Esa institución indica que gestionó el traslado de Apaza desde el penal de Chonchocoro a San Pedro para resguardar su salud.
eju.tv
Después de que Cesar Apaza saliera de la cárcel, la Defensoría del Pueblo indicó que llevó adelante 55 acciones en resguardo de sus derechos humanos, en ámbitos que van desde el médico hasta el judicial y constitucional. Además, esa entidad subrayó la resolución que emitió en la que denuncia posibles hechos de tortura.
“Por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, el equipo multidisciplinario, legal y constitucional de la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura desplegó los mecanismos de atención en el caso de Apaza, inmediatamente después de conocido sobre su aprehensión”, aseguró Francisco Rodríguez, Coordinador de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz.
Esa institución indició que cuando Apaza sufrió un cuadro de pre embolia coadyuvó a viabilizar la atención de fisioterapeutas, especialistas y médicos externos a la Dirección General de Régimen Penitenciario, proporcionados por su familia y por terceras personas.
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La Defensoría del Pueblo también sostiene que, además de impulsar al menos dos juntas médicas, para valorar y conocer el estado de salud de Apaza, gestionó su traslado, desde el penal de Chonchocoro a San Pedro para resguardar su salud.
El 11 de mayo de 2023, esa institución emitió una Resolución Defensorial, en la que recomendó a las autoridades competentes iniciar una investigación y establecimiento de responsabilidades por posibles tratos degradantes y hechos de tortura durante su aprehensión, traslado y permanencia en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz.