Por Lenny Chuquimia
En agosto de 2024, Bolivia mantenía altos niveles de conflictividad social, con 105 conflictos registrados. Este es el quinto mes consecutivo en el que se superan los 100 casos, con la crisis económica como el principal detonante.
“Con el paso de los meses, la problemática económica ha ido cobrando cada vez mayor relevancia en la conflictividad nacional, constituyendo en agosto el motor de más de un tercio de los conflictos”, señala el boletín Infografía del Conflicto, del Programa de Investigación en Conflictividad Social y Comunicación Democrática de la Fundación UNIR.
La escasez de dólares y la falta de diésel se posicionaron como las causas más recurrentes, afectando principalmente a sectores agrícolas y de transporte. El desabastecimiento de diésel perjudicó a los productores del Valle Alto de Cochabamba ya la Cámara Agropecuaria del Oriente, quienes advirtieron que la falta de combustible pone en riesgo la siembra y las operaciones productivas.
En julio, los transportistas y gremiales ya habían protagonizado protestas por el incremento de tarifas en Santa Cruz y en rechazo a los cobros irregulares en Potosí. En agosto, estos conflictos se multiplicaron, y diversos sectores se sumaron a las movilizaciones exigiendo soluciones a la falta de dólares, alza de precios de la canasta familiar y los costos de los insumos para la producción.
Protestas en sectores clave
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Los conflictos económicos no solo afectaron al agro, sino que también se extendieron a sectores fabriles y artesanos en La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro y Tarija. Trabajadores y gremios urbanos salieron a las calles para pedir empleo, apoyo a la producción nacional y la regulación de las importaciones, que consideran dañinas para la industria local. Las Federaciones de Juntas Vecinales (Fejuve) y los Comités Cívicos también lideraron protestas en varias ciudades, denunciando el encarecimiento de los productos básicos.
La educación y la gestión administrativa fueron otros sectores que continuaron generando conflictos. En El Alto, el Hospital Holandés se enfrentó a protestas debido a la inestabilidad administrativa que ha afectado su funcionamiento por más de tres años. En Cochabamba y Santa Cruz, los padres de familia exigieron la culminación de obras en unidades educativas que deberían haber estado listas para el inicio del año escolar, mientras que en Potosí, continuaron las demandas por el desayuno escolar.
A nivel municipal, hubo movilizaciones para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) de 2025 en localidades como Quillacollo (Cochabamba) y Bermejo (Tarija), donde se pidió mayor participación ciudadana en la planificación de las gestiones futuras.
El sector agropecuario campesino protagonizó varias protestas, destacando las movilizaciones de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, que se opuso a un proyecto de ley que reconvierte pequeñas propiedades en medianas, lo que implicaría el pago de impuestos adicionales. En Santa Cruz, interculturales, productores de soja, maíz y girasol, junto con transportistas del municipio de San Julián, exigieron la legalización del uso de biotecnología, la aprobación de créditos diferidos y la liberación de aranceles para la importación de agroquímicos.
Geografía y tipología de los conflictos
El Gobierno central fue el principal blanco de las demandas sociales, absorbiendo casi el 50% de las protestas, lo que indica una creciente preocupación nacional que trasciende los niveles municipales. En total, el 22,4% de los conflictos estuvo relacionado con lo económico, seguido por la prestación de servicios públicos y temas medioambientales.
Si bien los niveles de violencia fueron relativamente bajos, con menos del 12% de las protestas que resultaron en enfrentamientos violentos, las movilizaciones fueron masivas. Muchos involucraron a amas de casa, comerciantes y trabajadores que rara vez recurren a la violencia, trasladando las protestas desde las áreas rurales hacia las ciudades.
A pesar de la baja radicalidad, los sectores más activos advirtieron sobre la posibilidad de que los conflictos escalen si no se implementan soluciones efectivas, especialmente en temas como el desabastecimiento de combustibles, la inflación y la falta de dólares.
Movilizaciones políticas y medioambientales
El contexto político no quedó exento de conflictividad. Movilizaciones organizadas por el Pacto de Unidad, afín a Evo Morales, y por la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí y los Ponchos Rojos se sumaron a las protestas contra el gobierno de Luis Arce, exigiendo medidas para enfrentar la crisis económica.
Por otro lado, colectivos ambientalistas como Ríos de Pie, Red Biodiversidad y Pro Pacha protestaron por la falta de medidas para combatir los incendios forestales en el país, un problema que ha afectado gravemente a varias regiones.
El documento indica que la información analizada muestra que la conflictividad en Bolivia sigue siendo alta y está en ascenso. Advierte que las tensiones sociales podrían intensificarse si no se implementan medidas que aborden las crecientes preocupaciones económicas.