El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva Trujillo, se pronunció en rechazo al paro de 24 horas y bloqueo de calles anunciado por el Sindicato de Choferes Chuquiago Marka y el Transporte Libre de La Paz, previsto para este miércoles 23 de octubre.
Fuente: Prensa_Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
La medida, según los transportistas, es en respuesta a la falta de combustible y en demanda de un ajuste en las tarifas del transporte público.
La autoridad subrayó que cualquier modificación en las tarifas debe seguir el marco legal establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías.
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«Un incremento unilateral en las tarifas, sin el debido proceso, vulnera los derechos de los usuarios y no será permitido», afirmó Silva.
La resolución de los transportistas conmina a la alcaldía de La Paz a evaluar las tarifas en un plazo de 48 horas, advirtiendo que, de no cumplirse esta demanda, procederán a subir los pasajes sin consenso.
El Viceministro explicó que el diálogo es la única vía para resolver estas problemáticas y que las medidas de presión, como el bloqueo de calles, sólo perjudican a la ciudadanía y a los propios transportistas.
«Un paro no soluciona la falta de combustible ni mejora las condiciones del sector. Es necesario sentarse a dialogar con las autoridades para buscar soluciones viables», señaló.
Durante el ampliado de emergencia, los transportistas también manifestaron su descontento con la gestión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El Viceministro reconoció las dificultades que enfrentan los choferes por el desabastecimiento de combustible, pero insistió en que el camino correcto es exigir mejoras mediante el diálogo.
«No se puede desatender a la población con medidas extremas cuando las autoridades están dispuestas a buscar soluciones», añadió.
Silva también reiteró la necesidad de trabajar en políticas a largo plazo, como la promoción del uso de vehículos a GNV o eléctricos, y la facilitación de acceso a créditos productivos.
«El sector del transporte requiere soluciones estructurales, y para eso es fundamental que las autoridades y los transportistas colaboren de manera proactiva», concluyó.