para asegurar una relación de equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y la producción. Lo mismo pueden ser urbanas como rurales, pequeñas, medianas o grandes; lo importante es que se caracterizan por ser de propiedad colectiva (y de posesión individual, dependiendo los casos) y apropiación directa de parte del trabajador, del producto de su esfuerzo.
La incorporación de lo comunitario en la economía no niega la existencia de la propiedad estatal y privada de los medios de producción, pero sí les demanda generar articulaciones hasta ahora no consideradas ni precisadas en sus formas específicas.
Idéntico resultado se apreciará en la política. La combinación de la democracia representativa, la democracia directa y la democracia comunitaria, lejos de representar una contradicción más bien le darán vitalidad a la participación social, generarán progresivamente condiciones de igualdad de los sujetos sociales y darán paso a formas de autoorganización y autorepresentación de gran proyección histórica.
Esta combinación de formas liberales y comunitarias de la política constituye un aporte de Bolivia al mundo y es un paso hacia la construcción de una democracia en la cual, en la medida que se vayan abriendo espacios de deliberación y generación de consensos, que es más un reto para la sociedad civil que para la sociedad política, se irá avanzando hacia una sociedad con menos Estado y con más comunidad.
En definitiva, es positivo haber abandonado el concepto de una república que con un mínimo de honestidad intelectual nadie podría decir que fue para todos. Ahora se tiene el reto de que progresivamente vayamos edificando no sólo un Estado Plurinacional sino, sobre todo, intercultural, en cuyo espacio común la reafirmación identitaria de unos pueblos o ciudadanos, individualmente hablando, no sea a través de negar la existencia o los derechos de otros.
“Es positivo haber abandonado el concepto de una república que con un mínimo de honestidad intelectual nadie podría decir que fue para todos. Ahora se tiene el reto de que progresivamente vayamos edificando no sólo un Estado Plurinacional sino, sobre todo, interculturalidad”
Roberto Laserna Rojas
El fin de la república y el fin de la democracia
Este artículo fue escrito en enero del año pasado, luego de la aprobación del proyecto de Constitución Política del Estado en diciembre de 2007, por parte de los constituyentes del oficialismo en la ciudad de Oruro. Su tesis sigue vigente, por ello es que lo reproducimos con el permiso de su autor
El proyecto de Constitución Política del Estado aprobado por el MAS (Movimiento Al Socialismo) en Oruro intenta poner fin a la República de Bolivia. Ésta no es una deducción alarmista o exagerada. Quien lea ese proyecto se dará cuenta de que el planteamiento mencionado es explícito y claro, y forma parte del núcleo ideológico que lo caracteriza.
En efecto, la ambiciosa intención de refundar el país implica el reemplazo de la República por un Estado con doce adjetivos calificativos: unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
En todo el texto la palabra república se la menciona indirectamente y apenas una vez, en el preámbulo, para denostar el pasado. También desaparece la idea de nación boliviana, como un referente común e integrador para todos. Queda el Estado, solamente el Estado, como instrumento aglutinador y organizador de una sociedad cuya fragmentación y dispersión se institucionaliza al detalle.
Esto no pasaría de ser una anécdota si no fuera que, detrás de ella, hay una ingeniería política que amenaza la democracia y pone en entredicho la existencia misma de esta comunidad que ya tiene varios siglos de historia. Porque es posible que la historia oficial nos diga que Bolivia se fundó en 1825, pero la historia real no ignora que ella continúa los 400 años de Charcas y los previos de Kollasuyo. De manera que pasar de República a Estado “… (aquí la lista de adjetivos)” de Bolivia, es mucho más que cambiar la definición de este país.
La idea de república nació opuesta a la de monarquía, afirmando que el poder es una cosa pública (de ahí viene el nombre: “res pública”), y no una cuestión privada o circunscrita a la nobleza, a la familia elegida, o a la relación con los dioses. En la idea de república está, en consecuencia, la idea de que el poder es cosa de todos y debe resolverse públicamente.
