Editorial – Página Siete
Ha pasado relativamente desapercibida la polémica reciente sobre la diferencia de precio entre los satélites adquiridos por Perú y Bolivia. En nuestro país, como se sabe, el satélite tuvo un costo de 302 millones de dólares y se compró sin licitación de un proveedor chino. El contratado por Perú (tampoco se realizó una licitación allí) tiene un precio de 205 millones de dólares, es de fabricación francesa y tiene fines de seguridad nacional y de prospección minera y económica en general.
El presidente Evo Morales defendió la compra del satélite chino a mayor precio porque, dijo, tendrá una duración mayor. Por su parte, el director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE) aseguró que ambos satélites no son comparables y que el boliviano está mayormente destinado a mejorar las telecomunicaciones.
El debate es interesante por varias razones. Por un lado, aunque es todavía pronto para establecer evaluaciones más detalladas, hasta la fecha el satélite boliviano no ha mejorado la velocidad de internet o las telecomunicaciones, pese a que ya está en funcionamiento y bajo control de los especialistas locales. Por otro lado, al haber sido adquirido el satélite sin ningún debate, sólo a simple decisión de las autoridades, nunca quedó claro cuál era su objetivo y su real valía.
Por ejemplo, si la finalidad de éste era mejorar las telecomunicaciones en las áreas rurales fuera del denominado "eje central” (La Paz-Cochabamba-Santa Cruz), ¿no era mejor aumentar y modernizar las estaciones terrenas ya existentes y tender mayores cantidades de redes de fibra óptica? Por otro lado, ¿no era más adecuado tener un satélite destinado a la prospección minera o agrícola? Nada de eso fue parte de ningún debate; la decisión se la tomó unilateralmente.
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Lo mismo ocurre con respecto al precio. Incluso en Perú, habiendo pagado casi cien millones de dólares menos, existe una polémica por el precio y la versión de que otros proponentes ofrecían costos más bajos. Si a los especialistas en Perú el precio les parece alto y hay un debate al respecto, con mayor razón éste existe en Bolivia. Ello se debe también a la unilateral decisión del Gobierno boliviano de no llamar a una licitación internacional, que hubiera sido un mecanismo más moroso, efectivamente, pero más transparente, y hubiera quitado las dudas sobre precios y utilidad del aparato.
Cuando el Gobierno adquiere productos y servicios sin licitación, los precios son siempre parte de una polémica intensa. En cualquier caso, bienvenida sea esta polémica si es para que las y los bolivianos conozcamos todos los detalles de esta importante compra.