La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) cuestionan a las autoridades y expresan preocupación por medidas que buscan limitar la libertad de expresión y prensa en el país.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunciaron públicamente tres casos en que advierten una posible intención de las autoridades por limitar la libertad de expresión y de prensa.
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En primer lugar, denunciaron que el periodista Juan Pérez Munguía fue detenido injustamente por filmar el frontis del Banco Central de Bolivia y luego liberado, en un hecho que se registró el jueves 1 de agosto.
“Durante su detención, los policías intentaron forzarlo a borrar las imágenes y a firmar un documento admitiendo haber cometido una falta, a lo que se negó con el respaldo de las asociaciones”, señala su pronunciamiento.
El segundo caso denunciado es de un portal de noticias que informaba diariamente sobre la fluctuación del precio del dólar y que fue sido obligado a cerrar bajo acusaciones de especulación financiera.
Las asociaciones aseguraron que informar sobre la variación del precio del dólar paralelo no constituye especulación financiera.
“El cierre de este portal no logrará que el precio del dólar paralelo baje al precio oficial de 6.96. Por el contrario, la falta de información real sobre el precio del dólar paralelo podría incluso hacer que éste aumente”, advirtieron.
En un tercer caso es del el tiktoker Rubén Blanco, quien tiene en su contra dos procesos penales por incitación al racismo, debido a comentarios que hizo sobre la danza de los mineritos.
Si bien las asociaciones no comentaron los videos de Rubén Blanco, consideran que difundirlos forma parte de la libertad de expresión.
“Expresar una opinión sobre una danza u otra expresión cultural, aun de ser ofensiva, no debe ser tipificada como un acto de racismo ni discriminación y tampoco penalizarse. Cualquier discurso que pueda ser considerado intolerante debe ser cuestionado con medidas alternativas a las sanciones penales, tales como campañas de sensibilización y educación”, instaron la APLP y la ANPB.
Ante tres casos recientes, periodistas denuncian nuevos intentos de las autoridades de restringir la libertad de expresión
Fuente: Brújula Digital
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) expresaron su creciente preocupación ante tres acontecimientos recientes que, según consideran, buscan limitar la libertad de expresión y prensa en el país.
En un primer caso, el periodista Juan Pérez Munguía fue detenido el jueves de manera injusta tras filmar el frente del Banco Central de Bolivia. Gracias a la intervención de las mencionadas asociaciones, fue liberado el mismo día. Durante su detención, se reportó que los agentes policiales intentaron obligarlo a borrar las grabaciones y a firmar un documento reconociendo una falta, lo que él rechazó con el apoyo de las asociaciones.
Además, un portal de noticias que reportaba diariamente sobre la variación del precio del dólar fue forzado a cerrar bajo acusaciones infundadas de especulación financiera. Las organizaciones recalcan que informar sobre el precio del dólar paralelo no equivale a especulación. El cierre del portal no resolverá la discrepancia entre el precio del dólar paralelo y el oficial, y la falta de información podría, de hecho, agravar la situación.
En otro incidente, el tiktoker Rubén Blanco enfrenta cargos penales por racismo y discriminación debido a comentarios sobre una danza potosina, lo que ha llevado a su detención y posterior retractación. Aunque la APLP y la ANPB prefieren no comentar sobre el contenido de los videos de Blanco, subrayan que la difusión de opiniones es un componente esencial de la libertad de expresión.
Ambas asociaciones enfatizan que no se puede arrestar a alguien por expresar una opinión que se mantenga dentro de los límites legales.
La crítica a una danza u otra expresión cultural, incluso si resulta ofensiva, no debería ser calificada como un acto de racismo o discriminación, ni justificarse su penalización. Cualquier discurso considerado intolerante debería ser abordado mediante medidas alternativas, como campañas de sensibilización y educación, en lugar de sanciones penales.
Las asociaciones reiteran su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la prensa en Bolivia, instando a las autoridades a respetar estos derechos fundamentales.