Por lo tanto, podría afirmarse que la república es la forma política primordial de la democracia, porque encarna una organización en la que las libertades son garantizadas por la división de poderes, que en definitiva implica la existencia de controles mutuos para evitar el abuso y la acumulación de poder. Si se pudiera expresar la idea de república en una fórmula, combinaría libertades y controles. De hecho, las monarquías más modernas han adoptado formas republicanas, limitando el papel del rey o de la reina al de referentes simbólicos y tradicionales y otorgando al público la capacidad de definir y controlar los poderes del Estado. Todo ello regulado por “constituciones” que, como pactos o contratos supremos, están por encima de toda norma. En esos casos, y en sus historias, puede observarse con mucha claridad que la construcción de la democracia ha implicado la conquista gradual de libertades mediante la generación paulatina de controles al poder, cualquiera que fuera su fuente u origen. Inicialmente, esos controles limitaron el poder absoluto de los reyes, pero también fueron controles para evitar los abusos que podían cometer unos ciudadanos contra otros. Controles que, naturalmente, no sólo fueron explícitos en normas y leyes, sino que han contado siempre con tribunales o instancias con la autoridad suficiente como para garantizarlos y velar su cumplimiento.
El proceso de formación de sistemas republicanos fue lento y difícil en los países con una larga y fuerte tradición monárquica, como Inglaterra, Holanda, Suecia o España. Fue mucho más rápido en las colonias que, no por casualidad, a tiempo de liberarse de la tutela imperial se constituyeron en su mayor parte como repúblicas. Bolivia estuvo entre ellas. En Brasil ensayaron la monarquía, pero no tuvieron éxito y acabaron también organizándose como república.
La idea de república, con las múltiples experiencias de aplicación que ya tiene, se ha complejizado muchísimo. Sin embargo, en su núcleo está todavía la idea de que es necesario diferenciar al Estado de la sociedad, y establecer claros controles al poder para preservar la libertad.
En la propuesta constitucional del MAS no solamente ha desaparecido la idea de república, sino también la de nación, con la cual se hace referencia a la identidad política de la sociedad. La razón es fácil de encontrar cuando se recorre ese texto, a pesar de sus garrafales errores de redacción y estilo: el Estado lo es todo para el MAS.
Según esa propuesta, las iniciativas individuales y comunitarias serían sujetas a la regulación y el control de los órganos de poder. Y éstos se formarían por mayorías en jurisdicciones territoriales de manera tal que las minorías serían excluidas o solamente llegarían a expresarse cuando dejen de ser tales en otros territorios. La proporcionalidad en la formación de los poderes públicos, que implica la posibilidad de compartir el poder y concertar en la toma de decisiones, no tiene cabida en el proyecto del MAS a pesar de que el mismo menciona la necesidad de tomar en cuenta la equidad de género, o la participación indígena. En efecto, si todos los diputados se eligieran por mayoría simple en distritos, como lo proponen, no hay manera alguna de impedir que todos, o ninguno, pertenezcan al mismo grupo demográfico.
La concentración del poder, perseguida en el diseño electoral e institucional planteado en la propuesta del MAS, no es impedida por la revocatoria de mandatos, que también es incorporada en el proyecto. Al contrario, ésta reafirma la convicción de que, o el poder se ejerce de manera plena y absoluta, o no se ejerce. Esta concepción absoluta y excluyente del poder, como vimos, es opuesta a la idea de república, en la que se combinan controles y libertades y en la que se aspira a que el poder político se practique compulsando de manera continua y permanente las opiniones, los intereses y las expectativas de los poderes sociales que surgen y desaparecen cada día.
Así, el fin de la república conlleva el riesgo de llevarnos al fin de la democracia.
“La república es la forma política primordial de la democracia, porque encarna una organización en la que las libertades son garantizadas por la división de poderes, que en definitiva implica la existencia de controles mutuos para evitar el abuso y la acumulación de poder”
Proceso sí, de cambio no
Paula Peña Hasbún
“Bolivia ya no es una nación, es sólo un pueblo. Según los teóricos, el pueblo es un grupo humano que no se ha conformado como nación. El pueblo boliviano está conformado por varias naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de otras categorías. La caja de Pandora se ha abierto. Las naciones una vez autoidentificadas, pueden desarrollar, si tienen la voluntad, movimientos nacionalistas que busquen su constitución en un Estado-nación. Por lo tanto, la afirmación del Vicepresidente de que Bolivia se ha constituido en un Estado Plurinacional pero unitario; unitario, sí, pero sólo de manera transitoria”
El proceso iniciado en enero de 2006 tenía fascinados a todos los que votaron por Evo Morales convencidos de la necesidad de un cambio. Pero han pasado casi cuatro años y los cambios estructurales no se han dado, sólo vemos cambios aparentes que han fortalecido la cultura rentista de los bolivianos.
