Ahora, la obligación de fondo es proporcionar al conocimiento público las pruebas que respalden las aseveraciones del ministro Rada en resguardo de la seriedad y responsabilidad con la que se formuló la denuncia. De lo contrario, se puede pensar que se trata de un show mediático.
La Razón – Editorial
El Gobierno ha formulado denuncias, de forma muy recurrente, de intentos de atentar contra la seguridad del presidente Evo Morales. Esto induce a lanzar varias preguntas. Desde cuál es el grado de garantías que existe para resguardar la vida del Primer Mandatario, y si son suficientes las medidas de prevención que se adoptan para este efecto, hasta cuáles son las pruebas en las que se basa el Ejecutivo para presentar estas sospechas de magnicidio.
El tema adquirió actualidad en estos días después que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó que la banda de 23 delincuentes de nacionalidad peruana y boliviana que fue detenida en Cochabamba y presentada el 11 de agosto, planeaba realizar ataques terroristas y atentar contra la vida del Jefe de Estado. La autoridad no presentó pruebas de sus acusaciones.
Los delincuentes tenían vehículos, explosivos, 23 armas de fuego, entre ellas dos fusiles 7.62, cuatro rifles de 12 mm con mira telescópica y varias pistolas y revólveres.
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El ministro Rada dijo que se sospechaba que la banda delincuencial internacional tenía la intención de cometer atentados en la fiesta de Urkupiña.
Las acusaciones sobre terrorismo contra ciudadanos peruanos causaron molestia en Lima. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano anunció que pedirá al Gobierno boliviano que muestre las supuestas pruebas que implicarían a migrantes peruanos con presuntos actos terroristas en el territorio nacional. Pidió no generalizar con las acusaciones.
Pero Rada ha realizado más denuncias sin pruebas. El viernes pasado, el ministro relacionó las explosiones de los dos sobres-bomba, que estallaron el miércoles 12 de agosto, con intentos de atentar contra la vida del Presidente y del vicepresidente Álvaro García. Dijo que la hipótesis surge producto de una recolección de hechos.
Ahora, la obligación de fondo es proporcionar al conocimiento público las pruebas que respalden las aseveraciones del ministro, en resguardo de la seriedad y responsabilidad con la que se formuló la denuncia. De lo contrario, se podría pensar que sólo se trata de un show mediático y de denuncias sin fundamento, como ha ocurrido en más de una oportunidad, incluso de la misma voz del Presidente.
En consideración a que los bolivianos empiezan a involucrarse en el proceso electoral de diciembre próximo, empezando por asistir a inscribirse en los registros biométricos, es conveniente no echar sombras sobre el mismo, a menos que se tenga la certeza y, fundamentalmente las pruebas, para hablar de un tema tan importante y delicado como es el de un atentado contra el Primer Mandatario.
Ya van tres años en que el Gobierno se ha ocupado de lanzar acusaciones sin pruebas y de utilizar los medios de comunicación para dar a conocer sus sospechas, como si el cuidado de la integridad del Presidente fuese un asunto mediático antes que una política de seguridad nacional.
Es momento pues de que las autoridades correspondientes dejen los discursos y las cámaras y pasen de las palabras a la acción. Que se muestren pruebas, que se detenga a los culpables y se ejecute un verdadero plan de seguridad.