En medio de una Asamblea Legislativa con las fuerzas políticas divididas, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, denunció que “hay intenciones de frenar” el proceso de designación del nuevo Fiscal General del Estado.

El 23 de octubre, el actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, concluye su gestión; por lo que la Asamblea debe designar a una nueva máxima autoridad del Ministerio Público antes de esa fecha. De lo contrario, por reglamento y prelación, deberá asumir el fiscal departamental de Chuquisaca.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por ahora, la Comisión Mixta de Justicia Plural se encuentra en la fase de resolución del recurso de revisión de méritos para elegir al perfil más idóneo como titular del Ministerio Público.

En entrevista con La Razón Radio, Urquidi aseguró que el proceso “va con cierta normalidad”, aunque develó que una de las representantes de su alianza denunció la existencia de una “acción sospechosamente dilatoria” para no cumplir con los plazos.

“Haya actitudes del oficialismo en ambas alas (arcismo y evismo) que no están demostrando la voluntad política”, denunció Urquidi.

Este martes se dio a conocer que la diputada de CC Luciana Michele presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debido a que, en su criterio, la Ley 1579, Transitoria de Selección y Designación de Fiscal General, viola el derecho a la postulación al cargo de Fiscal General, esto en razón de que los magistrados postulantes en este proceso no renunciaron al cargo.

A su vez, Urquidi indicó que espera que se logren consensos en la Asamblea para elegir al nuevo fiscal en los tiempos correspondientes. “Ojalá la Asamblea logre construir el consenso”.

Entre el 18 y 23 de octubre, la Asamblea Legislativa deberá designar y posesionar al nuevo Fiscal General del Estado.

El diputado Enrique Urquidi en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Renan Crespo.

Lea: Diputada Michel presenta una acción judicial que pretende paralizar la selección del Fiscal General