Este proceso, está pensado en varias fases, la primera de ella culminó con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, hecha a imagen y semejanza del Gobierno. La primera fase consistió en derrotar a la oposición, que se la considera enemiga, en varios aspectos: el político, a través del referéndum de agosto de 2008; el militar, con los sucesos de Porvenir y la toma del poder de facto en Pando; el ideológico, con la apropiación del discurso autonomista, usando incluso el mismo logo del SÍ del referéndum de julio de 2006, para la aprobación de la Constitución en enero de 2009; y finalmente, la derrota económica, que es de largo aliento, y busca destruir el aparato productivo agroexportador del Oriente boliviano.
El hecho electoral de la aprobación de la nueva Constitución, decía el vicepresidente Álvaro García Linera, tenía como fin último cerrar las fisuras internas que existían en Bolivia y cicatrizar las heridas que tanto dolor habían causado. Lo que no dijo, es que la Constitución estaba pensada para generar nuevas divisiones, que con el tiempo pueden volverse irreversibles. La Constitución, según el Vicepresidente, diseñó por primera vez en la historia, un país con autonomía, con igualdad y con presencia del Estado en la economía, para garantizar un ingreso equitativo. Así, finalizada la fase uno, empieza la fase dos: el aniquilamiento del pasado a través del proceso denominado descolonización.
La descolonización supone romper con algunos elementos simbólicos del pasado e introducir otros no tan nuevos, pero que cuestionan la esencia del país que tuvimos. Entre ellos algunos conceptos, que pueden parecer que son detalles, pero que con el tiempo serán determinantes.
PUEBLO, NACIONES Y AUTONOMÍA
La República ha desaparecido dando paso a un Estado con muchos adjetivos calificativos, de los que hemos escogido: Plurinacional Comunitario y con Autonomías (Art1º).
En el artículo 3, se elimina la nación boliviana y surge el pueblo boliviano. Por lo tanto, Bolivia ya no es una nación, es sólo un pueblo. Según los teóricos, el pueblo es un grupo humano que no se ha conformado como una nación. El pueblo boliviano está conformado por varias naciones y pueblos indígena originario campesinos, además de otras categorías. La caja de Pandora se ha abierto. Las naciones una vez autoidentificadas, pueden desarrollar, si tienen la voluntad, movimientos nacionalistas que busquen su constitución en un Estado-nación. Por lo tanto, la afirmación de un intelectual de este proceso, de que Bolivia se ha constituido como un Estado Plurinacional pero unitario; unitario, sí, pero sólo de manera transitoria.
La autonomía es uno de los grandes aportes de la Constitución, de acuerdo al Vicepresidente, y en eso no se equivoca. Por primera vez en la historia de Bolivia, se rompe, al menos en el papel, con la cultura del Estado centralista y un único nivel de gobierno. Sin embargo, la autonomía de la Constitución, lo que busca no es la descentralización de poder central a favor de poderes locales; por el contrario, la autonomía apunta a partir el poder, en caso de que se concentre y genere fortalezas en los otros niveles y que pueda competir con el nivel nacional. Dividir para reinar, una autonomía con cuatro niveles y sin subordinación entre ellas, sólo subordinadas al poder nacional.
Pero la autonomía va más allá de la autonomía como estructura organizativa del Estado. La autonomía, concebida desde el Oriente – Sur, es una forma de vida y de comprensión del mundo. Y es en este detalle donde se generarán los futuros conflictos, que ya se avizoran en la incompatibilidad con los cuatro Estatutos autonómicos aprobados en los departamentos opositores. Estos Estatutos son anteriores a la Constitución.
La descolonización será una fase más compleja que la anterior. Ya no hay República, ni nación boliviana; hay muchas naciones con potenciales nacionalidades que llevarán a cabo la descolonización desde sus propias cosmovisiones. Si bien el Movimiento Al Socialismo (MAS) apuesta por la imposición de una de estas culturas sobre las demás, deberá primero interpelar a las otras culturas para convertirlas en subculturas. El futuro no es promisorio para Bolivia.
