Los altos cargos que administrarán la justicia en Bolivia puede ser elegidos por simple mayoría, es decir que aunque la mayoría del electorado vote en blanco o nulo igual podrán asumir sus mandatos como ocurrieron en anteriores procesos electorales.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
La mayoría de los 139 candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa para las elecciones judiciales que se realizarán el 1 de diciembre está integrado por funcionarios o exfuncionarios del órgano Judicial y de la administración pública.
eju.tv realizó un repasó uno a uno los nombres de los postulantes que buscan hacerse de la administración de la justicia en Bolivia y corroboró que más del 50% de éstos trabajaron en salas judiciales, tribunales departamentales ya sea como altos cargos o funcionarios intermedios.
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También hay docentes de derecho y funcionarios de la administración pública del Gobierno central y entidades descentralizadas, y gobiernos subnacionales.
En las listas destacan los magistrados denominados «autoprorrogados» del órgano Judicial, cuyos mandatos fenecieron en 2023, como Marvin Molina, quien ahora busca una plaza en el Tribunal Supremo de Justicia, Ponciano Ruíz busca un cargo en el Tribunal Constitucional Plurinacional y Mariana Montenegro postula al mismo tribunal.
Bolivia es uno de los pocos países que elige a los magistrados que administran la justicia mediante voto popular. Este proceso comienza en la Asamblea Legislativa que a través de sus comisiones legislativas preselecciona a los postulantes.
Una vez que se realiza esta fase, las listas de candidatos pasan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que administra el proceso electoral y ésta entidad ya definió que las elecciones judiciales se realizarán el domingo 1 de diciembre.
El país también afronta una crisis en la administración de justicia debido a que el órgano Judicial no goza de independencia, según monitoreos realizados por la ONU, la CIDH y otros organismos internacionales.
La injerencia del órgano Ejecutivo en las decisiones judiciales y la retardación de justicia son las dos observaciones principales del órgano del Estado que ahora pretende ser remozado.
Entre esos 139 postulantes están por ejemplo Iván Ramiro Campero Villalta, presidente de la Sala Social, Administrativa y Contenciosa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien obtuvo la máxima nota de 193.
Félix Orlando Rojas Alcón es otro postulante que obtuvo una calificación de 181 puntos y es vocal de la Sala Penal Tercera de La Paz.
Ramiro Julio Ariel Blanco Fuentes forma parte de Sala Civil y Comercial Primera de La Paz; Iván Noel Córdova Castillo es juez sexto de Violencia contra la Mujer; Karina Erika Valdez Cuba es vocal Sala Civil y Comercial Segunda en La Paz mientras que Fanny Coaquira Rodríguez, fue vocal de la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
En Chuquisaca se encuentra entre los preseleccionados Carlos Eduardo Ortega Sivila, abogado y exfuncionario de la universidad San Francisco Xavier o Roberto Ibog Valdiviezo Salazar, quien ocupaba el cargo de vocal del Tribunal Departamental de Chuquisaca.
En el filtro de los nombres de los postulantes también se encuentran nombres de administradores de justicia como Olvis Eguez en el departamento de Santa Cruz o Haider Echalar Justiniano en el departamento de Beni.
Uno de los postulantes observados por su afinidad con el órgano Ejecutivo es el vocal Israel Ramiro Campero que obtuvo una nota de 145 puntos y postula a un cargo en el Tribunal Constitucional Plurinacional .
Asimismo se observa la habilitación de la exministra de Justicia de Evo Morales, Elizabeth Sandra Gutiérrez, al Tribunal Supremo de Justicia pese a que reprobó la evaluación con 50 puntos.
Esta afinidad con el poder también pone en la mira a postulantes como Juan Carlos Arellano, quien fue oficial mayor de la cámara de Diputados en la presidencial de Jerges Mercado y ahora busca una plaza en el Consejo de la Magistratura.
Aldo Castro quien también busca su puesto en la Magistratura fue en 2023, según declaración jurada, jefe de la unidad de gestión jurídica del ministerio de Obras Públicas, dirigido por el ministro Edgar Montaño, quien a su vez lidera el grupo político «Guerreros Azules», integrado por funcionarios de esa repartición.
También resaltan nombres como Nataly Ema Vargas y Sandra Marañón, ambas trabajaron en la Procuraduría General del Estado que es una entidad que defiende legalmente al Estado. La primera candidatea para el Consejo de la Magistratura y la segunda para el Tribunal Supremo de Justicia.
Adalberto Rojas, el exjefe del INRA en Santa Cruz hasta 2022 que ahora postula al Tribunal Constitucional. El funcionario dejó dicho cargo después de una oleada de críticas por su participación en el caso llamado Las Londras en el que fueron secuestrados y torturados periodistas y policías.
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Zacarías Valeriano es otro abogado que, según declaración jurada, trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahora postula al Tribunal Supremo de Justicia.
Los altos cargos que administrarán la justicia en Bolivia puede ser elegidos por simple mayoría, es decir que aunque la mayoría del electorado vote en blanco o nulo igual podrán asumir sus mandatos como ocurrieron en anteriores procesos electorales.