Entre 2010 y 2022, Bolivia perdió aproximadamente 3 millones de hectáreas de bosque. De esta superficie, el 57% fue destinada a la expansión ganadera y un 33% a la agricultura mecanizada. La ganadería, incentivada por la apertura del mercado chino en 2019, ha crecido aceleradamente en el departamento de Santa Cruz, convirtiéndose en el principal impulsor de la deforestación.
Fuente: ANF
La Paz, 23 de octubre de 2024.- Bolivia está atravesando un periodo alarmante de deforestación, siendo uno de los países con las mayores tasas de pérdida de bosque a nivel mundial. Un análisis reciente del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) destaca que la ganadería y la agroindustria son los principales motores de este fenómeno, especialmente en la región de la Chiquitanía.
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Según el informe, entre 2010 y 2022, Bolivia perdió aproximadamente 3 millones de hectáreas de bosque. De esta superficie, el 57% fue destinada a la expansión ganadera y un 33% a la agricultura mecanizada. La ganadería, incentivada por la apertura del mercado chino en 2019, ha crecido aceleradamente en el departamento de Santa Cruz, convirtiéndose en el principal impulsor de la deforestación.
La Chiquitanía, una vasta región de bosque seco tropical, ha sido el epicentro de esta expansión ganadera. San Ignacio de Velasco es uno de los municipios más afectados, donde grandes empresas ganaderas, tanto nacionales como extranjeras, han invertido en la adquisición de tierras y su transformación en pastizales.
El crecimiento de nuevas colonias menonitas también ha contribuido significativamente a la deforestación. Estas colonias, fundadas en los últimos 15 años, han ampliado su producción agropecuaria, especialmente en la producción de soya y carne, lo que ha resultado en la deforestación de vastas áreas en la Chiquitanía y otras regiones del país.
Otro factor clave en la pérdida de bosques es la expansión agroindustrial en suelos pobres ferralíticos de la Chiquitanía. Estos suelos, que hasta hace poco no eran considerados aptos para la agricultura, están siendo habilitados gracias a la producción de urea a nivel nacional. Grandes empresas agrícolas y colonias menonitas han comenzado a cultivar soya y otros productos agroindustriales en estos suelos, combinando a menudo la agricultura con la ganadería.
Además, los asentamientos de colonizadores nacionales mecanizados e interculturales han aumentado la presión sobre los bosques. En la Chiquitanía se han otorgado títulos de más de 1,5 millones de hectáreas para nuevos asentamientos, los cuales utilizan maquinaria avanzada para la producción agrícola a gran escala.
Un aspecto preocupante es la legalización de la deforestación en tierras de producción forestal permanente (TPFP). El informe señala que un 41% de la deforestación entre 2010 y 2022 ocurrió en TPFP, lo que ha permitido que grandes áreas de bosque, que anteriormente estaban protegidas, sean ahora utilizadas para la ganadería y la agricultura.
Las políticas estatales han jugado un papel clave en la expansión de la frontera agrícola. El gobierno boliviano ha promovido la deforestación como parte de su estrategia de desarrollo económico, facilitando la legalización de desmontes que antes eran ilegales y ofreciendo incentivos financieros y legales a los sectores agropecuario y ganadero.
A nivel internacional, Bolivia se ha convertido en un destino atractivo para inversionistas extranjeros, especialmente de Brasil, Argentina y Paraguay. Estos inversionistas han adquirido grandes extensiones de tierras para la producción ganadera, aprovechando las políticas permisivas del gobierno boliviano.
El auge ganadero ha sido particularmente impulsado por la apertura del mercado chino. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) estima que Bolivia tiene un potencial exportador de carne bovina de unas 50.000 toneladas por encima de la demanda nacional, lo que ha incentivado aún más la expansión de la ganadería.
Sin embargo, este modelo de desarrollo basado en la deforestación tiene serias consecuencias ambientales. La pérdida de bosques no solo contribuye al cambio climático, sino que también afecta el régimen hídrico, exacerbando las sequías y alterando los patrones de precipitación en la región.
Además, los incendios forestales han incrementado en frecuencia e intensidad en los últimos años, destruyendo millones de hectáreas de bosque, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Estos incendios tienen efectos devastadores en los ecosistemas y en las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su subsistencia.
El informe del CEDLA advierte que si no se toman medidas inmediatas, el país continuará perdiendo su patrimonio forestal a un ritmo alarmante. Se requieren políticas que promuevan un uso sostenible de la tierra, equilibrando la producción agropecuaria con la conservación de los bosques.
Una de las recomendaciones más urgentes es revertir las políticas que facilitan la deforestación en TPFP y proteger las áreas boscosas que han sido identificadas como de alto valor ecológico. También se sugiere promover prácticas de ganadería sostenible y aumentar el valor agregado de la producción agropecuaria para reducir la necesidad de expansión de la frontera agrícola.
La situación de la deforestación en Bolivia es crítica y requiere una acción coordinada entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para frenar la destrucción de los bosques y proteger los ecosistemas vitales del país.