“Empieza la fase dos: el aniquilamiento del pasado a través del proceso denominado descolonización. La descolonización supone romper con algunos elementos simbólicos del pasado e introducir otros no tan nuevos, pero que cuestionan la esencia del país que tuvimos”
Dunia Sandóval Arenas
El estado de las autonomías en el Estado Plurinacional
“El tema autonómico, actualmente, ha perdido interés por parte de la élite del bloque cívico, debido a que se ha pasado directamente al campo de la oposición política, dejando de lado esta demanda histórica cruceña. En este contexto, es importante que las organizaciones de la sociedad, de una manera plural e incluyente, participen en el debate concreto de adecuación de los estatutos respecto a la Constitución”
Es un hecho la constitucionalización de los cuatro niveles de autonomías: departamentales, regionales, municipales e indígenas-campesinas-originarias. Por tanto, es necesario concertar con los actores involucrados las rutas de implementación de estas autonomías, para llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional con propuestas ya sistematizadas y concertadas. Sin participación social el proceso fracasaría.
Las autonomías departamentales responden a la contradicción histórica entre las regiones y un Estado que no las representa (1). En este sentido, las regiones fueron participando en los bloques en el poder de acuerdo a la preponderancia de su peso económico. Así, el Estado Oligarca Conservador (1880-1899), responde a la alianza entre los empresarios mineros de la Plata del Sur, Sucre – Potosí, con los productores de la región oriente porque todavía se mantenía el mercado colonial concentrado en Sucre – Potosí. Las haciendas tradicionales de Santa Cruz, encontraban sus mercados en esa ruta.
Este mercado se desintegró cuando los liberales asumieron el poder conformando el bloque histórico liberal excluyendo a las regiones del sur y el oriente. La producción y exportación de estaño, en una economía «hacia afuera», determinó el crecimiento de La Paz y Oruro en la primera mitad del siglo XX y el aislamiento de las otras regiones, con matices que dieron un respiro económico al oriente cruceño, como la explotación de la quina y la goma elástica y el abastecimiento al frente de la Guerra del Chaco. Sin embargo, la región oriental fue excluida del bloque en el poder y éste fue el origen histórico del «regionalismo». El punto más alto de contradicción entre el Estado y la región del oriente fueron justamente las luchas cívicas por las regalías petroleras entre 1957-1959, donde la región adquirió fuerza política precisamente porque inició su despegue económico.
Durante la etapa neoliberal, varias fracciones de la burguesía estaban en el bloque en el poder, así, la burguesía agroindustrial, que había apoyado la dictadura de Hugo Banzer (1971-1977), se insertó en el bloque en el poder de los gobiernos neoliberales; entre 1985 y 2005, se observa la participación directa de ministros cruceños en el ex Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos, entre los más destacados el fallecido José Guillermo Justiniano, y otros que podríamos citar en un estudio más extenso. Lo importante del argumento es que las fracciones agroindustrial, comerciante, financiera cruceña, e incluso los funcionarios de empresas petroleras, con intereses nacionales y vinculaciones transnacionales se insertaron en el bloque en el poder ejerciendo influencia en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial a través de sus representantes en los partidos tradicionales, ADN, MNR, MIR, entre los más importantes. No necesitaban y no propusieron la autonomía porque formaban parte del poder.
La coyuntura de la insurrección popular de octubre del 2003, como punto culminante de acumulación política de los sectores sociales, y los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez que excluyeron a los partidos, iniciaron a su vez los procesos de recuperar el proyecto político de Democracia Pactada Representativa, a partir de los movimientos regionales.
El proceso de las autonomías departamentales iniciado con el Cabildo del 22 de junio de 2004 como expresión de masas, respondía a demandas históricas de la sociedad en búsqueda de la democratización del poder y, al mismo tiempo, buscaba la consolidación del proyecto de economía de mercado en lo económico y de democracia liberal en lo político. «En este grandioso encuentro, los habitantes de esta bendita tierra, trazamos una nueva agenda para Bolivia y para Santa Cruz, la agenda del trabajo, de la Bolivia Productiva» (2).
