Sus casos se encuentran en la fase de conciliación para no ir a juicio ante la Corte IDH
Fuente: https://correodelsur.com/
El abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) Arturo Yáñez informó que hay 17 demandas de jueces del país admitidas por la CIDH y que el Estado boliviano está obligado a pagar un resarcimiento total de más de 4 millones de dólares, si no llega a un acuerdo con estas víctimas de despidos injustificados y evita ir a un juicio ante la Corte IDH.
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“Yo tengo, de momento, de los anteriores despedidos, 17 causas que ya estamos en proceso de negociación con la Procuraduría General del Estado una indemnización que supera los 4 millones de dólares. Estamos en ese proceso, que tendrá que repetirse a quienes han perpetrado estos abusos. Hay una alta probabilidad de que el Estado pierda porque hay más de una docena de casos similares en los que los estados han sido declarados responsables”, advirtió Yáñez a CORREO DEL SUR.
A estos demandantes podría sumarse la jueza de Tupiza Pastora Cabrera, que fue cesada de su cargo sin previa evaluación o examen de competencia, dentro de una convocatoria interna como ocurrió con casi 500 colegas suyos que permanecen en funciones. Cabrera egresó del Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB), hoy Escuela de Jueces, en 2003, logrando la segunda mejor calificación entre 40 egresados; fue enviada al municipio más lejano del norte de Potosí, San Pedro de Buena Vista, y de ahí, mediante examen de competencia, llegó a Tupiza. Veinte años después la echaron pese a haber logrado una sentencia de restitución a su favor.
FALLO SORPRESIVO
Cabrera acudió a todas las instancias administrativas y constitucionales para volver a su cargo, pero hasta vocales constitucionales del TDJ de Chuquisaca le negaron la tutela. Sin embargo el TCP, en revisión, determinó en 2020 otorgarle la tutela y dispuso su reincorporación con el pago de los salarios devengados.
“Me sorprendí que se haya concedido el recurso que tiene como fecha 2020, pero recién fue notificado en julio de 2022”, señaló.
La notificación de la Sentencia Constitucional 704/2020, de restitución a su cargo, coincidió con el estallido de los escándalos por la liberación de feminicidas y violadores por parte de jueces bolivianos a inicios de 2022. Varios fueron acusados y destituidos, como Rafael Alcón Aliaga, de La Paz, entre otros 15 juzgadores.
En 2022, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, acusó a la jueza Cabrera de corrupta y dijo que no tendría que ser reincorporada por sus antecedentes.
“He desempeñado mi función de juez de manera transparente, nunca he dictado una resolución por amistad, enemistad, por dinero, en absoluto; por eso ahora puedo caminar en los lugares donde he administrado justicia con la frente en alto. He tenido el apoyo de los ayllus y de la asociación de mujeres profesionales de Tupiza”, manifestó la Jueza.
Luego, desafió a Molina a que, “por responsabilidad y siendo una autoridad nacional” demuestre con documentación que cometió delitos o que es corrupta “y no de manera alegre mellar mi dignidad de persona, de una profesional idónea”.
Lamentó que ni el haber mantenido su tribunal con cero mora procesal, al igual que en el juzgado de sentencia donde trabajó, sirviera para considerar su idoneidad.
Según Cabrera, su “pecado” fue haber impedido al Consejo de la Magistratura despedir a los casi 500 jueces transitorios y en su lugar nombrar a sus allegados a través de convocatorias externas.
TRANSITORIOS
El 2019, en aplicación de la nueva Constitución y Ley 025 del Órgano Judicial, todos los jueces, aunque hubieran egresado del IJB, eran considerados transitorios. Cabrera fue notificada con una carta de agradecimiento. Recuerda que fue un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.