La investigación aborda los efectos de los incendios forestales e indica que la acelerada pérdida de bosques y ecosistemas no boscosos desde 2016 representa una crisis ecológica alarmante con graves implicaciones socioeconómicas.
Fuente: Visión 360
Un estudio de Oxfam revela los serios impactos ambientales que genera la minería aurífera en el medioambiente por el uso de mercurio y la deforestación de los bosques con el chaqueo e incendios forestales. Uno de los resultados de la investigación indica que las cooperativas mineras reciben numerosas subvenciones directas e indirectas pese al impacto negativo en el medioambiente y en la salud de las comunidades.
«En 2022 se estima que el Estado subsidió al sector con 977 millones de dólares en total, incluyendo subsidios al diésel y reducciones en las regalías. Este monto es significativamente mayor que la contribución del sector en regalías, mostrando una desproporción entre los beneficios obtenidos y las contribuciones fiscales», se lee el documento que lleva el título » A fuego y mercurio, crisis ecológica y desigualdades en Bolivia”.
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Además, la investigación aborda los efectos de los incendios forestales y el uso intensivo de mercurio en diferentes poblaciones auríferas.
“La minería aurífera en Bolivia, aunque es una fuente significativa de ingresos, tiene un impacto negativo considerable en el medio ambiente y en la salud de las comunidades locales. La contaminación por mercurio y la deforestación son problemas graves que requieren atención urgente”, se lee en el estudio.
De acuerdo con la investigación, las políticas fiscales y de subvenciones favorecen desproporcionadamente al sector cooperativo, resultando en una baja contribución fiscal y perpetuando las desigualdades sociales y económicas.
A partir de 2015, y especialmente desde 2019, la extracción de oro ha aumentado significativamente debido a los altos precios internacionales y políticas públicas favorables. La producción alcanzó 53,3 toneladas en 2022, un incremento del 91% en comparación con el promedio de producción entre 2014 y 2018.
También, según el estudio de Oxfam, la contribución del oro a la economía boliviana es mínima. En 2022, las regalías mineras auríferas aportaron solo millones de dólares, menos del 2,05% de la producción oficial. “La normativa actual favorece al sector cooperativo, que representa el 99,6% de la producción legal de oro. Estas cooperativas, consideradas entidades sin multas de lucro, no pagan impuestos sobre utilidades, resultando en una baja contribución fiscal”, añade el documento.
Oxfam sostiene que la minería aurífera, si bien es un negocio altamente rentable, exacerba las desigualdades sociales y económicas, toda vez que las comunidades indígenas y rurales son las más afectadas por la contaminación y la degradación ambiental.
Estas comunidades dependen de los recursos naturales para su sustento, y la contaminación del agua y los alimentos amenazan su seguridad alimentaria. La falta de acceso a servicios de salud adecuados agrava la situación, dejando a estas comunidades en una posición de desventaja y vulnerabilidad.
Deforestación
El estudio da cuenta que la acelerada pérdida de bosques y ecosistemas no boscosos desde 2016 representa una crisis ecológica alarmante con graves implicaciones socioeconómicas.
“Entre 2018 y 2022, la expansión agrícola y pecuaria fue responsable del 97% de la deforestación (Mapbiomas Bolivia, 2024). Contrario a la percepción común, las empresas y propietarios de terrenos medianos son los mayores contribuyentes a los incendios forestales y la deforestación, no las comunidades indígenas o campesinas”, remarca el documento.
De acuerdo con Oxfam, la economía del desmonte en Bolivia se caracteriza por su alta rentabilidad, facilitada por políticas públicas que fomentan la expansión agroindustrial. Los subsidios estatales, especialmente a la gasolina y el diésel, juegan un papel crucial en reducir los costos de desmonte y producción.
“Desde hace casi una década, Bolivia enfrenta una acelerada y creciente pérdida de sus bosques y ecosistemas no forestales, lo que constituye una crisis ambiental y climática de magnitud alarmante con serias repercusiones socioeconómicas y ecológicas. Los agronegocios, impulsados ​​por la expansión agrícola y ganadera, así como por el negocio de la tierra, juegan un papel central en la deforestación y la degradación ambiental”, puntualiza.
En lugar de implementar políticas públicas y medidas sostenibles para proteger la diversidad ecológica y los equilibrios del país, Oxfam sostiene que el Estado fomenta esta expansión mediante subsidios, créditos y privilegios para el sector. Por eso es crucial, dice el estudio, realizando una revisión exhaustiva de las políticas fiscales, financieras y de desarrollo.
Por otra parte, el estudio advierte que la crisis ecológica afecta de manera desproporcionada a los territorios y poblaciones que ya están en situación de exclusión, pobreza y vulnerabilidad, lo que agrava las desigualdades existentes.
A nivel internacional, se han asumido compromisos para abordar estos desafíos, y en Bolivia existe un marco constitucional y normativo avanzado que promueve el Vivir Bien en armonía con la naturaleza. Sin embargo, hay una brecha notable entre los principios declarados y su implementación efectiva, lo que evidencia la necesidad de superar varios obstáculos, resistencias y desafíos.
“La interrelación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y las prácticas de deforestación en Bolivia revelan un patrón persistente de desigualdad tanto a nivel global como local. Mientras que las poblaciones más pobres y vulnerables del país contribuyen mínimamente a las emisiones, son quienes sufren los efectos más devastadores del cambio climático, exacerbando aún más las desigualdades existentes”, recalca Oxfam.
La investigación asegura que a medida que los actores empresariales generan una mayor proporción de estas emisiones, el impacto de las prácticas extractivistas, como la deforestación, se vuelve más evidente. «La explotación de recursos naturales, impulsada por la demanda global, no solo incrementa las emisiones de CO2, sino que también profundiza las desigualdades socioeconómicas y ambientales», agrega.
El estudio incluye testimonios y revela la urgente necesidad de políticas de desarrollo local inclusivas, sostenibles y adaptadas a las realidades y potenciales locales, así como a las particularidades culturales.
Las experiencias de las mujeres en estas comunidades subrayan la importancia de mejorar los servicios básicos, desarrollar infraestructuras, crear empleo y apoyar la producción agroforestal y la transformación de frutos del bosque.
Además, se destaca la necesidad de una gestión territorial y ambiental equitativa y sostenible, que garantice la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones que afectan sus tierras y medios de vida.