Posteriormente, en su contenido político este proceso se fue cerrando y respondió a intereses específicos de oposición política. Este quiebre se dio a partir del liderazgo de la posición dura de Branco Marinkovic, cuando se redactaron unos nuevos estatutos en poco tiempo, para presentarse el 15 de diciembre de 2007, como un instrumento de presión política en contra de la nueva Constitución.
El tema autonómico, actualmente, ha perdido interés por parte de la élite del bloque cívico, debido a que se ha pasado directamente al campo de la oposición política, dejando de lado esta demanda histórica cruceña. Paralizando el tema hasta el próximo año. En este contexto, es importante que las organizaciones de la sociedad, de una manera plural e incluyente, participen en el debate concreto de adecuación de los estatutos respecto a la Constitución, para enmarcar las autonomías en el actual ordenamiento jurídico vigente.
“Es un hecho la constitucionalización de los cuatro niveles de autonomías: departamentales, regionales, municipales e indígenas-campesinas-originarias. Por lo tanto, es necesario concertar con los actores involucrados, las rutas de implementación de estas autonomías”
Williams Bascopé Laruta
De la República Liberal al Estado Plurinacional
El nacimiento a la vida independiente de Bolivia surge inspirado por las corrientes de pensamiento liberal de Europa. Como lo ocurrido con la Revolución Francesa, los burgueses, aquellos que acumularon un cierto capital y contaban con la contratación de mano de obra, se veían amenazados por la Corona francesa y necesitaban justificar su libertad de comercio en la libertad del individuo, es así que sus pensadores (Diderot, Montesquie, Rousseau, Voltaire, etc.) justificaron la necesidad de un nuevo orden, en tal razón se contó con un apoyo popular para acelerar la caída de una nobleza decadente y absolutista, que no comprendía la realidad de sus gobernados. Esta corriente política es la que inspira a los caudillos en América latina (Bolívar, Sucre, San Martín, De Miranda, etc.) en buscar la libertad. Es así que la primera Constitución boliviana redactada por Simón Bolívar desde Lima, tiene un contenido de doctrina liberal.
Ahora bien, el concepto teórico de “republica” desde los griegos y romanos deriva de la palabra en latín “res –publica”, que significa la cosa publica, lo que implica que el Estado y sus componentes son parte de toda la población que integra ese Estado, así como también la significación que la soberanía está ostentada por el pueblo y éste la delega a sus gobernantes electos, teoría política —reitero— que nace en los pensadores de la ilustración de los siglos XVII y XVIII en Europa. A esto debemos aclarar que el concepto de Estado significa la organización política y jurídica de una sociedad, lo que nos conlleva a pensar que es un orden y que puede ser de diferentes características: Estado democrático, Estado monárquico, o también en su estructura Estado unitario o simple, o Estados complejos (federal, confederal, autonómico, regional). En realidad existen diferentes definiciones teóricas sobre el Estado, empero, queda clara su definición y sus alcances, la organización de una sociedad para la convivencia.
Esta introducción un tanto teórica respecto al Estado y a la República, nos sirve de antesala para ingresar a la siguiente polémica, si realmente es apropiado y correcto denominar oficialmente que Bolivia es un Estado o una República.
La Constitución Política del Estado en su articulo primero establece que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario (…)”, lo que ha implicado que la voluntad del constituyente, legitimada en el referéndum aprobatorio del 25 de enero de 2009, en la que el pueblo se manifestó por constituirse en un Estado Plurinacional con autonomías, ha marcado el inicio histórico e institucional de una nueva Bolivia, a partir de estructurar nuevas instituciones, nuevas normas y una nueva lógica de relacionamiento entre Estado y ciudadanos, es decir, entre gobernantes y gobernados con la filosofía de “mandar obedeciendo”, expresión que surgió en Chiapas, México, con el Subcomandante Marcos, y que los sectores sociales indígenas, campesinos y populares lo tomaron en Bolivia.
La profundización de la democracia y el acercamiento del Estado más al ciudadano ayudan en mucho a construir presencia de Estado en todo el territorio, incluso se debe agregar lo siguiente: la Constitución expresa que Bolivia es Democrática y además en su artículo 11 reitera que el sistema de gobierno es democrático y éste es directo y participativo, por lo cual el ciudadano ejerce la democracia a partir del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Además de señalar que esta democracia es representativa porque existe elección de autoridades, así también la aplicación de la democracia comunitaria de los pueblos indígenas y naciones originarias en sus autonomías; pero aun más, con la presencia indígena y su participación de los entes plurinacionales como serán: la Asamblea Plurinacional, Tribunal Constitucional, Control Social y otros.
Ahora bien, estas características, sin duda desde el pensamiento político liberal, implican en esencia una “republica” y esto, incluso, se fundamentaría cuando el mismo texto constitucional en su artículo 11 expresa que “La republica de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa, comunitaria (…)”. Este artículo de alguna forma estaría indicando que Bolivia no es simplemente un Estado Plurinacional, sino un República; sin embargo, eso es desde el punto de vista de las corrientes de filosofía política liberal. Entonces, qué se podría decir desde otra perspectiva que no sea la liberal, sino desde la filosofía de un nuevo pensamiento político que nace en Bolivia.
Se supone que cuando el actual Gobierno (Órgano Ejecutivo) usa el nombre solemnemente de “Estado Plurinacional de Bolivia” en los actos oficiales, está siendo consecuente con lo planteado en la Asamblea Constituyente por los sectores sociales que impulsan el llamado “proceso de cambio”, porque la misma historia republicana muestra que los sectores indígenas no fueron parte del Estado Republicano hasta la Revolución de 1952 y la reforma agraria de 1953, en la que fueron asumidos como campesinos, pero no como pueblos indígenas o naciones originarias. Esta nueva condición social económica no cambió en mucho su realidad de marginación y pobreza y siguieron sometidos a las nuevas élites políticas emergentes y de poder económico, que heredaron la lógica de considerarse dueñas de Bolivia y al mismo tiempo despreciarla, como diría Sergio Almaraz.
Entonces hay razones históricas y políticas para que los movimientos sociales (indígenas, campesinos, obreros y otros sectores populares) no contemplen en la construcción de un nuevo Estado la denominación liberal de “república”. Pese a que el texto constitucional lo señala en su artículo 11. Sin embargo, existe otro fundamento teórico para sostener el denominativo Estado Plurinacional, y es que la filosofía y espíritu de la nueva Constitución Política del Estado plantea una nueva concepción de organización y relación de una sociedad que es diversa culturalmente, porque reconoce a los pueblos indígenas y naciones originarias como parte de un nuevo Estado y fuera de la concepción del Estado mono-cultural. Estos pueblos indígenas pueden acceder a su propio autogobierno mediante la constitución de sus propias autonomías, es decir, la posibilidad de ser autoridades reconocidas por un orden constitucional. Estamos hablando de una nueva forma de pensar el derecho constitucional boliviano, que seria una irradiación para pensar en una nueva corriente filosófica política para América Latina. Es decir, pensar el Derecho a partir de nuestra propia realidad sin copiar doctrinas o pensamientos políticos ajenos a nuestras circunstancias, como fue el sistema neoliberal. Es otra forma de pensar la política, ya que el concepto de “política” para los pueblos indígenas y naciones originarias es: la conservación y reproducción de la vida. Al contrario, ciertas corrientes euro-centristas definen a la política como el arte de gobernar o de conservar el poder; el primero (el indígena) suena romántico y el segundo (eurocentrista), menos apasionado, pero son dos posiciones que buscan la organización ideal de una sociedad.
Es por eso que la implicancia de cambiar el nombre de República de Bolivia por el de Estado Plurinacional de Bolivia no solamente es de forma, sino de fondo, es la descolonización de la mente, para desprendernos de corrientes ajenas que son cuestionadas en un mundo que está sintiendo los efectos del sistema neoliberal, que planteó que la acumulación de capital es necesaria para el desarrollo de los Estados, sin importar la conservación del medio ambiente y su efecto en el calentamiento global.
En tal razón, con mayor necesidad emerge esa filosofía indígena, que plantea que la política es la conservación de la vida y su reproducción, y no la del capital; por eso el desafió es muy grande para quienes son estudiosos de la teoría política y el Derecho, construir la nueva teoría del Estado Plurinacional es el desafió a seguir por quienes sostenemos que un cambio profundo en Bolivia es necesario y, además, inevitable. Pero también, estemos muy seguros que este concepto de Estado Plurinacional será materia de consulta al mismo futuro Tribunal Constitucional Plurinacional, que necesariamente antes de emitir su criterio deberá consultar la voluntad del constituyente y los documentos existentes de la Asamblea Constituyente.
Jimena Costa Benavides
Volviendo del tercer milenio al siglo XIX
“En Bolivia, desde la primera Constitución Política del Estado de 1826 se adopta la forma de gobierno republicana unitaria democrática y representativa, eso hicimos a través de la historia, tratar de alcanzar un orden social donde los gobernantes de turno no utilicen las instituciones del Estado para lograr su propio beneficio, para que quienes llegan al poder utilicen sus quince minutos en beneficio de todos y no de sí mismos y sus acólitos. Transitar de República a Estado, es volver del tercer milenio al siglo XIX, y además es inconstitucional, no sólo porque no basta un decreto para lograr tal desastre”
El 18 de marzo del año en curso, a través de Decreto Supremo 048 de artículo único, el presidente de la República, Evo Morales Ayma, y su Concejo de Ministros decretan que: “En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la siguiente denominación: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.
Muchos pueden pensar que Estado o República son sinónimos, pero existen enormes diferencias entre ambos conceptos. La evolución del poder y los modelos históricos de organización política de la sociedad llevan a los Estados a constituirse en Repúblicas, es un salto cualitativo: de sociedades segmentadas se transita a formas de ciudad-Estado y el proceso de modernización social y política lleva a las sociedades modernas a constituirse en formas de Estado como regímenes políticos estables e institucionales. Desde el liberalismo hasta el marxismo, el Estado se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad con soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Carlos Marx diferenciaba el Estado Burgués del Estado Proletario, porque evidentemente el Estado es un conjunto de instituciones que pueden manejarse a favor de quienes lo administran, por eso el Estado tiene contenido de clase.
La República (del latín res publica, “la cosa pública, lo público”), corresponde a un grado superior de organización de la vida social, es un sistema político caracterizado por basarse en la representación de toda su estructura mediante el derecho a voto, donde el electorado constituye la raíz última de la legitimidad y soberanía, y donde se resalta la importancia de la autonomía y del Derecho —incluyendo los derechos humanos—, y donde las instituciones le ponen límites al libre albedrio de los gobernantes. Desde el pensamiento aristotélico, la República es considerada la mejor forma de gobierno aún frente a la democracia. El buen gobierno es aquel que busca la realización del interés general, el mal gobierno es aquel que promueve la realización del interés particular. La República es el buen gobierno donde quienes acceden al poder deben actuar en beneficio de todos y donde las instituciones les impiden a las autoridades electas hacer un uso arbitrario del poder y de los recursos públicos.
En Bolivia, desde la primera Constitución Política del Estado de 1826 se adopta la forma de gobierno republicana unitaria democrática y representativa, eso hicimos a través de la historia, tratar de alcanzar un orden social donde los gobernantes de turno no utilicen las instituciones del Estado para lograr su propio beneficio, para que quienes llegan al poder utilicen sus quince minutos en beneficio de todos y no de sí mismos y de sus acólitos. Transitar de República a Estado, es volver del tercer milenio al siglo XIX, y además es inconstitucional, no sólo porque no basta un decreto para lograr tal desastre sino porque en el Capítulo Tercero, Sistema de Gobierno, de la nueva Constitución Política del Estado, dice textualmente: “Artículo 11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.
Queda claro que ciertas modificaciones no vienen de la convicción de que es fundamental defender un orden basado en un estado de derecho que garantice los derechos humanos de los ciudadanos frente al Estado, sino que nada más están presentes porque en el acelerado proceso de negociación/legitimación del texto constitucional de Oruro (diciembre de 2007) a ambas partes se les escaparon ciertos detalles. El preámbulo de la Constitución es más claro, más sincero, especialmente en el párrafo cuarto que señala: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” ¿Implica que para descolonizar tendremos que abandonar la modernidad?
“La evolución del poder y los modelos históricos de organización política de la sociedad llevan a los Estados a constituirse en Repúblicas: el proceso de modernización social y política lleva a las sociedades modernas a constituirse en formas de Estado como regímenes políticos estables e institucionales”